¿Vamos bien?

La opinión de…

Víctor Hugo Herrera Ballesteros

Desde las últimas tres administraciones se han creado nuevas autoridades, para que dichos entes, secretarías en algunos casos, estén focalizados en atender y resolver problemas específicos, luego de que han rebasado la capacidad del Gobierno, convirtiéndose en serios problemas de Estado.

Podemos mencionar el aseo urbano, servicios públicos, energía, competencia y protección al consumidor, ambiente, seguridad de alimentos e incluso ahora la nueva idea de crear una autoridad del agua, ante el colapso en la capacidad de potabilización y distribución del agua, derivado de problemas ambientales mal manejados.   Sabrá Dios qué nuevas autoridades se seguirán gestando cada vez que ocurra alguna crisis, dejando de manifiesto la improvisación como única respuesta.

Sin embargo, lo cuestionable es que hasta ahora algunas de esas “autoridades” no han demostrado la supuesta eficacia para atender la problemática que debían resolver o al menos tener bajo control. Solo como ejemplo está la incapacidad para dar respuesta a la población ante el incremento del precio de los combustibles, de la canasta básica o en los recientes aumentos abusivos del agua embotellada (incluso con niveles de bacterias aerobias mesófilas, fuera de las normas sanitarias), debido a una especulación perversa, aunque algunos burócratas incompetentes prefieran tipificar dicha conducta como “comportamiento oportunista”, y solo decir dónde comprar más barato, para así justificar su inoperancia indolente, dejando a la población a merced de mercaderes inescrupulosos que se aprovechan de su incapacidad, tanto o más como aquellos policías que dejaron quemar a reos indefensos. ¿Dónde quedó la protección al consumidor y sus derechos fundamentales?

Estamos al borde de sufrir problemas epidemiológicos por la acumulación de desechos sólidos y escasez de agua potable, lo que tal vez nos devuelve a los niveles de insalubridad de las primeras décadas de vida republicana, salvadas las distancias.

Mientras la brecha social se sigue ampliando, el papel de estas autoridades sigue bajo cuestionamiento, respecto a contribuir a mejorar el bienestar de la población, especialmente de los que menos tienen, que es precisamente su razón de existir, garantizando el acceso al consumo inocuo y a precios asequibles o a tener niveles de salubridad adecuados, especialmente en las comunidades populosas, donde se compran alimentos cercanos a vertederos de desechos improvisados o a tomar agua de manantiales insalubres, sufrir los abusos de la especulación en los precios de productos de consumo básico, degradación ambiental, etc., que dejan grandes dudas sobre su efectividad y por ende no justifican su existencia.

Crear más burocracia es aumentar el gasto público; no es la mejor solución para atender los problemas que se convierten en crisis, que se deben resolver con políticas bien focalizadas y una administración eficiente. Por el contrario, muchas de estas “autoridades” solo han servido para aumentar la burocracia y en algunos casos el acomodo del lumpen de arribistas que solo aspiran a subsistir con buenos salarios y pasar agachados, contribuyendo a empobrecer más a nuestras familias humildes.

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Este artículo se publicó el  31  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mismo auto por la misma vía

La opinión del Empresario….


JOHN A. BENNETT N.
jbennett@cwpanama.net

La falta de autoridad de la ATTT en las vías es patente, y no hace falta sino remitirnos a lo que vivimos todos los días en las calles, en donde el juegavivo es la norma y no la excepción.   En días pasados las filas de los dos paños viales en el Corredor Norte estaban estancadas, menos la del hombro por donde circulaban a gran velocidad autos y diablos rojos. Pero a esa hora los agentes de tránsito están escondidos o parados como estatuas en algún sitio que todos conocen.

La etimología de término ‘autoridad’ viene de autor y se refiere a quien tiene el poder o autoridad moral de mandar o actuar, ordenar o hacer cumplir, no necesariamente en virtud de un poder políticamente otorgado, sino en virtud del respeto, opinión, estima y entereza de carácter; que son las cosas que deben caracterizar una verdadera autoridad y no un título que a la luz de la realidad no se sostiene.

¿Qué clase de autoridad es aquella que mantiene límites de velocidad que convierten al 100% de quienes transitan en infractores y fuerzan a los conductores a desobedecerlos, porque de lo contrario pondrían sus vidas en peligro?   Ejemplos sobran, pero algunos son más chocantes que otros, tal como el límite de 25 kph en pleno Corredor Norte.   Esto se repite por casi todas las vías del país, en mayor o menor grado.   Tal parece que el propósito no es el de ordenar el tránsito, sino de servir como ardid para las coimas, pues, es mucho más fácil sentarse frente a las trampas de velocidad que corretear a los verdaderos y peligrosos infractores.

