“El reino de la politiquería, desentenderse”

La opinión del Licenciado en Administración Pública…

Carlos López 

Por fingir que no se entiende una cosa, afecta el erario público, y que muchas veces son cientos de miles de balboas. Lo paga el politiquero y/o el partido político. Ya que llegar hacer un profesional y especialmente servidor público lo inicial que se requiere es respetar los símbolos patrios.

La práctica que se ejerce en la Administración Pública por ignorancia inexcusable a abierto un nuevo camino de cambio, en vez de la destitución , ahora es la renuncia. Ya que las malversaciones, desfalco, cohecho, u otra inmoralidad en la Administración Pública deben ser sancionadas o continuamos con el relajo.   Sin embargo, el hecho de dimitir no inhibe la responsabilidad de las acciones de irregularidades.

Ahora, le toca al pueblo observar las reglas de las probabilidades que aplica la Contraloría General de la República, para no perder su galardón antes de padrino.

Ahora, la madrina también se le puede olvidar la aplicación del Decreto No. 214-DGA de 8 de octubre de 1999 por la cual se emiten las normas de control interno gubernamental para la República de Panamá. (G. O. 23,946 ) en donde debe ser considerados las funciones claves de autorización que se concentra en una sola persona.

En vista de que el marco legal del Presupuesto General del Estado, que es una ley anual de presupuesto, le otorga a cada entidad sus recursos necesario para las acciones que adoptarán las Direcciones, cuya correcta administración no debería de existir las irregularidades.   Al menos que, la fiscalización de la Contraloría General le otorgue el beneplácito.

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<>Artículo publicado el  19  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Por una Contraloría independiente

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La opinión del Excontralor General de la República…

Rubén D. Carles 

La reciente decisión de la Contraloría General de la República de suspender el control previo en algunas dependencias del Estado, ha motivado importantes reacciones en la opinión pública, en los medios y en personas vinculadas al tema en el presente y en el pasado.Todos reconocen que la Contraloría tiene facultad para tomar dicha decisión. Su conveniencia, en realidad, podría ser otra cosa.

 

Entre estas opiniones, un titular del diario “La Prensa” cita a un ex contralor quien señala: “Sin control previo galopará la corrupción”. Por otra parte, ese medio, La Prensa, cita al Jefe del Estado quien expresó: “El Control Previo es irrelevante”.

Es significativo lo que editorializa “El Panamá América”: “La Contraloría es una institución de control. Su rol no es ayudar al Ejecutivo a desembolsar con rapidez los dineros del Estado”, sino “fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos”.

Yo he venido sosteniendo que la Contraloría tiene, por mandato constitucional, la función de fiscalizar y regular.

Por eso lo que sería conveniente, para que el país vuelva a confiar en la Contraloría, (y esa entidad mantenga el apoyo y reconocimiento que merece), que tanto el Presidente de la República como la propia Contralora, funcionaria que está a cargo de esa entidad, aseguren a la opinión pública, y a todos los panameños, el carácter independiente de la Contraloría. Y que se cumpla. Así todos estaremos contentos.

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<>Artículo publicado el  17  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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La palabra, verdugo de los dictadores

-La opinión de…

Mauro Zúñiga Araúz

¡Qué felices serían los dictadores sin medios de comunicación!   La historia es una página abierta en ejemplos. La prensa, hablada o escrita, es inadmisible en los proyectos del déspota. En España durante el franquismo existía un periódico llamado La Codorniz, que era del tipo burlesco.   Cada vez que salía, con permiso oficial, lo cerraban de inmediato, porque le producía sarpullidos al dictador. En nuestro país, para aquellos que olvidaron la historia, el diario La Prensa se convirtió en el verdugo del dictador, al punto de ser cerrado en varias ocasiones. Todos debemos recordar la tristemente célebre frase “desde ya”, cuando se le preguntó al dictador de turno, a partir de que fecha sería cerrada La Prensa. Igual suerte tuvieron Radio Impacto y Radio Mundial.

La libertad de expresión no es un capricho de la democracia política, es un logro, producto de una vieja lucha que costó mucha sangre derramada por cuerpos humanos en el mundo. Los medios de comunicación eran los sirvientes de los dictadores, los encargados de desinformar, de ensalzar, de crearles las alfombras de rosas para que pisaran las botas, zapatos o las zapatillas de sus amos. Pero cuando los medios cometieron el error de ceñirse a la objetividad, de “entrometerse” en lo que no les importa; es decir, romper las barreras de la oscuridad y llevarla a la luz del día, se convirtieron, de ipso facto, en enemigos públicos del poder autocrático.

