¡Hay que proteger las pensiones!

La opinión del Abogado,  Político independiente…


Juan Manuel Castulovich

“El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las obligaciones alimenticias en la forma que establezca la Ley”. Eso dice el Artículo 66 de la Constitución.   Por expresas disposiciones legales, sólo se puede comprometer, por descuento voluntario, hasta el 15% del excedente del salario mínimo; y, por decisión judicial, sólo puede secuestrarse, hasta el 20% del excedente del salario mínimo. En consecuencia, a ningún asalariado se le puede descontar, exceptuadas las pensiones alimenticias, más del 35%, del excedente del salario mínimo. 

Pero esa limitación, contra toda lógica, no se aplica a los pensionados. A éstos, se les descuentan, en algunos casos, la totalidad del monto de sus pensiones.   Incontables son los casos de pensionados que reciben sus cheques “decorados con estrellitas”, es decir, con nada por cobrar.   Y es también frecuente ver, en los sitios donde cobran los jubilados, a personas que, lista en mano, retiran para bancos y financieras los cheques de los jubilados y pensionados, comprometidos o cedidos por descuento voluntario o como resultado de embargos judiciales.

¿Por qué la protección constitucional y legal de los salarios no se aplica a las pensiones, cuando éstas, al igual que los salarios son el sustento de quienes las reciben? La Constitución y la Ley deben protegerlos por igual.   Los pensionados, al igual que los asalariados, dependen de esos ingresos para su subsistencia.

No conozco una estadística específica, pero no hay riesgo de incurrir en equivocación si se afirma que, como mínimo, el 80% de los jubilados y pensionados tienen comprometidas sus pensiones en un monto que excede los límites constitucionales y legales.

No faltará quien afirme, y muy especialmente quienes han otorgado los préstamos o los créditos comerciales, que a ninguno de los afectados se le obligó a comprometerse, por encima de esos límites.    Pero los acreedores, bancos y financieras, aparte de ser plenamente conscientes de que los pensionados han firmado compromisos en violación de los límites constitucionales y legales, se “las han ingeniado” para conseguir que se procesen esos descuentos.   Esas prácticas deben cesar de manera inmediata y todos los descuentos, que violan los límites constitucionales y legales deben anularse, ya sea que se trate de asalariados o de pensionados.

Ante la demanda de los jubilados que reclaman aumentos a sus pensiones, el gobierno ha respondido prometiéndolos para después desdecirse, con poses demagógicas como la de utilizar los subsidios electorales, que terminó en “cortina de humo” o con fórmulas que pondrían en grave riesgo el precario equilibrio actuarial de las reservas de Fondo de Pensiones de la Caja del Seguro Social.

En síntesis, se siguen dando manotazos al aire, mientras las pensiones, especialmente las más bajas, siguen desprotegidas y reducido prácticamente a cero su poder adquisitivo.

Para remediar esa situación, con efectos inmediatos, bastaría que de la presidencia de la República emanara una instrucción para que, comenzado por la Contraloría, todas las entidades públicas apliquen a las pensiones la misma protección que a los salarios y suspendan y reviertan todos los descuentos que excedan los límites constitucionales y legales. Por esa vía, rápida y simple, los pensionados recuperarían una buena parte del poder adquisitivo del que han sido ilegalmente despojados.

<>Artículo publicado el  7  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Receta para multiplicar el dinero

La opinión de…

Luis E. García

Nuestro sistema de libre oferta y demanda proporciona una excelente oportunidad para hacer dinero.   La ética detrás del sistema es cuestionable, pero no sé de ningún economista ni inversionista que no defienda las bondades del proceso.

¿Se ha preguntado usted por qué el tomate, el pan y el combustible están tan caros? Pues, porque sus precios se rigen por el sistema.