Lo sensato es encuestar la velocidad a la cual conduce el 80% de los vehículos que transitan por una vía, incluyendo los de la propia y supuesta ‘autoridad’, para escoger ese límite; de manera que en adelante el 80% de quienes transitan por allí dejarían de ser infractores.   Ahora sí que los agentes pueden enfocarse en ese 20% de quienes van por encima de un límite razonable.   Lo que señalo tiene un alcance mucho mayor, y es que con esos límites absurdos lo que hacemos es inculcar el irrespeto a las normas.

En síntesis, podría escribir un libro entero de ejemplos de mala administración vial. Nuestra realidad es que tenemos una inmensa deficiencia institucional, que incluye el conflicto entre la ATTT y el DOT de la Policía. Se requiere rediseñar por completo el tema de la administración vial. El metro, semáforos, sobrepasos y tal, son todos buenos, pero serán menos útiles en la medida en que los cimientos sean endebles.

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<> Este artículo se publicó el 14 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Reglas mínimas en democracia

La opinión del Abogado y Ex Secretario General de la Procuraduría General de la Nación…

RIGOBERTO GONZÁLEZ MONTENEGRO

Sobre la democracia, lo que ésta implica como sistema de gobierno, es mucho lo que se ha escrito y debatido, y sin embargo, nunca será suficiente lo que con respecto a la misma se puede seguir reflexionando.   En ese sentido, de todos los aspectos o particularidades que con relación a la democracia se pueden abordar, existe una idea clara y precisa que no debemos olvidar: Que la democracia implica siempre y en todo momento el establecimiento de unos mínimos como para ser considerada como tal.

Es decir, que para que podamos hablar de democracia, se debe partir siempre de unos supuestos que, independientemente la concepción que de ésta tengamos, nunca pueden faltar. Así, en el plano jurídico—político sería imposible concebir la democracia sin la existencia de un conjunto de normas jurídicas, en las que de manera expresa se reconozcan los derechos fundamentales de quienes conforman la comunidad. De igual forma, sería casi imposible hablar de democracia si ésta no se entendiera como la forma de gobierno en la que el titular de la soberanía es el pueblo. Por la misma razón, no se puede entender la democracia si no existen los mecanismos que aseguren la participación política de los titulares de ese poder.

Estas y otras particularidades propias de la democracia, constituyen las reglas mínimas que no pueden faltar en un régimen político que se aprecie de democrático. Reconocido esto, es lo que va a permitir que esos mínimos deban ser respetados por quien detente el poder político en un momento determinado. Esto va a implicar, por ejemplo, que quien temporalmente ejerza el poder político del Estado, deba rendir cuentas de su gestión, pero a su vez, que ésta pueda y deba ser sometida al escrutinio o cuestionamiento de la ciudadanía, por ser ésta la titular del poder que detenta quien lleva a cabo la gestión del Estado.

Dicho de otra forma, quienes deben rendir cuentas, quienes deben ser sujetos de cuestionamientos, de reclamos y, si se quiere, de recriminaciones, son las autoridades y no lo titulares o dueños del poder que otros, temporalmente, ejercen en su nombre. Son esas las reglas mínimas de eso que llamamos democracia. De ahí que si un ciudadano o un grupo numeroso de éstos o unos cuantos reclaman, recriminan o protestan, es porque ese es su derecho. Es así como deben ser entendidos esos mínimos de lo que constituye una democracia.

Cuando esta concepción no es asumida así, cuando los mínimos de la democracia son desconocidos, es cuando desde el poder se comienza a ver en cada persona que protesta o que cuestiona, ya no a un ciudadano ejerciendo sus derechos, sino a un conspirador, cuando no a un enemigo político a quien hay que eliminar, a quien no se le reconocen ni se le respetan sus derechos como tal. Es ese el peligro que existe cuando se rebasan esos mínimos, cuando no se comprenden esas reglas propias de toda democracia.

Quizás era eso lo que pretendía advertirnos el premio Nobel de Literatura de 1998, José Saramago, cuando en una de sus obras señalaba que, ‘si no somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo posible para no vivir enteramente como animales’. De manera que, para ‘no vivir enteramente como animales’, es por lo que, al instaurarse un régimen democrático, se establecen las reglas mínimas necesarias para que podamos entendernos, compartir, debatir, participar y vivir en una comunidad en la que nos respetemos como personas, como ciudadanos, pero sobre todo, como seres humanos. De eso tratan los mínimos de todo sistema democrático, los que no podemos y no debemos ignorar o peor aún, despreciar.

