El dilema de los apagones

La opinión de la Honorable Diputada ….

YANIBEL ÁBREGO

En reiteradas ocasiones somos testigo de los inconvenientes que tienen los ciudadanos de todo el país con la problemática de quién asume las responsabilidades al momento de los bajones eléctricos, conocidos popularmente como apagones.

Para nadie es un secreto que las tormentas suelen provocar cortes en el suministro de electricidad y no es infrecuente que se denuncien irregularidades en los electrodomésticos a las compañías eléctricas. Y es que los apagones inesperados pueden traer consecuencias para los aparatos.

La tendencia indica que los apagones generalmente tienen carácter intermitente, pero son más que suficientes para inhabilitar los aparatos conectados a la red eléctrica. Los potenciales problemas de energía se multiplican si la red de transmisión y distribución de electricidad está muy cerca del límite operativo, aunque no es fácil establecer una causa—efecto entre los fallos en el abastecimiento del servicio de energía eléctrica. Los apagones pueden generar importantes pérdidas para las empresas y graves trastornos para el ciudadano. No hay más que imaginar un fallo en la red que controle los semáforos.

En este sentido, el trastorno y la impotencia colectiva es lo que nos llevó a presentar un anteproyecto de ley conjuntamente con nuestro colega Sergio Gálvez, para establecer sanciones contra las distribuidoras eléctricas que no cumplan con la responsabilidad de resarcir los daños que causen a los electrodomésticos de los consumidores por apagones y fluctuaciones de voltaje, proyecto que se encuentra en el seno de la Comisión de Comercio.

Comprendemos que no es un tema fácil de abordar por el poder que tienen las empresas del sector energético en el país, sin embargo, a través de la propuesta buscamos reglamentar y otorgar mayores facultades a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), para exigir a las empresas eléctricas que cumplan en un periodo no mayor de 72 horas con los reclamos de los clientes. Le corresponderá a la ASEP establecer las multas por incumplimiento por parte de las distribuidoras eléctricas, en caso de que no se atiendan las quejas sin que se tenga que exigir la factura del electrodoméstico o del equipo afectado como ocurre en la actualidad.

Posterior a la presentación del anteproyecto son muchas las personas y organizaciones que nos han dado muestras de apoyo con respecto al tema, que actualmente repercute en la economía familiar, que hace el sacrificio para obtener un bien electrodoméstico y al momento en que ocurre un apagón nadie se hace responsable. La norma no busca fomentar el abuso del consumidor denunciando a la libre, sino que previo avalúo y comprobando que el bien fue objeto de un apagón, se ofrezca la compensación al usuario en el menor tiempo posible. Con esta ley también se beneficiarán los comercios e industrias.

Finalmente, apelamos a la buena voluntad de nuestros colegas para obtener el consenso necesario que permita la aprobación de este anteproyecto de ley; al final del camino el pueblo lo agradecerá.

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Este artículo fue publicado el  8 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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Promesas por cumplir

La opinión de…

Abdel Fuentes    

“El pueblo al poder”, Ernesto Pérez Balladares; “Por un mejor Panamá”, Mireya Moscoso; “Sí se puede”, Martín Torrijos”, y “Los locos somos más”, Ricardo Martinelli, son eslóganes de las campañas políticas, posinvasión. Para todos es sabido que los electores evalúan a los presidentes, según el cumplimiento de sus promesas. En términos de administración, cabría preguntar, ¿las promesas incluyen a ministerios e instituciones?

En 1996, la administración Balladares creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, para garantizar excelencia en los mismos, luego de privatizar el IRHE y el Intel. En Latinoamérica estas instituciones han demostrado ser ineficientes. Según los expertos, por falta de independencia.   En EU y Europa los reguladores son independientes.   En Panamá, el Estado es regulador y funge como socio de las empresas privatizadas (C&W, Unión Fenosa y Elektra Noreste.

Las excusas de los gobiernos para privatizar, siempre son las mismas, ineficiencia del Estado para administrar y poca capacidad para invertir. Los beneficios prometidos también son los mismos, precios bajos y excelencia en la prestación de los servicios. Hoy se cuestiona si la telefonía fija y pública es menos costosa que cuando estuvo bajo la administración del Intel y si los servicios eléctricos son más onerosos que con el antiguo IRHE –el Estado subsidia a un sector de los usuarios.

Juan R. Porras, el vendedor del Intel, no logró convencer a Balladares de crear un ente exclusivo para atender el sector telecomunicaciones.   Contrario a ello, el ex presidente nos regaló una institución creada para regular sectores disímiles, como electricidad, telecomunicaciones, agua y alcantarillado sanitario, similar a lo que ocurre en otros países latinoamericanos.

