Reformas electorales, equidad y participación

La opinión de la Economista y Educadora…

 

LIZABETA  S.  DE  RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

 

A finales del 2009 se creó la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), la cual tendría la responsabilidad de analizar las quejas y fallas suscitadas durante el último torneo electoral y proponer medidas correctivas.

Otras funciones encomendadas contemplaban el análisis en temas sensitivos, como la inscripción de adherentes para constituir nuevos partidos, financiamiento y propaganda; así como la preparación de un proyecto de ley de reformas electorales, que contribuya a mejorar la acción fiscalizadora del Tribunal Electoral y garantizar el desarrollo de procesos transparentes, equitativos y eficaces en los torneos electorales.

A un año de reuniones y debates, con la participación de partidos políticos, diversos actores de la sociedad y representantes del Tribunal Electoral, la CNRE está por concluir la tarea para la cual fue designada y entregar al Tribunal Electoral la propuesta de ley que modificará el actual Código Electoral.

De conformidad al protocolo establecido, el Tribunal Electoral deberá presentar próximamente el anteproyecto de ley concensuado por la CNRE, a la Asamblea Nacional de Diputados para debate y aprobación, modificación o rechazo.

A este panorama, se suma una nueva perspectiva, ya que el gobierno ha informado que ‘prepara cambios paralelos en materia electoral’. Entre los temas que el Ejecutivo proyecta incluir están la segunda vuelta electoral, la elección de los gobernadores y el recorte del subsidio electoral.

Según informaciones, este recorte propone disminuir lo establecido por el actual Código Electoral del 1% (del total de los ingresos corrientes del presupuesto) a 0.5%. Además de redistribuir esta partida, destinando un 50% para funcionamiento de los colectivos políticos; mientras que el otro 50% se utilizaría para la creación del Instituto de Capacitación y Formación Política, adscrito al Tribunal Electoral.

La propuesta descarta la entrega del subsidio preelectoral y postelectoral, a los partidos políticos, como lo establece el actual Código. También pretende transferir la designación en cinco (5) anualidades. Iniciando la entrega el 1° de julio del 2014 (año de los próximos comicios electorales).

Luego de las experiencias vividas en nuestro país, hemos expresado, por diferentes medios, la urgente necesidad de realizar un profundo análisis sobre las normas y procedimientos establecidos en materia de sufragio, a fin de alcanzar mayores niveles de equilibrio, igualdad y participación.

Sobre el particular y de conformidad a las informaciones del Tribunal Electoral, la Comisión logró el análisis en mención y alcanzó un consenso en la mesa de discusión, el cual culminó con la propuesta de un anteproyecto de reforma al Código Electoral. Si ello es así, corresponde a la Asamblea Nacional de Diputados someter a un debate objetivo, lo consensuado respetando lo actuado.

Compartimos algunos planteamientos del Ejecutivo, como el porcentaje de disminución al subsidio electoral y la creación del Instituto de Capacitación y Formación Política, pero en lo relativo a la entrega del susidio debe continuar entregándose como está establecido, a fin de evitar abusos del partido en el poder.

Este artículo se publicó el 19 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Por una Asamblea Nacional Constituyente

La opinión de…

Olmedo Beluche

Las cartas están sobre la mesa: el actual bloque oficialista y el presidente, Ricardo Martinelli, aspiran a la reelección, para lo cual requieren una reforma a la Constitución Política. Pero al igual que los gobiernos de los últimos 20 años, el nuevo parche a la Constitución de 1972 pretenden hacerlo de manera controlada para que sus intereses sean preservados y, si algo cambia, sea para peor. Por ello el mecanismo elegido para las reformas es que lo haga la actual Asamblea Nacional, bien controlada desde el Ejecutivo, y que sus decisiones sean ratificadas por un plebiscito o referéndum.

Se trata de que el poder político siga en manos de la misma oligarquía y sus políticos de siempre. Además de la reelección presidencial, se avizoran en la agenda ataques puntuales a derechos sociales y a la soberanía nacional (como la extradición de nacionales o que Estados extranjeros posean propiedad territorial, como en las minas). El objetivo, liquidar los últimos vestigios del Estado desarrollista de los años 1970 con su concepto de soberanía nacional, suplantándolos por el Estado neoliberal que se ha venido construyendo durante tres décadas y su sometimiento al “libre mercado”.