<>  Este artículo se publicó el 20 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Pelele Police

La opinión del Empresario….

Max Crowe

El disgusto del Ministro de Turismo, Salomón Shamah, frente al irrespetuoso e innecesario operativo policial que acaba de manchar la competencia internacional de surf en Panamá, me anima a compartir la siguiente experiencia.

El miércoles 25, en la noche, venía yo saliendo de trabajar en el Hotel Intercontinental Playa Bonita, luego de supervisar el montaje de una conferencia internacional. Viajaba agotado, en compañía de mi hijo de 18 años.   Saliendo al cruce con el Puente de las Américas, de repente me sale de la oscuridad un sujeto vestido de fatiga, señalando muy agitado, mientras otro me apuntaba al pecho con su ametralladora.  Se trataba del ya clásico retén. Inmediatamente me detuve (hay que ver que iba lento, llegando a la intersección) y bajando la ventana, increpé al sujeto del rifle para que nos dejara de encañonar.   Al darse cuenta, supongo, que evidentemente no se trataba de ningún maleante, el muchacho de inmediato bajó el rifle. Sin embargo, creo que a su superior —y secuaces— no les gustó mucho mi reacción, porque ya habiendo verificada la placa del auto y mi cédula y la de mi hijo, me han seguido provocando verbalmente e insultado, en presencia de mi hijo, por no haber visto de noche, a un sujeto disfrazado de mata.   Han revisado el carro con toda malicia, para luego revisarnos a ambos de cuerpo entero antes de dejarnos en libertad. Francamente, yo a mis 50 años y que soy viajero frecuente, tomo las revisiones como cualquier chequeo médico, pero no creo que a mi hijo de 18 años, el mero cuadro y figura del Buen Pelao, le hacía falta que un hombre que le dobla la edad, que no se define ni de policía ni de militar, le sobara la nalga ni le manoseara los testículos.   A mi concepto, que hay otras áreas donde no se definen tampoco, porque esto me recordó vívidamente los hostigamientos de corte homosexual que caracterizaban a las Fuerzas de Defensa.

Por supuesto que esto le puede pasar en cualquier momento a cualquier otro huésped, ciudadano, o turista que venga saliendo del Intercontinental Playa Bonita o la comunidad de Veracruz, incluido usted, estimado lector.   Desde los tiempos de Noriega no había vivido yo semejante abuso de parte de una supuesta autoridad. Tristemente, la pérdida de respeto hacia la policía ha sido instantánea por parte de mi hijo.   Temor no equivale a respeto.   Tampoco el asco.

Aunque comparto los objetivos del Ejecutivo al tomar medidas radicales para enderezar el camino de un país que anda de mal en peor, yo voté por Martinelli justamente para bloquear la posibilidad de un gobierno con antecedentes de hostigar a la población civil. Parece que me equivoqué. Ya llevamos decenas de ciegos en Bocas, y sepa Dios cuantos vejámenes más vienen en el camino. Le garantizo que, con enseñarle a la población que tanto las autoridades como los delincuentes representan una amenaza, vamos a contrapelo. Nadie quiere que Panamá se maneje como si fuera un Iraq.

mcrowe@allied.bz

<>Artículo publicado el 2  de septiembre de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor,   todo el crédito  que les corresponde.

Abuso de autoridad en el servicio público

La opinión de….

NITZIA TORRES CISNEROS

Desconozco cuál será la cifra total de empleados públicos en este sector a nivel del Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Pero lo cierto es que son bastante. Por la estructura orgánica en que se manejan los servicios públicos, son más los subordinados que los superiores jerárquicos. Esta estructura ha traído consigo una serie de conductas que podríamos asemejarlas a las conductas animales descritas por Charles Darwin, aparecidas en ese gran libro “El origen de las especies”; algunas son: simbiosis o mutualismo, parasitismo, entre otras. La política administrativa en el sector público se maneja entre el autoritarismo (la especie que se cree dominante), el amiguismo (simbiosis o mutualismo) y los manzanillos (especies parásitas). Nuestra conducta es definida por las leyes de la naturaleza, lo queramos o no.

Existen especies humanas que sobreviven como amiguitos o como manzanillos. No hay otra manera de sobrevivir, para ellos.

Los autócratas, que son aquellos que ejercen una autoridad ilimitada, piensan que pueden trabajar al amparo de un paraguas protector, su sed de venganza a quien lo adversa no tiene límites. Cuando estos autócratas quedan solos se dan cuenta de que son vulnerables, su paraguas protector quedó extinto, o simplemente dijo: “que se haga lo que el pueblo quiere, yo me limpio las manos”.

