La felicidad de los dictadores

La opinión de…

Luis Toruño Plaza

¿Hasta cuándo vamos a seguir sentados sin hacer nada?    No podemos permitir que se sigan violando los derechos y las garantías constitucionales so pretexto de que se les viola solo a los delincuentes.   ¿Acaso los miembros de la policía que violan los derechos son jueces también?   ¡No, no son jueces!    Deben preservar la honra, los bienes y la vida; no están para quemar a las personas o matar impunemente.

Lo peor de todo es que solamente reaccionamos contra los abusos cuando es tarde y cuando el abuso es contra nosotros mismos o contra un familiar.   Basta ya de abusos policiales; estamos peor que en la dictadura militar. En estos momentos, el más grande violador de derechos humanos de Panamá, Manuel Antonio Noriega, ha quedado como un alfeñique, como un niño de pecho, frente a los vejámenes de estos policías.

Después de Noriega, Panamá tiene diversos ejemplos de violaciones a los derechos humanos. Veamos: tenemos jueces penales suplentes que se prestan para complacer con sus fallos al mejor postor. Tenemos fiscales estudiando en seminarios anticorrupción acusados de corrupción.

También tenemos envenenamientos masivos sin ninguna reparación o compensación por el daño causado. Quemados en un autobús sin ninguna indemnización del Estado. Buses que asesinan con alevosía y ventaja a los ciudadanos sin ninguna reparación económica para las víctimas. Inundaciones causadas por empresas hidroeléctricas sin ningún reparo económico. Un puente construido negligentemente y nadie responsable.

Es hora de que salgan a la palestra pública los llamados de la sociedad civil para que se pronuncien frente a la violación de derechos humanos, pues si mañana tu hijo cae en desgracia y entra en estas celdas, no tiene más que la seguridad de salir herido, con algún trauma mental o quemado vivo.

Es definitivo que el sistema jurídico no va de la mano con los cambios de la sociedad panameña. El sistema de leyes va dirigido a proteger los abusos en vez de proteger la vida humana.   Nuestro sistema judicial ha colapsado y las instituciones se han quedado sin razones ni fuerza para proteger a los ciudadanos.   La Policía Nacional ha caído en el deterioro de pensar en los delincuentes como enemigos y el Ministerio de Gobierno no hace absolutamente nada frente a las repetidas violaciones a las garantías de los ciudadanos. Esta es la realidad del sistema judicial que hace feliz a los narcotraficantes, a los pandilleros, a los dictadores y a los violadores de derechos humanos.

Esta es la realidad a la que nos quieren llevar para lograr sus fines. Defendamos los derechos humanos y defendamos la justicia por encima de la legalidad.   Busquemos un sistema que nos proteja frente a la violación de los derechos humanos. Más que cambiar la Constitución Nacional, debemos cambiar los criterios jurídicos con los que son hechas nuestras leyes.

Si se cambian las leyes y seguimos aplicándolas con los criterios actuales seguirán cometiéndose esta clase de actos de barbarie sin ninguna consecuencia.

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Este artículo se publicó el 21  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al  autor , todo el crédito que les corresponde.

Clase humilde, sinónimo de menosprecio estatal

 

La opinión de…

 

Christi Escalante

Una vez más se confirma que, tristemente, la clase humilde es simplemente sinónimo de menosprecio por parte del Estado panameño, pues así ha quedado patentizado con lo ocurrido el día 9 de enero pasado en el Centro de Cumplimiento de Menores.

He tenido oportunidad de leer algunas reacciones de lectores del diario La Prensa a través de las opiniones que se pueden emitir electrónicamente en el web site, y a muchos de ellos les digo respetuosamente: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

Bien es cierto que muchos de los jóvenes recluidos en el correccional eran delincuentes, que tenían una pena que cumplir por sus actuaciones erradas y desviadas, pero más errado aún fue el proceder de los policías y/o custodios.

Se supone que estamos en un Estado democrático, en el que las libertades y la seguridad ciudadana se respetan y vigilan, en el que debe imperar la igualdad en el trato hacia cada ciudadano panameño y estoy segura de que por tratarse de gente humilde va a pasar lo mismo de siempre, es decir, esto quedará en nada.

Situación semejante se reflejó con la masacre sufrida por los obreros en Bocas del Toro por parte de algunos cuadrúpedos de la Policía Nacional. Esta entidad del Estado, supuestamente garante de nuestra seguridad, ha demostrado que no cuenta con la preparación debida y pareciera que su misión es agredir brutalmente a su antojo a la ciudadanía.