La oligarquía que controla el país tiene claro su concepto de Estado, y no podemos culparle por ello. El problema es de la clase trabajadora y sus organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, que no han construido una concepción coherente sobre el Estado y el régimen político panameño. Por ello, o avanzamos unidos en levantar una concepción del Estado y el régimen desde la perspectiva de los intereses populares, alternativo al de la oligarquía, o seremos simples peones en el juego de intereses de la burguesía.

No debe volver a repetirse lo sucedido en la recién clausurada Comisión de Reformas Electorales (CNRE), en la que era imperativo para el movimiento obrero y popular ganar espacios democráticos de participación política, como la rebaja sustancial en la cuota de adherentes para partidos y candidatos por libre postulación, entre otras reformas, lo que fue desaprovechado sin pronunciamientos contundentes, ni movilización, por parte de la organizaciones sociales. El resultado fue una “curita” que no cambia nada sustancial.

En la CNRE, luego de que Frenadeso logró la importante conquista de acceder a un puesto en la mesa, no presentó propuestas de fondo y dejó la silla vacía la mayor parte del tiempo. Por su parte, Conato y Conusi optaron por no ir más allá de las propuestas muy moderadas del Foro Ciudadano, convenientemente controlado por la Apede y el Conep, incluso con derecho de veto. La única voz solitaria que se alzó con propuestas independientes fue la del Partido Alternativa Popular.

Urge que Frenadeso, Conato y la Unidad de Lucha Integral del Pueblo discutan un plan de acción común frente al proyecto de reforma constitucional que se nos viene encima. El primer punto de ese acuerdo tiene que anteponer a las reformas controladas de Martinelli, la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente con delegados elegidos por el pueblo de manera que no sólo la partidocracia actual pueda postular, sino que también el movimiento social pueda llevar sus voceros a la constituyente.

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Este artículo se publicó el  5  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Diputados Nacionales

La opinión del Periodista…

Luis Enrique Ruiz 

En las últimas 2 décadas el Tribunal Electoral, en busca de mejorar nuestra democracia, una vez culmina el proceso electoral, inicia las consultas para actualizar nuestra legislación en asuntos electorales.

 

Desde mi punto de vista, esta permanente revisión ha dado buenos resultados, entre las cuales puedo destacar una mayor participación de la población en los comicios, lo que se traduce en mejor representatividad de las autoridades electas, tanto Diputados y Representantes de corregimientos, como nuestras máximas autoridades el Presidente y Vicepresidente de la república.

Pero la reciente iniciativa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en donde se aprobó la creación de 10 diputados nacionales, además de ser innecesaria y es un brinco hacia el pasado.

Es una propuesta innecesaria porque los actuales diputados, si bien son electos por un circuito electoral, su labor abarca a toda la república, las leyes que aprueban se cumplen en todo país y no solo en su sector, entonces ¿para qué estos legisladores nacionales?

Mi respuesta, es que con este tipo de proyecto se busca reducir en el futuro la cantidad de miembros en la Asamblea Nacional, objetivo que es un anhelo de un sector de nuestra sociedad y que hoy recibe apoyo de la población más que todo por las malas actuaciones de los padres de la patria.

Pero esta reducción, también disminuirá la representatividad de sectores que hoy se encuentran en nuestro Órgano Legislativo. En el pasado los diputados eran provinciales, hoy se plantea legisladores nacionales, propuesta que es casi un regreso a 1903, desconociendo el avance de nuestro país en el último siglo y sus necesidades en el futuro.

De aprobarse esta iniciativa, nada evitara que en poco tiempo todos los diputados se escojan a nivel nacional, aumentando los costos de las campañas políticas y reduciendo la participación de sectores humildes de nuestra sociedad.

La elección de los diputados y representantes debe mantenerse en circunscripciones pequeñas como en la actualidad sin ningún tipo de cambio, para que todos puedan participar y no a nivel nacional, en donde solo estaría al alcance de un pequeño grupo. Los Diputados antes de analizar y aprobar este documento, deben tomar en cuenta que es muy posible que en poco tiempo, el panameño común y corriente que se dedica por ejemplo a la plomería o buhonería, no tendrá la oportunidad de ser electo, dándole una estocada final a nuestra naciente democracia.