El abuso de autoridad en Panamá es uno de los delitos, consagrado en el Código Penal en el artículo 351, que más frecuente se observa en el sector público, sin embargo, la estadística real se pierde simplemente porque no es denunciado. Los autócratas quedan impunes; mientras están sumergidos bajo el mismo paraguas protector, negro, sombrío y fétido, creen que tienen el poder absoluto para joder ilimitado. Sus mentes diabólicas se asemejan a muchos dictadores latinoamericanos y de otras esferas del orbe: Hittler, Hussein, Mussolini, Napoleón, Enrique VIII, El Zar de Rusia, Castro, Pinochet, etc. Hay que recordar cómo murió Hussein: sólo, sin rango, exhibido, humillado; pero no olvidar que murió ahorcado. De todas las formas que se pudo decidir fue una que nadie en el mundo pudiera olvidar, una muerte violenta, en total indefensión, escalofriante, impactante y absolutamente humillante. ¿Cómo es tu jefe?

Hay algo que es cierto: nadie está por encima de la ley, ni siquiera Dios. Aquel, El Salvador del mundo, fue en vida juzgado por las manos del hombre y condenado. Si queremos pensar que somos inmunes o impunes, es un problema; pero en la vida todo se paga.

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Artículo publicado el 25 de julio de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autora, todo el crédito que les corresponde.

Usurpando identidades

La opinión del Político y Director del PRD…..

Rafael Pitti

Como ex servidor público siempre he considerado que mis opiniones o la de otros que guarden la misma calidad, deben ser cónsonas de las propias actuaciones, es decir hacer lo que se dice, tomando como premisa lo establecido en el marco de la ley en cuanto a eficiencia, honestidad y transparencia en el deber de funcionario.

La ley de Carrera Administrativa que fue abolida por esta administración no justifica razón, pero en cierta forma fue producto de su propia inefectividad. Por ejemplo en vez de transferir las partidas presupuestarias de capacitación al INADEH porque se perdían o trasladaban al no ser utilizadas en instituciones y ministerios, se debió corregir exigiendo a los jefes de recursos humanos y personal que cumplieran con los programas de capacitación y actualización, seminarios y charlas de relaciones humanas, atención al cliente, usuario o contribuyente, paralelamente con las respectivas y periódicas evaluaciones en desempeño y productividad.

La equivocada decisión, salvo raras excepciones se mantiene, a falta de una iniciativa integral, que dinamice y perfeccione el manejo y desarrollo de la cosa pública. En el mismo sentido es imprescindible revisar y ordenar el solapado tema de las licencias laborales con o sin salarios, ya que por vicios o provecho individuales congelan y afectan innecesariamente, posiciones en la administración pública.

Otro hecho similar y de gravedad es el que ocurre en la Autoridad del Tránsito (ATTT) específicamente en Registro Único de Propiedad Vehicular, quien como autoridad competente a nivel nacional, determina la autenticidad y origen del dueño de un auto.   Pero por omisión permiten que las alcaldías, que son Autoridades Distritales, realicen traspasos en contraposición con el procedimiento de registro de circulación o matrícula que le atribuye la Ley.

Esta incoherencia y falla administrativa, ha provocado y sigue, problemas de todas las dimensiones a personas que al vender su vehículo y traspasarlo en los municipios culminan su trámite confiadamente. Sorpresa, luego de pasado el tiempo al regresar a otra diligencia, se encuentran con deudas o problemas legales, ya que según norma siguen siendo los propietarios y lo actuado por el comprador recae tácitamente en ellos.

Es cierto que “el desconocimiento de la Ley, no exime responsabilidades”, pero son los funcionarios públicos quienes tienen que regirse por las mismas.  Por favor actúen en tal sentido. En la misma institución, en la emisión de las licencias de conducir, la concesión otorgada a SERTRACEN, recae en la responsabilidad de impresión del documento; sin embargo la función de fiscalización, revisión y comprobación de los requisitos que es competencia de la Autoridad, es realizada por personal de la empresa.

Son paradojas o inexactitudes que deben ser corregidas cuanto antes no solo por ilegítimo, si no porque “La autoridad que se delega, se pierde”.

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Este artículo se publicó el  10  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Prevención y represión es igual a seguridad pública

La opinión de…..

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Javier Chérigo Hurtado

Aunque no me gusta el término guerra, ustedes como yo entendimos que el presidente, Ricardo Martinelli, al adelantar a los medios de comunicación que “viene una guerra agresiva en contra de la inseguridad” se refirió a que no se tolerará el delito en ninguna de sus facetas.

