La toga: ¿Qué del alma y espíritu?

La opinión del Político,  Delegado y Director Nacional PRD…

Rafael Pitti 

Son muchas las preocupaciones e incertidumbres que más que político, sino como humilde ciudadano me abruman frente a situaciones que se generan en el país.   Evidentes contradicciones se muestran a diario en los planteamientos de funcionarios en cuanto a temas de ejecutoria o administración pública en la que debe existir dominio y uniformidad de criterio.

De manera olímpica y arbitraria se violan y marginan leyes de la república, tal como ha ocurrido con la implementación del metro bus en los corredores norte y sur.   El decreto ejecutivo en la administración Moscoso, autorizó el recorrido de transporte público a determinadas rutas en esos tramos, exigía que las unidades que prestarían el servicio para cobrar tarifa especial (B/1.00) debieran tener aire acondicionado y llevar sus viajeros sentados. La prohibición de que en esa “vía rápida” los pasajeros vayan de pie, no es más que una protección al usuario, en virtud de fatales consecuencias, frente a un accidente de tránsito, por lo que el malestar expresado por los clientes de este servicio tiene justificada razón.    No obstante es necesario aclarar que en la prestación de transporte masivo en cualquier lugar del mundo, los transportados viajan sentados y de pie.   El error cometido aquí es que por el apresuramiento politiquero pusieron la carreta delante de los bueyes; en vez de en primera instancia construir las paradas y carriles exclusivos para una adecuada fluidez del sistema.

La Constitución de la República establece una armónica colaboración de los Órganos del Estado, bajo esa premisa es bueno preguntar ¿por qué? Nuestros gobernantes no adelantan consultas antes de elaborar iniciativas que promulgan leyes o ejecutar acciones que generan controversia de tipo jurídico, a fin de evitar demandas de inconstitucionalidad o engorrosos procesos de impugnación en asuntos como licitaciones o contrataciones públicas. Hay dos casos que son claro ejemplo de inconsistencia legal y jurídica; como lo es la eliminación de la revocatoria de mandato y la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano, ya que lo actuado en Ley no tiene carácter de retroactividad. Aún con mis reservas ante esta decisión, presumo según discernimiento personal, su efecto vigente sería a partir de la elección de 2014.

Diversidad de ejemplos los hay, sin embargo lo que puede ser interpretado un prejuicio, esta basado en el revelador silencio, autoría intelectual o material por quienes están llamados a dictaminar, aprobar o desaprobar las conveniencias o inconveniencias de tales exabruptos. El honor y privilegio de ser adornados e investidos con la majestuosa y reverencial Toga en decanos, jueces o magistrados, tienen que realizar acciones cónsonas con su responsabilidad. Si al aplicar jurisprudencia para impartir Justicia, ignora o se aparta incompatiblemente del principio, alma y espíritu de la Ley y el Derecho; corre inminente peligro la Libertad y Democracia, vulnerando la preciada estabilidad política del país.

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<>Artículo publicado el 29  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El ‘zipper’ electoral

La opinión de…

Eugenio L. Morice

El novicio de la tríada electoral ha propuesto el zipper, que intercala a candidatos de ambos sexos en las papeletas, indistinto de los méritos electivos; o que los partidos reserven a las féminas el 50% de los puestos en las listas de sus primarias. La propuesta busca incrementar la representación de las mujeres, en base a que una democracia no funciona adecuadamente cuando la mitad no participa en las decisiones. El zipper es jerárquico y emblemático, ya que reserva cargos sobre aquellos elegidos merecidamente. Por demás, contradice la igualdad consagrada en la Constitución y legislación nacional.

Estoy a favor de acrecentar la participación de las mujeres, así como de tantos otros grupos sociales, pero no con las alternativas que cocinan en una comisión de reformas que nunca antes ni ahora ha producido proyectos que se acerquen a los postulados del 1 y 2 de la Constitución.

La cuota del zipper puede aplicarse por ley o por los partidos, su fin es afectar el resultado de una elección. Bélgica es el único de la Unión Europea que la ha establecido por ley, sin embargo, ocupa el lugar 11 de mujeres parlamentarias. Francia, Italia y Reino Unido la aprobaron, pero sus tribunales las declararon inconstitucionales. El aumento de mujeres parlamentarias en varios países de Europa se debe a que los partidos, en aras de la equidad y práctico objetivo de ampliar su fuerza electoral, han balanceado sus candidaturas entre mujeres y hombres, incluso dentro de sus órganos internos.