No importa cuánto cuesta producir el bien más una ganancia razonable, sino lo que pueda usted inventar para subir el precio. Así tenemos que si un país vecino de Kuwait entra en guerra, “el temor” (sí, el temor) de que el conflicto se extienda hará que el precio del petróleo suba a un nivel fijado por el temor del especulador a ganar menos de lo posible.

En otros casos, algo más razonable puede impactar el costo, como una tormenta de nieve que arrase los cultivos de trigo. La harina subirá de inmediato, sin importar que los silos estén llenos para suplir el mercado por meses y el productor tenga seguro.

Usted debe entender: hay escasez, por lo que el precio sube.

En Panamá no tenemos guerras, y no producimos petróleo ni trigo. Por tanto, debemos pensar otras formas de beneficiarnos con el sistema.

La naturaleza le da a nuestros capitalistas la excusa perfecta en muchos casos. Compre un camión y dedíquese a revender vegetales.   Los compra a buen precio al productor y los revende a buen precio a los verduleros.

Como usted compra y vende a buen precio, se hará de buena clientela. Cuando tenga suficiente efectivo, compre solo la mitad a los productores.

Diga que no hay demanda.   Cuando vaya a vender, diga que no hay producción.   Si preguntan por qué, échele la culpa al clima: el fenómeno de El Niño siempre está rondando, aunque su ciclo sea de 11 años, llueva o haga sol.

El productor tendrá su cosecha a punto de ser pérdida desastrosa, y el consumidor estará añorando un tomate.

Luego de un par de días, llegue al productor y ofrezca la solución: compra todo a mitad de precio. Al aparecer donde el verdulero diga que la escasez está dura: venda el producto 50% más caro que antes.   Todos felices y el sistema funciona.

Por supuesto que la libre oferta y demanda es lo mejor.

Ningún economista que se respete lo pondrá en tela de juicio. La sola idea de regular la economía para poner topes basados en los costos de producción y una ganancia razonable es una herejía.

Mientras tanto, debemos resignarnos a seguir viviendo con un salario que corre detrás de los precios, con dos años de desventaja. Porque el precio sube si cae mucha nieve en un lugar,   pero no será hasta dentro de dos años que quizá suban el salario mínimo. Nunca lo suficiente, por cierto, y si lo suben encomiéndese a Dios, porque los precios vendrán subiendo.

Cosa rara, pero casi todos los empleados del país ganan el salario mínimo.

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Artículo publicado el 26 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ajuste de salario mínimo: Una perspectiva real (II)

La opinión de…

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TOMÁS  SALAZAR  R.

ARTÍCULO 200. Los bienes y servicios sujetos a la regulación de precios, a que se refiere el artículo anterior, serán determinados mediante decreto expedido por el Órgano Ejecutivo, previa consulta no vinculante a la Autoridad.

En el decreto ejecutivo se establecerá que la medida quedará eliminada cuando hubieran desaparecido las causas que motivaron su adopción, según se determine mediante resolución fundada. La regulación tendrá una duración máxima de seis meses, salvo que se justifique su prórroga por periodos iguales, en tanto persistan las circunstancias originales que motivaron su adopción.

Junto con la regulación, el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas que se requieran para eliminar las imperfecciones del mercado. Los agentes económicos que produzcan o comercialicen bienes o servicios cuyos precios sean objeto de regulación según los artículos precedentes no incurren en prácticas monopolísticas por este hecho.

Artículo 201. La regulación de precios de los bienes y servicios se realizará mediante la fijación de un precio máximo de venta, utilizando como parámetro el precio internacional más el arancel aplicado o el precio nacional, el que sea más bajo de los dos.

A este último precio se le agregará un margen de utilidad global razonable, de acuerdo con las características comerciales del producto y el mercado nacional. En condiciones normales, la fijación del precio se realizará al nivel de mayorista, pero podrá fijarse al nivel de minorista si las condiciones del mercado así lo requieren.