El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, resumió correctamente, en un programa de televisión, los componentes del plan, que a su vez afina el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, simple y llanamente les denominan como técnicamente establece la ley: prevención y represión, lo que debidamente implementado en conclusión es igual a seguridad pública.

Más allá de aceptar que la inseguridad es un tema en el que “hemos flaqueado”, está el enfoque sobre el cual el Gobierno vislumbra que cumplirá su compromiso de resolverlo, y comparto que es un asunto que se agravó en la pasada administración con la fallida integralidad y la improvisación, fueron cinco años de retroceso que dejaron graves secuelas.

Aunque no hay soluciones absolutas, lo que podemos percibir y esperamos todos es que el Ejecutivo apunte hacia la consolidación de al menos una política criminal definida que, a corto plazo, frene la ola de violencia y, a mediano y largo plazos, sirva de referente desde hoy y hacia el futuro de un modelo efectivo de políticas y estrategias que prevengan los delitos y persigan a los que desobedezcan la ley.

Comparto la afirmación del Presidente en el sentido de que las raíces del problema son más profundas que simplemente esperar a que “la construcción de escuelas, vados o carreteras cambie la criminalidad de la noche a la mañana”, ya que he expresado en opiniones anteriores que un criminal no delinquiría si existiera un 100% de certeza de que lo van a descubrir. Es decir que, bajo circunstancias especiales, un joven o un adulto de la posición social que sea, incluso, hasta la persona más honrada, estaría dispuesto a cometer un acto criminal si las posibilidades de no ser descubierto fueran tan elevadas.

Los tipos penales son previstos legalmente para quienes violentan la convivencia pacífica, sean nacionales o extranjeros, por lo que debemos apoyar el esfuerzo para efectivamente limitar las actuaciones de quienes pretenden visitarnos en calidad de transeúntes o residentes en nuestro país, por lo tanto, para influir significativamente en la neutralización y disminución de la criminalidad, es decir, prevenirla y perseguirla para reprimirla, requerimos darle a nuestros policías e investigadores las facultades constitucionales y legales adecuadas para retomar la autoridad.

Entonces, en cuanto a la certeza de “que la génesis de este flagelo se debe a que en el país las leyes no acompañan a los policías…”, agregaría que tampoco acompañan a los agentes de aduanas, de migración, a los bomberos y a otros.

Finalmente, la participación ciudadana es fundamental, por lo tanto, el reconocimiento a reforzar nuestra democracia y la libertad de expresión, confiamos, es un paso importante para dar inicio a la reconstrucción del complemento social denominado seguridad pública.

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Este artículo se publicó el  7  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre la autoridad de la Ley

La opinión del Jurista y Docente Universitario…..

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CARLOS AUGUSTO HERRERA

Está fácil y difícil al mismo tiempo hablar del tema. Las sociedades se tienen que regular de bidamente, para lograr la coexistencia pacífica. El orden estructural se concibe, en consideración a los valores que persistan en el medio a través de las costumbres. El hombre sabe que la vida es dual; que oscilamos entre los extremos del bien y el mal, del día y la noche; claro y oscuro y así, con la conciencia enfocada podemos considera lo que deseamos, el bien común.

Está más claro que el agua de una tinaja interiorana.  Las leyes, debidamente proporcionadas, se deben diseñar con el perfil deseado en la enunciación y la contención en tal decisión, que igualmente se debe asimilar por todos los gobernados.   El asunto se empieza a complicar cuando nosotros, como seres emocionales, tenemos que analizar, interpretar, decidir y ejecutar, cuestiones relegada a los funcionarios, que, a su vez, deben cumplir con el mínimo de educación y eficiencia.

Otro asunto de carácter determinante es la proyección sobre credibilidad social al gobernante y sus disposiciones. Es imprescindible que se tenga confianza en las instituciones y que las leyes estén tan bien estructuradas que resguarden ese sentido de equidad. Si esto falla, todo se desvanece y empieza a reinar la corrupción, que es la antítesis de lo elaborado. Tenemos que reconocer las modalidades en la descomposición para compadecer lo que nos ocurre y que nos pone a golpear la piñata con los ojos vendados.

Para enfrentar un asunto tan dramático como la inseguridad física de los ciudadanos, es menester, es diagnóstico fiel de lo que ocurre, se debe dibujar el problema una vez detectado y tomar las medidas para enfrentarlo.   Convencidos de que no todo está perdido, hay que aplicar respuestas sencillas, pero oportunas. Dentro del análisis se debe ubicar la población sobre la que se derramará el estímulo para captar la reacción. Trabajar con el mismo presupuesto y reingeniarse, para, con el mismo aporte, lograr mejores y mayores beneficios.

