La quiebra de British

La opinión de…

 

Christi Escalante

En esta oportunidad quisiera dirigirme a todos los afectados dentro del proceso de quiebra de British American Insurance Company, quienes acudimos a la primera junta de acreedores que se realizó el día 16 de diciembre pasado en las instalaciones del hotel El Panamá.

En dicha primera junta de acreedores, entre los distintos temas a tratar se encontraba discutir y fijar los honorarios del curador de la quiebra, situación que nunca se dio;     es decir, en ningún momento el tema fue abordado y mucho menos aprobado por los afectados, quienes fungen en calidad de acreedores dentro de dicho proceso, tal como lo establece el artículo 1833 del Código Judicial.

El artículo anteriormente referido, en su primer párrafo, el cual paso a citarles, indica lo siguiente: Artículo 1833 del Código Judicial: “Los honorarios del curador serán fijados por los acreedores en junta general y, en caso de desacuerdo, por el juez, previo dictamen de peritos”.

En este sentido, el tema de los honorarios del curador, tal como ya mencioné, no fue abordado en dicha junta, por lo que no pudo generarse siquiera aprobación o desacuerdo alguno entre los asistentes.    Quiero aclarar que no estoy demeritando la labor del curador ni mucho menos, quien ha estado a la altura del problema, y sus honorarios profesionales deben ser remunerados, pero me ha sorprendido abruptamente el monto fijado por el despacho judicial correspondiente, con relación a los honorarios del curador, los cuales fueron fijados en la suma de 10 mil dólares mensuales, lo que respetuosamente considero exorbitante.

Al quedarme estupefacta por dicho monto, hice un ligero sondeo con personas que de alguna u otra manera conocen o han conocido de procesos de quiebra, quienes consideran y a la vez coinciden en que se trata de una suma algo elevada, si se compara con otros procesos similares.

No creo necesario tener que recordar que estamos ante una empresa en quiebra, una empresa con mínimos recursos y que dichos honorarios, precisamente, serán sufragados por lo poco que ha sido recuperado hasta el momento.

Ahora bien, también habrá que tomar en consideración los posibles y futuros honorarios por asesores adicionales que puedan ser requeridos por el curador, a fin de orientarlo y asistirlo en la colocación y venta de los bonos en el mercado extranjero, siempre y cuando estos puedan ser recuperados, tal como fue aprobado en dicha junta de acreedores.

Por el momento, queda pendiente que se resuelvan ciertas peticiones sobre la fijación de los honorarios del curador, presentadas ante el despacho judicial, ya que esto debió darse y aprobarse a través de una junta de acreedores, apegándonos así a lo que establece el primer párrafo del artículo 1833 del Código Judicial. En virtud de todo lo anterior, la unidad como grupo de afectados debe imperar y estar pendientes del desarrollo de esta situación, y anhelando que la misma pueda ser ventilada a la mayor brevedad posible.

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Este artículo se publicó el 22  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
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La ley del menor esfuerzo

La opinión de…

Christi Escalante

Recientes noticias relacionadas con el tiempo que podría tomar la liquidación total de la empresa British American, producen en los afectados desconcierto, profunda tristeza y decepción. La fiscalización debe implementarse a todos los niveles, y la misma debe ser de carácter permanente y eficiente, la cual adoleció en este caso por parte de la Superintendencia de Seguros.

Simplemente, esa entidad quiso lavarse las manos al estilo de Poncio Pilato, presentando la solicitud de quiebra ante los tribunales. Pregunto ¿estaba Bristish American realmente en estado de insolvencia? ¿Era la declaratoria de la quiebra la única y última alternativa?

Si todas y cada una de las partes involucradas en la fiscalización de la actividad de seguros hubiesen desempeñado eficientemente su trabajo, la desgracia no hubiese ocurrido. Lo peor y decepcionante es que se aplicó la ley del menor esfuerzo, y no se agotaron todas las opciones posibles para el rescate de la “supuesta quiebra” de la empresa, por lo que muchos de los asegurados de British American están ahora afectados.   Y hoy, con poca vergüenza y cara dura, los garantes de dicha fiscalización de la actividad siguen percibiendo elevados salarios, sentaditos muy cómodos y refrigerados en sus oficinas.

