Agua y Código Penal

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La opinión del Abogado y Docente Universitario..


Silvio Guerra Morales

Ahora resulta que el agua embotellada de algunas marcas y que muchos hemos consumido en este país, previa compra en las tiendas y supermercados, no está purificada. Alguien ha dicho que se trata de una publicidad engañosa, otros han sostenido que implica la existencia de un delito de auténtica estafa colectiva.   A este particular, sobre la existencia o no de delitos, tras este fraude colectivo o de masas, quiero referirme desde la perspectiva jurídica.

El Título IX del Libro II del Código Penal prescribe los denominados delitos contra la seguridad colectiva. En el Capítulo IV de dicho título aparecen los delitos contra la salud pública. El artículo 300 de la excerta legal en cita señala que quien envenene, contamine, altere o corrompa alimento, medicina, excipiente o materia prima, agua potable o cualquier otra sustancia destinada al uso público, poniendo en peligro la salud de las personas, será sancionado con prisión de cuatro a diez años.    Sin embargo, leído minuciosamente los verbos rectores del articulado en cita, quedará claro que no media, ante este fraude colectivo, por parte de las embotelladoras involucradas en el caso, ni envenenamiento, menos contaminación ni alteración alguna del agua, tampoco adulteración o corrupción. Se trata, simplemente, de vender agua a sabiendas que no ha sido purificada, pero con pleno conocimiento de ello, lo cual hace que la acción devenga en una acción dolosa, delictiva, intencionada.

En realidad, el tipo penal o norma aplicable, lo encontramos en lo previsto en el artículo 301 del Código Penal que dice: “Quien, sin haber realizado ninguna de las conductas descritas en el artículo anterior, ofrezca en venta o entregue, a cualquier título, alimento, medicina, agua potable o cualquier sustancia destinada al consumo humano o cosas peligrosas para la salud, a sabiendas de su carácter nocivo (….) será sancionado con prisión de tres a seis años.”

Desde luego, que queda en manos del intérprete judicial el tema referente al agua “potable”, ya que habría que considerar si el agua embotellada puesta en venta es “realmente potable”, no obstante, de haberse determinado, previas pruebas de laboratorios, que no tiene ni ostenta tal “pureza o purificación”.

En todo caso, el codificador debió limitarse en expresar la palabra “agua” sin calificarla de potable, puesto que bien podría argumentarse que al no ser potable el agua puesta en venta, el acusado o los autores del fraude colectivo, no entran en la definición o prescripciones de la propia norma.   Pero insistimos, será tarea del intérprete judicial, el juzgador, quien tenga que delimitar estos pormenores que, en lo que respecta al agua que consumimos, bien podrían, de manera hábil, escapar de una sanción penal.

En contra de este argumento, favoreciendo la interpretación judicial, bien se puede alegar que el sentido de la norma en cuanto califica de “agua potable” la que se ha ofrecido en venta, no entraña la idea de que efectivamente ésta lo sea sino que se promueve o vende como si “fuera potable” y he allí la acción delictiva vía comisión. Tesis que defiendo.

Quedará en manos del Ministerio Público panameño el inicio de una exhaustiva investigación sobre este particular. En efecto, concurren otros delitos, entre ellos el de la publicidad engañosa y la estafa colectiva.

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<>Artículo publicado el  21  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Diez años en busca de una política

La opinión de…

DANILO TORO LOZANO
torolozano@hotmail.com

La propuesta electoral del candidato Ricardo Martinelli mencionaba el plan ‘Calles Seguras’. La publicación que distribuyó su campaña detallaba como medida puntual de seguridad pública, la eliminación de los Decretos Leyes con los que se creaban el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, un Sistema Nacional de Inteligencia (SENIS) y se modificaban las normas sobre la Policía Nacional y el SPI.

Sin embargo, el nuevo gobierno dejó vigentes los decretos —aunque aún se espera la derogación del SENIS— con lo que evidenció, a la postre, su satisfacción con ellos, pese a contar con una mayoritaria y creciente fuerza parlamentaria, que los pudo haber pasado por el curso de legitimidad que reclamaba la opinión pública.

En materia de seguridad ciudadana, la administración Martinelli ha concentrado esfuerzos en el factor policial más que en cualquier otro factor.   Aumentó el salario de las unidades de la Fuerza Pública y montó cambios en la estructura, función y operación de componentes de esta. Pero, antes de terminar su primer año de gobierno, tuvo que salir al paso de una temprana manifestación de presión ciudadana catalizada por el asesinato del joven Daniel Carrizo y se comprometió a presentar resultados, en el nuevo plazo de tres años. Entre esos resultados habría de estar la aprobación de una Política Criminológica, para cuyo cumplimiento, en realidad, no es mucho lo que queda por hacer.

