Acaparamiento y otros males

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La opinión de….

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Marissa Krienert
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El proyecto de Ley 71 que fue aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional, cuyo autor es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), le otorga a dicha institución la capacidad de rechazar la validez de los derechos posesorios en islas y costas y declararlos “bienes patrimoniales”, así como la discreción para determinar el precio del título basado en el precio de mercado, lo que implica que la gran mayoría de lugareños no va a tener los recursos para pagarlos y los que los adquirieron de ellos, van a tener que pagar dos veces.

La ley ha sido denunciada por 19 gremios, varias embajadas y docenas de inversionistas y lugareños.

Para justificarlo, el MEF ha lanzado una campaña de prensa infernal contra varios inversionistas que han adquirido grandes extensiones de terrenos en costas, sin importar las actividades que van a realizarse con esas tierras o si fueron adquiridas legítimamente. Las razones que el MEF nos da para introducir esta ley tan controversial son: controlar el acaparamiento de tierras, la especulación y negar la posesión a personas que la adquirieron invadiendo las tierras, sin derechos posesorios.

Con relación al acaparamiento de tierras, el hecho de que alguien tenga grandes extensiones de terreno no es necesariamente perjudicial para la sociedad y puede serhasta beneficioso. Si Disney viene a Panamá y necesita 100 mil hectáreas en una isla para hacer un parque de diversión, nadie se quejaría. Hay familias, incluyendo unas muy cercanas al poder, que tienen miles de hectáreas dedicadas a la ganadería, agricultura, conservación ecológica, ingenios, resorts y otras actividades, y nadie se queja.   Si esas personas compraron sus tierras legítimamente y las tienen dedicadas a actividades productivas, están beneficiando al país.   Entonces, ¿por qué se cuestiona y se quiere limitar la cantidad de hectáreas que una persona adquiere en islas y costas?  ¿Cuál es el propósito que se alcanza?

Si lo que queremos es regresar a la reforma agraria de los años 70, cuando el gobierno militar le quitó la tierra a los que tenían grandes extensiones de ella, entonces tenemos que prepararnos para que un gobierno izquierdista, en el futuro, expropie tierras legítimamente adquiridas bajo la excusa de que nadie debe tener muchas tierras.    Pienso que esa no es la intención de este gobierno y, por ende, los que compraron tierras legítimamente de lugareños, deben tener los mismos derechos a titular sus predios que el resto de los ciudadanos, y cualquier campaña en contra o cualquier intento de agraviarlos sería discriminatorio y contrario a la ley.

Con relación a la especulación, ¿desde cuándo el Estado controla los precios de las tierras?   Especular es comprar a un precio para vender a otro más alto y eso lo hacen todos los comerciantes del país.

En Panamá se especula con el precio del combustible, tomate, electricidad, carne, bienes raíces, entre otros. Los mercados de valores son pura especulación.   De hecho, en los últimos cinco años, la ciudad de Panamá se convirtió en un gran circo de especulación con bienes raíces, lo cual enriqueció a miles de panameños.

¿Por qué entonces un inversionista que tuvo la visión de comprar derechos posesorios baratos en lugares remotos del país, no puede venderlos a un precio más alto, especialmente si le hace mejoras y si esta actividad es legal y permitida bajo la ley existente?

El día que regulemos la especulación de bienes raíces, hasta ese día tendremos el mercado inmobiliario que tanto ha beneficiado a todo el país.

El otro argumento que usa el MEF es que hay personas que se tomaron tierras desocupadas, especialmente bosques, diciendo que había derechos posesorios sobre ellos. Aun si es verdad que esto ha sucedido, el problema no justifica una ley que cuestiona los derechos posesorios sobre bosques que fueron adquiridos legítimamente.

Porque hay borrachos, ¿vamos a prohibir el alcohol?,   porque hay accidentes de carros, ¿vamos a prohibir su circulación?, y porque hay abusos, ¿vamos a prohibir la posesión de bosques?, pues entonces la medicina es peor que la enfermedad y los justos terminan pagando por los pecadores.

La ley no puede ni debe legislar excepciones, sino establecer un principio general, el respeto a los derechos posesorios y su eventual titulación, e investigar caso por caso situaciones donde existan dudas, y tomar las medidas adecuadas en esos casos.

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Publicado el 30 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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