No se debe jugar con la economía y bienestar de las personas, más cuando lo han logrado a base de mucho esfuerzo y trabajo y cuando las inversiones de algunos asegurados en esa empresa constituían posiblemente sus únicos ahorros.

Como todo lo que sucede en Panamá, este caso quedará en nada porque afecta al pueblo,   mientras que los responsables directos o indirectos por la ineficiente fiscalización y controles saldrán airosos.

Habrá que esperar dos o tres largos años para que este caso se resuelva, mientras tanto los honorarios legales del curador saldrán de los bienes que se recuperen, lo que no debería ser; este pago debería asumirlo la Superintendencia de Seguros, lo que ayudaría a lavar su mala imagen en este caso.

¿Es esto crecimiento, evolución y seguridad jurídica? No, creo que no, como otras muchas veces, se trató simplemente de la ley del menor esfuerzo.

<> Este artículo se publicó el 3  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Seguro privado y economía nacional

La opinión de…

Ramón Morales Quijano 

La función económica y social del seguro privado es harto conocida, pero nunca está de más puntualizar algunas cosas que se deben tener presentes cada vez que en nuestro país se analice el tema.

Repitiendo una verdad probada, el seguro privado es el único medio confiable para enfrentar a las eventualidades a que están sometidas las personas y los patrimonios, porque son contratos taxativos que no permiten a las partes actuar caprichosamente al momento de reponer o indemnizar pérdidas. Hasta aquí lo elemental, pero no lo más trascendental que es su impacto económico y social. Admitiendo que en Panamá estamos atrasados en el rediseño de los vehículos de acceso de la población a estos instrumentos, la industria aseguradora, aun así, ha crecido 10% en el primer semestre de 2010, en comparación con el mismo período del año pasado. En particular, se nota un buen despunte en pólizas de accidentes personales y algo de incremento en seguros colectivos de vida, pero el movimiento es lento en pólizas nuevas de vida individual. Paralelamente, se nota un desarrollo consistentemente alto en ramos generales. Esto último es especialmente cierto en multirriesgos comerciales e industriales, robo, ramos técnicos y fianzas.

Vale anotar que en 2009 la producción de seguros en Panamá fue de 847.17 millones de dólares en primas suscritas, lo cual representó el 4.3% del PIB que, según cifras oficiales, ascendió a 19 mil 374.2 millones de dólares. Por otro lado, en ese mismo año se repusieron o indemnizaron pérdidas por un valor total de casi 313 millones de dólares, cifra que deja bien claro el impacto económico que el seguro privado tiene, no solo por la reposición de pérdidas económicas sino también por su incidencia en el ahorro nacional.

Los valores observados volarían si los seguros básicos pudieran llegar con facilidad a los diversos estratos económicos y sociales de todas las provincias, y a costos accesibles. Esta es una tarea inaplazable para las aseguradoras, ya que nuestro mercado, de por sí relativamente pequeño, se atomiza por el incremento de compañías que se dedican a esta actividad. Obviamente, ello puede afectar la solidez futura de las empresas. Como es sabido, la ley de los grandes números impera en la actividad aseguradora, lo cual significa que solo a través del aseguramiento de grandes masas de riesgos cualitativa y cuantitativamente homogéneos se puede lograr reducir costos y alcanzar un adecuado equilibrio entre las posibilidades teóricas y las reales de la siniestralidad.