Acreditándole alegórica coautoría a la tríada del TE, el extenso y oneroso informe del PNUD menciona que el estudioso Mark P. Jones refiere que la ley de cuotas panameña (30%) es inefectiva, ya que la Asamblea es la que tiene menos mujeres de toda Latinoamérica; pero adelanta que la causa radica en el diseño electoral panameño, citando las diminutas magnitudes circuitales, voto preferencial y reparto por residuos. En síntesis, Jones ofreció recatadamente pocos ejemplos, para no decir que el sistema es una aberración.

La reforma constitucional de 2004 trancó la conformación de circuitos de mayor magnitud, amplitud que permitiría superar el obstáculo electivo que enfrentan los ciudadanos de diversos varios sociales, sean mujeres u hombres, por cuanto los diminutos privilegian a los adinerados, ricos de pueblo, ostentadores del poder estatal e, incluso, a dirigentes sindicales que se valen de las finanzas de sus organizaciones. Por supuesto que la conformación de circuitos de mayor dimensión debe acompañarse de un adecuado método de votación y mecanismo matemático de elección que se aproxime a un reparto proporcional de escaños o cargos.

El irracional sistema electoral imperante es un obstáculo a la amplia participación y representatividad de candidatos y candidatas. No será el zipper, cuotas obligatorias, absurdas candidaturas por la libre que nadie sabe sus ideologías, etc., sino una reforma constitucional que, entre tantos, restrinja la reelección legislativa y municipal a un período, asigne la facultad de establecer las divisiones políticas del país a equipo multidisciplinario, consejo nacional electoral que administre las consultas populares; y ley de partidos que fije las pautas democráticas que deben ceñirse, para evitar feudos privados.

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<> Este artículo se publicó el  17  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Soluciones valiosas: Ciclo Vías

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La opinión del Periodista – Analista Internacional…

Jairo Henri Pertuz Suarez 

Al oír hablar de indemnizar a algunos transportistas con algo más de $100 millones de dólares por sus buses, debe preguntarse ¿en que país vivimos?

Según informes de entero crédito, cuando Omar Torrijos decidió poner en manos de pequeños empresarios el transporte urbano, no indemnizó a quienes venían prestando un buen servicio.

Se concedieron “cupos”, propiedad del Estado (pueblo), que los nuevos transportistas han usufructuado por décadas. Entonces nos preguntamos: ¿Indemnización de qué?

Justo es que se les pague por lo que realmente valgan las unidades (buses) que entreguen, previo examen y valoración del equipo. En concepto de entendidos cada unidad no debe pasar de $10 mil por su estado y depreciación.

El pueblo, que es el que en verdad paga veleidades y supuestos derechos, tiene que ser consultado para otorgar indemnizaciones con su dinero.

Esos $100 millones, o más, son necesarios para obras sociales urgentemente necesarias para el pueblo en ciudades, campos y reservas indígenas.

Por ello me atrevo a proponer realizar una valiosa inversión al país con ese dinero construyendo Ciclo Vías que se traducirían en beneficios incalculables, entre los cuales citaré algunos:

– El uso de bicicletas contribuiría a mejorar la salud del pueblo panameño

– Se acabaría con el congestionamiento vehicular unipersonal

– Se aliviaría la obstrucción de calles convertidas en aparcaderos (parking) de vehículos.

– Mejoraría la economía familiar por ahorros en gastos de combustible, derivados, repuestos, etc.

– Mejoraría el poder adquisitivo del panameño, lo que incidiría en el consumo y por consiguiente en la economía nacional

– La construcción de Ciclo Vías, como infraestructura nacional generaría empleomanía y otros beneficios

– Se aprovecharían mejor las inversiones viales programadas actualmente con los cambios al transporte

– Se aliviaría la ya exagerada contaminación ambiental a la que contribuyen los gases automotores.

– En Oriente y países europeos se viene usando este medio de transporte, controlado y organizado, con éxito rotundo.