El regulador atiende a los medios, regula las frecuencias en el espectro radioeléctrico y otorga licencias de locución para radio y televisión, sin contar con expertos en el tema. Expide licencias, sustentado en la certificación que algunas universidades le confieren a quienes hayan recibido un curso de locución. Los aspirantes que reciben los cursos, no son sometidos a evaluaciones para determinar si son locutores idóneos. Vaya manera de desprestigiar a los profesionales de la comunicación que ya están en el mercado.

La criatura del Toro nació con tres cabezas. Las decisiones más importantes debían ser tomadas por consenso o unanimidad. Eran tres directores con especialidades diferentes. El director de electricidad quería aplicar el formato eléctrico a la hora de regular telecomunicaciones o agua potable y viceversa.

Mientras la señora Moscoso dejó intacta la creación de Balladares, Torrijos intentó corregir el fenómeno. Creó por decreto ejecutivo la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y reemplazó las tres cabezas por una.  Los resultados parecen poco alentadores.

La falta de expertos también ocurre en la regulación por sí misma, es decir, funcionarios sin formación en la materia. La regulación implica conocer toda su complejidad, en términos jurídicos y en el aspecto técnico de mercado del sector a regular. ¿Cuántos de estos expertos laboran en la Asep?   Los pocos que había fueron despedidos u obligados a salir hace menos de un año. ¿Dónde están las multas contra las empresas que violan nuestros derechos?

La iniciativa legislativa que plantean dos diputados para que Unión Fenosa y Elektra Noreste se responsabilicen por los daños ocasionados en nuestros equipos, debido a las interrupciones en el suministro eléctrico, es otra evidencia de que la Asep es un convidado de piedra. Los diputados deberían leerse, la Ley 26 de 29 de enero de 1996, que creó el Ente Regulador; la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, mediante la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad; la Ley General de Telecomunicaciones y el decreto 73 de 1997.

¿Dónde están los registros y listados públicos con los nombres de las empresas de telecomunicaciones infractoras, que indique la fecha de la infracción y la sanción aplicada en los últimos cinco años, según lo establece el artículo 319 del Decreto Ejecutivo 73, de 29 de abril de 1997?

Señor Presidente, alguien le oculta lo que ocurre con el regulador, pues no solo debe ordenar la generación eléctrica, como ha sido su preocupación –desde antes que usted ascendiera al poder–, también debe velar por el bien común y evitar conflictos entre concesionarios y usuarios. Acaso la Asep antepone los intereses de algunos de sus funcionarios, por los intereses del pueblo”? ¿Será esta otra promesa por cumplir?

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Este artículo se publicó el 2 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde está el regulador?

La opinión de…

Abdel Fuentes

Hace poco escribí un artículo publicado en este mismo diario, referente al fastidioso mercadeo telefónico que nos impone Cable & Wireless y que viola nuestro derecho a la intimidad. En reiteradas oportunidades he solicitado a la telefónica no enviar a mi móvil los conocidos spam o mensajes basura, pero hasta la fecha el bombardeo no se detiene y a esta empresa parece importarle un soberano rábano mi malestar.

¿Pero qué hace la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) en torno al mercadeo telefónico de C&W? En el referido escrito, cité el artículo 256 del Decreto Ejecutivo 73, de abril de 1997, que prohíbe a los concesionarios de telecomunicaciones permitir el telemercadeo. Han transcurrido 13 años y la Asep continúa sin reglamentar la norma. Eso es lo que hace la Asep, nada.

Ocasionalmente el regulador monta ruidosos circos mediáticos, para tratar de convencernos de lo que no hace, o para actuar como un defensor de la británica C&W y la española Unión Fenosa. Recientemente anunció la aprobación de soterrar los cables aéreos, supuestamente para evitar la contaminación visual. Los medios informaron que la iniciativa salió de Unión Fenosa.

Soterrar los cables eléctricos tendrá un costo total de 38.2 millones de dólares. ¿Quién lo financiará? Los usuarios. La Asep asegura que serán solo unos cuantos centavos. ¿Pero por qué no lo pagan las distribuidoras? Los contratos de concesión, suscritos en la administración del señor Pérez Balladares, no lo contemplaron. Con las telefónicas no ocurre igual. La Asep debería informar de dónde saldrán los fondos para soterrar los cables de telecomunicaciones y de televisión por cable, entre otros.

Los concesionarios de telecomunicaciones, distribuidores y generadores eléctricos están obligados a pagar a la Asep una tasa anual de los ingresos brutos que obtienen anualmente. El porcentaje se determina según el monto presupuestado por la Asep para operar. Los regulados entregan la fuente económica al regulador. Hay quienes alegan la existencia de conflictos de intereses. El regulador es juez o parte, se preguntan algunos.