Si analizamos estos agentes influyentes en la economía nacional desde la perspectiva real y legal. El ajuste salarial en la clase obrera puede rendir o verse como un ahorro en el hogar, si el gobierno le permite más autonomía a ACODECO, para que pueda fijar y regular los precios del mercado de manera real y que la sociedad se sienta protegida, el Verificar el costo de la energía, mejorar los caminos de penetración, educar a la sociedad sobre los precios del mercado, agilizar la cadena de frío y una política vigilante en los ajustes salariales en la cual, se sienta verdadera calidad de vida y buena alimentación en cada familia panameña que es la función del Gobierno Nacional.

Rafi Mohammed en un libro: El arte del precio, que enseña a los empresarios a valorar la Justicia en la fijación de precios que deben considerar: Los tipos de clientes que poseen, Las relaciones con sus clientes, La transparencia en fijar precios, los productos esenciales no se pueden sustituir como la canasta básica, esto es de meditar, empresarios.

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Artículo publicado el 3  de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Canasta básica y control de precios

La opinión de la periodista…..

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ELKA RODRÍGUEZ

El aumento en el salario mínimo ha sido como un paliativo para poner más dinero en manos de la población económicamente activa.

Sin embargo, con las reacciones que esto ha provocado por parte de la empresa privada, todos sabemos que si no se establece el control para los precios de la canasta básica, se producirá un aumento en la misma, provocando un deterioro aún más del poder adquisitivo de todos los panameños, afectando sobre todo a los que no trabajan y a los que no les han aumentado. Los comerciantes justifican el aumento en los productos debido al incremento en el precio del combustible, la electricidad y del salario mínimo.

Hay que hacer algo para proteger al consumidor y lo mejor es que el Estado regule los precios de todos los productos de la canasta básica a través de la Oficina de Regulación de Precios.

Señor Presidente, en todos sus discursos políticos el tema de los precios bajos para la canasta básica fue pregonado a todo pulmón, pero ha sido lo contrario. Cada día aumentan más los principales productos de la mesa del pueblo. La mala alimentación del panameño resulta una cadena difícil de romper y tenga presente que los panameños mal alimentados son seres débiles e improductivos; que la mala alimentación del pueblo genera enfermedad, y ésta a la vez genera bajo rendimiento en el trabajo y en los estudios.

Esta rueda macabra, este círculo vicioso de hambre, sólo se puede romper con la reapertura inmediata de la Oficina de Regulación de Precios que fiscalice los precios y ponga en su lugar a todos los comerciantes inescrupulosos que viven de la miseria humana.

Señor Presidente, la mayor riqueza que puede tener una nación es un pueblo bien alimentado para que sea productivo y estudioso. Aproveche ese capital humano que creyó en usted y con quien se comprometió a mejorarle su calidad de vida.

Recuerde que cuando usted se calzaba los zapatos del pueblo pudo percatarse de que en nuestro país además de existir las zonas rojas, en las que resalta la delincuencia en todas sus facetas, también existen zonas de pobreza y pobreza extrema, cuyos habitantes están condenados por años al hambre.

En cualquier escenario planteado, podemos observar que la Oficina de Control de Precios juega un papel determinante para cambiar el panorama de precariedad alimenticia que está azotando al pueblo panameño. Se espera con ansiedad que la frase “ahora le toca al pueblo” se cumpla para bien, no para que sea el inicio de un océano de desdichas.

Todos juntos podemos transformar esta patria con trabajo y esfuerzo honrado.

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Publicado el 6 de marzo de 2010 en el Diario El Siglo a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde

Impuestos e inversión social

La opinión de la Economista y Educadora…..

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LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

En las últimas décadas las administraciones gubernamentales sustentan, como limitante para ejecutar programas de inversión social, la insuficiencia de fondos que garanticen el desarrollo de los planes de gobierno.

Así, durante la administración Moscoso (2002) la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el reordenamiento y simplificación del sistema tributario.   Introdujo la tributación en la prestación de servicios al ITBM, cuyo principal aporte consistió en la reducción de la carga tributaria y eliminó el impuesto sobre la renta para salarios menores de B/.800.00 mensuales.

