Negociaciones indebidas

La opinión de…

Fernando Gómez Arbeláez

El último informe que sobre Panamá ha formulado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) deja entrever una preocupante realidad: el Gobierno ha caído innecesariamente en una enmarañada trampa negociadora de la cual no le será nada fácil escapar.

En efecto, ese informe, el Reporte de Revisión Paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Fiscales de la OCDE, que incluye un anexo con la información suministrada por el Gobierno hasta septiembre de 2010, señala que la negociación y firma de 12 tratados para evitar la doble tributación (TDT) –supuesta exigencia de la OCDE para excluir a Panamá de su llamada “lista gris” de paraísos fiscales– no son suficientes ni satisfactorias. De acuerdo al reporte, será únicamente cuando nuestro país negocie y firme otro tipo diferente de tratados, los de intercambio de información fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés) con aquellos países que lo soliciten que Panamá tendrá posibilidades de salir, algún día, de esta “lista gris”.

Desde finales del año pasado, el Gobierno ha venido proclamando que la permanencia de Panamá en esa lista concluirá de manera automática cuando sean firmados 12 TDT. Incluso en páginas enteras de avisos pagados, como el publicado en este diario el pasado 20 de octubre, las autoridades continúan insistiendo que los TDT, por sí solos, “garantizan la salida de las listas grises”, lo que habría de lograrse “al principio del próximo año”.

No obstante, ese mismo día, el Gobierno ya era consciente de que gracias a la más reciente exigencia de la OCDE, los 12 TDT, sin varios TIEA, no garantizaban absolutamente nada.   Tan consciente se encontraba de esta nueva realidad que ese 20 de octubre se hallaba en Washington una delegación oficial panameña lista para negociar un TIEA con Estados Unidos.

De esa forma, el Gobierno ha dado un indebido e inesperado giro de 180 grados a su enunciada política de “nunca negociar TIEA”, la cual no tardó en repudiar. Este giro radical aparece sin que el cambio de política ni la negociación con Estados Unidos hubieran sido informados de antemano a la opinión pública. Los negociadores demostraron así que la transparencia en las negociaciones con Washington no es ninguna prioridad.

Otros dos factores negativos se agregan a los anteriores. Las negociaciones son motivadas por el innegable chantaje de la OCDE, que comenzó pidiendo una mano pero ahora nos exige el brazo entero. Algunos funcionarios, sin embargo, pretenden ocultar éste con otro supuesto chantaje, el de Estados Unidos, que alegadamente requiere la firma de un TIEA para ratificar el tratado de promoción comercial (TPC) que duerme engavetado en Washington. Si esta presión indebida a cambio del TPC fuera cierta, el Gobierno está en la obligación de denunciarla cuanto antes.

El segundo factor es la dirección de la delegación negociadora en manos del actual viceministro de Economía. No es permitido negociar un tratado frente a otro Estado del que se es también ciudadano.

El funcionario en ese cargo, Frank De Lima, quien como único representante del Gobierno en una delegación conformada por consultores particulares encabeza la misma, posee la ciudadanía norteamericana al igual que la panameña. Es inaudito que un ciudadano de Estados Unidos represente a Panamá en la negociación de un tratado frente a Estados Unidos, en especial cuando los temas negociados se relacionan con la obligación que esos ciudadanos tienen de reportar sus ingresos en territorio panameño al fisco norteamericano.   Su actuación pudiera haberse dado por negligente desconocimiento de las normas y principios, pero este doble conflicto de intereses no deja de poner en tela de duda la imparcialidad y legitimidad de lo hasta ahora negociado.

Un TIEA con Estados Unidos solo traerá perjuicios inmediatos a la economía panameña. El Gobierno no parece haber aprendido la lección con la siempre exigente y nunca satisfecha OCDE.   Al dejarse atrapar en sus redes, imagina que este TIEA de última hora la convencerá de sacar, al fin, a Panamá de su “lista gris”.   Grave equivocación.

<> Este artículo se publicó el 30  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/gomez-a-fernando/

Rebelión en la granja

La opinión de…


.

 

Alberto López Tom

Decía Orwell que todos los animales son iguales, pero unos más que otros. La idea de la globalización parecía buena en teoría para los animales iguales, los países industrializados podrían comprar materia prima de los países menos desarrollados a precios más bajos, podrían usar su mano de obra barata para ensamblar productos y luego podrían vender a esos mismos países pobres (los animales menos iguales) los productos terminados, ampliando así el mercado de consumo para las industrias de los países ricos.