Me hago la siguiente pregunta:   ¿Es esto parte de lo que llaman crecimiento económico? Tema del cual habla tanto este gobierno y que, por cierto, ya me tiene bastante harta, pues dicho crecimiento no permea hacia abajo. Además, muchas cosas siguen igual.

Bien decía un ciudadano, recientemente en esta misma sección de opinión, cuyo nombre no logro recordar, que para que Panamá pueda llegar a ser un verdadero país, primero se tiene que organizar el potrero.

Apelo a la rapidez de las autoridades encargadas de investigar lo ocurrido, para que administren justicia de manera expedita. La brutalidad con que se dieron los hechos no se ha de resolver con simples traslados y/o separaciones de cargos; esto va aún más allá.

Mi repudio total ante los hechos ocurridos.

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Este artículo se publicó el 17  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

Pena de muerte

La opinión de…

Carlos Guevara Mann

El artículo 30 de la Constitución panameña proscribe la pena de muerte. El artículo 28, a su vez, sustenta el sistema penitenciario “en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social”.

La misma disposición “prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos” y dispone que los menores de edad sean “sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación”.

La proscripción de la pena de muerte y la regeneración de los reclusos son principios con profunda raigambre en el constitucionalismo panameño.   El primero se remonta a 1918, cuando una reforma constitucional dispuso: “no habrá en Panamá pena de muerte”. El precepto se mantuvo en las constituciones de 1941, 1945 y 1972, actualmente vigente.

En cuanto al trato que deben recibir los privados de libertad, el artículo 45 de la Constitución de 1904 indicaba: “Las cárceles son lugares de seguridad y expiación, no de castigo cruel; por lo tanto, es prohibida toda severidad que no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos”.

Lo mismo disponía la Constitución de 1941 y, con ligeras variaciones, la de 1946. Ambos principios, además, son parte del derecho internacional. El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ratificada por Panamá en 1978, estatuye: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.

Mediante el Protocolo de 1990 a esa convención, relativo a la abolición de la pena de muerte, los Estados Partes se comprometen a no aplicar “en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción”.

Panamá ratificó dicho protocolo en 1991. En el Sistema de las Naciones Unidas, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Panamá en 1977, proclaman que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Más específicamente, la Convención contra la tortura de 1984 exige, en su artículo 2, que todo Estado Parte tome “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”. Dicha convención fue ratificada por Panamá en 1987. En el derecho internacional americano, la Convención Interamericana para prevenir la tortura de 1985, ratificada por Panamá en 1991, prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El documento sobre Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008) establece, entre otras obligaciones, la siguiente:

“Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

Aunque estas normas son de obligatorio cumplimiento en Panamá, bajo la dictadura castrense la ley fue supeditada a los designios de quienes usurparon los destinos del país. Sucedieron numerosos casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales—penas de muerte en todo menos en nombre—según fue documentado en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1978 y 1989, así como en el informe de la Comisión de la Verdad (2002).

Como en una democracia no hay lugar para violaciones de los preceptos señalados, los panameños teníamos motivos para esperar que incidentes como los que ocurrieron durante el régimen militar jamás se repitieran. Por eso los acontecimientos del 11 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores —con un espantoso saldo de siete reclusos quemados, cuatro de los cuales ya fallecieron— han causado estupor en la comunidad.

Es alarmante que formen parte de la Policía Nacional individuos tan carentes de las más elementales nociones de derechos humanos, que promueven abominables contravenciones de la Constitución y el derecho internacional como las que transmitieron las cámaras de televisión.

En su falta de humanidad y cultura democrática radican las semillas del autoritarismo militar, que indudablemente germinarán a no ser que erradiquemos de la fuerza pública tan ilegales y perversas inclinaciones.

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Este artículo se publicó el 19  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde quedaron los derechos humanos en Panamá?

La opinión del Profesor Universitario e Investigador asociado al CELA…

 

MARCO A. GANDÁSEGUI
gandasegui@hotmail.com

 

Han muerto cuatro adolescentes y siguen otros tres en peligro, como consecuencia de las quemaduras recibidas en el Centro de Cumplimiento Juvenil del Ministerio de Gobierno y Justicia.  El Centro tiene, en la actualidad, 145 niños entre 14 y 17 años de edad detenidos en un local con capacidad para sólo 70 procesados.

Los niños son privados de libertad por ser sorprendidos en actos delictivos. El Centro de Cumplimiento sólo tiene tres custodios. Para complementar los custodios, el Ministerio de Seguridad envía agentes de Policía que no tienen formación para hacer el trabajo correspondiente. Todo indica que las muertes fueron causadas por el trato inhumano y, además, incompetente de estos últimos.

