‘Tin marín de dos pingüé’

La opinión de…

Querube del Carmen Henríquez

Observamos que en las últimas semanas, a pesar de haberse suscitado intensos y prolongados episodios de cierre de calles por parte de un grupo social al cual respetamos –mas con quienes no compartimos sus métodos de presión–, las autoridades han guardado un silencio casi que cómplice y “apadrinador”, al permitir que sus pretensiones perjudiquen a casi toda una ciudadanía. Aun cuando ya existe una ley que limita este tipo de conductas e, incluso, la califica como delito.

Recordemos que la Ley 14 de 13 de abril de 2010, denominada “Ley del Carcelazo”, en su artículo 9 adicionó al Código Penal el artículo 167–A que reza: “quien abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de la violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículo por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

Entendimos, entonces, que el objetivo de esta ley era establecer límites al ejercicio del denominado “derecho de reunión”; tutelando no solo la libertad de tránsito, sino también la propiedad pública y privada. Según la norma, las conductas que configuran el delito son: impedir u obstaculizar el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y el causar daños a la propiedad pública o privada. Ello en abuso de ese derecho de reunión o manifestación y mediante el uso de la violencia.

Ciertamente, quienes han cerrando las calles en los últimos días merecen nuestro respeto y consideración (ya quisiera yo tener la energía del señor Eladio), pero como ciudadana no puedo sino reprochar que en aras de imponer su voluntad o de hacer prevalecer lo que ellos consideran su derecho, perjudiquen al resto de la nación, productiva y activa, que requiere trasladarse de un lado a otro, cuando muchas veces del oportuno traslado depende el mayor o menor ingreso (mensajeros, médicos, abogados, taxistas). Pero más reprochable es que el Gobierno, a través de las autoridades competentes, no haga respetar las leyes que se promulgan o, peor aún, que caprichosamente se aplique a ciertos sectores de la sociedad (estudiantes, obreros) y a otros no.

Me pregunto entonces, ¿en base a qué criterio? Será acaso en base al “Tin marín de dos pingüé”?

Nuestra Carta Magna, en su artículo 19, lo dice claro: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza,nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Así, también, el artículo 22 del Código Penal vigente establece que la “ley panameña se aplicará sin distinción de personas”.

El carcelazo fue una medida adoptada para salvaguardar los intereses de la mayoría, es una ley diría yo de “orden público e interés social”; no aplicarla a los “viejitos” (como cariñosamente los llamamos), es tanto como que el día de mañana uno de ellos asesine a una persona y, por su condición, no se le aplique la sanción correspondiente. Dura lex, ser lex (Dura es la ley, pero es la ley)

*

<> Este artículo se publicó el 21  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/henriquez-u-querube/
Anuncios

Privilegios y obligaciones

 

La opinión de…

 

Paco Gómez Nadal

Extraño ¿no? Mira que es 2010 y que ya el turbulento siglo XX parece un recuerdo. ¿Lo recuerdas? Claro, es extraño porque nos prometíamos mejores tiempos, algo de solaz después de tantos millones de muertos, de las locuras de los Stalin, Hitler, Mussolini, Ríos Mont, Pinochet, Trujillo, Somoza, Videla o Noriega, del colonialismo coleante, de guerras tibias y calientes exclusiones.

Es extraño ¿no? Es extraño que siga siendo un privilegio comer bien (es decir, suficiente), que mientras unos andan con recetas gourmet y coleccionan trufas blancas, mil millones de humanos sigan pasando un hambre que se traduce en muerte en vida;   que sigamos armando guerras de oficina que pagan con sangre gentes de verdad; que no pongamos los avances de la ciencia al servicio de la humanidad sino a servir a la locura y a cuatro multinacionales;   que el Nobel de la Paz no sepa que lo es entre cuatro paredes de cárcel mugrienta mientras todos compramos barato al gobierno que lo tortura; que nos hagan falta objetivos y milenios para caminar hacia atrás y para ponerle cifras a lo que ya sabemos.

