Agua y Código Penal

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La opinión del Abogado y Docente Universitario..


Silvio Guerra Morales

Ahora resulta que el agua embotellada de algunas marcas y que muchos hemos consumido en este país, previa compra en las tiendas y supermercados, no está purificada. Alguien ha dicho que se trata de una publicidad engañosa, otros han sostenido que implica la existencia de un delito de auténtica estafa colectiva.   A este particular, sobre la existencia o no de delitos, tras este fraude colectivo o de masas, quiero referirme desde la perspectiva jurídica.

El Título IX del Libro II del Código Penal prescribe los denominados delitos contra la seguridad colectiva. En el Capítulo IV de dicho título aparecen los delitos contra la salud pública. El artículo 300 de la excerta legal en cita señala que quien envenene, contamine, altere o corrompa alimento, medicina, excipiente o materia prima, agua potable o cualquier otra sustancia destinada al uso público, poniendo en peligro la salud de las personas, será sancionado con prisión de cuatro a diez años.    Sin embargo, leído minuciosamente los verbos rectores del articulado en cita, quedará claro que no media, ante este fraude colectivo, por parte de las embotelladoras involucradas en el caso, ni envenenamiento, menos contaminación ni alteración alguna del agua, tampoco adulteración o corrupción. Se trata, simplemente, de vender agua a sabiendas que no ha sido purificada, pero con pleno conocimiento de ello, lo cual hace que la acción devenga en una acción dolosa, delictiva, intencionada.

En realidad, el tipo penal o norma aplicable, lo encontramos en lo previsto en el artículo 301 del Código Penal que dice: “Quien, sin haber realizado ninguna de las conductas descritas en el artículo anterior, ofrezca en venta o entregue, a cualquier título, alimento, medicina, agua potable o cualquier sustancia destinada al consumo humano o cosas peligrosas para la salud, a sabiendas de su carácter nocivo (….) será sancionado con prisión de tres a seis años.”

Desde luego, que queda en manos del intérprete judicial el tema referente al agua “potable”, ya que habría que considerar si el agua embotellada puesta en venta es “realmente potable”, no obstante, de haberse determinado, previas pruebas de laboratorios, que no tiene ni ostenta tal “pureza o purificación”.

En todo caso, el codificador debió limitarse en expresar la palabra “agua” sin calificarla de potable, puesto que bien podría argumentarse que al no ser potable el agua puesta en venta, el acusado o los autores del fraude colectivo, no entran en la definición o prescripciones de la propia norma.   Pero insistimos, será tarea del intérprete judicial, el juzgador, quien tenga que delimitar estos pormenores que, en lo que respecta al agua que consumimos, bien podrían, de manera hábil, escapar de una sanción penal.

En contra de este argumento, favoreciendo la interpretación judicial, bien se puede alegar que el sentido de la norma en cuanto califica de “agua potable” la que se ha ofrecido en venta, no entraña la idea de que efectivamente ésta lo sea sino que se promueve o vende como si “fuera potable” y he allí la acción delictiva vía comisión. Tesis que defiendo.

Quedará en manos del Ministerio Público panameño el inicio de una exhaustiva investigación sobre este particular. En efecto, concurren otros delitos, entre ellos el de la publicidad engañosa y la estafa colectiva.

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<>Artículo publicado el  21  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Diez años en busca de una política

La opinión de…

DANILO TORO LOZANO
torolozano@hotmail.com

La propuesta electoral del candidato Ricardo Martinelli mencionaba el plan ‘Calles Seguras’. La publicación que distribuyó su campaña detallaba como medida puntual de seguridad pública, la eliminación de los Decretos Leyes con los que se creaban el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, un Sistema Nacional de Inteligencia (SENIS) y se modificaban las normas sobre la Policía Nacional y el SPI.

Sin embargo, el nuevo gobierno dejó vigentes los decretos —aunque aún se espera la derogación del SENIS— con lo que evidenció, a la postre, su satisfacción con ellos, pese a contar con una mayoritaria y creciente fuerza parlamentaria, que los pudo haber pasado por el curso de legitimidad que reclamaba la opinión pública.

En materia de seguridad ciudadana, la administración Martinelli ha concentrado esfuerzos en el factor policial más que en cualquier otro factor.   Aumentó el salario de las unidades de la Fuerza Pública y montó cambios en la estructura, función y operación de componentes de esta. Pero, antes de terminar su primer año de gobierno, tuvo que salir al paso de una temprana manifestación de presión ciudadana catalizada por el asesinato del joven Daniel Carrizo y se comprometió a presentar resultados, en el nuevo plazo de tres años. Entre esos resultados habría de estar la aprobación de una Política Criminológica, para cuyo cumplimiento, en realidad, no es mucho lo que queda por hacer.

