Un derecho penal objetivo y sociedad

La opinión del Jurista y Docente Universitario…

Silvio Guerra Morales

La humanidad ha superado con creces, en lo que toca al mundo del Derecho Penal, lo que otrora se denominara “Derecho Penal de Autor” y en su lugar ha puesto en lugar encumbrado al Derecho Penal de Acto. Dicho en otras palabras: un Fiscal no debe mirar la apariencia del acusado sino el acto por el cual es acusado y, en consecuencia de ello, todo su análisis, en estricto rigor jurídico, habrá de constreñirse a las razones, hechos, circunstancias y demás detalles que rodean al caso per se.

No por ser pobre una persona significa que sea ladrón; por andar siempre togado un “caballero” no significa que no pueda perpetrar una violación carnal, en fin.    Un fiscal no tiene, desde luego, una bolita de cristal en la cual aparezca el acusado y que en base a esa imagen pueda decir “este sí es un delincuente” o “éste no es delincuente”. Un fiscal debe constreñirse, reiteramos, a los hechos, a cada uno de ellos, que rodean un determinado caso.

Solamente así podrá el Ministerio Público realizar una labor de verdadera objetividad y transparencia en sus investigaciones. Para ello, tendrá que atender a los acontecimientos, a las personas involucradas en la causa, la existencia de pruebas indubitables, incuestionables, infranqueables, que militen en contra de una persona y ante las cuales la acusación se presente como sólida, indesmoronable.

Razón tienen muchos colegas que ya han advertido que gran parte del problema que presentan nuestras cárceles –sobrepoblación carcelaria- pasa necesariamente por una clara omisión de la lectura constitucional del cumplimiento cabal del debido proceso, mismo que no puede ser ponderado por las autoridades del Ministerio Público y del Órgano judicial, sin que medie un cabal razonamiento del o los cargos que hay en contra de un ser humano; las pruebas de ese cargo, la solidez o eficacia probatoria de ellas; y no basta tan solo la prueba del cargo, sino que adquiere mayor importancia, en lo que toca a la acusación que se formula en contra de un ciudadano, que conste, de modo inobjetable, la prueba de la vinculación en cuanto atañe a autoría, complicidad o cualquier otro grado de participación criminal.

 

Desde hace más de una década andamos predicando que el cambio real en el sistema de justicia penal panameño solamente puede tener cabida si nos permeamos de una mentalidad humanística en el plano del proceso punitivo y que ésta haga gala fecunda de que los subrogados penales deben ser considerados, prima facie, antes de aplicar una detención preventiva en contra de un particular y, claro, sin desmedro de los casos que por su naturaleza, la requieren o exigen.

 

Decía el maestro Alfonso Reyes en su monumental obra sobre la Tipicidad que el tipo penal – la norma- exige que el agudo fiscal y el ufano abogado siempre hagan la subsunción debida.

Fuera de este contexto, se cometen irremediables golpes a la justicia penal que ni aún el perdón social puede mitigar. Eso no puede llamarse responsabilidad penal objetiva.

<>Artículo publicado el 4 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Pele Police: entre eficiencia y Constitución

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

Silvio Guerra Morales 

El 24 de febrero del presente año, tras entrevista que me hiciera la periodista Georgina Damián del diario El Panamá América, relativa al uso del Pele Police, sostuve tal y como fue divulgado por ese prestigioso medio, que: “Es inconstitucional y violatorio a los derechos humanos la detención de personas que hayan sido declaradas inocentes, por un dato no actualizado”. Hoy, al igual que ayer, sigo manteniendo mis conceptos y que a nadie deben sorprender. Quiero ampliar esos criterios, cuestión que me propongo con el presente artículo. 

Nadie puede ser privado de su libertad sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente y que la orden de detención se fundamente en razones de hecho y de Derecho, pues es eso lo que precisamente quiere decir la Constitución cuando prescribe en su artículo 21 que dicha orden de detención habrá de ser conforme “a las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley”.   Añade la norma en cita que: “Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al interesado, si la pidiere”.

