La vocación de custodio penitenciario

La opinión de la Docente Universitaria…

MARITZA MOSQUERA DE SUMICH
msumich@gmail.com

Recuerdo que cuando éramos pequeños y jugábamos al policía y al ladrón nunca mencionábamos al carcelero, hoy llamado custodio.   La pregunta que surge es la siguiente: ¿existe la vocación de carcelero o custodio penitenciario?

La respuesta es no, jamás se es carcelero. Es una actividad que, como iniciamos en este artículo, ni siquiera surge como una vocación lejana e interior de los primeros años de nuestras vidas. Me atrevo a señalar que se trata más que nada de una oportunidad laboral para contribuir con el servicio penitenciario, una especie de servicio social o una misión social que se adquiere para la readaptación de quienes delinquen.

De acuerdo a un estudio sobre las prisiones en América Latina, el personal de este sector sabe que con los medios y servicios que cuenta, ligado a las cárceles atiborradas de seres humanos, le es imposible hacer algo que dignifique y estimule su profesión. En muchas ocasiones suele sentir vergüenza y menoscabo social por su actividad en las cárceles, lo que se traduce en desidia y ésta, de modo invariable, en ineficacia.

Por regla general, indica el estudio, la mentalidad del carcelero está adscripta a la disciplina y a la seguridad. Es más, en algunos países de la región, la administración carcelaria está dirigida por fuerzas militares o policiales, lo que en nuestro país ha sido modificado.

Quienes están en contacto con los privados de libertad, son los custodios que están frente a ellos, no el personal jerárquico. Son presos al revés, del otro lado de la reja, que están sujetos a las órdenes de sus superiores jerárquicos, por un lado y las presiones de los privados por el otro.

Si muchas veces, provienen de sectores marginados de la sociedad ¿qué les ofrece la cárcel?: un sitio donde trabajar y dormir varios días a la semana, donde comer y trabar amistades.

El estudio precisa: ‘en el deseo de escalar algún peldaño en la escala social o en la distribución de oportunidades, no advierten que son sometidos a un proceso de sumisión de características parecidas al que son sometidos los presos. Son víctimas instrumentales de un sistema que los impele como victimarios, absorbidos por la escenificación del simulacro, atentos a los subterfugios de los presos y los artilugios de la huida, sirviendo a sus superiores y condicionados a su escaso nivel educacional y no pocas veces intelectivo’.

Esta es la doble selectividad que se opera en el sistema penal. Privados de libertad provenientes de los estratos sociales más bajos y carecientes y custodios en su mayoría de igual procedencia social.

El custodio, quien da la cara por estar en inmediación con los reclusos, suele creer, como pocos en la cárcel, que está prestando un servicio y que la sociedad espera mucho de él.   Fallar es una traición al cuerpo penitenciario que los cobija y muchas veces enfrentan decisiones muy difíciles.

La educación del personal de custodia es un tema muy poco tratado por los medios de comunicación y a la vez muy importante y pertinente en estos momentos.   En mi opinión, hemos visto muchas películas que nos muestran el tema de las cárceles, pero de una forma mitificada que no desvela el real funcionamiento de las mismas, lo que nos lleva a tener un enfoque distorsionado y a veces unilateral sobre este delicado asunto.

Mi pregunta final es: ¿Estamos enfocando el problema de las cárceles de una manera integral? ¿Conocemos las verdaderas condiciones sociales, económicas, físicas y sicológicas por las que atraviesa este personal tan importante para la sociedad?

Abordar el tema de manera integral nos daría la posibilidad de enfrentar y resolver esta crisis de una vez por todas y creo que existe la voluntad y las condiciones están dadas para el cambio.

*

Este artículo se publicó el  11  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

La verdad desnuda o una defensa a destiempo

La opinión de…

Dicky Reynolds O’Riley

Cuando pensé que lo peor había pasado, aún reverberan en mi conciencia las imágenes de la paliza de la Cárcel Modelo o en términos eufemísticos “La calle de honor” o simplemente, “el correctivo”, en el código, no escrito, de la retórica policial. Hecho deleznable bajo cualquier punto de vista.

Situación que deploro. Quince años después me persiguen esos fantasmas y las ulteriores consecuencias en mi vida privada, profesional, demeritándolas, sin darle valor o crédito a otras actuaciones más loables de mi existencia. Siento el escarnio de la vindicta pública que me ha condenado.

Ese estigma que me acompañará hasta mi última morada. No quiero imaginar mi final lapidario, quizás diga aquí yace el “Torturador de la Modelo”, Noir du merd o “Un Noriega de bolsillo”. No soy “San Dicky” y no me motiva conmoverlos de pesar y mucho menos de lástima ni tampoco atizar el fuego de la morbosidad que recae en un tema tan humano como el trato hacia una persona privada de su libertad, no importa por qué motivos esté restringida.