Se debe aprovechar el impulso que se está dando a la nueva reforma a la Ley 59 de 1996 para ampliar la autoridad de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en forma tal que pueda mejor vigilar la solvencia y la liquidez de las aseguradoras y fiscalizar la disponibilidad y el movimiento de títulos y valores que constituyan reservas de ley. En los contratos de seguros privados están ya comprometidos tanto el interés de los particulares como las fundamentales normas del derecho público, pero quedan para la Superintendencia de Seguros y Reaseguros las tareas de evaluar la suficiencia de las tarifas de las empresas de seguros, de verificar continuamente los valores de mercado de sus inversiones, de escrutar la aplicación de rigurosos principios de contabilidad y de afianzar prácticas comerciales y administrativas sanas.

Aún en su singularidad, la Ley de Seguros es de similar fondo y enfoque que la Ley Bancaria, la Ley de Reaseguros, y la Ley que regula el mercado de valores. Con estas bases de autorización y control, todas las actividades mencionadas han podido desarrollarse sin problemas como actividades de carácter privado de enorme trascendencia en la promoción del desarrollo económico y social del país. Ahora, en la industria aseguradora, se presenta una oportunidad de reforzar el desarrollo del sector haciéndolo más ágil, cercano a los mercados y eficiente en su contribución al desarrollo de la economía nacional.

<> Artículo publicado el 15  de septiembre de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Los responsables y el dinero de los afectados dónde están?

La opinión de…

Christianne Escalante

Han pasado ya semanas desde que estallara y se hiciera pública la situación de la compañía aseguradora British American Insurance y todavía me queda la gran duda si realmente, solicitar la declaratoria de quiebra de la compañía era lo más indicado o necesario.

Muchos han sido víctimas de la falta de seguridad jurídica, la incapacidad, mediocridad y falta de supervisión de las entidades correspondientes. Ante lo sucedido, se deben determinar las actuaciones ocurridas por omisión o fallas en la supervisión de la actividad, pero como siempre y así es en este país desgraciadamente, no se sanciona ni se condenan a funcionarios y/o maleantes de cuello blanco, éstos salen siempre bien librados, y como dije en una ocasión, Panamá es un paraíso, pero no fiscal, sino paraíso para maleantes y funcionarios de cuello blanco.

Quisiera lograr entender o que por favor alguien me lo explique, por qué de las propuestas de compra por parte de terceros, en cuanto a toda la cartera de British American, éstas no fueron tratadas y analizadas o bien esforzarse por buscar compradores y evitar la pérdida del dinero que con tanto sacrificio muchos asegurados confiaron a esta empresa. Soy de la opinión que no se realizaron los suficientes esfuerzos para tratar de salvar a la empresa de la supuesta quiebra. En este asunto, ya tenían que haber rodado cabezas y todos sabemos empezando por quién.

Ahora bien, me pregunto si de todas las sucursales únicamente la sucursal de Panamá ha sido declarada en quiebra, y ¿qué ha pasado con las sucursales de los otros países? Pues, en este sentido si el grupo o consorcio propietario está en supuesta quiebra, lo deberían también estar las demás sucursales.

Se debe analizar e investigar, de parte de quienes hubo omisión en la supervisión de la actividad de la compañía y los que sean responsables deberían ser enérgicamente sancionados, pero como siempre he dicho, a nuestros gobernantes poco les importa cuando se trata de Perico de los palotes, ya que de haberse tratado de inversionistas extranjeros importantes, otra sería la situación.

Quiero aprovechar y reconocer la labor del curador, el Licenciado Marcelo De León, quién ha sido muy paciente, pues ha tenido que escuchar las distintas historias y algunas de ellas desesperantes de parte de los asegurados. Ha demostrado humanidad y solidaridad ante lo acontecido.

Exigimos el reclamo total de las sumas, producto de las rentas contratadas por cada asegurado. Aquí no se trata de recibir un porcentaje, el cual se pueda traducir, en mínimos, sino las sumas totales. Muchas personas dependían de esos ahorros para vivir.

Y que además, el gobierno de turno demuestre capacidad y seriedad para resolver el problema; así como fue muy fácil declarar a la empresa en quiebra, así mismo que se realicen los desembolsos de las sumas totales a favor de los asegurados.

Y por último reforzar las normativas legales correspondientes, para evitar nuevamente este tipo de colapsos.