Por otra parte, la norma también advierte que nadie puede estar detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de autoridad competente. Se establece como sanción la pérdida del empleo para los funcionarios que violen este precepto constitucional.

El artículo 22 constitucional, expresa que todo detenido debe ser informado inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. En ese mismo orden de ideas, el artículo 27 de igual naturaleza constitucional, señala que “Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración”.

Conforme a estas normas, no hay duda alguna en señalar que:

1. El uso del Pele Police, aun cuando resulte ser cuasi-efectivo, como casi todos los instrumentos y herramientas electrónicos, violenta las normas constitucionales expuestas.

2. Su uso, introducción o empleo nunca fue aprobado por una norma legal –Ley en sentido estricto- lo cual lo hace aún más ilegal e inconstitucional.

3. Violenta la libertad de tránsito.

4. El uso del Pele Police no ingresa en las categorías jurídicas constitucionales que prescribe el artículo 27 y 5. Menoscaba la libertad ambulatoria del particular quien, aun cuando exija la orden del mandamiento escrito que fundamente una detención, nunca lo recibiría dada la naturaleza electrónica del instrumento.

Creo que, antes de introducir el medio electrónico de búsqueda de personas requeridas por la justicia penal, los juzgados nocturnos de policía y las corregidurías, debió haberse pensado más jurídicamente que en efectividad del medio.

Como procesalista en el ramo penal puedo decir que el eficientismo no es argumento válido para violentar la Constitución. Puede haber eficientismo con resguardo en la Constitución y no a la inversa como ocurre en el caso del denominado Pele Police.

<> Este artículo se publicó el 22  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
Mas artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/guerra-morales-silvio/

¿Orden de conducción o de detención solapada?

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-La opinión del Jurista…

JAIME A. PADILLA G.

Vemos con preocupación, el abuso en que han caído funcionarios del Ministerio Público con relación a la ‘orden de conducción’, percatándonos de que existe una solapada intención de convertirla en una ‘orden de detención’.  Esto es peligroso y violatorio del principio del debido proceso y de las garantías constitucionales que salvaguardan a nacionales y extranjeros, la Carta Magna y otras normas de derecho sustantivo y adjetivo, que están siendo burladas por estos funcionarios.

¿Qué se entiende por ‘conducción’?   De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia el próximo año, la ‘conducción’ es ‘el acto de conducir a una persona al despacho del funcionario de instrucción cuando la investigación requiera su presencia’. De igual forma el juez también lo podrá ordenar, siempre y cuando él estime que existe mérito para ello o para aclarar algunos puntos oscuros o dudosos en el expediente. Yo la podría definir como ‘mecanismo procesal mediante el cual el despacho instructor, ante la necesidad de requerir a alguna persona, haga que ésta comparezca al despacho para alguna diligencia, al término de la distancia o sea al instante’.

En cuanto a los trámites procesales a cumplir, antes de ordenar la conducción de alguna persona al despacho requirente, se tiene que seguir el parámetro substancial que brinda el Artículo 17 de nuestra Constitución, que prevé los derechos fundamentales mínimos que deben respetarse ante todo.   En todo momento, los funcionarios de instrucción, deben respetar y proteger estas garantías fundamentales, con marcado respeto a la dignidad humana, y no ordenar la conducción, sino se han agotado previamente todos los mecanismos elementales de comunicación y notificación, como llamadas telefónicas a celulares, correos electrónicos, faxes y cualesquiera otros.    Concluida esta etapa, si se comprueba la renuencia o rebeldía de la persona en no asistir, entonces es que puede ordenarse su conducción al despacho, pues ya no le queda otra salida al funcionario de instrucción que utilizar este mecanismo procesal de comparecencia obligada.

¿Pero qué sucede hoy por hoy? Que sin ningún tipo de comunicación, o búsqueda previa, se procede directamente a ordenar la conducción de la persona. Recordemos el caso de la juez suplente Zulay Rodríguez, a quien el Ministerio Público le ordenó conducción sin ningún acto previo de notificación o llamado, y el reciente caso de Saúl Méndez, tratándolos como evasores de la justicia.