Cuando se inició todo este periplo judicial para encontrar a los responsables de la barbarie de la Modelo –como han adjetivizado en la opinión pública los medios de comunicación social este hecho–, los agentes instructores de otrora no tuvieron posturas para sindicar a los verdaderos responsables, a quienes mostré con pelos y señales. Me negaron el derecho de carearme con ellos para restregarle la verdad en el rostro. Creyeron que era importante no afectar la renovada imagen policial que venía ya señalada por sus desaciertos en materia de derechos humanos en tiempos no tan remotos. Nefasta decisión. Sabíamos que el tigre no iba a ser vegetariano.

Hay una realidad, soy “reo convicto”, infame honor me persigue, una especie de letra escarlata. Se preguntarán ¿Por qué rompe el silencio hasta ahora? Tardía autorreinvidicación. ¿Temor o complicidad? ¿Sacar provecho mediático para exorcizar sus demonios? U otras conjeturas, que, cada quien es libre de hacer. Mi candidez fue pensar que los jueces serían equilibrados y justos, que se practicarían las pruebas, más allá de las solas vistas televisivas y las declaraciones de los agentes policiales, quienes por ese temor reverencial no se atrevieron a señalar a sus jefes y prefirieron “cargar con el muerto”.

Sumado a la complicidad de quienes editaron y sacaron de contexto mis deposiciones para favorecer a sujetos innombrables, que, luego por efectos de las leyes del karma, se vieron señalados en otros acontecimientos bochornosos que trascendieron a las esferas administrativas y penales. Pequé de ingenuo, pero pecado al fin y al cabo que me somete diariamente al acicate como responsable.

La confabulación de siniestros personajes que se aprovecharon de mi sentido de lealtad a idearios políticos, al punto de arriesgar mi vida y mi honor por el partido. Me dejé llevar por la falsa sensación de amistad de los que decían esta tormenta pasará, solo resiste. No lo niego, me desinteresé de mi suerte en lo judicial y he aquí las consecuencias. Me dejaron solo en el baile, como se dice en el argot panameño, mientras que los policías cerraron filas con sus unidades, principio rector de la institucionalidad.

No se puede llorar sobre la leche derramada. Ya no puedo evitar ser tema de debate, por que aquí no cabe el término, como se dice en derecho, que este asunto es “cosa juzgada”. Creía en la máxima que rezaba: “A los amigos no hay que darle explicaciones, porque no las necesitan y a los enemigos tampoco, porque no los convencerás”. En realidad, estoy cansado que me estén asoleando todos los días en los medios, aunque sé que estos son los frutos de decisiones propias y ajenas. Cargo esa enorme roca como Sísifo en su tragedia griega.

Motivo estas reflexiones, extraídas del inventario de mi vida, como introducción al hecho de la masacre del Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, acaecido el pasado 9 de enero, solo comparable con el suceso de la Modelo, porque ese fue el preámbulo de esta dantesca escena.

Nuestra sociedad, con su doble moral, critica a la Policía, pero tampoco quiere leyes que trate a los menores infractores como a los niños cantores de Viena, se queja de los beneficios que le da su condición de minoridad. Hay quienes, solapadamente, han aplaudido el clásico “bien hecho”, por mal portados. Somos dados al actuar efervescente, situación que disipa soluciones estructuradas, permanentes y a largo plazo, sobre todo en el tema del internamiento y resocialización de las personas. Nos acordamos de ellos cuando surgen eventos como este y una vez neutralizada la disconformidad, epitelial, de la opinión pública no se vuelve a hablar del asunto.

Mi preocupación, sin sesgo, resentimiento ni actitud de bandolero redimido, va encaminada en el sentido que se haga una investigación, prolija y sin ambages de estos hechos y, más allá de la condena mediática, que el largo brazo de la ley alcance a los verdaderos responsables. Si ello no se lleva a cabo, la justicia estará pagando las consecuencias por su andar timorato, ya bajo cuestionamiento. Creo, que, sin pecar de inmodesto, tengo la catadura moral para decirlo. Dicho en términos más románticos, la voz de la experiencia.

<>
Este artículo se publicó el 5 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Muéranse!

La opinión de…

Fernando Toledo

No he podido terminar de leer El sueño del celta,   la reciente obra del Premio Nobel Mario Vargas Llosa,   porque pareciera que lo ocurrido el 9 de enero de 2011 en el Centro de Reclusión para Menores de Panamá hubiera sido parte de las atrocidades descritas por R. Casement en sus informes acerca de lo que hicieron los belgas en el Congo y los ingleses en el Putumayo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Pero en pleno siglo XXI este acontecimiento bárbaro me ha causado mucha indignación, tristeza y repudio, al ver las imágenes que nos pasaban en un noticiero de un medio televisivo y que ponía en evidencia, una vez más, lo injusto, inhumano y degradante del sistema carcelario en este querido país.

¿Cómo es posible que ante semejante tragedia nosotros como sociedad no reaccionemos contundentemente, ante este y otros hechos, exigiendo responsabilidades por lo ocurrido a las autoridades del Gobierno?  ¿Será que por tratarse de menores delincuentes esa horrible sentencia de “¡muéranse!” se lo merecían?