Desde que en 1990 se emitió el decreto que organiza la Fuerza Pública y, sobre todo, desde el año 2000, cuando se promulgó el decreto que expone los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mucha agua ha pasado bajo el puente.

En noviembre de 1992 fue rechazada en plebiscito, una propuesta para reformar la Constitución, que incluía nuevas disposiciones sobre la Fuerza Pública y la seguridad pública. Pero más tarde, con los actos legislativos 1 y 2 de los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, en 1993 y 1994 respectivamente, se incorporaron a la Constitución nuevas normas sobre estos temas, en el Título XII.

Durante la década de los noventa, además, se emite y aprueba una variada gama de normas dentro del temario de la seguridad pública, tales como: La creación del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, la organización de la Fuerza Pública, primero mediante Decreto de Gabinete Nº 38 de 1990 y luego mediante la Ley 18 de 1997; después ampliada y desarrollada en 1999. Igualmente, temas como la creación de la Policía Técnica Judicial, la regulación del Sistema Penitenciario, el uso y porte de armas y la actividad de las agencias privadas de seguridad fueron objeto de abordaje jurídico.   Pero, pese a los intentos de avance, todo este cuerpo normativo guarda escasa relación entre sí, y en algunos casos, incluso, genera o permite contradicciones a lo interno de diversas instituciones, tal y como ocurrió con la Policía Técnica Judicial.

Similar suerte, en cuanto a la formulación y aprobación de normas, han experimentado la administración de justicia y las instituciones encargadas de la protección y prevención social durante las dos últimas décadas.

En junio de 2000 se da un salto cualitativo, cuando se adoptan, como política de Estado, los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mediante la Resolución de Gabinete Nº 34. En la confección de este instrumento emitido por la administración de Mireya Moscoso y que fue producto de un audaz acuerdo entre partidos antagónicos como el Arnulfista y sus aliados, el PRD y el PP,   jugó un papel determinante Ricardo Arias Calderón.   Sin embargo, la presidenta Moscoso nunca se remitió a la Resolución por ella signada ni acogió una propuesta de política criminológica impulsada por el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.  En el ocaso de su periodo, agobiada, entre otras cosas, por un aumento alarmante de la criminalidad y la violencia, proclamó la aplicación de ‘mano dura’, como medida para enfrentar la situación.

La campaña que llevó a Martín Torrijos a la Presidencia hizo de la seguridad pública uno de sus principales focos de atención, que después, durante su administración, fue objeto de tratamiento, pese al faltante de convicción y de equilibrio político; que de haberse tenido, hoy posiblemente estarían validadas por todos los actores políticos, jurídicamente promulgadas y en ejecución, una política criminológica y una política de seguridad ciudadana. En la administración Torrijos, el tema de una Política Criminológica fue discutido ampliamente en la Mesa del Pacto de Estado por la Justicia, cuyos participantes terminaron aprobándola. Solo faltó que el Ejecutivo, tras acogerla, la remitiera a la Asamblea Legislativa para que alcanzara carácter normativo.

Además, a mediados de 2008, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, presentó la Propuesta de Política de Seguridad Ciudadana ante esa misma mesa, como un producto del Programa de Seguridad Integral (PROSI), programa concebido durante la gestión de Héctor Alemán como ministro del ramo.   No se expresó ninguna objeción contra la Propuesta presentada, fruto de la labor que destacados especialistas efectuaron bajo la coordinación del PROSI. De ello debe mencionarse como relevante lo realizado por Juan Faroppa y en el tema concerniente a la creación del Viceministerio de Seguridad, a Hugo Fruhling.

Si se analiza la propuesta de esta institución se notará que para los objetivos y funciones planteados en la Política, correspondía una estructura determinada en el Viceministerio. La aprobación final y la consideración de ambos esfuerzos producidos por el PROSI, hubieran podido reducir los riesgos de improvisación, retardo y equívocos, para darle en su momento mayor sentido y utilidad a lo creado como Viceministerio de Seguridad primero y luego como Ministerio de Seguridad.

En cuanto a política criminológica y de seguridad ciudadana, es poco ya lo que hace falta para cumplir con el compromiso presidencial. Ahora la administración Martinelli tiene la oportunidad de reconocer los esfuerzos y logros obtenidos y, sin enfrascarse en la invención de la rueda, puede considerar las aprobaciones que corresponden para que las políticas en cuestión se conviertan en una realidad de Estado, al cabo de una década.

 

<> Este artículo se publicó el 13 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Grata visita

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La opinión del Jurista y Comentarista…

Guillermo Márquez B.

El lunes 22 por gentil invitación de la UNESCO que es la sigla en inglés de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, asistimos a una reunión celebrada en la Universidad Latina.

Nos impresionó muy gratamente advertir en ella que hay personas desprendidas y de buena voluntad que generosamente dedican tiempo y energías en beneficio de la niñez y la adolescencia y de la sociedad en general.