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<>Artículo publicado el  16  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La reforma del Poder Legislativo

La opinión de…

Abdiel Augusto Patiño

La propuesta elevada por el magistrado del Tribunal Electoral Gerardo Solís ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales, a poco de culminar su vigencia, es contraproducente y no contribuye al fortalecimiento de la democracia ni mucho menos a la profesionalización o mejoramiento de la imagen de la Asamblea Nacional.

La sola sugerencia de elegir 10 diputados nacionales, extrayéndolos de los 71 que componen el hemiciclo legislativo actualmente, raya en la improvisación más que en el conocimiento de fondo del problema político de poder legislativo.

Si la intención del magistrado Solís es abrir la caja de Pandora y dar paso a un debate político nacional profundo sobre la reforma del Órgano Legislativo, podemos entender la repentina aparición de la iniciativa; pero si realmente el interés es crear una innecesaria figura legislativa, que será accesible solo para los que puedan montar una campaña casi presidencial para lograr las 10 curules nacionales, no queda más que exponer que la idea es un indiscutible desatino.

Si lo que se quiere es profesionalizar, elevar el perfil y mejorar la imagen, el objetivo fundamental debe ser que la Asamblea Nacional se comporte como un poder del Estado y no como un brazo del Poder Ejecutivo. Este es el principal problema que tenemos hoy, que el Órgano Ejecutivo no trabaja en armoniosa colaboración con los otros órganos, sino que parece controlarlos.

En este sentido, lo que se requiere es una reforma profunda de la institución legislativa, que la divorcie de una buena vez del Poder Ejecutivo y se garantice a sí misma que sus miembros, en la mayoría, respondan con sus actos a los intereses nacionales, indistintamente de que seanbuenos o malos políticos.

Para lograr lo anterior se requieren cuatro reformas fundamentales. La primera, que la Asamblea cuente con dos cámaras que garanticen el contrapeso a la hora de discutir leyes de alto impacto nacional; la segunda, que la elección de los miembros de la Asamblea Nacional no sea el mismo día que la del Presidente; por lo menos, debe ser dos años antes; y la elección de los miembros de cada cámara tampoco debe coincidir, debe haber una diferencia mínima de un año y medio; la tercera, que el mecanismo de elección por circuitos sea modificado y democratizado, pues el actual modelo es retrógrado y caciquista; y la cuarta, que la reelección sea inmediata, por una sola vez, y alterna hasta por tres periodos; los dioses en la política destruyen la democracia.

El resto de las reformas necesarias llegarían por añadidura.

La propuesta del magistrado Solís margina y crea diputados nacionales de “circuitos electorales exclusivos”, violando el derecho a participación y competición política que tiene cualquier otro “nacional” residente en otro circuito; solo por este hecho la iniciativa es inviable y antidemocrática.

Por fortuna hay tiempo para recapacitar, desechar esta idea y entrar a debatir una revisión democrática y política profunda del que debería ser el poder más importante y visible del Estado panameño.

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<> Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Propuesta de libre postulación

La opinión del Sociólogo y Político...

Olmedo Beluche

El Presidente de la República y el Presidente de la Asamblea han rechazado las reformas al Código Electoral que podrían hacerlo más democrático y participativo.    Se comprende que quienes se benefician de las “mieles del poder” no quieran perderlas.   Pero las utilizan para negarse el falso argumento de que bajar la cuota de adherentes a la libre postulación presidencial es facilitarle las cosas a otros y dificultarlas a la partidocracia.

La igualdad entre candidatos que nosotros reconocemos es la que exige la Constitución Política del país: que un candidato por la libre sea panameño de nacimiento, mayor de 35 años y no haya sido sancionado penalmente.

En cuanto a los adherentes, la igualdad es justamente la desigualdad. Si en las condiciones actuales para inscribir un partido se le exige el 4% de la última elección,   equivale a 63 mil 500 firmas, y un partido tiene cinco años para inscribirse, es decir, 60 meses, quiere decir que un partido tendría la posibilidad de inscribir en promedio mil 58 firmas por mes.

Si a un candidato por libre postulación presidencial se le exige la misma cantidad de 63 mil 500 firmas para participar en las elecciones y solo le dan cuatro meses para inscribirse, tendría que hacer un promedio de 15 mil 875 firmas por mes, para cumplir ese requisito; unas condiciones 15 veces peores que las de un partido político con el 7% del tiempo que tiene un partido político para inscribirse.