Definitivamente, algo no está funcionando bien en Panamá que hace que la mayoría de los ciudadanos se acorace para no ser vulnerado por lo que le pasa a otro o, en el mejor de los casos, nos manifestamos solidarios, pero en voz baja, nos da rabia, nos quejamos, protestamos, pero no es suficiente.

Quizá ni este ni otros artículos escritos sobre este tema serán suficientes. Compartir mi indignación y romper el silencio que me agobia es una manera de justificar la indiferencia que a veces tenemos ante otras tragedias de tipo cultural, social, educativo, político o de salud, que día a día suceden y quizá por eso mismo nos estamos haciendo insensibles o cómplices del silencio.

No sé, pero creo que mínimamente, lo sucedido este otro 9 de enero nos debe hacer reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo, qué tipo de ciudadanos estamos formando, y qué valores estamos fortaleciendo y practicando, sobre todo.

“Que le caiga todo el peso de la ley a los policías y custodios responsables por su provocación e inacción ante semejante suceso por el que ya han muerto cinco jóvenes”, ha dicho el Presidente, sería lo justo, pero aun así no se hace justicia, porque mientras se siga manteniendo un sistema que viola los derechos humanos, que mantiene leyes que privilegian la impunidad, un sistema en el que es más importante el interés personal que el de todos los ciudadanos, lamentablemente la muerte de más panameños nos pondrá en evidencia una vez más ante el espejismo de querer ser “primer mundistas” y no darnos cuenta -¿o sí?- de que la inequidad entre el desarrollo económico y el desarrollo social, educativo, cultural, de salud y justicia, aún es “tercer mundista”.

<>
Este artículo se publicó el 26  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

 

¿Dónde quedaron los derechos humanos en Panamá?

La opinión del Profesor Universitario e Investigador asociado al CELA…

 

MARCO A. GANDÁSEGUI
gandasegui@hotmail.com

 

Han muerto cuatro adolescentes y siguen otros tres en peligro, como consecuencia de las quemaduras recibidas en el Centro de Cumplimiento Juvenil del Ministerio de Gobierno y Justicia.  El Centro tiene, en la actualidad, 145 niños entre 14 y 17 años de edad detenidos en un local con capacidad para sólo 70 procesados.

Los niños son privados de libertad por ser sorprendidos en actos delictivos. El Centro de Cumplimiento sólo tiene tres custodios. Para complementar los custodios, el Ministerio de Seguridad envía agentes de Policía que no tienen formación para hacer el trabajo correspondiente. Todo indica que las muertes fueron causadas por el trato inhumano y, además, incompetente de estos últimos.

En el pabellón que fue quemado habían 50 detenidos. Según se informó, 7 niños quemados fueron enviados al hospital donde ya han muerto cuatro. Otro número desconocido de niños recibieron atención médica por los perdigones y golpes recibidos durante el incendio del Centro de Cumplimiento. Los restantes fueron enviados a unos sótanos que existen especialmente para castigar a los detenidos.   Cuando la Defensoría del Pueblo fue a entrevistar a los sobrevivientes, la Policía Nacional le negó la entrada a la delegación.

Según el Partido Alternativa Popular (PAP), como consecuencia ‘de las muertes ocurridas en el Centro de Cumplimiento de Menores tanto el ministro de Seguridad, Raúl Mulino, como el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, deben ser separados de sus cargos y sometidos a una investigación exhaustiva por su responsabilidad en esta tragedia’. El PAP recuerda que ‘hace apenas seis meses, en Changuinola, Bocas del Toro, murieron dos obreros víctimas de disparos de perdigones y otras cuatro personas por los efectos de los gases lacrimógenos’, producto de la irresponsabilidad de la Policía Nacional.

A fines del año pasado, la ministra de gobierno y Justicia, Roxana Méndez, viajó a Ginebra para asegurarle a las Naciones Unidas que no se cometerían más abusos a los derechos humanos de los panameños.   Todo parece que las promesas quedaron en el papel.   El gobierno nacional continuará abusando de su poder. ¿Qué pasará cuando las víctimas de la violencia gubernamental no sean hijos del pueblo, adolescentes, estudiantes, trabajadores o campesinos? ¿Alcanzará en algún momento el brazo represivo del Ministerio de Seguridad a los hijos de las capas medias o de las familias ricas de Panamá?

El gobierno no ha asumido las consecuencias de lo acontecido. Según la Alianza Ciudadana, ‘los adolescentes privados de libertad están en condiciones insalubres, sin acceso a la luz del día, comen en el piso y en el mismo lugar donde hacen sus necesidades fisiológicas, delante de todos. Los programas de resocialización son inexistentes, por lo que predomina la ociosidad’.

Según el gobierno, ‘la Policía envía a sus peores unidades a los Centros de Custodia y Cumplimiento de Menores’.

La Alianza Ciudadana también informó que después del incidente, cerca de 40 niños ‘fueron enviados a la celda de máxima seguridad del Centro de Custodia. La ‘máxima’, como la llaman, son celdas oscuras, donde se duerme en el piso, lo que está prohibido por las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos’.