Tan bueno era el plan, que se puso inmediatamente en acción, se creó la Organización Mundial de Comercio y todos los países fueron directa e indirectamente forzados a participar de este nuevo plan, que traería bienestar a la economía mundial, claro, siempre teniendo en cuenta que unos eran más iguales que otros.

Lo que los países ricos no anticiparon, es que con la globalización los capitales que hasta entonces se encontraban secuestrados en sus respectivos países fueron traspasando fronteras hacia jurisdicciones que les ofrecían mejores condiciones.

De esta forma se cerraron centros de venta y atención a clientes en países ricos y se instalaron call centers en países como Panamá, donde incluso no importaba el costo de capacitar a la mano de obra y enseñarle a hablar inglés. El capital no es fiel ni leal, es oportunista, las transnacionales movieron sedes regionales, reubicaron ejecutivos, movieron fábricas, centros de almacenaje y distribución a países que les representaban no solo economía en su producción, sino sustanciales ahorros gracias a regímenes legales impositivos más favorables.

Lo que iniciaron las grandes empresas creó un efecto cascada que fue paulatinamente alcanzando empresas de menor tamaño y luego hasta particulares y jubilados que buscaron mejores países donde pasar sus inviernos o su vejez, donde sus ahorros o jubilación les rindiera más, sin importar gastar sumas que consideran razonables por bienes raíces que luego podrán vender obteniendo una razonable plusvalía.   ¿No es esto lo que querían los países ricos? Por supuesto que no, la idea no era esa, y surge entonces la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), un cluster inicialmente de países europeos, que luego incorporó a sus aliados industriales en otras latitudes. Destaca el hecho de que ningún país africano es miembro de la OECD y de Latinoamérica sólo México y Chile.

La OECD se atribuyó por designación propia el derecho decidir a qué países tenían regímenes legales que consideraban “justos” y cuáles debían ser señalados como paraísos fiscales. Debo destacar el hecho de que la Ley de Sociedades Anónimas de Panamá data de 1932 y no es hasta el advenimiento de la globalización y la OECD que se critica la misma en foros internacionales. Igual ocurre con el centro bancario panameño, en sus inicios criticado por ser un supuesto centro de lavado de dinero del narcotráfico. Ahora que se ha demostrado que los narcotraficantes blanquean sumas mucho más grandes en Suiza, Estados Unidos y otros países de la OECD, se le critica simplemente por recibir depósitos de personas y empresas que supuestamente evaden impuestos.

La OECD criticó a Panamá y la colocó en su lista gris, por el hecho de tener un sistema impositivo territorial (que desde inicios de la República nunca fue problema, sino hasta ahora), por tener un régimen legal que consideraban cerrado y no cooperador y por no tener tratados de naturaleza tributaria con ningún país.

Panamá emprende correctamente acciones para contrarrestar estas medidas discriminatorias e inicia la campaña para negociar y firmar al menos 12 acuerdos de naturaleza tributaria con otros países, para así cumplir con las exigencias de la OECD. Estos tratados han sido enfocados a evitar la doble tributación, más que al intercambio de información tributaria. Sobre este punto no profundizaremos más allá de señalar que es la estrategia correcta, pues siendo el sistema impositivo de Panamá de naturaleza territorial, de nada nos sirve información de sociedades que aunque sean panameñas, generen ingresos fuera de Panamá.

En Singapur, a finales de septiembre se reunió el comité revisor de la OECD y se concluyó que las medidas adoptadas por Panamá y Bostwana no son sustancialmente significativas para excluir a dichos países de la lista gris. Resulta ser ahora que la exigencia de los 12 tratados no es suficiente, sino que deben ser 12 tratados a satisfacción de la OECD, una nueva excusa para mantenernos con el estigma de paraíso fiscal, no obstante varios de estos tratados han sido firmados con países que son miembros de la OECD.   ¿No es esto un claro contrasentido?

Los países desarrollados se han vuelto muy eficientes en imponer condiciones y criticar a los demás, pero mientras exigen que Panamá mejore su déficit fiscal, países como Inglaterra despliegan un abrumador 11% de déficit y EU, alrededor de 10.5%, de acuerdo a datos de la propia OECD.

Me pregunto: ¿Por qué aún cuando los países miembros de la OECD no hacen más que buscar la forma de destruir nuestro sector financiero y de servicios, nuestro país les permite participar en importantes licitaciones y adjudicarse contratos multimillonarios, particularmente aquellos relacionados con el Metro, la expansión del Canal y otros proyectos que se adelantan? ¿No debemos aplicarles un poco de su propia medicina, al final de cuentas, no somos todos iguales?