Si nos ocupamos de tareas delegadas, como se hace con Nuestra Policía amiga, si no es debidamente estructurado, cada estamento debe desarrollar su labor con eficiencia.   Si hablamos de la Policía, este es el brazo ejecutor de la Ley, son sus miembros, como agentes de la autoridad, bajo una estricta supervisión, los que tienen que cumplir y hacer cumplir la Ley.   Es en esta estructura en donde funciona la Obediencia Debida y donde son los superiores los que operan las funciones y los subalternos las cumplen al pie de la letra. Esta subordinación tiene excepciones, como la de no cumplir una orden, si con ello se vulnera la Ley.

Dentro de este modelo, hay que proyectar el mayor beneficio sobre la inversión de toda actividad para sacar el mayor provecho.   Se debe planificar la gestión pública y de este modo, evitar el desgaste dentro de las horas laborables para que cada funcionario independiente de sus funciones, realice su trabajo en condiciones óptimas. De esto no se puede excluir a nadie con el convencimiento de que es empleado público y por ello, debe trabajar menos.

Visto así, estamos frente a la autoridad pública.   Frente a un verdadero sistema de gobierno exitoso, con una estructura emblemática con la que se demuestra la legitimidad de la actuación. Cuando se ordena un asunto, a muchos no les gusta la imposición, pero la Ley es la Ley.   Son estas condiciones de credibilidad las que hacen un buen gobierno, con preceptos que se cumplen.


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Este artículo se publicó el 5 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Por qué avanza la delincuencia?

La opinión del Abogado…..

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Rafael Fernández Lara

Me parece que muchas personas saben las razones, y esto ha sido evidente porque por años, a través de programas de radio, televisión, artículos publicados en periódicos, expresiones de eruditos en la materia, se han expuesto estudios, propuestas y recomendaciones a granel. Sin embargo, la delincuencia continúa, peor aún, avanza a pasos agigantados afectando la vida y progreso del país.   También es obvio que las autoridades obligadas a ponerle coto al problema, a pesar de los esfuerzos que realizan, no logran un resultado positivo que la población avale.

En nuestros barrios, la mayoría de las personas saben quienes son y dónde viven los que se dedican a delinquir, a la venta y tráfico de drogas, al sicariato, al secuestro, quienes son los violadores, los que pertenecen a las pandillas y en qué casa se obtiene droga a cualquier hora. La población entera ha sido testigo cuando algunas televisoras entrevistan a pandilleros y no les es tan difícil localizarlos.

En los barrios muchos saben quienes le proporcionan armas a los pandilleros, y si algunas unidades de la policía participan en esto o si se frecuentan con ellos, ¿por qué no se nombra una comisión seria que haga un inventario exhaustivo de las armas custodiadas por las instituciones de seguridad del país?

Mucho se habla sobre algunos corregidores y jueces que son benevolentes con los delincuentes… entonces, ¿por qué las alcaldías y el Órgano Judicial no ponen punto final a esta situación?

Es evidente que todas las autoridades que están involucradas en este tema, el más serio del país, están careciendo de coordinación, decisión e iniciativa.

Excelente y conveniente sería crear un departamento integrado por personas serias que tengan como función acoger denuncias sobre los delincuentes y sus botines de drogas y otros actos, reservándose la máxima confidencialidad del denunciante, y a cambio de la información se le recompensaría con dinero en efectivo, en proporción generosa del botín informado. Creo que veríamos la eficacia de esta iniciativa en el retroceso de la delincuencia.

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Este artículo se publicó el  12  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ejercicio de la autoridad

La opinión del Abogado…..

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SAÚL MALOUL

Hay un refrán que dice que la verdad suele ser inapropiada, y pocas veces, bienvenida.  Pues bien, una de las verdades desagradables que vienen de la mano de la popularidad y legitimidad de este gobierno, es que el bipartidismo estaba agotando la posibilidad de la solución adecuada de los más importantes problemas nacionales, porque los partidos políticos que lo representaban, también representaban poderosos sectores de interés que se oponían y se oponen a la reforma.

Roto el bipartidismo, la posibilidad de cambio se hizo y se hace evidente, y no le perdonaríamos al señor presidente de la República el que no la aprovechara, tan solo porque en el camino tiene que pisar algunos callos y romper a más que alguna botella.

Eso explica y justifica el estilo de gobernar de este presidente, por ahora, a los ojos de más del 60% de la población que lo calificó recientemente.

No obstante, el gobierno podría seguir ejerciendo la autoridad que tiene, con ésta misma fortaleza e incluso con más, si comprendiera que la consulta ciudadana no es un favor que le dispensa la autoridad a los ciudadanos, sino un entendimiento muy diferente de cómo funciona y debe funcionar la democracia del siglo XXI.