El PAP señala que ‘Panamá enfrenta un reto que debe abordar con valentía y decisión.   El gobierno actual se ha declarado enemigo de los derechos humanos, considera que la vida de los jóvenes y trabajadores no son su responsabilidad y violenta todos los principios de respeto a las leyes. Las más altas autoridades tienen que rendir cuentas ante el país’.

Según la edición de La Estrella de Panamá, del 9 de julio de 2009, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, declaró que ‘he dado la instrucción de que el que se está evadiendo le disparen, tan sencillo como eso’.   El ministro añadió que es a partir de ‘un absurdo de la ley que los custodios tienen temor a disparar, le he dado una instrucción y voy a poner mi pecho también’, expresó.

Las declaraciones inusuales del ministro Raúl Mulino fueron hechas en compañía del director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, cuando visitaban las cárceles La Joya y La Joyita.   Según el PAP ‘el ministro Mulino y el director Pérez tienen que ser reemplazados con otras personas que den garantías de su apego a la Ley y al respeto de los derechos humanos de los panameños’.

La Conferencia Episcopal panameña fue tajante al señalar que ‘la fuerza pública y los estamentos de seguridad no pueden olvidar que deben ser garantes de la vida y honra de todos los ciudadanos panameños, aun a riesgo de la propia…’

*

<>Este artículo se publicó el 20 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un acto de barbarie

La opinión de la Escritora….

ROSE  MARIE  TAPIA  R.
rosetap@gmail.com

Mi comentario sobre el acto criminal de los miembros de la Policía Nacional y de los custodios contra los jóvenes del Centro de Cumplimiento no es una reacción, es una reflexión matizada por la consternación, el dolor, la frustración, el espanto.

Es como hacer un viaje al pasado cuando las Fuerzas de Defensa masacraban a mansalva al pueblo panameño.

Todos habíamos pensado que esa era una etapa superada y que nuestros policías eran dignos de confianza. Pero ahora nos asalta la duda. Y no solo es por el acto de barbarie que presenciamos en los canales de televisión, sino por el intento de justificación que dieron dos miembros de esta fuerza en el programa del periodista Álvaro Alvarado.

Ellos argumentaron que los detenidos intentaban fugarse. Los siete lesionados estaban por cumplir su condena. Por favor, no insulten nuestra inteligencia.

Esas unidades de la Policía y los custodios que realizaron este acto son minorías, por ahora. No obstante, sus compañeros no deben justificar sus acciones porque involucionaríamos hacia la barbarie sin la posibilidad de retorno a un país civilizado.

Somos conscientes de que estos jóvenes están pagando sus delitos con una condena a prisión.   Lo que no entendemos es que esas condenas se convirtieran en sentencias de muerte.   La dirección de Responsabilidad Profesional debe de inmediato separar a las unidades involucradas y ponerlas a órdenes de las autoridades judiciales.

La Policía es la encargada de velar por la integridad de todos los ciudadanos, incluso aquellos que han delinquido.   Constituirse en verdugos que al calor de un incidente, por violento que sea, ejecuten una sentencia de muerte es inamisible.

Pregunto: ¿Se han deshumanizado de tal manera que no los conmovió los gritos de estos jóvenes llamando a sus madres? Por supuesto que no. La respuesta de uno de los policías fue: ‘No son hombrecitos, aguanten, muéranse’.

H ace años cuando escribí la novela:  Roberto por el buen camino, tuve la oportunidad de tratar a diecisiete jóvenes del Centro de Cumplimiento. Ellos asistían todos los meses a las reuniones del Círculo de Lectura Guillermo Andreve coordinado por el profesor Ricardo Ríos Torres. Estos chicos son seres humanos como sus hijos, nacieron buenos, la sociedad y el entorno los corrompió. La mayoría desea tener la oportunidad de retomar el buen camino. En el corazón de estos chicos renació la esperanza y gracias a Dios muchos de ellos han logrado incorporarse a la sociedad como hombres productivos.   Al joven fallecido se le cercenó esa posibilidad. ¿Es justo?

Espero nunca más contemplar una escena tan terrible como el acto criminal y bárbaro contra los jóvenes del Centro de Cumplimiento. Escuchen bien: no permitiremos un abuso más. Los delincuentes deben estar detenidos cumpliendo condena, no pueden estar en la Policía o como custodios en los centros de detención.

*

<> Este artículo se publicó el 14  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Ineptitud manifiesta

*

La opinión de la Periodista…

Adelita Coriat

Dos episodios distintos se resumen en un mismo sentimiento; frustración, indignación e impotencia.   Uno se refiere al suceso del Centro de Cumplimiento de menores donde 7 sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo y otros 4 mostraron lesiones de perdigonazos.   De ellos tres fallecieron.

 

A juzgar por las tomas televisivas, pareciera que este amargo hecho es una muestra de la prepotencia,   del valor que tiene la vida de los privados de libertad para quienes estaban a cargo, que en esta escena en particular eran lo más parecido a basuras humanas.