La falta de regulación la vivimos todos. Hay más quejas silenciosas, que denuncias formales interpuestas por los usuarios de empresas como Unión Fenosa y Elektra Noreste, Cable & Wireless o Movistar y cualquier otra de las que también operan en Panamá. ¿La razón? La falta de credibilidad y respuesta de estas empresas y de la Asep. Piense usted en incrementos injustificados en las facturaciones eléctricas, daños de equipos ocasionados por interrupciones en el fluido eléctrico, sin previo aviso, mensajes de texto y audios que llegan 24 horas después, llamadas que se caen, telemercadeo y cualquier otro número y clase de abusos.

El Nuevo Diario de Nicaragua del 6 de julio de 2010 divulgó una noticia sobre denuncias de usuarios en ese país, debido a las supuestas irregularidades que presentan los medidores y el sistema de facturación de Unión Fenosa. Igual que acá, según El Nuevo Diario, los usuarios desconfían del regulador.

En España, varias organizaciones que velan por la defensa del trabajo mediante una campaña denominada “El Observatorio del trabajo en la globalización” en su sitio en internet” http://www.observatoriodeltrabajo.org, informan que a fines de 2009, más de 50 organizaciones, partidos políticos y sindicatos solicitaron al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y a ejecutivos de Fenosa asumir responsabilidades por la vulneración de derechos humanos cometidos por Unión Fenosa en Guatemala.

El sitio revela que una sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinó en noviembre de 2004 que Fenosa hacía cobros indebidos a través de un impuesto ilegal y que debía retornar a los usuarios los importes cobrados y dejar de cobrarlo, se trata de 260 millones de dólares, aproximadamente.

¿Qué importancia tiene citar a otros países? Resuelva usted esa interrogante. La pregunta que muchos nos hacemos ante el estado de indefensión en el que nos encontramos es: ¿dónde está el regulador?

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Este artículo se publico el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Una farsa judicial absurda

La opinión del Abogado….

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JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA

Se trata del proceso de plena jurisdicción interpuesto por la Mina Hydro-Power Corp. ante la Sala Tercera de la Corte, para que se declare nula, por ilegal, la resolución de la concesión administrativa para el proyecto hidroeléctrico Bajo de Mina expedida por la ASEP, al no resolverse previamente la prórroga solicitada oportunamente según lo pactado; que sin embargo, sí se le concede a otros concesionarios en condiciones similares.

Ante la magnitud de las consecuencias procesales adversas contra el demandado, quien incumplió con la carga procesal correspondiente al no contestar la demanda oportunamente , en lugar de ejercerse la función jurisdiccional de conformidad a la recta interpretación de la Ley, se despotrica contra el ordenamiento jurídico, según se evidencia al inducirse un “ horror vacui ” en el proceso.

Es irrefutable que esa interpretación tribunalicia: burla la obligación de reconocer judicialmente los efectos legales dispuestos. También nos asiste el reconocimiento de la pretensión en el fondo del proceso.  Para perfeccionar esa farsa se ha recurrido a la implementación de una simulación judicial, que pretende validar la falta de contestación de la demanda con el informe explicativo de conducta formulado por el administrador de la ASEP.   Esta interpretación es a todas luces opuesta a la razón y a la Ley que regula el procedimiento contencioso administrativo, que eleva a la referida omisión como una nulidad absoluta e insubsanable. Por otro lado, la defensa del acto administrativo le compete al procurador de la Administración, de modo que, por su absurdidad manifiesta, esta interpretación está privada de eficacia jurídica.

La interpretación verificada, en aras de subsanar la falta de contestación de la demanda, constituye un acto de simulación, al cual se le puede atribuir la nulidad absoluta y es susceptible de ser penado por la Ley. De ningún modo puede haber subsanación de la contestación de la demanda previamente declarada inamisible, nula por extemporánea; mucho menos, con la sola “ incorporación ” del informe por parte de la ASEP, institución administrativa que no tiene facultades jurisdiccionales; tampoco mediante una supuesta conducta concluyente, figura jurídica que solo recae sobre las notificaciones.

En el caso que nos ocupa, vemos una simulación judicial tendiente a dar por entendido que se estaba dictaminando la subsanación legal de la contestación de la demanda; acto que era el motivo central del incidente de “ deserción de la contestación de la demanda ” que ni siquiera se menciona.

Resulta obvio que nunca existió seriamente la intención real de declarar la subsanación de la contestación de la demanda; la autoridad judicial se limitó a entronizar un argumento para propiciar la aceptación de la pretendida convalidación.

