¿Vamos bien?

La opinión de…

Víctor Hugo Herrera Ballesteros

Desde las últimas tres administraciones se han creado nuevas autoridades, para que dichos entes, secretarías en algunos casos, estén focalizados en atender y resolver problemas específicos, luego de que han rebasado la capacidad del Gobierno, convirtiéndose en serios problemas de Estado.

Podemos mencionar el aseo urbano, servicios públicos, energía, competencia y protección al consumidor, ambiente, seguridad de alimentos e incluso ahora la nueva idea de crear una autoridad del agua, ante el colapso en la capacidad de potabilización y distribución del agua, derivado de problemas ambientales mal manejados.   Sabrá Dios qué nuevas autoridades se seguirán gestando cada vez que ocurra alguna crisis, dejando de manifiesto la improvisación como única respuesta.

Sin embargo, lo cuestionable es que hasta ahora algunas de esas “autoridades” no han demostrado la supuesta eficacia para atender la problemática que debían resolver o al menos tener bajo control. Solo como ejemplo está la incapacidad para dar respuesta a la población ante el incremento del precio de los combustibles, de la canasta básica o en los recientes aumentos abusivos del agua embotellada (incluso con niveles de bacterias aerobias mesófilas, fuera de las normas sanitarias), debido a una especulación perversa, aunque algunos burócratas incompetentes prefieran tipificar dicha conducta como “comportamiento oportunista”, y solo decir dónde comprar más barato, para así justificar su inoperancia indolente, dejando a la población a merced de mercaderes inescrupulosos que se aprovechan de su incapacidad, tanto o más como aquellos policías que dejaron quemar a reos indefensos. ¿Dónde quedó la protección al consumidor y sus derechos fundamentales?

Estamos al borde de sufrir problemas epidemiológicos por la acumulación de desechos sólidos y escasez de agua potable, lo que tal vez nos devuelve a los niveles de insalubridad de las primeras décadas de vida republicana, salvadas las distancias.

Mientras la brecha social se sigue ampliando, el papel de estas autoridades sigue bajo cuestionamiento, respecto a contribuir a mejorar el bienestar de la población, especialmente de los que menos tienen, que es precisamente su razón de existir, garantizando el acceso al consumo inocuo y a precios asequibles o a tener niveles de salubridad adecuados, especialmente en las comunidades populosas, donde se compran alimentos cercanos a vertederos de desechos improvisados o a tomar agua de manantiales insalubres, sufrir los abusos de la especulación en los precios de productos de consumo básico, degradación ambiental, etc., que dejan grandes dudas sobre su efectividad y por ende no justifican su existencia.

Crear más burocracia es aumentar el gasto público; no es la mejor solución para atender los problemas que se convierten en crisis, que se deben resolver con políticas bien focalizadas y una administración eficiente. Por el contrario, muchas de estas “autoridades” solo han servido para aumentar la burocracia y en algunos casos el acomodo del lumpen de arribistas que solo aspiran a subsistir con buenos salarios y pasar agachados, contribuyendo a empobrecer más a nuestras familias humildes.

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Este artículo se publicó el  31  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Mismo auto por la misma vía

La opinión del Empresario….


JOHN A. BENNETT N.
jbennett@cwpanama.net

La falta de autoridad de la ATTT en las vías es patente, y no hace falta sino remitirnos a lo que vivimos todos los días en las calles, en donde el juegavivo es la norma y no la excepción.   En días pasados las filas de los dos paños viales en el Corredor Norte estaban estancadas, menos la del hombro por donde circulaban a gran velocidad autos y diablos rojos. Pero a esa hora los agentes de tránsito están escondidos o parados como estatuas en algún sitio que todos conocen.

La etimología de término ‘autoridad’ viene de autor y se refiere a quien tiene el poder o autoridad moral de mandar o actuar, ordenar o hacer cumplir, no necesariamente en virtud de un poder políticamente otorgado, sino en virtud del respeto, opinión, estima y entereza de carácter; que son las cosas que deben caracterizar una verdadera autoridad y no un título que a la luz de la realidad no se sostiene.