Nosotros, tú y yo, somos privilegiados.  No como esa gente de Changuinola, que ve cómo la memoria de sus muertos y la ceguera de sus vivos es mancillada por los negociadores del mañana; tampoco como aquellos niños que pierden el tiempo en una escuela sin educación donde se les retiene hasta que puedan trabajar de mulas o saloneros; nada que ver con esas mujeres que caminan su tristeza por veredas de tierra y sal para buscar la atención médica que su Estado les aleja cada día un poquito más; no somos, no, como los 11 mil presos hacinados y embrutecidos que esperan sin esperanza un juicio justo en el reino de la injusticia;   tampoco, y eso es verdad, nos parecemos a tanto delincuente de cuello blanco, a tanto desgraciado con el poder de hacer el mal desde los puestos pensados algún día para hacer el bien público.

¿Qué hacer con esos privilegios? Algunos son gigantes, como los de la comida, el cobijo o el transporte. Otros que, aunque no sean contabilizados por el Banco Mundial, no son menos: como el amor, la lectura de un buen libro, o ese atardecer de raspao en el que alojar la mirada con la tranquilidad que da la ausencia de balacera o de incertidumbre.   ¿Renunciar a ellos? ¿Caer en la torpe y paralizante culpa para abonar más aún la vergüenza de clase?   ¿Esconder la evidencia para no salir tan mal parados?

Parece que no es el camino. Decía la letra de una canción de Luis Eduardo Aute que nunca ha salido de mi cabeza:   “Vivir no es solo un derecho, es el deber de no claudicar…”.   Vivir, vivir con estos privilegios es una obligación al tiempo. La de ponerlos al servicio de los otros, la de no negociar con los enemigos de la gente, la de pensar en soluciones aunque eso suponga incomodar a otros e incomodarnos nosotros.

Una sociedad más justa es una sociedad más incómoda… para los privilegiados. Porque el privilegio, y tú lo sabes, es en realidad un robo a mano armada, un “quítale a él para dármelo a mí”, una terrible microinjusticia que sumada al resto de microinjusticias conforma este cuadro comatoso en el que dejamos a la mayoría de la sociedad.   La obligación es clara: nosotros, los que hemos podido comer, leer, amar, reír y desarrollar capacidades por encima de nuestras necesidades reales debemos ya poner un importante porcentaje de estas al servicio de los demás.

No te hablo, y eres consciente de esto, de ninguna renuncia o de una acto generoso. En realidad, estoy siendo egoísta, conservacionista, prudente al fin y al cabo. Si queremos que esta tierra y estos tiempos perduren nos toca desde ya pasar de los privilegios a las obligaciones, de la buena conciencia de sofá y café a la acción directa, de las buenas intenciones a las pequeñas acciones. Se empieza por algo y se podría terminar por todo.   No lo olvides. Pero sin medias tintas, sin disculpas fáciles, sin cuentitos de hadas, sin estadísticas para la  autocomplacencia, sin mentiras barnizadas de crecimiento del PIB, sin doble moral ni triple salto mortal.

Ha llegado la hora de los privilegiados. Y aunque los excluidos son más, nosotros somos bastantes.  Ni estamos locos ni nos faltan motivos. Así que, amigo, ¿a qué estamos esperando?

<> Artículo publicado el 12  de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Acusar y probar: no existe otro modo

La opinión de…

Silvio Guerra Morales 

En los juicios, como en todas las cosas, hay que evitar privilegios. Como decía María Von Ebner-Eschenbach: “El mayor enemigo del derecho es el privilegio”. En el afán de acusar no podemos privilegiar, como verdad absoluta, todo cuanto diga el acusador.

En una ocasión advertía a los jurados quienes tendrían que fallar declarando la culpabilidad o inocencia de mi defendido, momentos en que iniciaba mi alegato, que es muy natural, cuando alguien nos acusa de algo o cuando se nos atribuye ser autores o cómplices de un hecho, saber a ciencia cierta,

primeramente, cuál es el cargo específico o concreto que se nos formula: no se trata de hacer acusaciones etéreas, generales, ambiguas, imprecisas, obscuras;

en segundo lugar, si el cargo o la imputación formulada tiene un amparo jurídico, es decir, si la acción o conducta está prescrita en una norma de Derecho Penal –es claro que si no existe tal norma, mal puede existir un delito o una falta-;

en tercer lugar, precisa que nos sean presentadas las pruebas del cargo – un cargo sin pruebas es una acusación falsa, ilegítima, insustancial y,

finalmente, que exista la prueba de la plena vinculación del sujeto acusado para con dicho cargo en encuadre legal. Los penalistas suelen, en el foro, hablar de aspecto subjetivo y objetivo del delito.