Esta mala praxis, no es otra cosa que la intención solapada de ignorar el orden de las medidas cautelares que contempla el Código Judicial en su Artículo 2127 y siguientes y aplicar directamente la detención preventiva, sin ningún sustento fáctico—jurídico y sin haber cumplido con los trámites procesales para aquella.

Aquí tenemos que aclarar que la detención preventiva es la última y la más gravosa de las medidas cautelares, y que para ordenarse tienen que haberse cumplido los requisitos exigidos por el Código Judicial en el Artículo 2128, siendo medida distinta a la simple conducción, pues, la conducción es netamente administrativa procesal y la detención preventiva es de naturaleza procesal con fines distintos.

La conducción pretende hacer comparecer al sujeto requerido al despacho requirente; mientras que la detención, priva de la libertad al sujeto requerido y lo aisla por completo de la sociedad, so pretexto de tenerlo a órdenes del despacho indefinidamente.

En fallo del 23 de julio de los corrientes, dentro del caso de la solicitud de Habeas Corpus a favor de Saúl Méndez, la Corte Suprema, en pleno, advirtió al Ministerio Público que las órdenes de conducción para la comparecencia de una persona no pueden convertirse en un ‘régimen preliminar de detención’, y que ‘debe manejarse con prudencia’, de manera que solo se aplique cuando ‘se hayan agotado los trámites ordinarios para conseguir la presencia voluntaria y oportuna de la persona requerida al proceso’.

El fallo agrega que la orden de conducción debe producirse dentro del margen de la constitucionalidad. La advertencia de la Corte indica a los funcionarios de instrucción que la orden de conducción incluye poner en conocimiento del conducido, los derechos contenidos en los Artículos 22 y 25 de nuestra Constitución.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Cárcel para los cocotudos

La oponión del Abogado y Presidente de la Fundación La Voz de Arraijan…

Dagoberto Franco 

El ideal de justicia al que aspiramos todos los panameños, es que la Ley sea aplicada por igual a ricos y pobres, y que no se aplique una excesiva laxitud a los cocotudos,   mientras que se ensañan con los hijos de la cocinera.
Aquí a los pobres primero los meten presos y después investigan, con lo cual se presume la culpabilidad del imputado, quien es el que tiene que probar su inocencia. Y esta aberración jurídica tiene su origen en la deformación de la mayoría de los Fiscales que interpretan que su función es buscar las pruebas para acusar al imputado, cuando su función debe ser buscar la verdad, lo que implica practicar las pruebas que le favorezcan.

A los cocotudos y políticos nunca les preocupó las injusticias del sistema hasta que les tocó vivirla en carne propia. Y este es el caso de Ernesto Pérez Balladares, quien dice que él no ha hecho nada, y que lastimosamente en este país hay que demostrar la inocencia, cuando el Ministerio Público debiera demostrar la culpabilidad.

Los abogados del ex Presidente Martín Torrijos ya se adelantaron a cuestionar que la detención preventiva, pese a que debe ser la última de las medidas cautelares, es la que más se emplea.   Sin embargo, a Torrijos nunca le preocupó estas injusticias.   Le preocupa ahora porque teme por su libertad.   Y es que, hace un año atrás, era impensable que Belgis Castro, Salvador Sánchez, Jaime Salaz y Jean Figali estuvieran detrás de los barrotes, aunque fuera por unas horas.

Es cierto que la detención preventiva debe ser la última de las medidas cautelares, pero a los hijos de la cocinera es la primera que le aplican, mientras que a los que tienen poder político y económico, en el peor de los casos le daban casa por cárcel.

Según Torrijos, la seguridad jurídica se acaba por la actuación de unos cuantos malos magistrados que están a la orden del poder político y económico.   Pero, qué moral tiene él para criticar el sistema, si durante su administración se engavetaron todas las denuncias de corrupción contra los cocotudos del PRD, y los que pagaron el pato como siempre, fueron los hijos de la cocinera. Justicia es que haya cárcel también para los cocotudos, aunque sea un ex presidente, así como la hay para los pobres.