En la parte motiva de la resolución, no se toma en cuenta que el informe de conducta no constituye una gestión propia de abogado ni mucho menos del apoderado judicial constituido en el proceso. Queda así claro que dicho documento no tiene ninguna validez legal; es alcanzado por la nulidad decretada contra la incontestación de la demanda. Por otro lado, es un imposible jurídico “ resucitar ” un acto que nunca surgió a la vida del proceso, y que, por lo tanto, no está en el mundo.

Ese simple documento, no reúne ni los requisitos legales exigidos para la contestación de la demanda ni las formalidades esenciales requeridas, por lo cual no tiene validez como acto de oposición contra los hechos, pretensión y derechos contenidos en la demanda; así, en el proceso no se ha producido la traba de la litis: con ello se inhibe al juez de elegir entre las tesis controvertidas, la que se ajuste a derecho. Se rompe con la trilogía clásica del derecho procesal: puede hablarse de todo menos de un proceso. Cuando el Tribunal deja de actuar como un tercero imparcial e independiente, pierde su idoneidad para resolver eficientemente el conflicto de intereses.

El deliberado ocultamiento de la verdad material en el proceso constituye un abuso de autoridad y un fraude de la Ley, que lo convierte en una farsa judicial; se crea así un precedente judicial de nefastas repercusiones para nuestro sistema jurídico que afectará negativamente la imagen del país. Todo juez debe ceñirse al procedimiento previsto en la sustanciación del juicio; no le es dable inventar trámites. Un juicio así amañado es “una farsa judicial absurda”.

Por otro lado, está claro que cuando le regalaron la hidroeléctrica a Carlos Slim, fue a costa de la propiedad intelectual que pertenece al demandante; para perfeccionar este despojo, las actuaciones del proceso se dirigen a hacer ilusoria la pretensión.

Se contempla así un verdadero abuso de autoridad, para dictar resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, al inhibirse el despliegue de un juzgamiento imparcial que observe la igualdad de las partes en el proceso. Ello se hace evidente: se produce una flagrante violación del principio de estricta legalidad, con el agravante paradójico de que la ocasiona la institución encargada constitucionalmente de salvaguardar las garantías constitucionales.

La Constitución Nacional no es un “ convidado de piedra ” en el proceso: toda actuación debe respetar las bases constitucionales del Estado de Derecho.

La interposición de la demanda y su respectiva contestación oportuna, son elementos imprescindibles del debido proceso; así la falta de contestación de la demanda es un hecho acreditado en las constancias procesales que demanda su justa consideración, aun de oficio, según lo dispuesto por el procedimiento, que obliga a preguntarse: ¿es válido el fallo dictado por el Tribunal que declaró como no probado el incidente de deserción de la contestación de la demanda?

Si se contraviene expresamente lo dispuesto en la Constitución y la Ley para la recta solución judicial del asunto en controversia, ¿procede perseguir su impugnación mediante los mecanismos constitucionales de defensa previstos en el procedimiento?


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Artículo publicado el 27 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Las metas incumplidas

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministro de Estado…..

MARIELA SAGEL

Cuando se privatizaron la telefonía y la electricidad en Panamá, en los años 1996 y 1997, también se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, con el fin de que se establecieran metas de cumplimiento y que los clientes estuviéramos protegidos de los abusos de las empresas que obtuvieron la concesión para proveer los servicios que desde ese momento estarían prestando.

A partir de esa fecha, hemos podido contar con teléfono celular y, reniegue el que reniegue contra la privatización, sin haberla ejecutado, estos servicios no se estarían ofreciendo.

Más recientemente entraron a proveer servicios de telefonía celular dos empresas, con promociones agresivas que puso a todo el mundo a cambiar su número de teléfono, porque se le daba al cliente que optaba por un servicio de estas nuevas empresas hasta un BlackBerry sin costo.

Entiendo que el número de unidades de celular supera la cantidad de habitantes que tiene todo el país y sería interesante que ahora que nos aprestamos a un Censo Nacional, se miren estos datos.

Sin embargo, las metas de cumplimiento o no se supervisan o no se cumplen. Y mucho menos se divulgan o se hacen del conocimiento de los usuarios. Desde la salida forzada del Ente del Ing. José Guanti ha habido un relajamiento, al mismo tiempo que no se han actualizado las metas iniciales y estamos a merced de la mala atención y el abuso de las empresas prestadoras del servicio. Lo peor es que la manida portabilidad numérica, no se ha implementado y, en lo personal, tengo el mismo número de teléfono celular desde el día en que empezó a prestar servicio Bellsouth y por no poder conseguir el mismo número con otro proveedor, soy una damnificada del pésimo servicio que presta Movistar.