Habrá que preguntarse, luego de este introito, ¿por qué tiene que ser así y no de otra manera? Sencillo, en el Estado de Derecho, el Derecho Penal descansa sobre un principio universal: el principio de culpabilidad.

No hay delito ni hay pena sin culpa -nullum crimen nulla poena sine previa lege- a como tampoco puede haber condena sin juicio sometido a los estrictos cánones del debido proceso -regla de la legalidad procesal-.

Pero, también acontece algo muy interesante: el acusado siempre preserva para sí un elemento protector que lo cubre de toda aberración jurídica o procesal: que se le tenga como sujeto efectivamente inocente y no responsable penalmente –favor rei- sino hasta que sea demostrada su culpabilidad en un juicio público dentro del cual le hayan sido respetadas todas sus garantías constitucionales y legales.

En esa ocasión también enfaticé ante el cuerpo de jurados que, en lo personal, no me gustaría que se me acusara de nada sin acopio de las pruebas, a lo cual ellos asintieron afirmativamente.  Estas breves reflexiones sirvieron a los jueces populares, palabras más palabras menos, para declarar inocente a mi defendido de quien prediqué, en todo momento, que había un cargo no probado pese a su encuadre legal –homicidio-.

A propósito de lo anterior, si aplicamos estos conceptos a claras situaciones que se vienen sucediendo en nuestro medio, no tan solo en el ámbito judicial sino también en el acontecer político del día a día, habrá de quedarnos bien esclarecido que antes de acusar debemos mesurar cargos, pruebas de los cargos y, finalmente, si efectivamente, existen vínculos acreditados con las pruebas de que una persona es la autora del hecho por el cual ha sido acusada.

<>

Este artículo se publicó el  20  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cárcel por casa

La opinión de…..

.

Jorge Luis Macías Fonseca

Si algo es importante observar es la apreciación que tiene el hombre común sobre los acontecimientos que se suscitan en el país.   Su propia realidad distinta a la de otros sectores, principalmente la referida a los que ostentan poder, el poder en todas sus formas lo ha llevado a desarrollar una extraordinaria imaginación.

Y para ello, aprovecha lo que está a su alcance para expresarse y para describir lo que la sociedad –en muchas ocasiones– oculta a propósito.   Las consignas elaboradas en las marchas y protestas son formas excelentes del ingenio popular, y constituyen, para los estudiosos de las sociedades, un material valioso para la observación del comportamiento de la población.

Es impactante –por ejemplo– la producción de Pedro Altamiranda, la cual recoge e interpreta el sentimiento de la gente.   Y unido a ello están las formas gráficas expuestas en paredes, autobuses y a través del género musical conocido como reguetón, que independientemente de algunas elaboraciones que han merecido críticas, apunta hacia lo que experimenta y siente la población.   Son estas realizaciones las que vienen a formar parte del cuerpo ideológico que identifica a los sectores de población excluidos.

El pensar de la gente se constituye en una realidad inocultable. Es así como recientemente lo exponía en un artículo titulado: Undécimo Mandamiento, en donde expuse lo que la población ha construido alrededor del fino tratamiento que se le dispensa a unos y la crueldad con que se le trata a otros. Decía lo siguiente:  “Ese mismo ingenio popular es de la opinión que al decálogo debe agregársele otro: “los ricos no van a la cárcel.  Es ese el llamado undécimo mandamiento…”.

Ahora, interesantemente esa agudeza popular, se refiere a la conocida: casa por cárcel, tenida como una medida para restringir la movilidad personal de quienes de alguna manera están sometidos a los rigores de la justicia.   Sostiene que ninguna casa es cárcel.   En ella –la casa– no hay carceleros, barrotes, celdas, promiscuidad, inhumanidad, desatención, incomodidad, pero sí, piscina, aire acondicionado, familia, lujo, guarda espaldas, celadores, gimnasios, mascotas y hasta sirvientes.