Desde que en 1990 se emitió el decreto que organiza la Fuerza Pública y, sobre todo, desde el año 2000, cuando se promulgó el decreto que expone los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mucha agua ha pasado bajo el puente.

En noviembre de 1992 fue rechazada en plebiscito, una propuesta para reformar la Constitución, que incluía nuevas disposiciones sobre la Fuerza Pública y la seguridad pública. Pero más tarde, con los actos legislativos 1 y 2 de los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, en 1993 y 1994 respectivamente, se incorporaron a la Constitución nuevas normas sobre estos temas, en el Título XII.

Durante la década de los noventa, además, se emite y aprueba una variada gama de normas dentro del temario de la seguridad pública, tales como: La creación del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, la organización de la Fuerza Pública, primero mediante Decreto de Gabinete Nº 38 de 1990 y luego mediante la Ley 18 de 1997; después ampliada y desarrollada en 1999. Igualmente, temas como la creación de la Policía Técnica Judicial, la regulación del Sistema Penitenciario, el uso y porte de armas y la actividad de las agencias privadas de seguridad fueron objeto de abordaje jurídico.   Pero, pese a los intentos de avance, todo este cuerpo normativo guarda escasa relación entre sí, y en algunos casos, incluso, genera o permite contradicciones a lo interno de diversas instituciones, tal y como ocurrió con la Policía Técnica Judicial.

Similar suerte, en cuanto a la formulación y aprobación de normas, han experimentado la administración de justicia y las instituciones encargadas de la protección y prevención social durante las dos últimas décadas.

En junio de 2000 se da un salto cualitativo, cuando se adoptan, como política de Estado, los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mediante la Resolución de Gabinete Nº 34. En la confección de este instrumento emitido por la administración de Mireya Moscoso y que fue producto de un audaz acuerdo entre partidos antagónicos como el Arnulfista y sus aliados, el PRD y el PP,   jugó un papel determinante Ricardo Arias Calderón.   Sin embargo, la presidenta Moscoso nunca se remitió a la Resolución por ella signada ni acogió una propuesta de política criminológica impulsada por el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.  En el ocaso de su periodo, agobiada, entre otras cosas, por un aumento alarmante de la criminalidad y la violencia, proclamó la aplicación de ‘mano dura’, como medida para enfrentar la situación.

La campaña que llevó a Martín Torrijos a la Presidencia hizo de la seguridad pública uno de sus principales focos de atención, que después, durante su administración, fue objeto de tratamiento, pese al faltante de convicción y de equilibrio político; que de haberse tenido, hoy posiblemente estarían validadas por todos los actores políticos, jurídicamente promulgadas y en ejecución, una política criminológica y una política de seguridad ciudadana. En la administración Torrijos, el tema de una Política Criminológica fue discutido ampliamente en la Mesa del Pacto de Estado por la Justicia, cuyos participantes terminaron aprobándola. Solo faltó que el Ejecutivo, tras acogerla, la remitiera a la Asamblea Legislativa para que alcanzara carácter normativo.

Además, a mediados de 2008, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, presentó la Propuesta de Política de Seguridad Ciudadana ante esa misma mesa, como un producto del Programa de Seguridad Integral (PROSI), programa concebido durante la gestión de Héctor Alemán como ministro del ramo.   No se expresó ninguna objeción contra la Propuesta presentada, fruto de la labor que destacados especialistas efectuaron bajo la coordinación del PROSI. De ello debe mencionarse como relevante lo realizado por Juan Faroppa y en el tema concerniente a la creación del Viceministerio de Seguridad, a Hugo Fruhling.

Si se analiza la propuesta de esta institución se notará que para los objetivos y funciones planteados en la Política, correspondía una estructura determinada en el Viceministerio. La aprobación final y la consideración de ambos esfuerzos producidos por el PROSI, hubieran podido reducir los riesgos de improvisación, retardo y equívocos, para darle en su momento mayor sentido y utilidad a lo creado como Viceministerio de Seguridad primero y luego como Ministerio de Seguridad.

En cuanto a política criminológica y de seguridad ciudadana, es poco ya lo que hace falta para cumplir con el compromiso presidencial. Ahora la administración Martinelli tiene la oportunidad de reconocer los esfuerzos y logros obtenidos y, sin enfrascarse en la invención de la rueda, puede considerar las aprobaciones que corresponden para que las políticas en cuestión se conviertan en una realidad de Estado, al cabo de una década.