¿Qué clase de autoridad es aquella que mantiene límites de velocidad que convierten al 100% de quienes transitan en infractores y fuerzan a los conductores a desobedecerlos, porque de lo contrario pondrían sus vidas en peligro?   Ejemplos sobran, pero algunos son más chocantes que otros, tal como el límite de 25 kph en pleno Corredor Norte.   Esto se repite por casi todas las vías del país, en mayor o menor grado.   Tal parece que el propósito no es el de ordenar el tránsito, sino de servir como ardid para las coimas, pues, es mucho más fácil sentarse frente a las trampas de velocidad que corretear a los verdaderos y peligrosos infractores.

Lo sensato es encuestar la velocidad a la cual conduce el 80% de los vehículos que transitan por una vía, incluyendo los de la propia y supuesta ‘autoridad’, para escoger ese límite; de manera que en adelante el 80% de quienes transitan por allí dejarían de ser infractores.   Ahora sí que los agentes pueden enfocarse en ese 20% de quienes van por encima de un límite razonable.   Lo que señalo tiene un alcance mucho mayor, y es que con esos límites absurdos lo que hacemos es inculcar el irrespeto a las normas.

En síntesis, podría escribir un libro entero de ejemplos de mala administración vial. Nuestra realidad es que tenemos una inmensa deficiencia institucional, que incluye el conflicto entre la ATTT y el DOT de la Policía. Se requiere rediseñar por completo el tema de la administración vial. El metro, semáforos, sobrepasos y tal, son todos buenos, pero serán menos útiles en la medida en que los cimientos sean endebles.

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<> Este artículo se publicó el 14 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Reglas mínimas en democracia

La opinión del Abogado y Ex Secretario General de la Procuraduría General de la Nación…

RIGOBERTO GONZÁLEZ MONTENEGRO

Sobre la democracia, lo que ésta implica como sistema de gobierno, es mucho lo que se ha escrito y debatido, y sin embargo, nunca será suficiente lo que con respecto a la misma se puede seguir reflexionando.   En ese sentido, de todos los aspectos o particularidades que con relación a la democracia se pueden abordar, existe una idea clara y precisa que no debemos olvidar: Que la democracia implica siempre y en todo momento el establecimiento de unos mínimos como para ser considerada como tal.

Es decir, que para que podamos hablar de democracia, se debe partir siempre de unos supuestos que, independientemente la concepción que de ésta tengamos, nunca pueden faltar. Así, en el plano jurídico—político sería imposible concebir la democracia sin la existencia de un conjunto de normas jurídicas, en las que de manera expresa se reconozcan los derechos fundamentales de quienes conforman la comunidad. De igual forma, sería casi imposible hablar de democracia si ésta no se entendiera como la forma de gobierno en la que el titular de la soberanía es el pueblo. Por la misma razón, no se puede entender la democracia si no existen los mecanismos que aseguren la participación política de los titulares de ese poder.

Estas y otras particularidades propias de la democracia, constituyen las reglas mínimas que no pueden faltar en un régimen político que se aprecie de democrático. Reconocido esto, es lo que va a permitir que esos mínimos deban ser respetados por quien detente el poder político en un momento determinado. Esto va a implicar, por ejemplo, que quien temporalmente ejerza el poder político del Estado, deba rendir cuentas de su gestión, pero a su vez, que ésta pueda y deba ser sometida al escrutinio o cuestionamiento de la ciudadanía, por ser ésta la titular del poder que detenta quien lleva a cabo la gestión del Estado.

Dicho de otra forma, quienes deben rendir cuentas, quienes deben ser sujetos de cuestionamientos, de reclamos y, si se quiere, de recriminaciones, son las autoridades y no lo titulares o dueños del poder que otros, temporalmente, ejercen en su nombre. Son esas las reglas mínimas de eso que llamamos democracia. De ahí que si un ciudadano o un grupo numeroso de éstos o unos cuantos reclaman, recriminan o protestan, es porque ese es su derecho. Es así como deben ser entendidos esos mínimos de lo que constituye una democracia.

Cuando esta concepción no es asumida así, cuando los mínimos de la democracia son desconocidos, es cuando desde el poder se comienza a ver en cada persona que protesta o que cuestiona, ya no a un ciudadano ejerciendo sus derechos, sino a un conspirador, cuando no a un enemigo político a quien hay que eliminar, a quien no se le reconocen ni se le respetan sus derechos como tal. Es ese el peligro que existe cuando se rebasan esos mínimos, cuando no se comprenden esas reglas propias de toda democracia.