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Este artículo se publicó el  28  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.


En espera de respuestas

La opinión de….

Eduardo Linares B.    

Los ciudadanos panameños y los extranjeros que habitamos en este país, nos merecemos respuesta a nuestras inquietudes. No tiene sentido alguno, ignorar los cuestionamientos hechos de buena fe a los funcionarios públicos. Cuando esto sucede, se deja margen a la imaginación.  Enterarme por un artículo publicado por The Government of Commonwealth of Dominica en el cual se transcribe, en inglés, la presentación que hizo el 29 de marzo 2010 el primer ministro y ministro de Finanzas de Dominica, Roosevelt Skerrit, en una reunión del Parlamento, no pudo menos que sorprenderme.   En esa presentación se informa de las acciones tomadas por los gobiernos de la Unión de Monedas del Este Caribeño (ECCU), por sus siglas en inglés, para enfrentar la crisis financiera de la British American Insurance Company y subsidiarias.

El primer ministro reconoce que la British American y otras subsidiarias de su afiliada con responsabilidad limitada, y base en Trinidad, la C.L. Financial, son, todas, compañías privadas.   Sin embargo, debido a la significativa exposición a riesgos colaterales, se hace imperativo que los gobiernos de la ECCU adopten medidas conjuntas, para enfrentar este reto financiero y para atenderlo, se designó un subcomité ministerial compuesto por Ralph Gonsalves, primer ministro de St. Vincent y las Granadinas, quien lo preside; Roosevelt Skerrit, primer ministro de Dominica; Denzil Douglas, primer ministro de St. Kitts y Nevis, y Nazim Burke, ministro de Granada.   El comité cuenta con el apoyo de un grupo técnico en seguros y ha estado trabajando “diligentemente por varios meses”.

Se informó, igualmente, que a finales de julio y principios de agosto 2009, los organismos reguladores de la ECCU y de Bahamas, decidieron intervenir las operaciones de British American, y solicitar a las diferentes cortes judiciales, que designaran interventores.

El pasado mes de noviembre de 2009 el presidente del comité, Gonzalves, coordinaba una estrategia que incluía establecer una nueva compañía que se hiciera cargo de las obligaciones con los asegurados; que asegurara que el caso de British American no se convertiría en un riesgo que pudiera contagiar a otros sectores financieros; protección, en forma más práctica y extensa, de los intereses de los depositantes en renta vitalicia e inversionistas varios; mantener abiertas las puertas de British en una forma a ser determinada y que se elaborara una solución a nivel regional.

Qué alejados de todo lo anterior han estado el ministro Henríquez y el viceministro Quijano.   Con sus respuestas y decisiones de solicitar la quiebra de la empresa, ni siquiera están a la altura del peor administrador de empresas que pudiera existir en Panamá.   ¿Es que acaso no conocían que todo lo anterior se estaba llevando a cabo en el Caribe?   ¿Le informaron al Presidente de la República que en el Caribe se accionaba desde agosto 2009 para salvar a los miles de posibles afectados?    ¿O, por el contrario, le dijeron que aquí en Panamá no existía otra posibilidad que la quiebra?    ¿Le explicaron al (Ejecutivo) cómo y por qué salieron los 10 millones en bonos del Tesoro Nacional, que dejaron a la British sin sustento económico y garantía para operar?

Si miramos 20 años atrás, durante los días posteriores a la invasión, después del saqueo generalizado al comercio y la industria, recordaremos que sin la imaginación y determinación de la empresa privada, y del presidente actual, en esos tiempos uno de los empresarios afectados, no hubiera podido recuperarse el nivel económico tan rápidamente como se hizo. ¿Qué hacemos, ahora, señores ministros? ¿Rendirnos y llorar?

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Este artículo se publico el 28 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El delito de omisión de controles

La opinión de….