<> Artículo publicado el 4 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

 

 

Fianza de cárcel

La opinión de….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

El domingo pasado conversamos sobre las detenciones provisionales como medidas preventivas, aplicadas en los extremos y durante el periodo de instrucción, hasta la valoración final sobre la responsabilidad del acusado. Tocamos lo atinente al artículo 1948 de nuestro Código de procedimientos, y la interpretación restrictiva a favor del procesado.   Es aquí donde se conoce si un juez o jueza es sabio o, por lo menos, cumple con la Ley.

Nos referimos igualmente al artículo 2155 del Código Judicial sobre la solicitud de fianza de cárcel, para detenidos o para otros, si hay temor de una detención. Sobre el artículo 2156 de nuestro Código de Procedimiento, que califica la forma de hacerlo con hipoteca, certificado de garantía bancario, póliza o bonos de seguro o títulos de la deuda pública del Estado, a través del Banco Nacional. Tenemos la juratoria concedida al imputado bajo palabra y juramento solemne, con algunas condiciones planteadas por el artículo 2167, también de la misma excerta que siempre mencionamos. Finalmente, encontramos la fianza personal otorgada de acuerdo con el artículo 2166 de nuestro Código Judicial, con la cual, fijada previamente la cuantía, se garantizará por medio de fiador solvente y hábil, quien deberá estar a paz y salvo con el Tesoro Nacional, con las obligaciones del fiador de acuerdo a los códigos Judicial y Civil, sobre normas relativas a esta clase de fianza, además de lo preceptuado en el artículo 2167 del Código Judicial, sobre el domicilio del procesado en la circunscripción del Tribunal, de por lo menos dos años antes, el compromiso de presentarse al tribunal o juez siempre que se le ordene; y que sea un delito cuya pena mínima no exceda de dos años de prisión; y que el imputado o procesado no tenga antecedentes penales y sea conocido como persona honesta que vive de su trabajo.

Lo importante es que la fianza se concede, niega, reforma, puede ser aumentada o disminuida o revocada si ya en ejecución el beneficiado incurre en un nuevo acto delictivo.   Lo importante es conocer que el auto que se refiere a la fianza, nunca queda en firme y corre entre los delitos excarcelables y otros in excarcelables, y en el caso del artículo 2171, el tribunal de segunda instancia si resuelve declarar la libertad del sujeto detenido ordena que se cumpla sin que el auto esté en firme.   El artículo 267 ordena a los jueces y magistrados resolver la solicitud en días inhábiles si es en ese momento que se solicita.

Por supuesto que nadie tiene paciencia si le niegan una fianza de excarcelación, lo cual debe estar debidamente explicado en la resolución que se dicte, pero se puede solicitar nuevamente si se mejoran las pruebas del sujeto acusado en vez de ir a segunda instancia.

En los extremos y de acuerdo con el artículo 2170 de nuestro Código de Procedimiento, la fianza es revocable o reformable de oficio o a solicitud de parte interesada y puede ocurrir que se levante la detención, si el tribunal considera que no hay lugar para mantener la medida decretada.

Lo importante es conocer que quien solicita la fianza de acuerdo con el artículo 2163 del Código Judicial, se convierte en fiador con la enorme responsabilidad de: 1. Coadyuvar a mantener al imputado dentro de la circunscripción del tribunal del conocimiento; 2. Comunicar al funcionario del conocimiento los cambios de su domicilio y los del fiado; 3. Presentarlo al tribunal de la causa o a la autoridad que éste designe, cada vez que se le ordene; 4. Satisfacer los gastos de captura, las costas procesales causadas hasta el día en que cese el ocultamiento o fuga del fiado; 5. A pagar por vía de multa, en caso de no presentar al imputado, dentro del término que se le señale, el valor de la caución prestada, que ingresará al Tesoro Nacional; y 6. El fiador asume, por el hecho de haberse dispuesto la excarcelación, la obligación de presentar al fiado dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del auto respectivo para que rinda indagatoria, cuando no lo haya hecho antes, requisito sin el cual no se considerará perfeccionada la fianza. Observen los extremos en estas seis puntas, dentro de las que aparece la captura y otros gastos hasta que comparezca, pero qué hay si todo esto se logra con relación a la devolución de la fianza. Siempre el detenido está sujeto al fiador, quien es el que responde económicamente si el acusado descuida sus obligaciones con el Tribunal. Otro de los asunto es el hacinamiento frente a la lentitud del sistema y por otro lado, las medidas cautelares distintas a la detención y la fianza.