Ya lo había pronosticado. Martinelli Berrocal empezará por atropellar a los periodistas, a comprar a los medios, a crear el terror, a aniquilarlos. En su desmedido afán eliminará todo lo que estorba. Ya tiene a la Corte, a la Asamblea, al procurador y a la Contraloría. ¿Qué le falta? Los medios, convertidos por derecho propio en los únicos fiscalizadores que hay en Panamá.

Los teóricos del Estado moderno extrapolaron los criterios de Polibio (siglo I a. C.) para referirse al Estado: La monarquía (el poder Ejecutivo), la aristocracia (poder Judicial) y la democracia (poder Legislativo). Se cuidaron bien en la separación de estos tres órganos para evitar la corrupción y la autocracia.

Desafortunadamente, en nuestra precaria democracia política que se vivió después de la caída de la dictadura, la separación entre estos tres órganos no había tenido la firmeza deseada, pero se dio. Hubo fiscalización y hubo control. Yo diría que hubo un momento en que se exageró el control de los fondos públicos, lo que hizo más lento el proceso burocrático. Se pecó por exceso.

Hasta hace poco era habitual que la Contraloría no refrendara los actos públicos que se presentaban incompletos o irregulares. Ahora, eso es historia. Nadie me ha podido decir, ¿cuántas contrataciones directas que emanan del Ejecutivo han sido rechazadas por la Contraloría?

No hay fiscalización, no hay control. Hay un sometimiento absoluto al poder presidencial. Miremos las sanciones contra los periodistas de TV desde una óptica integral: la consolidación de la dictadura.

Este tipo de dictadura de nuevo cuño que se ha iniciado en Panamá y se extenderá por el resto de América Latina, no necesita a un uniformado dando órdenes. Basta con un civil con un desmedido apetito de poder y dinero. Ya estamos remilitarizados. Gracias a los medios de comunicación nos enteramos de este innecesario equipamiento militar. Gracias a ellos, nos seguiremos enterando del progresivo enriquecimiento de aquellos que entraron millonarios y saldrán megamillonarios, dignos de las portadas de las revistas Forbes o Fortune.   Los medios denunciarán lo que el gobierno piensa hacer con los indígenas de la comarca de Bocas.

No podemos permitir que cristalicen sanciones, que no son solo contra dos periodistas, sino contra los medios de comunicación social convertidos en los verdugos del dictador.

<> Este artículo se publicó el 9 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La ley del menor esfuerzo

La opinión de…

Christi Escalante

Recientes noticias relacionadas con el tiempo que podría tomar la liquidación total de la empresa British American, producen en los afectados desconcierto, profunda tristeza y decepción. La fiscalización debe implementarse a todos los niveles, y la misma debe ser de carácter permanente y eficiente, la cual adoleció en este caso por parte de la Superintendencia de Seguros.

Simplemente, esa entidad quiso lavarse las manos al estilo de Poncio Pilato, presentando la solicitud de quiebra ante los tribunales. Pregunto ¿estaba Bristish American realmente en estado de insolvencia? ¿Era la declaratoria de la quiebra la única y última alternativa?

Si todas y cada una de las partes involucradas en la fiscalización de la actividad de seguros hubiesen desempeñado eficientemente su trabajo, la desgracia no hubiese ocurrido. Lo peor y decepcionante es que se aplicó la ley del menor esfuerzo, y no se agotaron todas las opciones posibles para el rescate de la “supuesta quiebra” de la empresa, por lo que muchos de los asegurados de British American están ahora afectados.   Y hoy, con poca vergüenza y cara dura, los garantes de dicha fiscalización de la actividad siguen percibiendo elevados salarios, sentaditos muy cómodos y refrigerados en sus oficinas.

No se debe jugar con la economía y bienestar de las personas, más cuando lo han logrado a base de mucho esfuerzo y trabajo y cuando las inversiones de algunos asegurados en esa empresa constituían posiblemente sus únicos ahorros.

Como todo lo que sucede en Panamá, este caso quedará en nada porque afecta al pueblo,   mientras que los responsables directos o indirectos por la ineficiente fiscalización y controles saldrán airosos.

Habrá que esperar dos o tres largos años para que este caso se resuelva, mientras tanto los honorarios legales del curador saldrán de los bienes que se recuperen, lo que no debería ser; este pago debería asumirlo la Superintendencia de Seguros, lo que ayudaría a lavar su mala imagen en este caso.