 

<> Este artículo se publicó el 13 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Grata visita

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La opinión del Jurista y Comentarista…

Guillermo Márquez B.

El lunes 22 por gentil invitación de la UNESCO que es la sigla en inglés de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, asistimos a una reunión celebrada en la Universidad Latina.

Nos impresionó muy gratamente advertir en ella que hay personas desprendidas y de buena voluntad que generosamente dedican tiempo y energías en beneficio de la niñez y la adolescencia y de la sociedad en general.

Los logros de sus esfuerzos no pueden ser más alentadores. Conforme dijo uno de los expositores: Si muchos hacemos aunque sea un poquito de algo, se obtiene bastante.

En nuestro país la UNESCO trabaja en el mejoramiento de la seguridad ciudadana, y también lo hace en el establecimiento de centros de acceso de algunas comunidades rurales. Y conforme recomienda sobre la promoción, el uso del lenguaje y el acceso universal al ciberespacio: “Los Estados Miembros y las organizaciones internacionales deberían fomentar y apoyar la creación de capacidades para la producción de contenidos de origen focal e indígena en Internet.”

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<>Artículo publicado el  25  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/marquez-b-guillermo/

La seguridad ciudadana y un ex presidente desmemoriado

La opinión del  Embajador de Panamá ante la OEA …


Guillermo A. Cochez 

El pasado 19 de octubre se presentó ante el Diálogo Interamericano el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Encargados de la misma fueron el Comisionado de la CIDH, el brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro y su Secretario Ejecutivo el argentino Santiago Cantón.

Destacaba en esa Mesa Redonda la presencia de Martín Torrijos, ahora miembro de la Junta de Asesores del Diálogo Interamericano, líder en este tipo de discusiones en la capital norteamericana.

El informe, presentado ya en otros países, resalta la importancia que tiene en este sensible tema de la seguridad ciudadana el mantener programas sostenibles con el tiempo, o sea que trasciendan a los gobiernos, que como señalé cuando intervine, ha sido el exitoso caso de Panamá en el tema del Canal, el cual mantuvo Torrijos cuando ejerció la Presidencia.

También varios de los presentes mostraron su preocupación por la alta criminalidad en Latino América, señalando como problema que tampoco existe una política cónsona con la educación para sacar al delincuente joven de las pandillas, la droga y la deserción escolar, la cual, debe mantenerse por igual con el tiempo a efecto de que tenga efectividad.

Quise dar mi aporte con casos concretos de lo que no se debe hacer y quien más que para dar ese ejemplo, que el mismo Torrijos, ahora convertido en el gran estadista con presencia internacional continua, “perseguido político de la justicia panameña”.

Así como aplaudí su política frente a la autonomía en los asuntos del Canal, me referí a lo ocurrido durante su gobierno en materia de seguridad, que contrastaba con lo dicho allí de que debía haber continuidad en el tiempo para que los programas de seguridad pudieran rendir frutos.

Señalé que en los menos cinco años de Torrijos, Panamá tuvo cuatro jefes de policías, así como cuatro diferentes Ministros de Gobierno, lo que reflejaba que ni en su término pudo haber estabilidad y seguimiento alguno en tema tan vital como ése.

Recordé, en materia de educación, lo que Torrijos hizo para politizar el tema, a tal extremo que dos de sus cuatro ministros de Educación han pasado períodos en la cárcel y enfrentan varias investigaciones.

A Torrijos le tocó ser el último orador, quien ante mi contundente intervención, quedó sin munición alguna.

Pretendía, como se vio, apoyar todas las conclusiones del prestigioso panel, pero sin fundamento alguno, ante su imposibilidad de rebatir lo que yo había expresado.

Eso le pasa por ser tan desmemoriado y pretensioso de querer venderse afuera como lo que nunca fue adentro.

http://www.panamaoea.org

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<>Artículo publicado el  1  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América y el 3 de noviembre de 2010 en La Estrella de Panamá,    a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/cochez-guillermo-a/

‘La vida no vale nada’

La opinión de…

Patricia Pizzurno

El título de este artículo corresponde al de una película que filmó Pedro Infante en 1954, y a una canción que 20 años después compuso Pablo Milanés y cuya letra dice: “La vida no vale nada, si no es para perecer. La vida no vale nada, cuando otros se están matando. Y sigo aquí cantando, cual sino pasara nada”. También José Alfredo Jiménez abordaba la misma temática en una célebre ranchera.