 

*
<> Este artículo se publicó el 23  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.


Esfuerzos de Panamá por salir de las listas discriminatorias

No hay duda que el camino a penas inicia con paso firme para Panamá, reconociendo que el Gobierno Nacional viene trabajando arduamente para cumplir con los requisitos exigidos por la OCDE; sin embargo, consideramos que los distintos actores económicos deben estar abiertos a la comprensión de las futuras reglas referente a una mayor transparencia y combate de la corrupción, las cuales requerirán dedicación y una firme voluntad política.  A continuación presentamos el texto completo de este interesante artículo de opinión del Doctor en Derecho….

Hernán A. De León Batista

El Gobierno del Presidente Ricardo Martinelli, mediante la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, ha establecido como estrategia y decisión política de Estado para salir de las listas discriminatorias que mantiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ser considerado Panamá una jurisdicción de baja imposición fiscal, el de suscribir por lo menos doce (12) Convenios para evitar la doble tributación internacional (CEDT); todo como consecuencia de que Panamá, mediante Carta de Compromiso de abril de 2002, se comprometió al intercambio de información con las autoridades tributarias de países de la OCDE.

En el aspecto de transparencia, se comprometió a que la Autoridad Tributaria tendría acceso a la información de los proveedores de servicios, a que dicha información indicaría los verdaderos propietarios de las personas jurídicas y que estas deberán llevar registros de sus operaciones. No obstante dicha Carta de Compromiso, desde el año 2002, sólo se modificó la legislación nacional para combatir el lavado de dinero sin que existiera convenio alguno de intercambio de información

Hasta el momento, Panamá ha negociado exitosamente diez (10) convenios con países como México, Italia, Bélgica, Barbados, Holanda, Qatar, España, Francia, Luxemburgo y Portugal, y de estos diez negociados, se han firmado dos: México (Ley 24 de 31 de marzo de 2010) y Barbados, la cual está en proceso de ratificación. En este mes de agosto, el equipo negociador de Panamá, liderado por el Viceministro de Economía, Frank De Lima, estarán negociando con Corea del Sur y Singapur, en septiembre con Irlanda y en octubre con República Checa, y para el 2011, se pretende iniciar negociaciones con Suiza, Canadá, Bulgaria, Hungría, Alemania y Gran Bretaña.

En total, Panamá ha realizado 47 acercamientos con otros países, a fin de negociar este tipo de convenios; pero esta negociación de convenios ha implicado una reforma al Código Fiscal a fin de armonizar nuestra legislación fiscal, incorporando a dicho texto codificado, mediante Ley 33 de 30 de junio de 2010, normas que regulan aspectos como: precios de transferencia; establecimiento permanente y Residencia Fiscal, de la cual muchas empresas contribuyentes ya deberían ir actualizándose en cuanto a este novedoso tema para Panamá.

Por otro lado, el MEF está creando la Unidad de Tributación Internacional, la cual se encargará de analizar y administrar los convenios para evitar la doble tributación que la República de Panamá suscriba, a fin de que los contribuyentes de los países o Estados contratantes con nuestro país, puedan acogerse a los beneficios que establecerán los mismos, así como la Unidad Técnica de Precios de Transferencia, la cual se encargará de fiscalizar que las empresas relacionadas o de un mismo grupo económico, realicen sus transacciones entre ellas bajo el principio de libre competencia en materia tributaria.

Como conclusión, todo este proceso ayudará a mejorar la imagen de la República de Panamá, como país cooperador en la lucha contra el fraude tributario internacional y el intercambio de información en materia tributaria, y de manera muy particular, que podamos salir de la lista gris de países considerados paraísos fiscales o jurisdicción de baja imposición fiscal. Igualmente, con todo este proceso habrá una repercusión positiva en la recaudación de tributos en general, el país y su economía serán más competitivos porque ayudará a la atracción de inversión extranjera y por ende, obtener una mejor calificación de inversión como país, tal como ya nos calificaron las tres empresas calificadoras más importantes como son Fitch, Moody´s y Standard & Poors, gracias a un arduo esfuerzo del Ministro Alberto Vallarino.

No hay duda que el camino a penas inicia con paso firme para Panamá, reconociendo que el Gobierno Nacional viene trabajando arduamente para cumplir con los requisitos exigidos por la OCDE; sin embargo, consideramos que los distintos actores económicos deben estar abiertos a la comprensión de las futuras reglas referente a una mayor transparencia y combate de la corrupción, las cuales requerirán dedicación y una firme voluntad política.