Maribel Cornejo Batista

A la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Panameño Cooperativo Autónomo y la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) les corresponde el control de las personas naturales y jurídicas que intervienen en el sector financiero.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros debe controlar, fiscalizar, supervisar y vigilar a las compañías de seguros, de reaseguros y a los intermediarios de seguros; a la Superintendencia Bancos le corresponde regular y supervisar al sector bancario; la Comisión Nacional de Valores examina, supervisa y fiscaliza las actividades de todas las personas, naturales y jurídicas que participan en actividades propias del mercado de valores; el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo fiscaliza las cooperativas y la Dirección de Empresas Financieras del Mici fiscaliza, regula, controla, supervisa y vigila a las financieras.

Como se observa, los verbos controlar, fiscalizar, vigilar y supervisar son comunes en las atribuciones señaladas. Ahora bien, ¿cómo se debe llevar a cabo por parte de cada entidad de control esa fiscalización, vigilancia y supervisión? Debe ser una actividad permanente que de manera efectiva prevenga los fraudes y detecte a tiempo el incumplimiento de requisitos o situaciones como la presentación de estados financieros alterados y el uso indebido de las reservas destinadas a garantizar el correcto ejercicio de cada actividad. Como se sabe, la mayoría de las veces lo que está en juego es el dinero, los bienes y los recursos financieros de particulares que confiaron a determinadas empresas la administración, inversión y el manejo adecuado de dichos recursos.

Una de las conductas delictivas que el Código Penal introdujo en el capítulo correspondiente a los delitos financieros, está contenido en el artículo 248 y se conoce como omisión culposa de controles. Según esta norma, constituye delito la omisión culposa del servidor público en realizar los controles correspondientes a que esté obligado en virtud de las atribuciones propias de su cargo, relacionadas con los delitos financieros. Es decir, cuando una autoridad tiene entre sus obligaciones ejercer controles en los bancos, en el mercado de valores, en las aseguradoras, en las cooperativas y en las financieras, y por causas culposas no ejerce las mismas, está incurriendo en ese delito. Según esta norma, la sanción será de uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

Un comportamiento es culposo por cuatro causas: la impericia (carecer de conocimientos y habilidades o la insuficiencia de aptitudes), la imprudencia (actuar con ligereza, sin precauciones, excederse en la acción o comportarse sin buen juicio), la negligencia (hacer menos de lo necesario, dejar de hacer lo que corresponde o actuar con falta de diligencia) y la inobservancia de los reglamentos (se desatienden las reglas, decretos, leyes, códigos u otros, así como incumplir las indicaciones emitidas en memorándums, reglamentos, etc.). Por cualquiera de esas cuatro causas, que generen omisión de controles por parte de servidores públicos de las entidades de control, se estaría ante la comisión de ese delito. Cada una de estas instituciones son reguladas por decretos o por leyes que establecen cuáles son sus atribuciones o qué funciones deben ejercer hacia los controlados.

Si se designa a un servidor público en uno de esos puestos es para que ejerza su labor con conocimientos, destreza y mucha pericia, porque un estafador o un falsificador jamás anunciará que va a cometer o cometió un fraude o una falsificación, es obvio que ningún controlado le dirá al organismo controlador que alteró sus estados financieros para ocultar situaciones de iliquidez o insolvencia. Quien controla, supervisa y fiscaliza, debe tener la capacidad de prevenir y detectar toda irregularidad que ponga en juego el dinero o recurso financiero que un particular confió a un banco, a una aseguradora, a una sociedad de inversión y a una cooperativa.   Ese control corresponde ejercerlo de manera real y efectiva; de lo contrario habrá que enfrentar la ley penal.  Ahora hay que ver, en la práctica, que esa innovadora disposición no se convierta en “letra muerta”.

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Este artículo se publico el 21 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

¿Quién se llevó mis ahorros?

La opinión de….

Diana Campos Candanedo

¿Quién se llevó mis ahorros? Esta es sólo una de las tantas preguntas que nos hacemos las más de 10 mil personas que teníamos nuestro dinero ahorrado en British American.