Entonces esa sutileza popular sostiene que lo que debe tratarse es de cárcel por casa, para que se experimente la otra realidad, la de los descamisados, víctimas de un sistema socio–económico que solamente privilegia a los acaudalados, tenidos como los referentes legítimos de la sociedad.

Por ello, sostenía en el artículo Undécimo mandamiento, que: “…los actos irregulares categorizados como delitos cuando del pueblo se trata, son castigados con el presidio, y son llamados persecución política, cuando de la minoría política selecta se trata.

Es esta la que resuelve aplicando el undécimo mandamiento, con cuellos ortopédicos, hipertensión arterial, problemas renales y prostáticos y hasta locura temporal”. No es lo mismo, casa por cárcel que cárcel por casa.

<>

Publicado  el   18  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una entrega total y responsable

.

La opinión del Banquero….

.

Edgardo Lasso Valdés

Durante la última campaña electoral y unas semanas antes del 3 de mayo de 2009,  fecha en que se eligió a los actuales funcionarios gubernamentales de la República de Panamá, en el transcurso de un programa radial le comenté a unas de las personas aspirantes al cargo de presidente del país que me agradaría observar que quien obtuviera la mayoría de los votos para ocupar la máxima magistratura del país actuara con la mentalidad de un político en oposición.

La razón de mi comentario, como se lo expliqué al pretendiente al puesto de presidente, se debía a que todos los políticos –cuando están fuera del gobierno de turno– son expertos en señalar lo malo que cometen los funcionarios, por tanto, debo colegir que si ellos estuvieran en el poder administrativo las cosas siempre se harían bien.

Es obvio que los privilegios y las canonjías que disfruta un porcentaje de los más altos funcionarios de los gobiernos de turno están entre los alicientes que motivan a ciertas personas a querer ocupar esas posiciones.

Si la Constitución nacional prohíbe los fueros y privilegios a todos los funcionarios públicos, cómo se pretenden justificar las leyes especiales que conceden fueros y privilegios a los diputados, y a los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral, si ninguna ley puede ser aprobada o tener valor cuando su aplicación contradice lo estipulado en nuestra Carta Magna.

No puede ser que funcionarios públicos obtengan licencias prolongadas, con derecho a sueldo completo, mientras ocupan otro cargo o posición remunerada.  Si los cargos públicos de elección popular, así como el de los funcionarios administrativos son escogidos unos por el pueblo y otros por el gobernante electo, no existe excusa válida para que se mantengan fueros y privilegios de algunos, cuando la función de todo gobierno honesto es administrar la hacienda pública con el criterio de un buen padre de familia.

Lo que no está bien, está mal; es tan sencillo como este dicho popular, “si no está bien, hay que corregirlo de inmediato”. Antes de actuar o tomar una decisión, pensemos y preguntemos por un momento ¿si yo fuera un político en oposición, qué diría de lo que el gobierno pretende hacer?

Si como gobernante encuentro una clara y válida justificación para lo que pretendo, lo puedo hacer. Si creo en lo proyectado, es porque lo he analizado y con honestidad lo respaldo.

Eso es todo lo que los gobernados pretendemos recibir de los administradores del país. Una entrega total y responsable en la búsqueda de los mejores intereses del país y sus ciudadanos.

<>

Publicado  el   7  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Caso y ocaso del Parlacen

.

La opinión de……

RUBEN  PARDO


Cuando un gobierno desea cumplir con su pueblo no despilfarra los recursos del Estado, no desoye las solicitudes para que no se tiren a un lado sus necesidades.  En el caso del Parlacen, esos dineros pueden servir para el desarrollo social. Cuando este gobierno planteó la necesidad de salir del Parlacen, recibió el respaldo de todos los sectores honestos de la sociedad.  Pero analicemos por qué este tipo de medidas son fuertemente respaldadas.

Cuando la ciudadanía, por definición responsable, se entera de que los gastos de nuestra participación en el Parlacen cuestan millones de dólares y ve que no es solo para el pago de 20 representantes –elegidos de una manera no muy democrática–, sino que además el Estado panameño debe costear parte de los gastos de mantenimiento de ese foro de palabrerías insulsas, siente náuseas profundas.

Este repudio seguirá hasta que se culmine el proceso de salida de Panamá de ese organismo, iniciado por la Cancillería, con las acciones que faltan de parte de la Asamblea Nacional.