<>

Este artículo se publicó el  21  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América y el 27 de agosto en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Panamá, Centro de Servicios

PANAMA, CENTRO DE SERVICIOS
Eduardo Morgan Jr.

La inclusión de Panamá en las discriminatorias “listas negras” de algunos países, con la excusa de que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) somos un paraíso fiscal, no se ajusta a la realidad. Panamá no posee ninguno de los componentes que citó la OCDE para validar dicha calificación en el estudio titulado: Harmful Tax Competition–an Emerging global issue (disponible en el sitio web de la OCDE); y no es del interés de Panamá, como lo exigen para eliminarnos de sus listas, firmar tratados de intercambio de información fiscal, ya que no necesitamos información de rentas en otros países.

Lo que realmente se persigue, y es precisamente lo que busca la OCDE, es que nos obliguemos a dar información sobre los depósitos en nuestros bancos a los países de su club y a identificar, para ellos, los beneficiarios de nuestras sociedades anónimas y servicios. Si esto llegara a pasar, sería la ruina total del sector más importante de nuestra economía y la desaparición de Panamá como centro de servicios internacionales (centro bancario, Zona Libre, registro de barcos, oficinas de abogados, etc.). Y esto es, precisamente, lo que persigue la OCDE que, temerosa del potencial de nuestro país, e impotente ante la imparable globalización y los avances tecnológicos de la comunicación, pretende socavar ese potencial. Sobre todo, porque sufren la pérdida de confianza en sus centros financieros, una vez descubierta la rampante inmoralidad con que manejaron sus finanzas apadrinados con la complicidad de sus bien pagados 2 mil 500 funcionarios y de su flamante secretario general.

Panamá posee condiciones privilegiadas propicias para convertirse en el Singapur del hemisferio occidental; en un verdadero centro (hub) de la economía mundial. Entre ellas, nuestra posición geográfica, el Canal, importantes puertos en ambos mares, cinco cables ópticos globales, un sistema fiscal moderno, una democracia probada, una sociedad en armonía y libre de discriminaciones, y a salvo de catástrofes naturales. Además, y muy importante, cuenta con un componente humano que ha probado ser del primer mundo, ampliamente demostrado en la eficiente operación del Canal.

No tenemos por qué someternos a las sinrazones del secretario general de la OCDE ni a sus caprichos. Panamá no debe seguir el ejemplo de los pequeños países y jurisdicciones coloniales que sí lo han hecho para recibir, a cambio, la bendición y el título de países cooperadores. Si estamos en listas negras (todas son anteriores al año 2000, con excepción de la del Ecuador emitida en el año 2008) es por la falta de acción de nuestro gobierno de aplicar la Ley de Retorsión, o de denunciar a esos países ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), por discriminaciones contra Panamá, violatorias de las reglas de la OMC.

Aunque parezca un contrasentido, la defensa de nuestros servicios hay que hacerla internamente, en Panamá. Porque el problema no son los otros países sino nuestro gobierno que no actúa como lo que somos: un verdadero país, con un verdadero centro de servicios global, y una historia de luchas por sus derechos y su dignidad. Y que es simplemente ridículo tenerle miedo a la OCDE y a su secretario general.

Vale hacer notar que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, Japón, amén de otros países importantes, no nos tienen en listas discriminatorias. Y también, que tanto Rusia como Ucrania, que también nos discriminaban, tuvieron que dejar de hacerlo porque fue nuestra condición para darles la aprobación en sus procedimientos de ingreso a la OMC. En otras palabras, les aplicamos la retorsión, que es todavía una regla de oro en las relaciones internacionales. Es incomprensible que nuestro gobierno siga dándole a empresas de países que nos discriminan, no solo la posibilidad de participar en la magna obra del Canal, sino en los más grandes contratos de obras públicas otorgados en los últimos años. Y que nuestro presidente siga perdiendo el tiempo en gestiones personales ante los presidentes de los países con listas negras.

La opinión pública por conducto de innumerables asociaciones (Cámara de Comercio, Colegio de Abogados, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Asociación de Abogados Internacionales, Asociación Panameña de Derecho Marítimo, Asociación de Fiduciarias de Panamá) le han manifestado a nuestro gobierno que la hora de la diplomacia ya pasó. En carta fechada el 21 de mayo de 2008 la Asociación Bancaria urge al presidente Torrijos a la aplicación de la Ley de Retorsión. Es lo que corresponde hacer como país digno.
Artículo publicado el 15 de febrero de 2009 en el diario La Prensa de Panamá