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Este artículo fue publicado el  18 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Fianza de cárcel segura

La opinión del Abogado y Docente Universitario….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

Las detenciones provisionales son medidas preventivas que se aplican en casos extremos y durante el periodo de instrucción, hasta la valoración de responsabilidad del acusado.   Si pretermiten sobre unos delitos revestidos de gravedad, la Ley lo sustrae para la protección del resto y como una advertencia para los que violan la norma penal sin importar las consecuencias; pero en casos intermedios, la propia Ley permite la excarcelación de acuerdo a ciertas circunstancias, como lo apreciaremos en este documento.

De acuerdo al artículo 1948 de nuestro Código de Procedimientos, las normas penales que limiten la libertad personal o el ejercicio de los poderes conferidos a los sujetos del proceso, o que establezcan sanciones procesales, deben ser interpretadas restrictivamente, en gracia a las personas sometidas al proceso en calidad de acusados.

Si esto es así, tenemos un ingrediente procesal por encima de la determinación de negar una fianza al implicado en un delito determinado para el que no existe esa facilidad, porque eso no es el final, por supuesto que en conjunción con la participación del imputado en el hecho que se investiga.

El artículo 2140 del Código Judicial regula lo atinente al magno beneficio, si se trata de delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, más la prueba que acredite el delito y la vinculación del imputado. Debemos recordar el primer párrafo del artículo 1941 también del Código Judicial, el cual reza: ‘El objeto del proceso penal es investigar los delitos, descubrir y juzgar a sus autores y partícipes’.

Lo importante es determinar, además del delito, el grado de implicación. El artículo 2140 continúa con la exigencia de una prueba que produzca certeza jurídica, (algo inaudito), pero además la ‘posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo’. ¿Qué les parece?   Ya lo explicaremos.

Hay delitos in excarcelables, pero no por ello todos los que participan del acto quedan excluidos del beneficio, puesto que depende de la gravedad de la conducta desplegada en el suceso como la del cómplice secundario, el cual puede disfrutar de la fianza mientras concluye el caso.

Esta delicada operación, corresponde fundamentalmente al juzgador que entra a conocer y evalúa la situación en cada caso particular, si aparecen varios implicados. El artículo 2155 del Código Judicial, motiva a todos los sindicados o imputados, para solicitar fianza si sienten un peligro por su libertad ambulatoria, o cuando ya inmovilizados, intentan obtener su libertad durante el proceso que le endilguen.

La excarcelación se solicita a través del propio imputado, o por medio de un abogado o de cualquier otra persona, sin que exista poder para ello, y lo puede hacer en cualquier estado en que se encuentre el proceso y deberá ser resuelto por el juzgador sin ningún trámite, dentro de un término no mayor de veinticuatro horas.

Por supuesto que con esto no se cumple, pero lo solicitan al juez de conocimiento o a quien le corresponda en el reparto, para que emita un oficio en el que solicita copia del expediente, que debe ser enviado al instante o en el transcurso del día o día siguiente.

Ese expediente hay que darle entrada, estudiarlo y proyectar la medida, si es posible. Una vez que se dicte el auto a favor, hay que notificar personalmente el Ministerio Público y las demás partes concurrentes.

Tenemos formas muy peculiares para obtener la fianza de excarcelación, como lo sostiene el artículo 2156 de nuestro Código de Procedimiento, que nos indica que puede ser real mediante hipoteca, certificado de garantía bancario, póliza o bonos de seguro o títulos de la deuda pública del Estado. Siempre debemos recurrir al Banco Nacional, que girará al tribunal respectivo el certificado correspondiente.