Pero hay otra causa de los vómitos morales, a saber el hecho ignorado de que cuando se acogió el ingreso al Parlacen, en el periodo de transición entre Endara y Pérez Balladares, se decidió entre ellos, por medio de un decreto, que los primeros representantes fueran 10 de los partidos salientes del poder y 10 de los partidos entrantes. Luego, lo que sucedió fue que el presidente entrante ignoró lo pactado y, por medio de un decreto nuevo, los primeros 20 representantes se escogieron de las filas del PRD.

¿Quién puede cuestionar el derecho soberano de un gobierno, elegido por una mayoría electoral de más del 60%, de retirarse de un organismo cuestionado y poco respaldado, como lo es el Parlacen?   Este organismo, debido a que no produce otra cosa que no sea la retórica sin objetivos concretos –porque sus Estados no tienen en su adhesión nada que los obligue a cumplir con los contenidos de sus resoluciones–, es un organismo sin poder de empujar ningún beneficio para los pueblos de los países representados.

Ninguno de esos acuerdos de adhesión es el resultado de un respaldo de presidentes, ni de ministros ni de los parlamentos de los países involucrados.

Recordemos que ese foro ha servido solo para reciclar a políticos o para dar cabida a los llamados políticos fracasados en las elecciones de sus respectivos países.

A todo lo anterior sumemos que el artículo 27 del Parlacen dice: “Los diputados … gozan del siguiente régimen de inmunidades y privilegios:

A. En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas oAsambleas Nacionales;

B. En los demás países centroamericanos, de las mismas inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y

C. En el país sede además de los privilegios que se establezcan en el Tratado Sede”.

Apreciado lector (a), ¿puede ver semejante tripleta de privilegios?  Si nuestro pueblo, con una gran mayoría eligió a la Alianza para el Cambio que gobierna, con una mayoría aplastante, y esa mayoría desea también aplastar los abusos que se construyeron los políticos reciclados a la medida de su ambición parásita; ¿cómo podemos ver, con ojos de justeza, dar respaldo o visto bueno a nuestra participación en semejante insulto de abusos a la dignidad que merecen los ciudadanos con tantas necesidades urgentes, versus el patrocinio de la vagancia y el despilfarro de recursos?  ¿Cómo podemos aceptar que un miembro del Parlacen tenga más inmunidades y privilegios que un diputado o un embajador?

¿Por qué no destinamos esos recursos a nuestras escuelas, nuestros hospitales y a la juventud que requiere cultura, educación y deporte? ¿Por qué no destinamos esos recursos a nuestro cuadro básico de vacunas, a la atención de la desnutrición, a la construcción de parques y viviendas de bajo costo, pero dignas?

Hay cientos de destinos más valiosos y directos al desarrollo social para esos recursos que se gastan inútilmente en el Parlacen.

Salir del Parlacen es una forma de enderezar lo torcido, hacer correctivos y mirar hacia donde se necesita el trabajo y los recursos por las grandes necesidades panameñas.   Y si queremos hablar de integración, que se hable de ello en el marco de los Estados, en el camino de las causas obligantes para el trabajo efectivo por nuestros pueblos, no en el camino de la bonita retórica que disfraza la ineptitud.

No podemos seguir tirando la riqueza a manos de los dueños de bolsillos llenos ni de los precursores de despilfarro.

Nada beneficioso para los pueblos ha producido el Parlacen. Por eso, la Asamblea Nacional debe completar el camino trazado por el presidente Martinelli y el vicepresidente y canciller Juan Carlos Varela, si no el mismo pueblo que los eligió los criticará por no sacar a Panamá de esa vergüenza moral llamada Parlacen. Esperemos que la salida de este organismo sea el ocaso de semejante adefesio institucional.

.

<>
Publicado el 23 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Tiempo de verdaderos cambios

La opinión de…..

.

Alvaro Lasso Lokee

.

Tiempo de verdaderos cambios

.

Siempre nos llega el tiempo de cambiar nuestras vidas y poner orden para mejorar las cosas. Mantenernos igual puede ser bueno cuando lo hacemos bien, pero si algo está mal debe mejorarse y es cuando se imponen los cambios que nos hagan llegar al éxito. Nuestra democracia es imperfecta pero puede ser mejor según las actitudes y metas que tengamos todos.