Los logros de sus esfuerzos no pueden ser más alentadores. Conforme dijo uno de los expositores: Si muchos hacemos aunque sea un poquito de algo, se obtiene bastante.

En nuestro país la UNESCO trabaja en el mejoramiento de la seguridad ciudadana, y también lo hace en el establecimiento de centros de acceso de algunas comunidades rurales. Y conforme recomienda sobre la promoción, el uso del lenguaje y el acceso universal al ciberespacio: “Los Estados Miembros y las organizaciones internacionales deberían fomentar y apoyar la creación de capacidades para la producción de contenidos de origen focal e indígena en Internet.”

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<>Artículo publicado el  25  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/marquez-b-guillermo/

La seguridad ciudadana y un ex presidente desmemoriado

La opinión del  Embajador de Panamá ante la OEA …


Guillermo A. Cochez 

El pasado 19 de octubre se presentó ante el Diálogo Interamericano el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Encargados de la misma fueron el Comisionado de la CIDH, el brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro y su Secretario Ejecutivo el argentino Santiago Cantón.

Destacaba en esa Mesa Redonda la presencia de Martín Torrijos, ahora miembro de la Junta de Asesores del Diálogo Interamericano, líder en este tipo de discusiones en la capital norteamericana.

El informe, presentado ya en otros países, resalta la importancia que tiene en este sensible tema de la seguridad ciudadana el mantener programas sostenibles con el tiempo, o sea que trasciendan a los gobiernos, que como señalé cuando intervine, ha sido el exitoso caso de Panamá en el tema del Canal, el cual mantuvo Torrijos cuando ejerció la Presidencia.

También varios de los presentes mostraron su preocupación por la alta criminalidad en Latino América, señalando como problema que tampoco existe una política cónsona con la educación para sacar al delincuente joven de las pandillas, la droga y la deserción escolar, la cual, debe mantenerse por igual con el tiempo a efecto de que tenga efectividad.

Quise dar mi aporte con casos concretos de lo que no se debe hacer y quien más que para dar ese ejemplo, que el mismo Torrijos, ahora convertido en el gran estadista con presencia internacional continua, “perseguido político de la justicia panameña”.

Así como aplaudí su política frente a la autonomía en los asuntos del Canal, me referí a lo ocurrido durante su gobierno en materia de seguridad, que contrastaba con lo dicho allí de que debía haber continuidad en el tiempo para que los programas de seguridad pudieran rendir frutos.

Señalé que en los menos cinco años de Torrijos, Panamá tuvo cuatro jefes de policías, así como cuatro diferentes Ministros de Gobierno, lo que reflejaba que ni en su término pudo haber estabilidad y seguimiento alguno en tema tan vital como ése.

Recordé, en materia de educación, lo que Torrijos hizo para politizar el tema, a tal extremo que dos de sus cuatro ministros de Educación han pasado períodos en la cárcel y enfrentan varias investigaciones.

A Torrijos le tocó ser el último orador, quien ante mi contundente intervención, quedó sin munición alguna.

Pretendía, como se vio, apoyar todas las conclusiones del prestigioso panel, pero sin fundamento alguno, ante su imposibilidad de rebatir lo que yo había expresado.

Eso le pasa por ser tan desmemoriado y pretensioso de querer venderse afuera como lo que nunca fue adentro.

http://www.panamaoea.org

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<>Artículo publicado el  1  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América y el 3 de noviembre de 2010 en La Estrella de Panamá,    a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/cochez-guillermo-a/

‘La vida no vale nada’

La opinión de…

Patricia Pizzurno

El título de este artículo corresponde al de una película que filmó Pedro Infante en 1954, y a una canción que 20 años después compuso Pablo Milanés y cuya letra dice: “La vida no vale nada, si no es para perecer. La vida no vale nada, cuando otros se están matando. Y sigo aquí cantando, cual sino pasara nada”. También José Alfredo Jiménez abordaba la misma temática en una célebre ranchera.

Lo cierto es que esta triste sentencia, válida para lugares extremadamente violentos como la Colombia de la década de 1990 o la fronteriza ciudad Juárez, en México, sitiadas por los carteles de la droga, parece encajar hoy a la perfección en Panamá, ya no exclusivamente por las movidas del narcotráfico, sino y, fundamentalmente, por la extrema fragilidad institucional.

En diciembre de 2006 escribí un artículo publicado en esta misma sección: “¿Casualidad o causalidad?” en el que analicé el alcance social de la tragedia del incendio del bus y del envenenamiento con dietilene glycol por parte de los asegurados de la Caja de Seguro Social.

Eran tiempos difíciles para los panameños durante los cuales nos embargó un sentimiento de extrema vulnerabilidad y pesimismo, pese a lo cual aún guardábamos la esperanza de que tamaños desastres lograrían inyectar en nuestras instituciones y sus representantes, sobre todo en la justicia, sensibilidad social y sentido de responsabilidad. Hoy reconozco que estábamos equivocados.