En el pabellón que fue quemado habían 50 detenidos. Según se informó, 7 niños quemados fueron enviados al hospital donde ya han muerto cuatro. Otro número desconocido de niños recibieron atención médica por los perdigones y golpes recibidos durante el incendio del Centro de Cumplimiento. Los restantes fueron enviados a unos sótanos que existen especialmente para castigar a los detenidos.   Cuando la Defensoría del Pueblo fue a entrevistar a los sobrevivientes, la Policía Nacional le negó la entrada a la delegación.

Según el Partido Alternativa Popular (PAP), como consecuencia ‘de las muertes ocurridas en el Centro de Cumplimiento de Menores tanto el ministro de Seguridad, Raúl Mulino, como el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, deben ser separados de sus cargos y sometidos a una investigación exhaustiva por su responsabilidad en esta tragedia’. El PAP recuerda que ‘hace apenas seis meses, en Changuinola, Bocas del Toro, murieron dos obreros víctimas de disparos de perdigones y otras cuatro personas por los efectos de los gases lacrimógenos’, producto de la irresponsabilidad de la Policía Nacional.

A fines del año pasado, la ministra de gobierno y Justicia, Roxana Méndez, viajó a Ginebra para asegurarle a las Naciones Unidas que no se cometerían más abusos a los derechos humanos de los panameños.   Todo parece que las promesas quedaron en el papel.   El gobierno nacional continuará abusando de su poder. ¿Qué pasará cuando las víctimas de la violencia gubernamental no sean hijos del pueblo, adolescentes, estudiantes, trabajadores o campesinos? ¿Alcanzará en algún momento el brazo represivo del Ministerio de Seguridad a los hijos de las capas medias o de las familias ricas de Panamá?

El gobierno no ha asumido las consecuencias de lo acontecido. Según la Alianza Ciudadana, ‘los adolescentes privados de libertad están en condiciones insalubres, sin acceso a la luz del día, comen en el piso y en el mismo lugar donde hacen sus necesidades fisiológicas, delante de todos. Los programas de resocialización son inexistentes, por lo que predomina la ociosidad’.

Según el gobierno, ‘la Policía envía a sus peores unidades a los Centros de Custodia y Cumplimiento de Menores’.

La Alianza Ciudadana también informó que después del incidente, cerca de 40 niños ‘fueron enviados a la celda de máxima seguridad del Centro de Custodia. La ‘máxima’, como la llaman, son celdas oscuras, donde se duerme en el piso, lo que está prohibido por las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos’.

El PAP señala que ‘Panamá enfrenta un reto que debe abordar con valentía y decisión.   El gobierno actual se ha declarado enemigo de los derechos humanos, considera que la vida de los jóvenes y trabajadores no son su responsabilidad y violenta todos los principios de respeto a las leyes. Las más altas autoridades tienen que rendir cuentas ante el país’.

Según la edición de La Estrella de Panamá, del 9 de julio de 2009, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, declaró que ‘he dado la instrucción de que el que se está evadiendo le disparen, tan sencillo como eso’.   El ministro añadió que es a partir de ‘un absurdo de la ley que los custodios tienen temor a disparar, le he dado una instrucción y voy a poner mi pecho también’, expresó.

Las declaraciones inusuales del ministro Raúl Mulino fueron hechas en compañía del director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, cuando visitaban las cárceles La Joya y La Joyita.   Según el PAP ‘el ministro Mulino y el director Pérez tienen que ser reemplazados con otras personas que den garantías de su apego a la Ley y al respeto de los derechos humanos de los panameños’.

La Conferencia Episcopal panameña fue tajante al señalar que ‘la fuerza pública y los estamentos de seguridad no pueden olvidar que deben ser garantes de la vida y honra de todos los ciudadanos panameños, aun a riesgo de la propia…’

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<>Este artículo se publicó el 20 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Asados como pollos

La opinión del Analista Político, Escritor y Comentarista Radial…

RAFAEL   MONTES  GOMEZ

“Yo si no ando con cuento, lo que tengo que hacer lo voy a hacer!, dijo un ladrón, y sin mediar palabras le disparó en el pecho a Francisco Antonio Umanzor, quien laboraba en la casa del helado de Parque Lefevre, afirmó un testigo. Umanzor, de 24 años, era un joven sano, estudiante de administración de empresas, padre de una niña de 10 meses de edad, no tenía enemigos ni estaba implicado en actividades ilegales, sin embargo, fue asesinado de un tiro en el tórax, en su lugar de trabajo. No fue confusión ni viejas rencillas ni estaba vinculado con el crimen organizado, simplemente a las 7:20 p.m. dos delincuentes acudieron a la Casa del Helado, lo amedrentaron, le robaron las ganancias y luego lo mataron”. Panamá América 18 de marzo de 2009.