Por ejemplo, el gobierno sintió que era su responsabilidad implementar una reforma tributaria más justa.   Por supuesto, que siempre habrá grupos disidentes que no estén de acuerdo con lo que haga el gobierno; y las marchas sociales recientes, pueden ex plicar y justificar esa disidencia. No obstante, el proceso de discusión y ratificación de las reformas, con los cambios que se introdujeron y con aquellos que se rechazaron, se hizo de una manera transparente, de cara al pueblo, por parte del instituto político que debe representarnos a todos, en beneficio de los mejores intereses nacionales.   Hasta los más críticos, salieron a reconocerlo.

Todos queremos que este gobierno controle la violencia, implemente la reforma curricular, mejore las condiciones de salud de la población y resuelva el problema del transporte, entre otros.

Seguirán habiendo diferencias importantes entre el gobierno y sus críticos.   Y el gobierno no debe ceder a nadie la responsabilidad de gobernar, para la que fue elegido. Lo que jamás debe dar es ni siquiera la impresión de que los espacios de consulta han sido cerrados a los sectores críticos e independientes. A la gente no le importa tanto que no se haga lo que ella quiere, sino que se imponga un ambiente en el que pareciera que a las altas esferas le da igual si son escuchados o no.

Estoy seguro de que si el señor presidente de la República entiende esta diferencia, y se abre con tolerancia a la crítica, sin tener que coincidir con todo lo que se critique; la gente dejará de estar hablando, a mi juicio apresuradamente, de autocracia y todos entenderemos que en democracia, más importante que estar de acuerdo, es saber respetar nuestras diferencias.


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Artículo publicado el 26 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Edwin, Zunaila y José

La opinión de……

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Berna Calvit


La noticia en La Prensa de 24/2/2010 me estremeció el alma, y me indignó. Para la televisión la noticia era “periódico de ayer”; no había sangre fresca para mostrar en la pantalla.  El repudiable fallo de la jueza tercera de circuito de Coclé que manejó el caso del accidente de noviembre 2007 en Las Guías, que resultó en la muerte de tres niños, recrudece el dolor de sus familiares.

Con asombro e ira leí que luego de analizadas las pruebas la jueza concluye que la conducta del conductor al momento del accidente “no encaja en ninguna de las modalidades de culpa”; “las pruebas idóneas y contundentes indican que no conducía con imprudencia”, por tanto lo absuelve.

Toqué fondo al leer que “La sentencia también niega la solicitud de indemnización de 175 mil dólares por daños y perjuicios presentada por la abogada querellante, tras considerar que el daño emocional y la cuantía no están debidamente probados”.

¡La juez descubrió la fórmula para comprobar debidamente el daño emocional! ¿Usó la matemática? ¿Se mide por yardas, centímetros, hectáreas? ¿Se pesa en onzas, toneladas? ¿Cómo se tasa el dolor de los padres, el futuro truncado de los niños?  ¿Valen Edwin, Zunaila y José 58 mil 333.33 dólares cada uno o, ni siquiera eso? Vale preguntarse para qué existen las indemnizaciones si la vida no tiene precio.

No hay suficiente dinero en el mundo que calme el dolor de perder un hijo, menos en esas circunstancias. La indemnización no alivia el dolor de los familiares pero es buen castigo para el bolsillo de los irresponsables. Allí sí les duele.   Autoexculparse (mejor con la ayuda de un juez), aplaca la conciencia.   Los comentarios de los lectores (en internet) contra la jueza fueron duros y suspicaces.

Dos amigos, prestigiosos abogados, opinan que el fallo muestra falta de sensibilidad y que no le correspondía a la jueza emitir juicio sobre “daños emocionales”.  Como de leyes sé poco, busqué la definición del “daño moral” que mencionaron; es “lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, y en general toda clase de sufrimientos que no se puede apreciar en dinero”.

El sector de Las Guías de Antón acumula un trágico historial. A lo largo de la Panamericana existen puentes elevados que la dispersa población utiliza poco; por economía no se construyen con rampas de acceso sino con empinadas escaleras, nada prácticas para ancianos o discapacitados, para los que utilizan bicicletas, caballo, o llevan carga;  hay quienes cruzan la vía con riesgos para no tener que caminar hasta el puente.