El escenario de inseguridad ciudadana que nos enfrenta al surgimiento de sectores urbanos inaccesibles por la extrema violencia, así como diversas explosiones en la ciudad capital, producidas por fallas eléctricas o por estallidos de gas, sin olvidar las traumáticas toneladas de basura que nos inundan, nos sumergen en el siniestro círculo del miedo que es muy difícil romper. Una sociedad con miedo es una sociedad paralizada, confundida y altamente ineficiente. La conclusión es que la vida no vale nada, máxime “si cuatro caen por minuto”, como dice Pablo Milanés, y a nadie parece importarle.

La falta de regulaciones, la escasa presencia del Estado como gendarme y garante de nuestras vidas y del cumplimiento de las disposiciones existentes, la laxitud en el tratamiento de los problemas de seguridad ciudadana que aquejan a la sociedad en general, demuestran a las claras que aún estamos lejos de alcanzar los estándares de respeto por la vida humana imperantes en el primer mundo. Aunque obtengamos los grados de inversión de las calificadoras más reputadas y lleguen poderosos inversionistas a Panamá, debemos aceptar que si las instituciones no son capaces de garantizar la vida de los asociados, es seguro que esos capitales enrumbarán hacia otras latitudes donde la vida humana sí tenga valor.

El fracaso del sistema educativo no debe medirse por el desconocimiento del nombre del autor del himno nacional, sino por la absoluta ausencia de cultura ciudadana y urbana, escaso o nulo civismo y, sobre todo, la total ignorancia de lo que significa vivir en sociedad. Estas carencias hacen de Panamá una jauría humana intentando sobrevivir, aunque para ello tengamos que ensayar el devorarnos unos a otros. Aquella sentencia que nos enseñaban en la escuela: “Mis derechos comienzan donde terminan los derechos de los demás”, parece ya no tener valor, igual que la vida.

El tráfico es buen ejemplo de la barbarie que nos maniata, pero no es el único. Jóvenes agresivos que no saludan y ni siquiera conocen el significado de las palabras “gracias, por favor o disculpe”, adultos que empujan y avasallan para abordar un bus, pasan primero frente a una larga fila o se hacen atender antes en cualquier mostrador sin respetar a los demás, que abusan de los niños, los ancianos y los discapacitados, me indica que hemos construido una sociedad especialmente miserable de la que somos sus principales rehenes. Me viene a la memoria el cuento de Guy de Maupassant, La miseria humana.

El “juega vivo” y la ley del más bruto (el síndrome de Pedro Picapiedras) son los motores del escenario: el que grita más; el que tiene el 4×4 más grande para amedrentar al transeúnte; el más vulgar; el que tiene más dinero aunque sea mal habido, son las voces escuchadas y respetadas.

La vida no vale nada y cada vez vale menos, porque la institucionalidad está en crisis y no cumple sus funciones, sean cuales sean. Lo peor de todo es que la justicia no parece tomarse en serio a los muertos. “La vida no vale nada si yo me quedo sentado” dice Pablo Milanés, porque las muertes violentas en lugares públicos a los que asisten nuestros hijos, como antes lo hacíamos nosotros, los accidentes urbanos en edificios nuevos, las extorsiones telefónicas, la violación del domicilio, los secuestros express forman parte del paisaje cotidiano, de la normalidad de la vida y quedan impunes la mayoría de las veces.

Creo que debemos volver a creer que la vida es valiosa y a exigir, como dice el cantautor cubano, el derecho a “morirme en una cama”.

<> Este artículo se publicó el 22 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

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Sin control avanza el crimen organizado

La opinión de…

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO

Nelson Quintanilla, sociólogo salvadoreño, acaba de escribir un artículo de alerta, que los panameños y latinoamericanos debemos tomar muy en cuenta.   En El Salvador las pandillas declararon un paro del transporte público que paralizó el país. ¿Debe sorprendernos o es la consecuencia de políticas públicas equivocadas? Según el sociólogo, el país centroamericano ‘vive una ola de criminalidad que afecta a los transportistas víctimas de asesinatos. El gobierno no logra definir una política que garantice la seguridad de la población.  El paro del transporte decretado por las pandillas tiene como antecedente la Ley de Proscripción de Organizaciones de Naturaleza Criminal’.

Mientras los gobiernos —el panameño entre los primeros— se apresuran en aprobar una legislación laboral que crea más desempleo e informalidad y, además, pone su política exterior al servicio de intereses bélicos de EE.UU., como consecuencia directa la Subregión cae cada vez más en manos del crimen organizado. En el caso de El Salvador, las pandillas se han convertido en un actor político, que disputa su legitimidad de igual a igual con otros sectores de la sociedad civil.