Quizás era eso lo que pretendía advertirnos el premio Nobel de Literatura de 1998, José Saramago, cuando en una de sus obras señalaba que, ‘si no somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo posible para no vivir enteramente como animales’. De manera que, para ‘no vivir enteramente como animales’, es por lo que, al instaurarse un régimen democrático, se establecen las reglas mínimas necesarias para que podamos entendernos, compartir, debatir, participar y vivir en una comunidad en la que nos respetemos como personas, como ciudadanos, pero sobre todo, como seres humanos. De eso tratan los mínimos de todo sistema democrático, los que no podemos y no debemos ignorar o peor aún, despreciar.

<>  Este artículo se publicó el 20 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Pelele Police

La opinión del Empresario….

Max Crowe

El disgusto del Ministro de Turismo, Salomón Shamah, frente al irrespetuoso e innecesario operativo policial que acaba de manchar la competencia internacional de surf en Panamá, me anima a compartir la siguiente experiencia.

El miércoles 25, en la noche, venía yo saliendo de trabajar en el Hotel Intercontinental Playa Bonita, luego de supervisar el montaje de una conferencia internacional. Viajaba agotado, en compañía de mi hijo de 18 años.   Saliendo al cruce con el Puente de las Américas, de repente me sale de la oscuridad un sujeto vestido de fatiga, señalando muy agitado, mientras otro me apuntaba al pecho con su ametralladora.  Se trataba del ya clásico retén. Inmediatamente me detuve (hay que ver que iba lento, llegando a la intersección) y bajando la ventana, increpé al sujeto del rifle para que nos dejara de encañonar.   Al darse cuenta, supongo, que evidentemente no se trataba de ningún maleante, el muchacho de inmediato bajó el rifle. Sin embargo, creo que a su superior —y secuaces— no les gustó mucho mi reacción, porque ya habiendo verificada la placa del auto y mi cédula y la de mi hijo, me han seguido provocando verbalmente e insultado, en presencia de mi hijo, por no haber visto de noche, a un sujeto disfrazado de mata.   Han revisado el carro con toda malicia, para luego revisarnos a ambos de cuerpo entero antes de dejarnos en libertad. Francamente, yo a mis 50 años y que soy viajero frecuente, tomo las revisiones como cualquier chequeo médico, pero no creo que a mi hijo de 18 años, el mero cuadro y figura del Buen Pelao, le hacía falta que un hombre que le dobla la edad, que no se define ni de policía ni de militar, le sobara la nalga ni le manoseara los testículos.   A mi concepto, que hay otras áreas donde no se definen tampoco, porque esto me recordó vívidamente los hostigamientos de corte homosexual que caracterizaban a las Fuerzas de Defensa.

Por supuesto que esto le puede pasar en cualquier momento a cualquier otro huésped, ciudadano, o turista que venga saliendo del Intercontinental Playa Bonita o la comunidad de Veracruz, incluido usted, estimado lector.   Desde los tiempos de Noriega no había vivido yo semejante abuso de parte de una supuesta autoridad. Tristemente, la pérdida de respeto hacia la policía ha sido instantánea por parte de mi hijo.   Temor no equivale a respeto.   Tampoco el asco.

Aunque comparto los objetivos del Ejecutivo al tomar medidas radicales para enderezar el camino de un país que anda de mal en peor, yo voté por Martinelli justamente para bloquear la posibilidad de un gobierno con antecedentes de hostigar a la población civil. Parece que me equivoqué. Ya llevamos decenas de ciegos en Bocas, y sepa Dios cuantos vejámenes más vienen en el camino. Le garantizo que, con enseñarle a la población que tanto las autoridades como los delincuentes representan una amenaza, vamos a contrapelo. Nadie quiere que Panamá se maneje como si fuera un Iraq.

mcrowe@allied.bz

<>Artículo publicado el 2  de septiembre de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor,   todo el crédito  que les corresponde.

Abuso de autoridad en el servicio público

La opinión de….