 

Y los derechos humanos de una víctima inocente de los delincuentes, hombre trabajador y productivo como Pancho Umanzor?   La verdad sea dicha: no hubo derechos humanos para Umanzor y su noticia si acaso fue titular de un solo día y luego al ostracismo lúgubre de la muerte y el llanto de sus familiares.

 

Dentro de toda esta marejada de comentarios y noticias que un hecho tan espantoso como el de los asados, no negamos que algunas son de buena fé y de gente sinceramente preocupada, pero la mayoría proceden de ese constante alimentar el morbo más insano que pueda haber.

 

Los actos infrahumanos de los delincuentes lamentablemente no son titulares ni son defendidos estas víctimas inocentes por ningún grupo de derechos humanos. Nadie se acuerda de personas como Umanzor, Holanda Martinez y Vielka Rodríguez del caso Deli Gourmet o Daniel Carrizo, asesinado en su propia casa; pero si nos acordaremos de lo sucedido a los adolescentes en el Centro de Cumplimiento.

 

No compartimos lo sucedido con los “adolescentes infractores” en el Centro de Cumplimiento. Todos los que actuaron al margen de la legalidad y permitieron este acto de barbarie deben ir a parar con sus huesos a la cárcel.

 

No somos hipócritas, como compartimos desde nuestro programa de radio “era preferible que los delincuentes se fugaran a permitir que se asaran como pollos”.

 

Los asados lo que revela es la proclividad de la sociedad que se está cansando de los delincuentes por la falta de efectividad de la justicia ¡se está prefiriendo la primitiva barbarie, peligroso!

 

Lo que se necesita es una legislación más cónsona con la realidad brutal del aumento de la criminalidad y la delincuencia, con certeza del castigo, que no permita la impunidad.

 

Este pueblo panameño sigue siendo un pueblo noble. Exijamos a nuestras autoridades una respuesta en justicia más cónsona con la realidad criminal que azota a nuestro bello Panamá.

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Reproducción de nota publicada en nuestro muro de Facebook por el autor el 15 de enero de 2011, a quien damos todo el crédito que le corresponde.
Nota del Editor: Para ilustrar el tema de este artículo,  el autor nos ha suministrado el enlace al siguiente video:

http://www.youtube.com/watch?v=emIVCwXIwPA

‘El Cambio, la masacre de Bocas del Toro’

 

La opinión de…

 

Abdel Fuentes

Los abusos en los que incurrió la policía en contra de trabajadores del banano y moradores en Changuinola, a mediados de 2010, quizá no fueron conocidos en su cruda realidad. Adquieren matices interesantes, a través de los testimonios de algunas de sus víctimas. Un trabajo audiovisual de 48 minutos, denominado El Cambio: la masacre de Bocas del Toro, da fe de ello. La realización tiene como autora a la cineasta italiana Micol Pecoraro.

El nombre del video no es casual, abriga la ironía de las promesas electorales mercadeadas por un movimiento que ha intentado colocarse como partido político y que con la ayuda de amigos y extraños llegó al poder. Descubre verdades de la represión, poco difundidas, presuntamente a causa de las amenazas e intimidaciones protagonizadas contra periodistas y directivos de medios.

El documental, dado a conocer a inicios de enero de 2011 por el sitio español en internet, Rebelión y presentado en Barcelona a fines de noviembre de 2010, es un esfuerzo del grupo Solidaridad con Panamá –activistas españoles en Barcelona– y el trabajo de una caravana internacional denominada “Por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo Panameño”. La caravana partió por tierra desde México y atravesó Centroamérica hasta llegar a Changuinola, tras pocos días de perpetrada la represión. Fue recibida por dirigentes de Changuinola y del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso).

Antes de presentar el documental en Barcelona, los activistas muestran a un grupo de españoles algunos datos socioeconómicos. Citan a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revela que 800 mil panameños están mal alimentados, el 60% de la población rural es pobre, al igual que el 96.3% de la población indígena y el 17% de los asalariados.   Mencionan información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que señala que Panamá, Honduras y Guatemala figuran en la lista de los 10 países más desiguales del mundo.

En el documental, testigos y víctimas del abuso denuncian la forma como la policía, desde los helicópteros, lanzaron perdigones, balas de plomo y gases contra los manifestantes y pobladores. Hablan de las provocaciones a las que apelaron los uniformados y la manera como los huelguistas fueron humillados.