Si se adopta la cifra del 2%, serían 31 mil 750 firmas que se exigirían a un partido que divididas en 60 meses le da apenas a 529 firmas por mes, pero a un candidato presidencial por la libre, al que sólo se le dan cuatro meses, se le obligaría a inscribir 7 mil 937 firmas por mes.

Si se adopta el criterio del 1%, tendremos que el total sería 15 mil 875 firmas; en 60 meses un partido apenas tendría que inscribir 264 firmas por mes. Pero un candidato por la libre a la Presidencia tendría que inscribir 3 mil 969 firmas por mes en esos cuatro meses.

En todas las condiciones, la supuesta igualdad de la cantidad de firmas que se pide es lo contrario de lo que se argumenta; es un obstáculo y una diferencia contra los candidatos de libre postulación, es una medida antidemocrática, y por eso la rechazamos.

Pese a que lo justo sería promediar esa cantidad de firmas por mes que tienen los partidos políticos en los cuatro meses que tiene el candidato por la libre: si se usara el criterio del 4%, el candidato debería inscribir en total en los cuatro meses 4 mil 232 firmas. Si se usa el criterio del 2%, debería inscribir 2 mil 116 firmas, y si se usa el criterio del 1%, tendría que inscribir mil 56 firmas para ser equivalentes de verdad con los partidos políticos, eso sí sería de justicia, esa sí sería la equivalencia matemática.

Nosotros, el Partido Alternativa Popular hemos hecho una propuesta que no es de las mil 56 firmas, sino el 0.5% de la última votación, lo que significa 7 mil 500 firmas, aproximadamente; esa es la propuesta democrática que defendemos ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y repudiamos los argumentos que pretenden seguir limitando la política electoral a los plutócratas.

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<> Este artículo se publicó el 8 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Reformas electorales y prebendas políticas

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com
Existe insatisfacción por el deterioro de los sistemas democráticos en América Latina, provocando que los países se aboquen a examinar los modelos existentes, en procura de iniciativas que compensen las expectativas del electorado, por gobiernos con amplia visión democrática representativa, que respeten los intereses, ideas y principios de la población.

Panamá no escapa a esta realidad.   A finales del 2009, el Tribunal Electoral estableció la Comisión Nacional de Reformas Electorales, a fin de generar propuestas que mejoren el actual sistema, de cara a las próximas elecciones. Esta comisión, integrada por diversos sectores de la sociedad, ha examinado diferentes temas, procesos y controversias suscitados en torneos electorales acaecidos.

Originando propuestas encaminadas a subsanar procedimientos que permiten anteponer los mezquinos intereses político—partidistas a la equidad y vigencia de un sufragio público independiente y transparente.

Entre los temas aprobados por la Comisión, para candidatizarse a presidente, por libre postulación, se requerirá presentar al menos el 1% de los votos validos en la última elección (15,000 firmas).   Según publicación en La Prensa, de 22 de noviembre, dicha propuesta no recibió el beneplácito del presidente Martinelli, al declarar:   ‘Créame que eso no va a pasar, porque lo que se debe es consolidar los partidos y no tener una serie de partiditos, que en lo único que se la pasan es sugestionando y buscando prebendas’.

Su pronunciamiento generó reacciones inmediatas en la sociedad. Fueron enfáticos al señalar que las iniciativas orientadas a fortalecer la democracia deben ser respetadas, toda vez que el propósito fundamental de los sistemas democráticos es crear mecanismos participativos e institucionalizados que aseguren la representatividad de todos los sectores de la población.

Otro de los temas a tratar por esta comisión será el referido a la elección de diputados. Según trascendió, el Tribunal Electoral presentará el jueves 2 de diciembre una propuesta para elegir 10 diputados nacionales, dentro de las 71 curules establecidas para la Asamblea Nacional.

Similar es la propuesta avalada por el Programa de la Naciones Unidas (PNUD),   que entre otros aspectos sugiere eliminar los circuitos uninominales y crear un solo circuito nacional proporcional, integrado por 71 escaños legislativo situación que mantiene los mismos excesos en cantidad y gastos improductivos.