NITZIA TORRES CISNEROS

Desconozco cuál será la cifra total de empleados públicos en este sector a nivel del Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Pero lo cierto es que son bastante. Por la estructura orgánica en que se manejan los servicios públicos, son más los subordinados que los superiores jerárquicos. Esta estructura ha traído consigo una serie de conductas que podríamos asemejarlas a las conductas animales descritas por Charles Darwin, aparecidas en ese gran libro “El origen de las especies”; algunas son: simbiosis o mutualismo, parasitismo, entre otras. La política administrativa en el sector público se maneja entre el autoritarismo (la especie que se cree dominante), el amiguismo (simbiosis o mutualismo) y los manzanillos (especies parásitas). Nuestra conducta es definida por las leyes de la naturaleza, lo queramos o no.

Existen especies humanas que sobreviven como amiguitos o como manzanillos. No hay otra manera de sobrevivir, para ellos.

Los autócratas, que son aquellos que ejercen una autoridad ilimitada, piensan que pueden trabajar al amparo de un paraguas protector, su sed de venganza a quien lo adversa no tiene límites. Cuando estos autócratas quedan solos se dan cuenta de que son vulnerables, su paraguas protector quedó extinto, o simplemente dijo: “que se haga lo que el pueblo quiere, yo me limpio las manos”.

El abuso de autoridad en Panamá es uno de los delitos, consagrado en el Código Penal en el artículo 351, que más frecuente se observa en el sector público, sin embargo, la estadística real se pierde simplemente porque no es denunciado. Los autócratas quedan impunes; mientras están sumergidos bajo el mismo paraguas protector, negro, sombrío y fétido, creen que tienen el poder absoluto para joder ilimitado. Sus mentes diabólicas se asemejan a muchos dictadores latinoamericanos y de otras esferas del orbe: Hittler, Hussein, Mussolini, Napoleón, Enrique VIII, El Zar de Rusia, Castro, Pinochet, etc. Hay que recordar cómo murió Hussein: sólo, sin rango, exhibido, humillado; pero no olvidar que murió ahorcado. De todas las formas que se pudo decidir fue una que nadie en el mundo pudiera olvidar, una muerte violenta, en total indefensión, escalofriante, impactante y absolutamente humillante. ¿Cómo es tu jefe?

Hay algo que es cierto: nadie está por encima de la ley, ni siquiera Dios. Aquel, El Salvador del mundo, fue en vida juzgado por las manos del hombre y condenado. Si queremos pensar que somos inmunes o impunes, es un problema; pero en la vida todo se paga.

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Artículo publicado el 25 de julio de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autora, todo el crédito que les corresponde.

Usurpando identidades

La opinión del Político y Director del PRD…..

Rafael Pitti

Como ex servidor público siempre he considerado que mis opiniones o la de otros que guarden la misma calidad, deben ser cónsonas de las propias actuaciones, es decir hacer lo que se dice, tomando como premisa lo establecido en el marco de la ley en cuanto a eficiencia, honestidad y transparencia en el deber de funcionario.

La ley de Carrera Administrativa que fue abolida por esta administración no justifica razón, pero en cierta forma fue producto de su propia inefectividad. Por ejemplo en vez de transferir las partidas presupuestarias de capacitación al INADEH porque se perdían o trasladaban al no ser utilizadas en instituciones y ministerios, se debió corregir exigiendo a los jefes de recursos humanos y personal que cumplieran con los programas de capacitación y actualización, seminarios y charlas de relaciones humanas, atención al cliente, usuario o contribuyente, paralelamente con las respectivas y periódicas evaluaciones en desempeño y productividad.

La equivocada decisión, salvo raras excepciones se mantiene, a falta de una iniciativa integral, que dinamice y perfeccione el manejo y desarrollo de la cosa pública. En el mismo sentido es imprescindible revisar y ordenar el solapado tema de las licencias laborales con o sin salarios, ya que por vicios o provecho individuales congelan y afectan innecesariamente, posiciones en la administración pública.

Otro hecho similar y de gravedad es el que ocurre en la Autoridad del Tránsito (ATTT) específicamente en Registro Único de Propiedad Vehicular, quien como autoridad competente a nivel nacional, determina la autenticidad y origen del dueño de un auto.   Pero por omisión permiten que las alcaldías, que son Autoridades Distritales, realicen traspasos en contraposición con el procedimiento de registro de circulación o matrícula que le atribuye la Ley.