El Ejército declaró que tiene ‘la situación del transporte controlada’.    Sin embargo, ‘lo que no estamos controlando es el rumor’, declaró el ministro de Defensa, general David Munguía.   El 1º de setiembre de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, que impone hasta 10 años de cárcel a cualquier persona que integre esas agrupaciones.

Según la ley aprobada, ‘son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras Salvatrucha, MS-trece, Pandilla Dieciocho, Máquina y Mao Mao’. Además, quedó establecido que los bienes, valores, dinero y otras posesiones derivadas de las actividades ilícitas de las pandillas serán confiscados y pasarán a manos del Estado.    En 2010, según el periódico Heraldo, en represalia al rechazo de los empresarios del transporte a pagarles la llamada ‘renta’ (extorsión), han asesinado a 107 personas, entre choferes y cobradores.

El incremento de la violencia se ha politizado, convirtiéndose en un arma de la extrema derecha para atacar al gobierno que cuenta con el apoyo político del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Según el sociólogo Quintanilla ‘no se puede negar que la situación es complicada y que necesita firmeza para resolverla… (Sin embargo), no necesitamos una dictadura militar para evitar la zozobra, el pueblo mismo puede y debe participar decididamente para evitar una guerra social’.

Se necesita una política pública que reincorpore a la juventud, que se ha unido a las pandillas, a las escuelas y a los centros de trabajo.   Política que consolidaría a la institución familiar y fortalecería a las comunidades y centros culturales.

Hay que estudiar cuáles son las fuerzas políticas que se encuentran detrás de las pandillas manipuladas por el crimen organizado. En el caso de El Salvador, plantean sus reivindicaciones y publican sus comunicados abiertamente en busca de legitimidad. La semana pasada circularon una declaración insólita pidiendo disculpas por la paralización del transporte público, pero explicando sus motivos:   ‘Los miembros de las pandillas MS y 18 le pedimos al pueblo salvadoreño, en general, nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados, a través de un paro de buses.   La MS y la M-18 piden al presidente salvadoreño vetar la ‘Ley de proscripción de maras, pandillas, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal’.

Las pandillas del crimen organizado convocan al diálogo y le pide ‘al Gobierno que vete la ley de proscripción… lo invitamos a iniciar un proceso transparente de diálogo con el fin de buscar solución al conflicto de la violencia’, indica el comunicado. Quintanilla concluye ‘que estos grupos son fuertes y si no se les presta la debida atención pueden crear más terror’. Señala con acierto que ‘no son leyes de mano dura o súper mano dura las que pueden resolver el problema. Debe revisarse las causas que hicieron posible la aparición de estas organizaciones y proponer alternativas de solución’.

Al igual que en Panamá, las causas que permiten la aparición de estas organizaciones criminales son las políticas públicas equivocadas que ejecutan los gobiernos de turno que desintegran las instituciones básicas de la sociedad. Estas políticas de flexibilización del trabajo y de ‘apertura’ a inversiones de capital ‘sucio’ se hacen cada vez más peligrosas al ser subordinados los gobiernos por los intereses del crimen organizado.

<>Artículo publicado el 16 de septiembre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes  damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El homicidio doloso

La opinión del Abogado y Docente Universitario…
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CARLOS AUGUSTO HERRERA

Hay mucho interés por la materia, por un tema amplio.   Lamentablemente nos tenemos que circunscribir por razones del tiempo y el espacio con someros comentarios relativos al libro Segundo y en especial al Título I, Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Primero.    No podemos desconocer la incidencia de los tres pilares sobre los que se funda el sistema democrático distinguidos como:  Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la avalancha de críticas sobre el absoluto incumplimiento de las promesas de campaña sobre Cero Corrupción y mayor seguridad ciudadana de ayer y sobre la seguridad de hoy entre otras cuestiones.

La epidermis cobertora de este sensible tema es muy delicada. La ausencia de una política criminal adecuada y el estado de anarquía en el que nos encontramos y en el que prevalecen las garantías inadecuadas sobre educación, salud, vivienda, electricidad, agua, calles, canasta familiar, salario mínimo, etcétera,    nos tienen a todos los panameños tan desorientados e indignados que cada uno hace lo que le perezca y en cualquier momento le da por cerrar calles, suspender servicios como la recolección de basuras, clausuran las escuelas, suspenden el trasporte público o la atención médica y todo esto afecta la administración de justicia.

La mejor muestra que existe en una sociedad, es la organización de los delincuentes en pandillas como un acto incontrolable cuando prevalece la anarquía, porque este comportamiento llena el espacio de la ley en donde no existe la ley.