Para una población de 3.5 millones de habitantes, 71 curules, con gastos aproximados de 13 millones de dólares en salarios anuales, es un abuso.

Aún cuando falta mayor información, sobre las iniciativas planteadas, la población está deseosa de cambios efectivos que apunten a establecer mecanismos, que exijan a los diputados hacer leyes con eficiencia, en beneficio popular y no de intereses particulares, económicos o partidista.

Disminuir el número de curules de 71 a 35, a nivel nacional, proporcional a la población provincial, podría resultar una eficaz alternativa para disminuir el excesivo presupuesto de la Asamblea, así como la corrupción y el clientelismo político que tanto daño hacen a la Nación.

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<> Este artículo se publicó el 1  de dicembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Diputados nacionales: ¿Necesitamos un minisenado?

La opinión del  Abogado, político independiente…

Juan Manuel Castulovich

La Constitución de 1904 tuvo como modelo a la colombiana de 1886; pero, de manera notable, se divorció de ésta en cuanto a la conformación del Órgano Legislativo.   Colombia, al igual que la mayoría de los países, tiene un Órgano Legislativo bicameral, con Asamblea de Diputados y Senado; Panamá, en cambio, adoptó el sistema unicameral, con una sola corporación legislativa: la Asamblea de Diputados.   Su nombre ha variado de Asamblea Nacional a Asamblea Legislativa y viceversa, pero no su naturaleza esencial.

 

Cuando para superar la crisis política de 1945, incubada desde “el golpe de estado” del 41, fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente, se introdujo la fórmula de “los diputados nacionales”, elegidos junto con los que representarían a cada una de las nueve provincias. Este grupo especial de nueve (9) diputados, seis principales y tres suplentes, no representaban a ninguna provincia sino a todo el país.   Ellos fueron: Abilio Bellido, Diógenes de la Rosa, Luis E. García de Paredes, Jacinto López y León, José Isaac Fábrega y Esther Neira de Calvo, principales, y Antonio Carrillo Vargas, Luis M. Hernández y Raquel Walker de Ducruet, suplentes.

El ensayo de los “diputados nacionales” tuvo corta existencia. La Constitución de 1946 no recogió esa figura. En su artículo 106, expresamente dispuso que todos los diputados a la Asamblea Nacional serían elegidos, por provincias.

En las Constituciones de 1941 y 1946, se crearon, respectivamente, una “Comisión Permanente” y “la Comisión Legislativa Permanente”. En la del 41, integrada por cinco (5) diputados, con la función de “asesorar al Poder Ejecutivo” cuando éste así lo solicite”. En la del 46, eran siete, uno de los cuales era el presidente de la última legislatura, que la presidía

La “Comisión Permanente” del 41 (ver Art. 79) era intrascendente, pues en el Art. 88, de la misma Constitución se creó otra “Comisión, Ad-hoc”, que era la que debía intervenir cuando la Asamblea otorgara al presidente de la República “facultades extraordinarias” para legislar mediante “decretos leyes”.

Los diputados que formaban parte de esas comisiones, por la función que ejercían, elevaban temporalmente “su estatura política” y, en cierta forma, “se desprendían del resto de sus colegas”; pero no eran un “mini Senado” ni nada que se le pareciera.

Según se ha anunciado, “los beneméritos magistrados”, como “ultima y novedosa aportación de su sabiduría electoral”, estarán proponiendo reintroducir la figura de “los diputados nacionales”, para que sea discutida como corolario de las interminables sesiones de la Comisión de Reformas Electorales; con la pretensión de que entre en vigor para las elecciones del 2014.

En esta materia, al igual que con “otras iniciativas”, como las de “las listas cerradas”, el triunvirato electoral demuestra su falta de sentido de la realidad. Desconoce nuestra tradición constitucional, ha perdido y hecho perder tiempo y recursos del Estado en “debates bizantinos”, con el deliberado propósito de soslayar los temas esenciales, para preservar “el status quo” y el reinado de la “partidocracia”.

Los llamados “diputados nacionales” sólo servirían para encumbrar a supuestos “super sabios legisladores”, una especie de “minisenado”, que accederían a ese privilegio por “arreglos” entre quienes controlan los partidos. Y como no habrá que esperar mucho, pronto se aclarará el entuerto.

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<>Artículo publicado el  30  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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