Lo cierto es que esta triste sentencia, válida para lugares extremadamente violentos como la Colombia de la década de 1990 o la fronteriza ciudad Juárez, en México, sitiadas por los carteles de la droga, parece encajar hoy a la perfección en Panamá, ya no exclusivamente por las movidas del narcotráfico, sino y, fundamentalmente, por la extrema fragilidad institucional.

En diciembre de 2006 escribí un artículo publicado en esta misma sección: “¿Casualidad o causalidad?” en el que analicé el alcance social de la tragedia del incendio del bus y del envenenamiento con dietilene glycol por parte de los asegurados de la Caja de Seguro Social.

Eran tiempos difíciles para los panameños durante los cuales nos embargó un sentimiento de extrema vulnerabilidad y pesimismo, pese a lo cual aún guardábamos la esperanza de que tamaños desastres lograrían inyectar en nuestras instituciones y sus representantes, sobre todo en la justicia, sensibilidad social y sentido de responsabilidad. Hoy reconozco que estábamos equivocados.

El escenario de inseguridad ciudadana que nos enfrenta al surgimiento de sectores urbanos inaccesibles por la extrema violencia, así como diversas explosiones en la ciudad capital, producidas por fallas eléctricas o por estallidos de gas, sin olvidar las traumáticas toneladas de basura que nos inundan, nos sumergen en el siniestro círculo del miedo que es muy difícil romper. Una sociedad con miedo es una sociedad paralizada, confundida y altamente ineficiente. La conclusión es que la vida no vale nada, máxime “si cuatro caen por minuto”, como dice Pablo Milanés, y a nadie parece importarle.

La falta de regulaciones, la escasa presencia del Estado como gendarme y garante de nuestras vidas y del cumplimiento de las disposiciones existentes, la laxitud en el tratamiento de los problemas de seguridad ciudadana que aquejan a la sociedad en general, demuestran a las claras que aún estamos lejos de alcanzar los estándares de respeto por la vida humana imperantes en el primer mundo. Aunque obtengamos los grados de inversión de las calificadoras más reputadas y lleguen poderosos inversionistas a Panamá, debemos aceptar que si las instituciones no son capaces de garantizar la vida de los asociados, es seguro que esos capitales enrumbarán hacia otras latitudes donde la vida humana sí tenga valor.

El fracaso del sistema educativo no debe medirse por el desconocimiento del nombre del autor del himno nacional, sino por la absoluta ausencia de cultura ciudadana y urbana, escaso o nulo civismo y, sobre todo, la total ignorancia de lo que significa vivir en sociedad. Estas carencias hacen de Panamá una jauría humana intentando sobrevivir, aunque para ello tengamos que ensayar el devorarnos unos a otros. Aquella sentencia que nos enseñaban en la escuela: “Mis derechos comienzan donde terminan los derechos de los demás”, parece ya no tener valor, igual que la vida.

El tráfico es buen ejemplo de la barbarie que nos maniata, pero no es el único. Jóvenes agresivos que no saludan y ni siquiera conocen el significado de las palabras “gracias, por favor o disculpe”, adultos que empujan y avasallan para abordar un bus, pasan primero frente a una larga fila o se hacen atender antes en cualquier mostrador sin respetar a los demás, que abusan de los niños, los ancianos y los discapacitados, me indica que hemos construido una sociedad especialmente miserable de la que somos sus principales rehenes. Me viene a la memoria el cuento de Guy de Maupassant, La miseria humana.

El “juega vivo” y la ley del más bruto (el síndrome de Pedro Picapiedras) son los motores del escenario: el que grita más; el que tiene el 4×4 más grande para amedrentar al transeúnte; el más vulgar; el que tiene más dinero aunque sea mal habido, son las voces escuchadas y respetadas.

La vida no vale nada y cada vez vale menos, porque la institucionalidad está en crisis y no cumple sus funciones, sean cuales sean. Lo peor de todo es que la justicia no parece tomarse en serio a los muertos. “La vida no vale nada si yo me quedo sentado” dice Pablo Milanés, porque las muertes violentas en lugares públicos a los que asisten nuestros hijos, como antes lo hacíamos nosotros, los accidentes urbanos en edificios nuevos, las extorsiones telefónicas, la violación del domicilio, los secuestros express forman parte del paisaje cotidiano, de la normalidad de la vida y quedan impunes la mayoría de las veces.