¿Es esto crecimiento, evolución y seguridad jurídica? No, creo que no, como otras muchas veces, se trató simplemente de la ley del menor esfuerzo.

<> Este artículo se publicó el 3  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Sector Público vs. Privado. Posibilidades y Limitaciones

La opinión del economista….

Francisco Bustamante 

Es claro para la gente informada que los funcionarios pueden hacer únicamente lo que la Ley les autoriza.  Caso contrario, el sector privado puede hacer todo lo que la Ley no prohíba. Esta diferencia tiene implicaciones profundas en el actuar de dichos sectores.

Asimismo, el sector público cuenta con sistemas de control que tienen como meta limitar la discrecionalidad del funcionario en ejercicio, con miras a garantizar la transparencia, el cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales. Entre estos, los procesos de licitaciones, la necesidad de que todo gasto a realizar cuente con los fondos necesarios, que se cumplan con estudios de impacto ambiental en caso de obras públicas e inclusive privadas, la igualdad de oportunidades para competir por posiciones o contrataciones, la auditoría ex ante, el control previo de la Contraloría, etc.

Las empresas privadas organizadas con varios propietarios, también tienen sus procesos  enmarcados dentro del ambiente de control interno, que también se cumple en el sector público, el gobierno corporativo con sus directorios o juntas directivas,  sus reglamentos internos, de personal, de adquisiciones, etc.

Es decir, aunque el marco de la Ley tiene diferencias significativas entre lo que puede hacer un ejecutivo público y uno del sector privado, las empresas bien administradas tienen sus controles internos, sus mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas que demandan el cumplimiento de normas establecidas.

Solamente las empresas muy pequeñas o de propietarios únicos, actúan de manera autocrática, sin apego a normas de rendición de cuentas o de controles internos. Esto las hace más rápidas en tomar decisiones, lo cual en el sector privado es menos complejo porque la motivación del sector privado, en términos muy primarios, es la ganancia. Ya las empresas más estructuradas, menos salvajes por llamarlas de alguna manera, tienen lo que se llama hoy día responsabilidad social.

Ya el sector público tiene mayores complejidades, aparte de las normas que limitan la acción y autoridad del funcionario público, desde el Presidente de la República, al más humilde trabajador manual.  Hay implicaciones políticas, humanas y de interés social. Y la razón es simple. Todos los panameños, menores o mayores de edad, somos accionistas de esta gran empresa que es el país. Y todos esperamos que las acciones que se tomen, beneficien a las mayorías.

Pero cuando el gobierno de turno  elimina o limita los controles y/o  los mecanismos de rendición de cuentas que establecen las leyes de la República,  cómo protegernos de estas decisiones? Cómo evitar los abusos que puedan ocurrir si el Ejecutivo elimina los controles que la Ley contempla para garantizar el buen gobierno?

Sólo nos queda la Corte Suprema de Justicia para reclamar la vigencia del Estado de Derecho, desde el ejercicio mismo del Poder por parte de las autoridades electas.

Estará a la altura del reto? ya lo veremos, esperemos, en las próximas semanas ante las demandas presentadas por distintos grupos…

Francisco Bustamante

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Artículo enviado el 22 de junio de 2010 por e-mail a Panaletras para su publicación por el autor a quien damos todo el crédito , el mérito y la rsponsabilidad que le corresponde.

El delito de omisión de controles

La opinión de….

Maribel Cornejo Batista

A la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Panameño Cooperativo Autónomo y la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) les corresponde el control de las personas naturales y jurídicas que intervienen en el sector financiero.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros debe controlar, fiscalizar, supervisar y vigilar a las compañías de seguros, de reaseguros y a los intermediarios de seguros; a la Superintendencia Bancos le corresponde regular y supervisar al sector bancario; la Comisión Nacional de Valores examina, supervisa y fiscaliza las actividades de todas las personas, naturales y jurídicas que participan en actividades propias del mercado de valores; el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo fiscaliza las cooperativas y la Dirección de Empresas Financieras del Mici fiscaliza, regula, controla, supervisa y vigila a las financieras.

Como se observa, los verbos controlar, fiscalizar, vigilar y supervisar son comunes en las atribuciones señaladas. Ahora bien, ¿cómo se debe llevar a cabo por parte de cada entidad de control esa fiscalización, vigilancia y supervisión? Debe ser una actividad permanente que de manera efectiva prevenga los fraudes y detecte a tiempo el incumplimiento de requisitos o situaciones como la presentación de estados financieros alterados y el uso indebido de las reservas destinadas a garantizar el correcto ejercicio de cada actividad. Como se sabe, la mayoría de las veces lo que está en juego es el dinero, los bienes y los recursos financieros de particulares que confiaron a determinadas empresas la administración, inversión y el manejo adecuado de dichos recursos.