No basta con estar presos como pago de su error, además “merecen” ser tratados como estiércol por quienes los vigilan para rematar su pena.

Una cultura cavernícola característica de la época nazi que impide cualquier posibilidad de readaptación a una vida digna, un trato inverso al objetivo de resocialización que debería cumplir el centro en mención.

Seguimos mostrando una conducta de arrinconamiento, que frustra cualquier posibilidad de rehabilitación. ¿Cómo cree usted que pueden sentirse los mismos afectados, sus familiares o los testigos ante esta escena?   Lo lógico es que sientan rencor y deseos de venganza.

Cualquier persona que ve un animal arder actúa en su ayuda por instinto de supervivencia, aquí observamos todo lo contrario.

El otro caso es la inexplicable tarifa fiscal que pretende imponer el Alcalde capitalino. Nadie sabe decir de donde salió el cálculo mencionado ni se muestran planos o proyectos serios a los que se destinará el recaudo. 

Lamentablemente los antecedentes en este aspecto hablan de un manejo administrativo deficiente, donde las prioridades no parecen responder a las verdaderas necesidades comunales sino a proyectos improvisados que se desploman ante cualquier crítica.

Los ciudadanos estamos cansados del trato prepotente y sarcástico. Quien no sabe hacer su trabajo que renuncie y ceda paso a otro más capacitado. 

*
<>Artículo publicado el 17  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Retorno a la era de la Inquisición

La opinión de…

Carlos Fong

Los recientes acontecimientos ocurridos en el Centro de Rehabilitación de Menores en Tocumen, en donde los custodios de la Policía Nacional dejaron que ardieran en llamas siete menores internos encerrados en una celda, que exigían agua después de una semana sin recibir ni una gota, como no la recibe tampoco el resto de los ciudadanos, deja en evidencia la insensibilidad y la deshumanización de los funcionarios de la administración del penal.

Las escenas que vimos en la TV pueden conmover hasta al corazón más duro, porque sencillamente son horribles e inhumanas. Los responsables deben pagar por haber dejado que los muchachos se quemaran como si se tratara de animales en una barbacoa.   Todos escuchamos cómo se mofaban y burlaban cuando se quemaban vivos los internos. Independientemente del delito que hayan cometido, esta no es la forma de castigar a nadie, o ¿es que estamos volviendo a los tiempos de la Inquisición?

Este es resultado de leyes que han permitido que ahora los policías se sientan inmunes e intocables. Los ciudadanos no podemos permitir que esto se quede sin castigo.   Si después de las investigaciones (de las cuales dudamos mucho) se arroja el resultado de que fueron los jóvenes los que prendieron fuego a la celda, aún así, deben ser castigados los animales con uniformes que se gozaban como en un día de campo.

No hay que tener un hijo para imaginarse cómo se sienten los padres y madres de esos niños que ya estaban pagando su condena, pero que al parecer no bastaba con matarlos de sed, sino que había que quemarlos como si fueran basura en un vertedero. Hay que sumar voces de protesta y asegurarse de que se pague esa monstruosidad. Los panameños deben unirse, así como se unen para votar en masa por esos programas de reality show, para denunciar este crimen, porque esto sí fue real.

Todo el dolor del mundo se puede encerrar en el corazón de una madre y toda la maldad del mundo se puede encerrar en una celda.   Este hecho debe servir como referente para que las autoridades y los agentes cívicos le pongan atención a lo que está pasando en las cárceles panameñas, donde se violan los derechos humanos a cada rato.

No importa qué hayan hecho los internos, si ya están tras las rejas, significa que están pagando su deuda; si vamos a comenzar a castigar en este país quemando a la gente, entonces hay que llevar a la hoguera a muchos de saco y corbata que también son criminales y ladrones.

La juventud y la niñez panameña requieren de un plan de acción desde el desarrollo socio-cultural que se inserte desde la cultura y la educación, y los sectores sociales no necesitan de mano dura y de monstruosidades como esta. Las identidades juveniles son susceptibles y vulnerables a todo tipo de acción negativa o positiva, pero las imágenes que vimos solo llenarán de odio y destrucción a los jóvenes que, en vez de ser persuadidos hacia una nueva vida, son arrastrados hacia la violencia.

Apelamos a la conciencia de cada uno y a las fuerzas de la ciudadanía para que nos unamos, como de hecho lo hicimos en tiempos de la dictadura, para protestar por las violaciones de los derechos humanos, pues no hay ninguna diferencia entre lo que hicieron los nazis en los hornos de los campos de concentración y los inquisidores en nombre de la cruz, frente a lo que pasó en Tocumen.

<>
Este artículo se publicó el 13  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Prevención terciaria: ¿Menos delincuencia?