Dentro de la cacareada corrupción tenemos que existen engranadas modalidades, cuyo nacimiento está localizado en el ceno de la familia. Son estos actos de corrupción menores los que trascienden hasta coronar con los rejuegos del soborno. Lo cierto es que pareciera desapercibida la falta del conocimiento para atender los asuntos que revierten con efectos dañinos. De este modo tenemos la Ignorancia Consciente y la Ignorancia Inconsciente, esta última, mucho menos perniciosa, puesto que el autor se la lleva a la tumba si saber de su defecto.

La Ignorancia Consciente en cambio, promueve la corrupción, porque quien la ostenta es dado a improvisar en los descargos, como un mecanismo de defensa, para amparar la mala actuación y de este modo justificarla. De allí es que los funcionarios que no tienen la capacidad para ejercer una función para los que han sido nombrados la tergiversan y con ello producen el mismo daño que el caso del soborno. Hay infinidades de casos en los que el engreído burócrata arremete a diestra y siniestra para defender la inconsciencia y en este coro de desavenencias logran sus objetivos. Antes debo referirme a lo peligroso de los cambios legislativos previos, como la Ley 15 del 22 de mayo del año pasado, reformaron el artículo 67 del Código Penal, numeral 5:

‘5. Emplear astucia, fraude, disfraz, uniforme o distintivo de la Fuerza Pública, de cualquier institución pública o privada o de los servicios privados de seguridad, pasamontañas o cualquier otra forma de cubrir el rostro’.

Como se puede advertir en la fugaz ley que nació para quedarse, estuvo concentrada en proteger al cuerpo de policía con prelación.

Resulta interesante que ahora con el nuevo Código en el artículo 88 sobre las circunstancias agravantes, lo dejaron como estaba en el Código anterior: ‘5. Emplear astucia, fraude, disfraz’. Con esta ley pasajera también emparejaron todas las sanciones en el homicidio doloso tal y como aparece ahora. Les puedo adelantar, como docente, que, mientras continuemos gobernando de esta manera, no vamos a salir del atolladero.    No es fuerza, es más bien maña lo que se necesita.

Pasamos de inmediato a comentar brevemente sobre lo expuesto en el Código Penal sobre el Homicidio y sobre el artículo que vamos a copiar, la pena ante era de 5 a 12 años:

‘Artículo 131. Quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de diez a veinte años’.

Sin lugar a dudas, dentro de la coercibilidad de la Ley,   la vida parece lo más importante en el artículo 17 de la Constitución, el cual sostiene que las autoridades están creadas para garantizar la VIDA, HONRA Y BIENES de los panameños donde se encuentren y de los extranjeros radicados en este lugar y con el Código anterior el artículo 255, sobre tráfico de drogas, establecía una pena de prisión entre 8 años a 15 años de prisión, lo que resultaba a todas luces una extravagancia legal, si lo comparábamos con el Homicidio, lo que comprueba sin ningún equívoco que se legisla de forma emocional, consentidas entre los legisladores y quienes las promueven y después los que las aplican.

<>Artículo publicado el  5  de septiembre  de 2010 en el en el diario  La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Embestidas contra la democracia

La opinión de…

Johnny Sáurez Sandi 

El político, filósofo y pensador de la Ilustración Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, dibujó un concepto universalmente conocido y asimismo las normas para la puesta en práctica de la división de los poderes en la administración de la cosa pública, y en el accionar de las sociedades, hoy llamadas democráticas.

La vida en democracia, de la cual usufructuamos en los tiempos modernos, se podría decir que se deriva del concepto del pensador mencionado, que dice que: “La libertad política, en un ciudadano, es la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene de su seguridad, y para que se goce de ella es preciso que sea tal el gobierno que ningún ciudadano tenga motivo de temer a otro”.

La seguridad del ciudadano y del cuerpo social como un todo, deriva de los pesos y los contrapesos que se enlazan, deriva de ese equilibrio por medio del cual cada poder se somete al control del otro, cumpliendo cada uno una tarea propia y diferente, sin cuestionamientos que resquebrajen precisamente ese equilibrio que da vida a la organización social en democracia.

Si bien es cierto existen muchas concepciones de democracia, pues como sabemos no es lo mismo la democracia de la India, que la democracia en China o Cuba, Estados Unidos, o las democracias europeas, por solo mencionar algunos ejemplos. Sí es preciso señalar que hay una columna vertebral que es común a todas las concepciones de democracia y esa columna es la división de los poderes, que en unas democracias es más visible y efectiva que en otras, pero que en todas, la concepción original trata de respetarse aunque sea en el papel.

Hoy día nos encontramos, cada vez con más frecuencia, con corrientes y con liderazgos personales que tienden, arropados con el vestido de la democracia, a concentrar el poder en unas pocas manos (a menudo solo en dos), sometiendo bajo el control del poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.   Podemos además decir con certeza, y lo estamos experimentando en América Latina, que bajo la marca de la democracia han surgido algunas “dicta-blandas”, regímenes y presidentes que llegaron al poder por la vía electoral que han sometido a los restantes poderes bajo su dominio, e incluso han ido más lejos, amenazando y controlando a la prensa, o limitando el derecho de libre expresión, manifestación y petición de la sociedad civil.