Cierto es que los gobiernos son reacios a cambios que les “perjudiquen” políticamente, peor, cuando este cambio disminuya sus ingresos ya que en Panamá, el gobierno cobra un elevado porcentaje en cada galón de combustible. No quiero pensar que esté calculado cuanto dinero más se recibirán las arcas estatales por más tranques que vendrán con las nuevas obras.

Aún así, confío en un sentido de responsabilidad social, patriótica y humana haciendo lo que se debe hacer para cumplir con quienes hacen posible que existan gobiernos y democracia: el pueblo.

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<>Artículo publicado el  16  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/pertuz-s-jairo-henri/
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Para contrarrestar los excesos del sistema

La opinión de….

Anel Flores

Los últimos movimientos efectuados por el Órgano Ejecutivo, principalmente en el que le arrebata al municipio más importante del país sus obligaciones en el servicio de aseo para asignarlo a otra entidad, aunado a pretendidas inversiones millonarias que no son prioritarias y que demanda el pueblo panameño en materia de salud, educación, seguridad y en una canasta básica más cónsona con la realidad del país, dejan en evidencia el exceso de un sistema presidencialista que atenta contra principios fundamentales de la democracia.

Ante este panorama sombrío no podemos pasar por alto la aparente intromisión del Ejecutivo en el Órgano Judicial, socavando sistemáticamente la institucionalidad democrática de la nación.

Cuando vemos niveles de ejecución presupuestaria por debajo del 50%, quedando al desnudo la incapacidad de los ministros en solucionar los problemas apremiantes de una población, que tiene que someterse a respuestas improvisadas, es que pensamos en la necesidad de proponer la descentralización de la administración pública.

Esta herramienta permitiría que las juntas comunales cuenten con sus propios recursos para hacerle frente a los problemas de sus comunidades.

La baja aceptación popular de la Asamblea Nacional en las últimas encuestas, sumado a la aprobación de leyes impopulares e inconsultas, demandan hoy que los representantes del poder popular creado por Omar Torrijos, asuman el reto de convertirse en una Cámara Baja.

Este reordenamiento del organigrama legislativo, permitiría que los 623 representantes de corregimiento actúen en calidad de garantes de los ciudadanos y pongan en práctica la democracia que soñó Omar. Sólo con la consulta popular podremos perfeccionar las leyes en beneficio de todo un pueblo, construyendo un nuevo Panamá.

Imaginemos por un segundo que el proyecto de presupuesto fuera sometido a discusión en primer debate a la Cámara Baja. Esto facultaría a los representantes del poder popular a negociar y destinar los recursos necesarios para darle solución a los ingentes problemas de sus respectivas comunidades.

Estos representantes de corregimiento serían los encargados de recoger la opinión de los ciudadanos acerca de sus problemas, sobre las leyes propuestas a su consideración y las prioridades en la agenda de los temas nacionales.

Esto sí sería un legítimo rescate de la doctrina torrijista.

El derecho que todos tenemos de opinar y de participar en la toma de decisiones se concreta con la consulta popular permanente con sus electores y que sean ellos quienes propongan y decidan.

Como decía nuestro líder máximo: “El que más consulta, menos se equivoca”.

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<> Este artículo se publicó el 20  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Vox Populi Vox Dei

La opinión del Abogado…

Evans Loo R.

La voz del pueblo es la voz de Dios,  reza el aforismo latino que algunos atribuyen a Hesíodo, el gran poeta griego del siglo VIII  A.C. , y otros al monje anglosajón Alcuino de York, quien fuera el consejero del emperador Carlomagno.

En la obra Epístolas, de Alcuino de York, se dice textualmente: “Y esas gentes que siguen diciendo que la voz del pueblo es la voz de Dios no deberían ser escuchadas, porque la rectitud de las masas está siempre bastante cercana a la locura”.  O lo que es lo mismo, si opinaron que una persona era buena para gobernar eso no debe tomarse como designio divino….

Alcuino le daba un sentido negativo a aquella expresión, en consonancia con el pensamiento de Séneca,  el cual advirtió que “el valor de las opiniones se ha de computar por el peso, no por el número”. ¿Qué acierto, pues, se puede esperar de sus resoluciones?  Lo cual rechaza toda forma de democracia popular existente en nuestra época.   Es ese el concepto que este gobierno esta aplicando en sus relaciones con nuestra población?