La opinión del Abogado, Odontólogo y Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá…

Omar O. López Sinisterra

La Prevención a nivel terciario se realiza en los Centros Carcelarios y de Cumplimiento en nuestro país. Muchos funcionarios y aún los que se relacionan diariamente con estos procesos, no creen o tienen fe en este tipo de prevención. Y es que para llevarla a efecto hay que poseer un presupuesto adecuado para el desarrollo de programas efectivos que tienden a mejorar el cuadro conceptual y mental de los internos en cuanto a valores y en cuanto a la valoración de la vida misma.
Los procesos de Resocialización que introducen programas, actividades y diferentes prácticas, son importantes para que los jóvenes desde edades tempranas, puedan ser reintegrados y asimilados por el entorno social.
Muchos piensan que esta ingente tarea constituye una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, pero devolver vida y esperanza a estos jóvenes, significa construir para la patria y prevenir que vayan a engrosar las filas de la delincuencia.
En nuestra América Latina en muchos países, se realizan estos programas de prevención terciaria y además existen las penas alternativas y la justicia restaurativa en los casos que se pueda implantar.
En los programas participa activamente la familia del joven según el diseño elegido. Estos programas deben incluir objetivos claramente definidos en función de la prevención, una metodología de trabajo con la familia y la comunidad, el financiamiento del programa y su permanencia.

En Panamá, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios realiza programas en los Centros de Cumplimiento del país con personal calificado y con muchas limitaciones sobretodo de tipo presupuestarias.

Es necesario conocer a fondo la situación de los jóvenes en estos centros en los cuales existen muchas carencias que influyen en los resultados que se puedan obtener en relación a la prevención terciaria en estas instituciones.

Desde estructuras físicas enfermas, falta de equipos, bibliotecas especializadas y virtuales, personal custodio suficiente y rotativo, personal especializado que pueda atender la creciente población de menores infractores, facilidades deportivas y de estar para combatir el ocio tras las barras carcelarias, y muchas otras carencias existentes, presentes sobre todo en el sitio carcelario.

Nos olvidamos casi siempre de esos jóvenes reclusos en los centros, provenientes de medio ambientes de gran dificultad, en hogares desintegrados en donde las madres solteras hacen lo imposible para sostenerlos. En donde se van relacionando con pandillas y grupos que otorgan identidad y aceptación.

Solo medimos y accionamos sobre el hecho delictivo realizado y no nos detenemos en sus razones u orígenes. Pensamos en el castigo y su permanencia merecida en retribución al daño causado. Miremos hacia el futuro y busquemos una salida de esperanza a estos jóvenes panameños.

<>Artículo publicado el 9 de septiembre de 2010 en el diario  El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

*

El hacinamiento: ¿causal de violencia?

La opinión del Abogado y Odontólogo…..

Omar López S.

El hacinamiento en los centros carcelarios de nuestro país, ha sido una de las causales de que la población de reclusos sea objeto y sujeto de la violencia doméstica carcelaria. Una gran cantidad de factores se constituyen en la llama que enciende situaciones de intolerancia, agresión, lesión y muerte en estos centros de cautiverio humano. Esta situación lleva un arrastre histórico en el cual los sentenciados a privación de la libertad van a centros carcelarios como La Joya y La Joyita en donde más de 5,000 presos se encuentran en situaciones de hacinamiento, lo que favorece la violencia inmediata y posterior en este contingente humano. Las celdas carcelarias se encuentran con un número plural de reclusos en condiciones que atentan con las condiciones mínimas que se establecen en materia de Derechos Humanos.

Los reclusos en estas celdas, no poseen ningún tipo de distracción ni condiciones que puedan alejarlos de la presión psíquica de la que son objeto debido a la gran cantidad de horas de ocio que poseen el los penales, lo que los induce a cometer actos de violencia contra individuos que conviven con ellos en estos microambientes.

El Gobierno Nacional y en las palabras del Presidente de la República, Ricardo Martinelli, ha destinado 100 millones de dólares para la construcción de tres supercárceles en el área Este de la ciudad, las cuales contarán con todas las facilidades y los recursos humanos y materiales necesarios para atender esta población que en la actualidad está hacinada y que contribuye con la situación de criminalidad existente en nuestro país. Tanto el Presidente Martinelli, como el Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, han informado sobre la magna obra que está en gestión y que tendrá un efecto positivo y directo sobre la situación de hacinamiento actual, cumpliendo con los compromisos que establece la Constitución de la República y las leyes internacionales en materia de Derechos Humanos. Es importante que se estructuren programas de resocialización en los penales además del efectivo seguimiento y monitoreo de los mismos a través del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, que para esta magna obra pueda contar con los recursos económicos y el personal idóneo para su realización además de que las facilidades existentes respondan a los objetivos de este programa.

<>

Este artículo se publicó el  22  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

A la raíz del problema

La opinión de la Abogada…

Querube Del Carmen Henríquez Urieta

Según una publicación de un diario impreso, más de la mitad (54.48%) de las audiencias planificadas por los tribunales de justicia para los primeros cuatro meses de este año fueron suspendidas por falta de traslado de los internos; ya sea porque no había custodios para su seguridad o por falta de transporte.