Las consecuencias que estos comportamientos dictatoriales traen consigo, son, entre muchas otras, la pérdida de las libertades individuales y colectivas; son pasos, ni más ni menos, hacia la regresión a estados represivos que se suponía superados y enrumban a las sociedades a zonas oscuras propias de los llamados Estrados Fallidos, que desafortunadamente estamos viendo aparecer alrededor del mundo, desdichadamente nuestro entorno cercano no es la excepción.

Dicho lo anterior, lo que se deduce de estas acciones de individuos ególatras,  es que la democracia está siendo embestida, reinterpretada y ajustada a intereses personales y de grupúsculos dominantes, que poco a poco han ido borrando la que debería ser una línea clara y divisoria entre los poderes que ha definido esa ideología, que hasta el momento ha sido la más efectiva y humana, que denominamos democracia.

Como deducción, lo preocupante que nos puede suceder como individuos y como sociedad, es perder la paz, la seguridad; lo peor que podríamos experimentar sería temerle al prójimo y mucho peor sería temerle a aquel o a aquellos en quienes, de buena fe, confiamos el timón de la nave en que viajamos.

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Este artículo se publicó el 14 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Miedo a los que no tenemos miedo

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministra de Estado….

MARIELA SAGEL  –

Continuando con el tema de la seguridad y los derechos humanos, asistí la semana pasada a la presentación del Cuaderno de Desarrollo Humano No. 2 que amplía los conceptos y ofrece estadísticas sobre la Seguridad Ciudadana, identificándola como una responsabilidad compartida.

Y se convierte en compartida toda vez que al esfuerzo que ha hecho el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha unido la Cámara de Comercio de Panamá, lo que hace muy interesante la correlación de fuerzas ahora en juego y se puede decir que el gremio empresarial más importante ha comprendido finalmente que los esfuerzos de los organismos internacionales y la llamada sociedad civil deben ser compartidos para que se obtengan resultados positivos a corto plazo.

En Panamá, tal como lo muestran las cifras, los índices de criminalidad han ido en aumento y las famosas ‘mano dura’ demostró ser un fracaso.   Ya no se habla de seguridad sino de inseguridad. La delincuencia común ha sido desplazada por la delincuencia organizada y las formas de combate a la primera es muy diferente a cómo se debe atacar la segunda.

Este Cuaderno de Desarrollo viene a aportarnos los conceptos urgentes que tenemos que manejar al momento que se abra el debate para identificar las causas de inseguridad y se logre una comprensión cabal del fenómeno. Señala de manera puntual que la cooperación y la corresponsabilidad recae en los actores públicos y privados para que todos, en conjunto, diseñen las estrategias para poder combatir este flagelo. También comprende los contenidos esenciales en toda propuesta de políticas públicas de seguridad, a fin de que se llegue a tener una visión integral de los elementos que identifican el problema y brinda la información completa.

La inseguridad limita el derecho humano y el ejercicio de las libertades y debe abordarse desde dos ángulos: por medio del análisis de la percepción que tiene la ciudadanía y la medición de los hechos mediante las estadísticas.   Debe iniciarse un proceso participativo, equitativo, inclusivo y sostenible en la lucha contra la miseria, la ignorancia y la ausencia de oportunidades. Para los seres humanos, la seguridad es la ausencia de temor y de carencias, sean éstas de ámbito económico, alimentario, salud, ambiental, personal, comunitario y político.

A la par de estas teorías que han sido ampliamente estudiadas y plasmadas, también se han realizado ensayos de combatir la violencia mediante la cultura, como es el caso de Medellín, administrando una alcaldía de manera coherente, al punto que esa ciudad colombiana, que tenía un índice altísimo de muertos, es hoy un ejemplo de civismo y de seguridad; y lo más importante, el cambio lo inició un alcalde, y lo han continuado dos gestiones municipales posteriores no necesariamente del mismo partido, y el progreso continua.   Se ha logrado ofrecer a los habitantes tanto espacios abiertos y verdes, como seguros, para toda clase de actividades familiares, deportivas y culturales (Medellín goza de un excelente clima) y se les ha contagiado también el gusto por las manifestaciones artísticas, sean musicales, pictóricas, teatrales, etc.

Lastimosamente, el papel lo aguanta todo si no se lleva a la práctica. Todos estos estudios y teorías que se presentan a diario es poco lo que pueden hacer, mientras la clase política no se integre a este esfuerzo.