Una de las conductas delictivas que el Código Penal introdujo en el capítulo correspondiente a los delitos financieros, está contenido en el artículo 248 y se conoce como omisión culposa de controles. Según esta norma, constituye delito la omisión culposa del servidor público en realizar los controles correspondientes a que esté obligado en virtud de las atribuciones propias de su cargo, relacionadas con los delitos financieros. Es decir, cuando una autoridad tiene entre sus obligaciones ejercer controles en los bancos, en el mercado de valores, en las aseguradoras, en las cooperativas y en las financieras, y por causas culposas no ejerce las mismas, está incurriendo en ese delito. Según esta norma, la sanción será de uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

Un comportamiento es culposo por cuatro causas: la impericia (carecer de conocimientos y habilidades o la insuficiencia de aptitudes), la imprudencia (actuar con ligereza, sin precauciones, excederse en la acción o comportarse sin buen juicio), la negligencia (hacer menos de lo necesario, dejar de hacer lo que corresponde o actuar con falta de diligencia) y la inobservancia de los reglamentos (se desatienden las reglas, decretos, leyes, códigos u otros, así como incumplir las indicaciones emitidas en memorándums, reglamentos, etc.). Por cualquiera de esas cuatro causas, que generen omisión de controles por parte de servidores públicos de las entidades de control, se estaría ante la comisión de ese delito. Cada una de estas instituciones son reguladas por decretos o por leyes que establecen cuáles son sus atribuciones o qué funciones deben ejercer hacia los controlados.

Si se designa a un servidor público en uno de esos puestos es para que ejerza su labor con conocimientos, destreza y mucha pericia, porque un estafador o un falsificador jamás anunciará que va a cometer o cometió un fraude o una falsificación, es obvio que ningún controlado le dirá al organismo controlador que alteró sus estados financieros para ocultar situaciones de iliquidez o insolvencia. Quien controla, supervisa y fiscaliza, debe tener la capacidad de prevenir y detectar toda irregularidad que ponga en juego el dinero o recurso financiero que un particular confió a un banco, a una aseguradora, a una sociedad de inversión y a una cooperativa.   Ese control corresponde ejercerlo de manera real y efectiva; de lo contrario habrá que enfrentar la ley penal.  Ahora hay que ver, en la práctica, que esa innovadora disposición no se convierta en “letra muerta”.

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Este artículo se publico el 21 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Insisto en las inspecciones

La opinión de…..

JUAN RAMÓN MORALES

Hace un par de días solo observé en las pantallas de televisión el estado desastroso en que quedó una carretera que había sido entregada en el mes de febrero. Es fácil llegar a una de dos conclusiones: a) No hubo inspección; o b) los inspectores fueron inmensamente incapaces.

Las vistas nos presentaron una situación digna de investigación y sanción para la empresa que construyó semejante porquería, así como a los inspectores de la obra y desde luego, al responsable final de semejante desacierto. El ministro de Obras Públicas.

He venido insistiendo en mis escritos anteriores que la inspección debe salir de las manos de la institución que genera: El pliego, las licitaciones, la firma de los contratos y, finalmente, llevan a cabo las inspecciones, lo que los convierte en juez y parte, por lo tanto, caldo de cultivo para la corrupción.

Observé que debe crearse una autoridad para la inspección de las obras públicas, que sea la encargada de inspeccionar en su más amplia dimensión las obras que realiza el Gobierno.

Hay obras iniciadas por el gobierno anterior, pero que llevan la mano del actual gobierno durante casi un año y si no se corrigen tales entuertos todos los males heredados se hacen parte del actual gobierno.

El caso que he citado al comienzo de este artículo, es razón suficiente para que el señor presidente Ricardo Martinelli tome cartas en el asunto, porque de lo contrario su gobierno siguiendo esta línea de actuaciones, correrá la misma suerte.

Es decir, el mismo rumbo de los gobiernos anteriores, cuyo ejemplo más fehaciente lo fueron los escándalos del Ministerio de Educación, el descrédito total.

Una mala inspección puede ser por incapacidad, pero puede ser sumergido en la corruptela. Ambas formas conducen indefectiblemente a la corrupción, porque se podrían nombrar personas incapaces, para así encubrir propósitos preconcebidos.

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Este artículo se publicó el 31 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.