Igual situación se plantea en el tema de las diligencias a realizarse en el Ministerio Público, donde muchas veces, luego de “haberle prácticamente rogado al funcionario” que te asigne una fecha para la práctica, por ejemplo, de una declaración indagatoria, el día esperado no trasladan al procesado; teniendo entonces el abogado que empezar de cero la titánica misión de lograr adquirir una nueva fecha para la “tan ansiada” diligencia.

Y es que una cosa es mirar el panorama desde afuera y otra muy distinta es “adentrarse al mismo estómago de la bestia” (como llaman los reclusos a la cárcel).   Basta hacer un recorrido por los centros penitenciarios para percatarnos de cuál es la realidad; realidad que afecta tanto al procesado como al abogado, a los familiares y a los tribunales y agencias de Ministerio Público.

La no realización de diligencias programadas en estos despachos acarrea un desgaste tanto de recursos financieros como de recurso humano, con carga económica al Estado.

No hay suficientes custodios ni agentes policiales para atender a la población recluida en un centro penal. Recordemos que la vigilancia de los reclusos está a cargo de los “custodios” (adscritos a la Dirección del Sistema Penitenciario) y ello sólo durante el día; en tanto, la seguridad del penal la asume la Policía Nacional, que a su vez asume el control total del centro al caer la noche.  Pero es que ni de uno ni de otro.

Por ejemplo, en centros como la Joya y la Joyita esta deficiencia es notable. En días de visita familiar se puede observar el “gentío” (entre familiares y reclusos) apostados en las áreas de visita y sólo uno que otro policía vigilando el área. En caso de un motín masivo, no quiero ni imaginar qué sucedería.

Al solicitar a un interno para una visita de abogado, los pocos custodios que hay procuran atendernos lo mejor posible, pero las limitaciones existentes impiden hablar de un servicio expedito y seguro. A pesar de que no existe gran distancia entre las celdas y la improvisada “sala de atención”, se debe esperar hasta una hora para que los conduzcan a nuestra presencia; y es que entre frases explicativas como “ya vamos, licenciada; “ espere un momento, licen”; “es que no hay personal, licenciada”, no nos queda más que esperar pacientemente, siempre vigilantes y atentos por si “algo anormal ocurre” y agradecer que tan siquiera, el trato amable de estos funcionarios en algo compensa la cansona experiencia. Y es que se trabaja “con las uñas”, a falta de recursos.

¡Y qué decir del personal administrativo que labora en los penales!   Tras que se “juegan” su seguridad día a día en aquella, la “dimensión desconocida”, tienen además que procurarse su propio transporte para entrar y salir de ese –su lugar de trabajo– ya que no siquiera cuentan con un vehículo oficial que por lo menos les dé un aventón hasta la avenida principal.

Y ni hablar de los precarios salarios que ostentan, que no compensan ni tan siquiera en un 50% el riesgo que corren en el desempeño de sus funciones.

¿Y si no hay transporte para el traslado de los reclusos y si no hay custodios o agentes policiales suficientes, responsabilidad de quién es? ¿Será que habrá que crear una nueva entidad que atienda exclusivamente los problemas del sistema penitenciario, así como se ideó una entidad que atendiera el problema de la basura, a falta de la acción de quien debería atender estos temas?

Estas deficiencias y la falta de recursos en el sistema, no sólo perjudica las diligencias de las agencias del Ministerio Público y los tribunales (lo cual a su vez incrementa la mora judicial), sino que es la causa primaria de las constantes evasiones (la cerca perimetral fue un rotundo fracaso y así lo demuestran las recientes fugas), de las reyertas, de la introducción de armas y de drogas e, incluso, de los homicidios que se han escenificado en las cárceles. ¿Qué parte no se entiende de esto o es que no hay voluntad de mejorar este, que es un problema de Estado?

Salgamos de nuestras oficinas refrigeradas y recorramos el “estómago de la bestia” para conocer cara a cara el problema. De un verdadero estudio de campo (que escarbe las opiniones de quienes día a día están allí, que viven el problema y quienes pueden sugerir soluciones), de seguro, surgirán las ideas y las acciones para reorganizar un sistema penitenciario eficaz.

<>

Artículo publicado el 3  de junio de 2010  en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Régimen carcelario, las cosas por su nombre

La opinión de…..

ccc

Alfredo López Lewis

Desde nuestra perspectiva, para enfrentar los problemas lo primero que hay que hacer necesariamente es identificar integralmente su justa dimensión y diferenciar cada una de sus componentes causales para priorizar, sin embargo, más allá de la simple semántica la denominación que otorguemos de acuerdo a las circunstancias puede distorsionar la realidad de tal manera que nos imposibilite realizar esa tarea, por lo tanto conviene llamar las cosas por su nombre.

La propia ley define Sistema Penitenciario como “… el conjunto organizado, funcional y estructurado de elementos normativos, técnicos y científicos que definen la naturaleza de los centros penitenciarios” y obliga a que el mismo se fundamente en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social consagrados en la Constitución Política.