Creo que debemos volver a creer que la vida es valiosa y a exigir, como dice el cantautor cubano, el derecho a “morirme en una cama”.

<> Este artículo se publicó el 22 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

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Sin control avanza el crimen organizado

La opinión de…

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO

Nelson Quintanilla, sociólogo salvadoreño, acaba de escribir un artículo de alerta, que los panameños y latinoamericanos debemos tomar muy en cuenta.   En El Salvador las pandillas declararon un paro del transporte público que paralizó el país. ¿Debe sorprendernos o es la consecuencia de políticas públicas equivocadas? Según el sociólogo, el país centroamericano ‘vive una ola de criminalidad que afecta a los transportistas víctimas de asesinatos. El gobierno no logra definir una política que garantice la seguridad de la población.  El paro del transporte decretado por las pandillas tiene como antecedente la Ley de Proscripción de Organizaciones de Naturaleza Criminal’.

Mientras los gobiernos —el panameño entre los primeros— se apresuran en aprobar una legislación laboral que crea más desempleo e informalidad y, además, pone su política exterior al servicio de intereses bélicos de EE.UU., como consecuencia directa la Subregión cae cada vez más en manos del crimen organizado. En el caso de El Salvador, las pandillas se han convertido en un actor político, que disputa su legitimidad de igual a igual con otros sectores de la sociedad civil.

El Ejército declaró que tiene ‘la situación del transporte controlada’.    Sin embargo, ‘lo que no estamos controlando es el rumor’, declaró el ministro de Defensa, general David Munguía.   El 1º de setiembre de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, que impone hasta 10 años de cárcel a cualquier persona que integre esas agrupaciones.

Según la ley aprobada, ‘son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras Salvatrucha, MS-trece, Pandilla Dieciocho, Máquina y Mao Mao’. Además, quedó establecido que los bienes, valores, dinero y otras posesiones derivadas de las actividades ilícitas de las pandillas serán confiscados y pasarán a manos del Estado.    En 2010, según el periódico Heraldo, en represalia al rechazo de los empresarios del transporte a pagarles la llamada ‘renta’ (extorsión), han asesinado a 107 personas, entre choferes y cobradores.

El incremento de la violencia se ha politizado, convirtiéndose en un arma de la extrema derecha para atacar al gobierno que cuenta con el apoyo político del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Según el sociólogo Quintanilla ‘no se puede negar que la situación es complicada y que necesita firmeza para resolverla… (Sin embargo), no necesitamos una dictadura militar para evitar la zozobra, el pueblo mismo puede y debe participar decididamente para evitar una guerra social’.

Se necesita una política pública que reincorpore a la juventud, que se ha unido a las pandillas, a las escuelas y a los centros de trabajo.   Política que consolidaría a la institución familiar y fortalecería a las comunidades y centros culturales.

Hay que estudiar cuáles son las fuerzas políticas que se encuentran detrás de las pandillas manipuladas por el crimen organizado. En el caso de El Salvador, plantean sus reivindicaciones y publican sus comunicados abiertamente en busca de legitimidad. La semana pasada circularon una declaración insólita pidiendo disculpas por la paralización del transporte público, pero explicando sus motivos:   ‘Los miembros de las pandillas MS y 18 le pedimos al pueblo salvadoreño, en general, nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados, a través de un paro de buses.   La MS y la M-18 piden al presidente salvadoreño vetar la ‘Ley de proscripción de maras, pandillas, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal’.

Las pandillas del crimen organizado convocan al diálogo y le pide ‘al Gobierno que vete la ley de proscripción… lo invitamos a iniciar un proceso transparente de diálogo con el fin de buscar solución al conflicto de la violencia’, indica el comunicado. Quintanilla concluye ‘que estos grupos son fuertes y si no se les presta la debida atención pueden crear más terror’. Señala con acierto que ‘no son leyes de mano dura o súper mano dura las que pueden resolver el problema. Debe revisarse las causas que hicieron posible la aparición de estas organizaciones y proponer alternativas de solución’.

Al igual que en Panamá, las causas que permiten la aparición de estas organizaciones criminales son las políticas públicas equivocadas que ejecutan los gobiernos de turno que desintegran las instituciones básicas de la sociedad. Estas políticas de flexibilización del trabajo y de ‘apertura’ a inversiones de capital ‘sucio’ se hacen cada vez más peligrosas al ser subordinados los gobiernos por los intereses del crimen organizado.

<>Artículo publicado el 16 de septiembre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes  damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.