Tenemos la juratoria, la cual se concede al imputado con un carácter netamente probatorio y, bajo palabra y juramento solemne. En este caso se levanta un acta en el tribunal de la causa. Para esto debemos cumplir con lo presupuestado en el artículo 2167, también de la misma excerta que siempre mencionamos:

1. Que el imputado o procesado tenga domicilio fijo y conocido en la circunscripción del tribunal donde se tramita la causa;

2. Que su residencia en dicha circunscripción, sea de dos años, cuando menos;

3. Que se comprometa a presentarse al tribunal o juez que conozca de su causa, siempre que se le ordene;

4. Que se trate de delitos cuya pena mínima no exceda de dos años de prisión; y

5. Que el imputado o procesado no tenga antecedentes penales y sea conocido como persona honesta que vive de su trabajo. Queda por ver la fianza personal.

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Este artículo fue publicado el  11 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

De dietilenglicol y justicia

La opinión de…

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MARIO ROGNONI

Desde aquel fatídico día en que el país supo que se había producido una cantidad de medicinas en el laboratorio de la Caja de Seguro Social que contenían dietilenglicol lo que iba a dejar un alto saldo de muertos y afectados, el país ha pedido que se haga justicia. J

usticia, después de las decenas de muertos y afectados con insuficiencia renal por la fatídica medicina. En resumen, la ciudadanía exige dos cosas: indemnización para los afectados y responsabilidad a los culpables. En los dos aspectos, los gobiernos han fallado.

No se ha indemnizado correctamente a los afectados ni a los que perdieron la vida, ni a los que continúan enfermos producto de la negligencia del laboratorio del Seguro Social. Peor aún, tampoco se ha hecho justicia.

Mientras en China pagó con su vida el responsable del envío del material venenoso, en España la empresa intermediaria procedió a cerrar operaciones, sin que el gobierno nacional de Panamá demandara como se esperaba a ambas empresas extranjeras.

En cambio, se ha vivido una tragicomedia de arrestos y libertades, donde ha prevalecido la proyección política y no el deseo de una verdadera justicia. Así, en su momento fueron arrestados los directores de la Caja, obviamente con fines políticos y buscando calmar la falta de culpables, para liberarlos rápidamente. También pasó sus noches de cárcel la directora del laboratorio, tras vigilias de sus compañeros, liberada.

La cadena de responsabilidad podía romperse por cualquier eslabón. Está por supuesto el importador, empresa que vende al Seguro Social en licitación. Está aduanas, que recibe el material y permite su introducción al país; está el jefe del depósito del Seguro que lo almacena; luego los laboratoristas que utilizan el material; y el propio laboratorio de calidad, que debe vigilar… su calidad.   Muy distantes, por supuestos, están el director general de la institución, el ministro de salud y presidente de la Junta Directiva y los que financian la operación.

Como Panamá es y será Panamá, por supuesto que el clamor inicial de la ciudadanía fue que se arrestara al ministro de Salud, cosa que veo absurda; al director de la CSS, cosa también para mí absurda, y no a los que tenían la responsabilidad directa de verificar el material y no haberlo utilizado.

¿Qué hubiésemos pensado si el daño fuese por usar material vencido o dañado? ¿De quién sería la culpa? Una vez liberados los directores, exentos los ministros y liberados los laboratoristas, ante el clamor de la falta de justicia, procedimos a cometer la más grande de las injusticias. Arrestar al encargado de la empresa financiera que simplemente prestó el dinero de los impuestos de introducción, poco menos de $18,000.00.

Por absurdo que parezca, hoy Teófilo Gateno Hafeitz sigue detenido, poco más de dos meses después de su arresto, en un caso donde su responsabilidad está por debajo de todos los liberados. Es como si responsabilizaremos al banco que preste para comprar un carro y el carro queda involucrado en un accidente.

Los deseos de justicia en este caso no pueden pasar por la injusticia, Gateno debe recibir una justicia expedita ante el abuso de un sistema que responde más a imagen y percepciones que a justicia imparcial.

Lo más probable es que el hoy arrestado nunca vio ni los tanques del producto ni mucho menos sospechó su contenido. La operación de financiar un producto químico no hace al financista ni químico ni laboratorista. Pero, sí, al parecer, chivo expiatorio.

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Artículo publicado el 8 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.