Esta incoherencia y falla administrativa, ha provocado y sigue, problemas de todas las dimensiones a personas que al vender su vehículo y traspasarlo en los municipios culminan su trámite confiadamente. Sorpresa, luego de pasado el tiempo al regresar a otra diligencia, se encuentran con deudas o problemas legales, ya que según norma siguen siendo los propietarios y lo actuado por el comprador recae tácitamente en ellos.

Es cierto que “el desconocimiento de la Ley, no exime responsabilidades”, pero son los funcionarios públicos quienes tienen que regirse por las mismas.  Por favor actúen en tal sentido. En la misma institución, en la emisión de las licencias de conducir, la concesión otorgada a SERTRACEN, recae en la responsabilidad de impresión del documento; sin embargo la función de fiscalización, revisión y comprobación de los requisitos que es competencia de la Autoridad, es realizada por personal de la empresa.

Son paradojas o inexactitudes que deben ser corregidas cuanto antes no solo por ilegítimo, si no porque “La autoridad que se delega, se pierde”.

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Este artículo se publicó el  10  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Prevención y represión es igual a seguridad pública

La opinión de…..

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Javier Chérigo Hurtado

Aunque no me gusta el término guerra, ustedes como yo entendimos que el presidente, Ricardo Martinelli, al adelantar a los medios de comunicación que “viene una guerra agresiva en contra de la inseguridad” se refirió a que no se tolerará el delito en ninguna de sus facetas.

El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, resumió correctamente, en un programa de televisión, los componentes del plan, que a su vez afina el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, simple y llanamente les denominan como técnicamente establece la ley: prevención y represión, lo que debidamente implementado en conclusión es igual a seguridad pública.

Más allá de aceptar que la inseguridad es un tema en el que “hemos flaqueado”, está el enfoque sobre el cual el Gobierno vislumbra que cumplirá su compromiso de resolverlo, y comparto que es un asunto que se agravó en la pasada administración con la fallida integralidad y la improvisación, fueron cinco años de retroceso que dejaron graves secuelas.

Aunque no hay soluciones absolutas, lo que podemos percibir y esperamos todos es que el Ejecutivo apunte hacia la consolidación de al menos una política criminal definida que, a corto plazo, frene la ola de violencia y, a mediano y largo plazos, sirva de referente desde hoy y hacia el futuro de un modelo efectivo de políticas y estrategias que prevengan los delitos y persigan a los que desobedezcan la ley.

Comparto la afirmación del Presidente en el sentido de que las raíces del problema son más profundas que simplemente esperar a que “la construcción de escuelas, vados o carreteras cambie la criminalidad de la noche a la mañana”, ya que he expresado en opiniones anteriores que un criminal no delinquiría si existiera un 100% de certeza de que lo van a descubrir. Es decir que, bajo circunstancias especiales, un joven o un adulto de la posición social que sea, incluso, hasta la persona más honrada, estaría dispuesto a cometer un acto criminal si las posibilidades de no ser descubierto fueran tan elevadas.

Los tipos penales son previstos legalmente para quienes violentan la convivencia pacífica, sean nacionales o extranjeros, por lo que debemos apoyar el esfuerzo para efectivamente limitar las actuaciones de quienes pretenden visitarnos en calidad de transeúntes o residentes en nuestro país, por lo tanto, para influir significativamente en la neutralización y disminución de la criminalidad, es decir, prevenirla y perseguirla para reprimirla, requerimos darle a nuestros policías e investigadores las facultades constitucionales y legales adecuadas para retomar la autoridad.

Entonces, en cuanto a la certeza de “que la génesis de este flagelo se debe a que en el país las leyes no acompañan a los policías…”, agregaría que tampoco acompañan a los agentes de aduanas, de migración, a los bomberos y a otros.

Finalmente, la participación ciudadana es fundamental, por lo tanto, el reconocimiento a reforzar nuestra democracia y la libertad de expresión, confiamos, es un paso importante para dar inicio a la reconstrucción del complemento social denominado seguridad pública.

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Este artículo se publicó el  7  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.