Un testigo muestra un cartucho de bala vacío utilizado y asegura que ese tipo de proyectil es empleado para matar búfalos.    Menciona que uno de sus compañeros perdió un riñón, a consecuencia de una de estas balas. Otra víctima, un afectado de la vista, refresca lo vivido durante una madrugada, después de ser intervenido quirúrgicamente.    Testifica que la presencia policial era permanente: “en cada cama había un policía cuidándonos”, comenta. Cuenta que un sargento golpea su cama y luego grita: “levántense, levántense, vayan a tirar piedras, qué hacen ustedes aquí, vayan a tirar piedras”, concluye.

Para las víctimas y testigos de la represión, el cambio representa las marcas que llevan en sus cuerpos. Lo ocurrido parece haber dejado una vaga lección en los que ostentan el poder. Hoy proponen una ley, cuyo camino se orienta más al autoritarismo y la persecución que a la democracia. El futuro y las urnas deberán ser el juez implacable que les condene por sus constantes desatinos e irrespetos en perjuicio de quienes se dejaron llevar por la carga emocional de la propaganda y el mercadeo político.

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Este artículo se publicó el 11  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Retorno a la era de la Inquisición

La opinión de…

Carlos Fong

Los recientes acontecimientos ocurridos en el Centro de Rehabilitación de Menores en Tocumen, en donde los custodios de la Policía Nacional dejaron que ardieran en llamas siete menores internos encerrados en una celda, que exigían agua después de una semana sin recibir ni una gota, como no la recibe tampoco el resto de los ciudadanos, deja en evidencia la insensibilidad y la deshumanización de los funcionarios de la administración del penal.

Las escenas que vimos en la TV pueden conmover hasta al corazón más duro, porque sencillamente son horribles e inhumanas. Los responsables deben pagar por haber dejado que los muchachos se quemaran como si se tratara de animales en una barbacoa.   Todos escuchamos cómo se mofaban y burlaban cuando se quemaban vivos los internos. Independientemente del delito que hayan cometido, esta no es la forma de castigar a nadie, o ¿es que estamos volviendo a los tiempos de la Inquisición?

Este es resultado de leyes que han permitido que ahora los policías se sientan inmunes e intocables. Los ciudadanos no podemos permitir que esto se quede sin castigo.   Si después de las investigaciones (de las cuales dudamos mucho) se arroja el resultado de que fueron los jóvenes los que prendieron fuego a la celda, aún así, deben ser castigados los animales con uniformes que se gozaban como en un día de campo.

No hay que tener un hijo para imaginarse cómo se sienten los padres y madres de esos niños que ya estaban pagando su condena, pero que al parecer no bastaba con matarlos de sed, sino que había que quemarlos como si fueran basura en un vertedero. Hay que sumar voces de protesta y asegurarse de que se pague esa monstruosidad. Los panameños deben unirse, así como se unen para votar en masa por esos programas de reality show, para denunciar este crimen, porque esto sí fue real.

Todo el dolor del mundo se puede encerrar en el corazón de una madre y toda la maldad del mundo se puede encerrar en una celda.   Este hecho debe servir como referente para que las autoridades y los agentes cívicos le pongan atención a lo que está pasando en las cárceles panameñas, donde se violan los derechos humanos a cada rato.

No importa qué hayan hecho los internos, si ya están tras las rejas, significa que están pagando su deuda; si vamos a comenzar a castigar en este país quemando a la gente, entonces hay que llevar a la hoguera a muchos de saco y corbata que también son criminales y ladrones.

La juventud y la niñez panameña requieren de un plan de acción desde el desarrollo socio-cultural que se inserte desde la cultura y la educación, y los sectores sociales no necesitan de mano dura y de monstruosidades como esta. Las identidades juveniles son susceptibles y vulnerables a todo tipo de acción negativa o positiva, pero las imágenes que vimos solo llenarán de odio y destrucción a los jóvenes que, en vez de ser persuadidos hacia una nueva vida, son arrastrados hacia la violencia.

Apelamos a la conciencia de cada uno y a las fuerzas de la ciudadanía para que nos unamos, como de hecho lo hicimos en tiempos de la dictadura, para protestar por las violaciones de los derechos humanos, pues no hay ninguna diferencia entre lo que hicieron los nazis en los hornos de los campos de concentración y los inquisidores en nombre de la cruz, frente a lo que pasó en Tocumen.

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Este artículo se publicó el 13  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.