Nuestra democracia, como tal, requiere de cambios profundos en muchas materias, y debemos abrir la discusión para que todos los sectores aporten sus ideas. A los que toman las decisiones, recuerden que el pueblo les dio esa facultad con su voto, para que cumplan a cabalidad, tal como lo esperamos.

Solo con decir que “se puede meter la pata, pero no la mano”, no solucionamos el verdadero problema.  Hay que hacer ajustes al sistema de transparencia y otros detalles. La declaración de bienes, que está regulada, no se ha cumplido como debiera; no se ha incluido en esa lista a los magistrados y diputados que cuentan con denuncias de corrupción, las que acaban siempre archivadas.

El Presidente debe plasmar su interés en combatir la corrupción con acciones más concretas, ya que las palabras el viento puede llevárselas, como las promesas de otros candidatos a la Presidencia que nunca hicieron realidad.

Los diputados intentan cambiar sus reglamentos internos, esperando eliminar los privilegios que ellos mismos se asignaron en otros períodos. Sin embargo, la gran mayoría que resultó elegida es nueva en el puesto y parece estar reacia a quitarse los privilegios que tanta polémica han causado.

Si votamos por un cambio, no solo fue de partido político. Que los diputados comprendan que no hay cambio, si en vez de exonerarse la compra de tres vehículos, la reducen a dos, y los suplentes si en vez de dos, solo se exoneran uno. Con esas actuaciones todo se mantiene igual, no cambiamos nada en la Asamblea. Los cambios son más profundos y de mayor compromiso con el país.

La conciencia cívica en los políticos no parce estar clara, porque no se sienten comprometidos con servir a sus electores. La prueba está en la mueca de reducirse los privilegios.

Si en Panamá los diputados fueran elegidos por provincia, para que hagan leyes, les aseguro que todo sería distinto, y si a mitad de periodo se realizara una convalidación de sus votos, como se practica en el estado de California, más leyes tendríamos para todos. Es más, ojalá los 71 diputados pudieran ser elegidos a nivel nacional, seríamos más selectivos y esto los obligaría a trabajar por mejores leyes. Ellos se han acostumbrado a pagar los tanques de gas y a resolver “problemitas”, que no forman parte de sus tareas, pero lo prefieren así –y espero equivocarme–, para asegurar esos votos. Si no es así, los retamos a que cambiemos la forma de elección, por provincias o en todo el país, y veremos si van a continuar preocupados por mantener sus privilegios.

Queremos que se los eliminen todos y, si es posible, a los magistrados también, porque ellos trabajan en oficinas y deben pagar el combustible que consumen sus vehículos, como lo hacemos todos los panameños que trabajamos, igual o más que ellos. Si eso ocurriese, creo que se podrían lograr mejores leyes y ahorrar más dinero para otras actividades que son importantes. No podemos seguir pagando los lujos a los que están acostumbrados los funcionarios que ocupan altos cargos. Si no quieren comprender que trabajan para quienes los eligieron, lo entenderán en las próximas elecciones.

De los medios de comunicación, esperamos que nos informen quiénes están haciendo leyes para el país y quiénes para un grupito. No estamos en los tiempos en que nos alumbrábamos con guarichas. Hoy tenemos la internet y, también, los carros híbridos. Asegúrense de cambiar también sus actitudes y aceleren la transformación del país con decencia.

La Caja de Seguro Social pretende modificar su estructura organizacional y se le aplauden estas acciones. Asimismo, esperamos que se reconozcan otras especialidades que no existían antes de su creación en 1941.

Concluyo con una anécdota. Hace poco una televisora hizo un programa de “preguntas a los 100 días con el Presidente”, pero por falta de tiempo solo le hicieron 25 preguntas. No hay nada malo en eso y se comprende, pero encontramos poco objetivo que formulen sus preguntas a través de los invitados. Lo digo porque cuando entregué la mía, condicionaron nuestra participación con la pregunta de ellos… Como no acepté, me quitaron de la lista. Esto fue lo que me motivó a escribir sobre el tiempo de verdaderos cambios.

.

<>
Publicado el 22 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.