Lo cierto es que Panamá no cuenta con un Sistema Penitenciario sino con un régimen (modo en que se gobierna o se rige algo) carcelario cuyas decisiones poco o nada tienen que ver con aspectos técnicos o científicos, de otra forma las autoridades hubieran podido anticipar la crisis que actualmente se desata dentro de sus instalaciones carcelarias y discriminar entre aquello que constituye “urgencia” y lo que no.

El sistema de video vigilancia y la cerca perimetral en el centro penal con un costo que supera con creces los 700 dólares el metro (3.3 millones en total) que según advirtiera el ministro de Gobierno y Justicia era considerado prioridad y debía evitar cualquier intento de fuga, ha quedado claramente evidenciado como inoperante, por tanto, habría que concluir que no se justificaba esa inversión, mucho menos obviando los procedimientos de contratación pública vigentes.

De acuerdo a la Ley 55 de 2003, en su momento fue catalogada como una ley de vanguardia, el cumplimiento de la pena, el tratamiento aplicable a los privados y privadas de libertad, responderá a un sistema progresivo-técnico y será de carácter individual, de gradualidad por niveles previo estudio de personalidad; historial o antecedente de conducta criminal; diagnóstico, pronóstico y recomendación del tratamiento individualizado correspondiente, emitidos por una junta técnica del centro penitenciario, bajo el prisma de que fuera de los derechos suspendidos o limitados por el acto jurisdiccional que le priva de libertad, la condición jurídica del detenido es idéntica a la de las personas libres.

A pesar de ello y de haberse desarrollado la ley en mención a través del respectivo decreto, nada dentro de las actuaciones y decisiones de las autoridades carcelarias parece indicar intención alguna de dar cumplimiento a lo normado, así las cosas, la Ley de Sistema Penitenciario deviene en letra muerta.

Insistimos en que este problema, al igual que otros muchos que nos aquejan, cuenta con marco legal suficiente para una pronta solución, pero su cumplimiento requiere de voluntad y ejercicio de la autoridad conferida. Es necesario que comencemos a caminar en esa dirección, ya que el asunto merece más que paños tibios bajo el entendimiento de que se trata de un asunto de seguridad ciudadana y de interés público que requiere de un verdadero sistema penitenciario más que de un simple y antagónico régimen carcelario.

<>

Este artículo se publicó el 24 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Noriega y el gobierno del cambio


La opinión de….

JORGE GAMBOA AROSEMENA

A diez meses del ejercicio del llamado gobierno del cambio se produce el traslado del ex dictador Noriega de EUA a Francia, so pretexto de una condena pendiente en ese país. Pero nuestro Estado también tiene condena por cobrarle a Noriega, por lo cual la Cancillería -de este gobierno y del anterior-, que conocía de la posibilidad de que lo enviaran a Francia, hizo lo menos posible para repatriarlo y ponerlo a penar.

En el anterior gobierno, los diputados del PRD pasaron una ley para darle casa por cárcel a los mayores de 75 años, beneficio del que ya goza el ex gerente del Banco Nacional, Rafael Arosemena, habiendo sido un delincuente que se robó varios millones, no recuperados pero seguro gastados, en buena parte, por ese convicto. Se pensaba que además esta ley era para beneficiar a Noriega, que al promulgarse, estaba por terminar su condena en EUA.

Con estas condiciones llega el nuevo gobierno, cubierto por una gran expectativa de un pueblo que pedía un cambio. Cambio que, decía su Presidente, empezaba por cumplir y hacer cumplir las leyes, como obliga la Constitución. Pero esto quedó en letra muerta.

A Rafael Arosemena lo han dejado seguir teniendo casa por cárcel a pesar de que la ley permite mantener al convicto en cárceles, dando a entender que no le interesa poner orden en la justicia en esta parte que le corresponde al Ejecutivo, el sistema penitenciario.

Y respecto a Noriega, las gestiones no se dieron a cabalidad y la mayor pusilanimidad se da por parte del canciller, quien no gestionó traer a Panamá al ciudadano, que habiendo cumplido su pena rebajada en EUA bajo la condición de prisionero de guerra dictada por tratados internacionales, debía ser devuelto a su patria.

Dada así las cosas, uno puede perfectamente preguntarse cuál es la razón por la cual ni Cancillería ni gobierno cumplen ni hacen cumplir la ley. ¿Acaso será por incapacidad, por falta de principios o peor, por evitar que Noriega revele datos de diferentes situaciones que afectarían imagen o hasta servirían para iniciar procesos contra algunos del gobierno del cambio? Por cualquiera de estas razones, es condenable la actitud de este gobierno.

Lo vergonzoso para nuestra precaria democracia es que luego de 20 años desde la invasión, el Estado, por culpa de los políticos que lo han dirigido, no ha sido capaz de cumplir y hacer cumplir su ordenamiento legal que obliga a velar por sus nacionales (Noriega es uno) donde estén, y más si este tiene pena pendiente, por respeto a las víctimas de sus delitos, que aspiran a que Noriega pague por todos los crímenes que cometió. Y así pretenden perpetuarse uno ungiendo al otro…

<>

Artículo publicado el 30  de abril de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.