Deben entonces escuchar las autoridades las opiniones del pueblo en el momento de aprobar las leyes o refrendarlas?   Pareciera  que no. Y que la voz del pueblo es la voz de dios, solo lo es válido  después de cada proceso electoral.  A partir de allí, priva el pensamiento de Alcuino de Cork,  y las reflexiones de Séneca, y esa es la máxima que se esta aplicando en las relaciones gobierno-pueblo de nuestro país.

La ley chorizo ha completamente obnubilado al intelecto de las autoridades.   No quieren o se niegan a entender, que no importa lo que esa ley disponga,  aun si decide designar a todos los ciudadanos de este país  en Ángeles y millonarios.

El problema no es lo que regule la ley.  Aquí lo importante es la forma como dicha ley se aprobó, y como unos diputados electos por el voto popular  demostraron que valen mas las líneas y directrices de  sus partidos que la opinión del pueblo.   Tanto los diputados como el propio presidente fueron electos en sus cargos. Ambos se deben al pueblo y a los votantes.

Nadie puede ocultar que cuando se supo de la existencia de esa ley, las protestas surgieron por doquier.   Tampoco, que esa asamblea violó su propio reglamento interno para aprobarla.  Ni los miembros de la asamblea ni el presidente escucharon al pueblo. Se olvidaron que la voz del pueblo es la voz de Dios. Al fin  tendrán que pagar, ahora o mañana las consecuencias de tal desatino.

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Artículo enviado el 26 de julio de 2010 por E-mail a Panaletras por el autor, a quien damos todo el crédito, el merito y las responsabilidades que le corresponden.

Si yo fuera presidente

La opinión del Periodista….

ÁNGEL MOLINA

Cuando a un ciudadano le toca ocupar el más alto cargo público de un país, éste debe tener presente que la honrosa posición la alcanzó por mandato del pueblo. En otras palabras, está obedeciendo la voluntad de sus conciudadanos. Tanto quien ostenta la primera magistratura, hasta el funcionario de la investidura más humilde, deben estar conscientes de que se deben a la población. Deben tener vocación de servicio, servir a la nación y no servirse de ella.

Así como el individuo electo como presidente, atendió (obedeció) con entusiasta anuencia, el mandato y la voluntad de sus compatriotas, debe escuchar la voz del pueblo cuando expresa su inconformidad. Esos hombres y mujeres que recibieron tantos elogios y promesas antes de las elecciones, tienen derecho a que se tome en cuenta su pronunciamiento, porque iniciativas tan positivas como 100 para los 70 y becas universales, sean ejecutadas sin agravar la ya difícil situación económica en la que vive la mayoría, incluidos quienes tienen empleo u otra fuente de ingreso económico. Sustentar el cumplimiento de esos nobles programas con una de tantas alternativas con las que cuenta este solvente país que carga con la empañada imagen del ‘dos en uno’, es decir, en el que se mantiene la perpetua convivencia entre un ‘mundo’ compuesto por una minoría de millonarios y un ‘submundo’ integrado por una notoria mayoría que vive entre pobreza y pobreza extrema.

¿Por qué gobernar manteniendo una conducta de escasa humildad, sensatez, prudencia y empatía? ¿Por qué desestimar la posibilidad de utilizar el ingenio y creatividad del que hicimos gala en la campaña electoral, para divulgar, hacer docencia y consultar al pueblo panameño respecto a una u otra medida? ¿Qué tal si los seres humanos pusiéramos atención a que, con mucha frecuencia, nos vemos precisados a disculparnos y a ‘reconocer errores’? ¿Qué señales nos ofrece esto?

Si yo fuera presidente actuaría predicando con el buen ejemplo. Consultaría lo más posible. Vencería la altivez interna, rectificando a tiempo y sin vacilar, toda vez que fuese necesario. ‘Voltearía’ hacia el sentido positivo y productivo todas las sugerencias, propuestas y críticas esgrimidas por mis semejantes, aún cuando se trate de personas con puntos de vistas o ideales opuestos a los míos.

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Este artículo fue publicado el  21 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.