Si bien mis amigos me dicen que tengo un karma celular , porque siempre escojo los modelos que vienen premiados, o que hacen un viernes por la tarde o un lunes en la mañana y con frecuencia, salen malos, la atención a clientes de esta empresa es pésima. Si uno llama al teléfono que se indica para saber cómo anda la reparación de una unidad, lo atiende un call center en Guatemala, pero más parece que está en Bosnia. Si uno se acerca a los centros de servicio, se quedan con el teléfono, repetidas veces, sin confesar que ese modelo ha salido malo en un 50% (y con la suerte que tengo, estoy en ese 50% de los defectuosos) y lo que es peor, no tienen un equipo para prestarte mientras supuestamente lo reparan.

Actualmente estoy pasando ese calvario: mi BlackBerry ha estado tres veces en reparación y el modelo es de los que han salido malos, pero la empresa insiste en quedarse con él para repararlo. Las fechas que establecen para entregar la unidad reparada no se cumplen y apenas te lo entregan, de una vez vuelve a presentarse el mismo problema por el cual se llevó. En el ínterin porto un aparato que parece salido de una cajita de Cracker Jack a la espera que Movistar decida y acepte que mi equipo está en el 50% de los aparatos que han salido defectuosos.

Esta situación es insostenible. No hay manera de llegar a los directivos y ponerlos en autos del mal servicio que prestan, la barrera que crean entre sus clientes está en Guatemala, por medio de su call center. Los pobres ejecutivos y técnicos que están atendiendo en los centros de servicios se han vuelto casi que impermeables ante las quejas diarias que deben procesar.

Al final, entiendo que las fallas de los aparatos celulares pueden tener solución (si no están en el 50% de los defectuosos) en las tiendas de chinos, las electrónicas que tienen de todo. ¿Tendremos que recurrir a eso por la pobre atención que nos brinda Movistar?


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Artículo publicado el 14 de marzo de 2010 en el Diario la Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Ahorremos agua por Panamá

La opinión del Periodista…..

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Modesto Rangel Miranda

Desde la aparición del hombre, su mayor preocupación fue conservar las fuentes de agua en las diversas zonas pobladas del planeta tierra, representando su prioridad esencial frente a la supervivencia de otras especies cercanas a él. Panamá siendo una región bella y rica en recursos naturales, acuáticos y marinos proyectó en el año 2009, el consumo promedio mensual de 7.226.3 millones de galones, representando un consumo de 237.6 millones de galones de agua por día. Entre las provincias con mayor consumo de agua fueron Panamá con 48,435.7 millones de galones, seguida por Chiriquí con 7,296.1 millones de galones y Colón con 6,815.0 millones de galones. Las regiones de menor consumo fueron Panamá Este y Darién con 927.8 millones de galones y Bocas del Toro con 1,146.6 millones de galones.

Según los cálculos, el mayor consumo de agua por persona por día fue de 159.4 galones para la provincia de Colón y el menor consumo fue de 69.6 galones para la provincia de Bocas del Toro.

Cabe señalar que el agua es uno de los recursos naturales más valiosos con que cuenta la humanidad porque es el soporte imprescindible para todos los procesos biológicos. Del total existente, el 97% es agua salada y gran parte del resto se encuentra congelada en los polos. Solo el 2% de ella está en condiciones de ser potabilizada. Con la contaminación, este porcentaje disminuye ya que los ciclos del agua no se renuevan en la naturaleza. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos. La captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización de este recurso es un proceso de alto costo ineludible, ya que el agua de río no puede ser bebida sin tratamiento alguno. Es importante señalar que en el mundo diversos organismos están trabajando arduamente con entidades regulatorias para promover campañas educativas que proyecten nuevas medidas ahorrativas sobre el uso del agua. En la República de Panamá, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) recomienda a la población aplicar medidas de ahorro en el consumo de agua potable entre la población y les recuerda reparar a tiempo cualquier daño, fuga o escape porque éstas representan altos y elevados costos para los usuarios y clientes.

Es importante mencionar que las reservas de agua dulce están siendo utilizadas por la especie humana a una tasa extremadamente veloz, mucho más rápido de lo que tardan en recuperarse, por lo que este recurso, considerado como renovable, se empieza a transformar en no renovable. Es necesario tomar conciencia de la situación, asumiendo el control y compromiso de promover valores educativos mejorando, protegiendo y preservando la calidad del agua para las generaciones futuras.

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Este artículo  fue publicado el 14 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.