Estos elementos, negativos resultan en muertes, dolor, mutilaciones, orfandad. En el año 2008, tres mujeres (Yanilka, Betzy y Severina) murieron atropelladas por una conductora que manejaba a alta velocidad; las madres, una de ellas embarazada, regresaban a casa después de dejar a los niños en la escuela.  En el 2007 tres niños, de 7, 11 y 13 años murieron atropellados cuando se dirigían a la tienda en bicicletas;  el conductor adujo que se lanzaron a la vía; algunos testigos dijeron que estaban en la vereda paralela a la carretera y que el conductor iba a alta velocidad.

Un ingeniero civil de experiencia con quien comenté la noticia me dio explicaciones técnicas sobre rectas, curvas, peralte, y capacidad y tiempo de respuesta; concluye que la amplia visibilidad del tramo recto propicia el exceso de velocidad; pudo ser, también, un descuido (hablar por celular, cambiar de emisora), pero a su juicio, con velocidad prudente se hubiera podido esquivar a los niños.

Son muchos los casos de sujetos que ebrios de alcohol, droga, o velocidad, o que, sintiéndose omnipotentes por su influencia social, económica o política, se pusieron al volante de un auto despreciando el valor de la vida humana.

La niña de papi y mami atropella, deja atrás a una madre lisiada y su hijo muerto, y con “el apoyo familiar” sale bien librada;   una pareja muere en colisión cuando un abogado parrandero los embiste y astutamente evade la prueba de alcoholemia;   otra jovencita atropella a un anciano en Calle 50 y escapa, sin sentir la necesidad de asistir a la víctima.

Y muchos están libres, “todo bajo control”, porque la justicia no se pone del lado de los muertos.

Ofende y duele la indiferencia de las autoridades; la impunidad y la manipulación de la justicia.  ¿Por qué no hay dinero para cámaras de vigilancia, medidores de velocidad, patrullaje constante y advertencias repetidas en áreas peligrosas? Porque se malgasta en viajes innecesarios, publicidad vacua, planillas infladas, proyectos alocados. ¿Cuándo, de verdad, se pondrán los gobernantes en los zapatos del pueblo?

Edwin, Zunaila y José nunca lo verán.

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Publicado el 1 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Confrontación del presidente ante hechos legales

La opinión del empresario…….

 JUAN  R.  MORALES

 Las declaraciones que diera el presidente de la República, pese al derecho que le asistió, fueron desafortunadas.   Se trata de una confrontación estéril, que debió presentar en forma elocuente, sosegada, aunque, en verdad, molesta ser cuestionado por migajas, etc.   Se observó un mandatario molesto, casi perdiendo el control.

Los motivos que lo llevaron a esa lamentable actuación los comparto con el mandatario, pero no la forma expuesta.   Sus programas sociales son de indiscutible calidad, sus acciones muy positivas, pero no dan lugar a su lamentable error, lo afirmo sinceramente.   Sin embargo, estoy muy de acuerdo con él, pero, no creo que por tener una agenda positiva, esta le dé derecho a cometer tan triviales errores.

Sus buenas obras no son razón para que se tengan como costumbre las contrataciones directas como el arroz de todos los días.   Mi posición pareciera contradictoria, pero no es así.

Lo que ocurrió con el mandatario es que la forma irascible como presentó su protesta, la que también es su derecho, le hizo perder el control y por ende el derecho y la razón que le asistía.   Usted puede tener la razón, pero si no hace valer ese derecho con ecuanimidad y acierto, entonces, termina perdiendo la razón que le asistió.

Pienso que si el señor presidente hubiera dicho:  Si los medios no están de acuerdo, en este caso con las Contrataciones Directas, lo primero que debieron haber hecho, cuando el Gobierno Nacional se las otorgó, fue rechazarlas de plano, porque, al no haber actuado de esa manera, estaban avalando la costumbre de las contrataciones directas como lo viene haciendo el Gobierno Nacional y todos los gobiernos anteriores, porque en verdad, no se trata de actos ilegales, sino que se presta para malas interpretaciones.   La mujer del César no solo debe ser honesta, sino, parecerlo, sobre todo si hay familiares de por medio.   Las contrataciones directas que han favorecido a los medios les limita el derecho a lanzar críticas sobre estas al gobierno. Los medios televisivos han perdido el derecho, al menos en ese caso, a criticar, lo que para ellos estuvo muy bien.

Viene a mi memoria una anécdota que escuché a un amigo y que viene como anillo al dedo. Veamos: “ Decía un personaje que ser dictador era malo, siempre y cuando el dictador no fuera él ”. En lo referente a las contrataciones directas, parecen ser malas, pero no lo fueron en su momento para los medios.   Nadie les quita a los medios el derecho que tienen a divulgar la verdad, los hechos, etc. pero hay que tener autoridad moral, lo que les faltó en esta ocasión.

 Así son las cosas.

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Publicado el  25  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.