Los afectados tenemos un rostro y una historia. La del hombre de 73 años que había ahorrado toda su vida en esta compañía y le faltaban meses para disfrutar de sus ahorros; la viuda con problemas médicos que ahora no tiene ni ahorros ni seguro de salud; la señora con discapacidad que dependía de las rentas de sus ahorros para vivir; las mujeres a punto de dar a luz que ya no cuentan con cobertura médica para el parto. Estos son los rostros del fraude.

Y es que “fraude” sería la mejor definición a lo que ha sucedido. Una empresa que transfiere ilegalmente 10 millones de dólares que respaldaban sus operaciones de Panamá, fondos que a su vez estaban bajo la custodia de Banistmo Securities; una aseguradora con sede en Trinidad y Tobago que presentó estados financieros falsos y una Superintendencia que ha sido incapaz de cumplir con su tarea de supervisión, limitándose a “reaccionar” en lugar de prevenir lo que ya se veía venir.

Lo que la opinión pública no sabía en 2009 (porque se mantuvo en total secretismo) es que CL Financial Group, el conglomerado al que pertenece British American, presentaba problemas financieros desde enero de 2009.

El Grupo había solicitado un rescate a las autoridades de Trinidad y Tobago y estaba bajo administración judicial en octubre de 2009 en Bahamas. Además, sobre British American también pesa una investigación judicial en Estados Unidos por una presunta compra fraudulenta de terrenos en Florida.

Con este historial, era más que evidente que no se podía confiar en los márgenes de solvencia que reportaba la compañía a la Superintendencia.

Este caso pone sobre la mesa dos aspectos relacionados con la regulación. El primero es la necesidad de un cambio en la ley de seguros que contemple mayores controles en cuanto a las reservas de las compañías, así como disposiciones relacionadas con el reaseguro, ya que actualmente los clientes no están protegidos en caso de quiebra, aunque una compañía esté reasegurada.

El segundo aspecto se relaciona con la necesidad de que exista en Panamá un fondo estatal de garantía –como lo tienen todos los países europeos– que respalde los depósitos y seguros en caso de insolvencia de las compañías y bancos. Si el Estado tuviera una responsabilidad subsidiaria en casos de quiebra, seguramente la supervisión sería mucho más estricta.

Además, para recuperar la confianza que ahora está en niveles mínimos, deberían tomarse acciones muy concretas cuanto antes, tanto para ayudar a los afectados como para asegurar que los culpables sean castigados.

Desafortunadamente es poco lo que estamos viendo en esta dirección: los directivos de BA se encuentran en paradero desconocido; la Superintendencia no especifica qué está haciendo para recuperar los fondos transferidos ilegalmente y tampoco ha establecido un canal para que los afectados puedan agruparse y estudiar posibles acciones legales colectivas.

Por otra parte, Banistmo Securities tampoco ha explicado por qué no informó en su momento a las autoridades competentes del traslado irregular de esos fondos.

Más allá del hecho que haya 10 mil panameños con sus ahorros “en el limbo”, aquí lo que está en juego es la propia credibilidad del sistema financiero panameño, de los reguladores del mercado, de la profesión del seguro y en particular la de los corredores.

El dinero es desconfiado, y una vez que se siembra la duda, es muy difícil recuperar la confianza. Ante los últimos acontecimientos, no faltará quien prefiera guardar el dinero bajo el colchón. Para un sistema financiero como el panameño, este es un riesgo que no se puede correr.

En cuanto a los afectados, esperar no es la única opción. Tenemos que agruparnos y estudiar las posibilidades de una demanda conjunta. Los corredores de seguro que tienen una cartera de afectados y que en su momento ganaron comisiones por convencer a sus clientes de colocar sus ahorros en British American, deberían ser los primeros en tomar las iniciativas para agrupar a sus clientes afectados.

Ahora es el momento de ponerse en acción para que este caso no quede en el olvido y vuelva a repetirse unos cuantos años más tarde.

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Este artículo se publicó el 18 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.