El gran ausente en estos foros son precisamente los funcionarios públicos que pueden ser los que provoquen los cambios y hagan los correctivos. Y más recientemente, los que ejercemos el derecho inalienable de opinar y peor, disentir de lo que se haga desde las esferas del alto poder se nos amenaza, persigue y, en los casos lamentables de los periodistas Carlos Núñez y Paco Gómez Nadal, ver sus derechos seriamente conculcados.

Carlos Núñez, por su edad, tiene derecho a no ser recluido en un centro penitenciario y a Paco le han cambiado el escenario de sus culpas, porque no tienen nada en su contra, solo el hecho que ha sido un crítico agudo y puntual de la actual gestión gubernamental.

‘Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo’, decía Bety Cariño, activista antiminera mexicana asesinada recientemente. Nuestras voces y palabras no podrán ser acalladas, porque es parte de nuestros derechos humanos.

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Este artículo fue publicado el  11 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Más de lo mismo en materia de seguridad ciudadana

La opinión de…

Magaly Janneth Castillo 

Ha pasado un año del gobierno de Ricardo Martinelli y el país sigue sin un plan de seguridad ciudadana y sin definir una política criminológica de Estado. Lo que sí hemos visto son más de tres reformas al procedimiento penal panameño y dos reformas a la legislación de menores en un periodo corto de un año.  Todas ellas sin sentido y contrariando normas constitucionales.

Hemos visto una agresiva acción policial focalizada en los barrios más pobres de la ciudad con alta incidencia delictiva y el uso del “pele police” como si todos fuésemos sospechosos,  pero no vemos con claridad una política de fortalecimiento de las instituciones del sistema de seguridad, ni vemos un plan con acciones a corto, mediano y largo plazo.   Toda esta improvisación ya la hemos vivido en los últimos tres gobiernos.   Las recomendaciones, planes y programas que se han discutido en comisiones presidenciales en los últimos ocho años quedan en nada.

En el año 2002 el Consejo de Gabinete de la presidenta Mireya Moscoso creó una Comisión Intersectorial de alto nivel para la elaboración de una política criminológica. Desde esa fecha existe una propuesta, como resultado del consenso entre actores públicos y de la sociedad civil, pero que no fue asumida como política de Estado por el Consejo de Gabinete de aquel momento.

Este documento fue discutido nuevamente en el año 2005, por la Comisión de Estado por la Justicia y presentado al Órgano Ejecutivo como una propuesta de Estado, que tampoco fue adoptado por el gobierno del presidente Martín Torrijos.

Finalmente, la Concertación Nacional para el Desarrollo enumeró una serie de medidas en materia de seguridad ciudadana que tomaban en cuenta los aportes de la Comisión de Estado por la Justicia. Es decir, el país cuenta con un listado largo de propuestas y proyectos de ley que nunca han sido asumidos como políticas de Estado.

Ahora, nuevamente el Gobierno, luego de una gran marcha por la seguridad ciudadana, ha solicitado que la sociedad civil le presente propuestas para enfrentar el problema de la inseguridad; pero al día siguiente de la marcha se reformó de nuevo la Ley 40 sobre justicia penal juvenil en la misma línea represiva de siempre. Días después se aprobó la ley 9 en 1 (Ley 30) en que le otorga a la Policía licencia para extralimitarse de funciones y hacer un uso abusivo de la fuerza.

La semana pasada se sancionó otra ley para mejorar la acción del Estado contra el delito, donde nuevamente se hacen reformas que contradicen las normas constitucionales y se retrocede en materia de derechos humanos. Seguimos con la misma práctica de todos los gobiernos.   Por una parte se distrae a la sociedad civil en comisiones de trabajo y al mismo tiempo se realizan reformas que contradicen cualquier política científica y coherente de seguridad ciudadana.   En días pasados se entregaron los proyectos de ley sobre agencias de seguridad privada y ley de uso de armas, que también se habían discutido en el gobierno pasado, pero que al final no se aprueban debido a las presiones de personas o empresas dedicadas a estos negocios.

Las propuestas sobre seguridad ciudadana existen, lo que hace falta es voluntad política y que el Gobierno con su equipo de expertos revise todos estos aportes y elabore un plan de seguridad ciudadana que debe ser sometido a consulta. Pedir a las organizaciones ciudadanas que presenten propuestas es seguir dándole largas a una responsabilidad que tiene el gobierno y que debió emprender desde el día primero de su mandato.

En ese plan de seguridad debe establecerse claramente un ente rector que coordine y lidere toda la política de seguridad ciudadana, que involucre claramente a todos los actores del sistema de justicia, a los municipios y a la sociedad civil.

Se supone que el ente rector de la política de seguridad ciudadana debe ser el Ministerio de Seguridad Pública, pero para ello se requiere tener al frente de ese Ministerio a una persona con valores democráticos que crea en la nueva visión de seguridad democrática y que crea en el rol de los ciudadanos y de los municipios. No estoy segura de que esta sea la realidad que hoy tenemos.

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Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.