La administración Torrijos (2005), introdujo modificaciones al sistema tributario. Incorpora el CAIR (deducción alterna del impuesto sobre la renta), el pago de impuestos sobre los ingresos generados por personas naturales como gastos de representación y el “ flax tax ”, que aplica un porcentaje similar para todas las empresas. Lo que a juicio de los proponentes controlaría la evasión fiscal. Estas reformas fueron severamente cuestionadas por diversos sectores, producto del impacto inmediato reflejado en el aumento de los precios de la canasta básica.

Al igual que gestiones anteriores y bajo el mismo argumento la Asamblea actual aprobó un paquete de reformas tributarias. Este, amplía de B/.800.00 a B/.846.15 el rango salarial de trabajadores que liberan su pago de ISR y lo disminuye del 24% al 15% a los trabajadores que perciben salarios hasta tres mil balboas mensuales.

Se elimina el CAIR e introduce el Impuesto Mínimo Estimado (IME), que pagarán las empresas con ingresos superiores a 1.5 millones de balboas anuales. Los artículos de lujo como automóviles, joyas, yates y otros pagarán ITBMS. Se incrementa del 5% al 7% el ITBMS, medida que según el ministro de Economía y Finanzas no afectará, porque no será cargado al consumo de productos alimenticios, servicios de salud, medicinas, educación, transporte, combustible, servicios públicos, alquileres, viviendas e insumos agropecuarios.

La pobreza, desempleo e inseguridad, continúan siendo los pretextos principales para que gobierno tras gobierno justifiquen reformas tributarias bajo el supuesto de incrementar los ingresos y robustecer el Presupuesto Estatal y con ello la capacidad de inversión para obras y programas de equidad social.

El aumento del salario mínimo dejó sentir una corriente inflacionaria, que impactó con mayor severidad a los empleados públicos con salarios estancados, así como a los ocupados en actividades informales ¿y qué de los desempleados? Situación que aunada a la entrada en vigencia de la nueva reforma tributaria hace percibir otra disminución en el poder adquisitivo, producto del traspaso de impuestos a los consumidores.

Es correcta la visión de que la carga impositiva sea progresiva, pero es necesario que los gobiernos consideren dispositivos efectivos que garanticen el uso adecuado y racional de los recursos del Estado, la disminución de la deuda pública, el establecimiento de políticas salariales progresivas que consideren el factor inflacionario, al igual que dispositivos legales y operacionales que castiguen la evasión fiscal.

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Publicado el 3 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

El poder adquisitivo de los trabajadores

La opinión del Jurista y Docente Universitario……

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CARLOS AYALA MONTERO

Desde hace años el poder adquisitivo de los trabajadores viene reduciéndose en proporción igual o mayor que los aumentos salariales. El costo de la canasta básica alimenticia ha aumentado en los últimos cinco años en más de un 25%, mientras que los ajustes al salario mínimo se han realizado por el orden promedio del 19% en el sector privado, incluido el último, vigente desde enero de este año. Los servidores públicos por su parte, han recibido incrementos de salario mínimo que rondan el 15%.

El costo de vida en general se viene incrementado, considerando los precios de los medicamentos, la energía eléctrica, el combustible y ahora, para colmo, los impuestos. Y es que cada aumento en el salario es transferido al costo del producto de cada empresa, con lo que quienes pagan el aumento en los precios son los trabajadores.

La situación se agrava si se considera que en el sector privado solo un aproximado al 28% de trabajadores posee ajustes salariales por convenios colectivos, mientras que en el sector público solo algunos profesionales reciben aumentos por vía de escalafón; la gran mayoría no recibe aumento alguno de forma regular, teniendo que recurrir a las influencias político-partidistas.

Así las cosas, el aumento del salario mínimo beneficia solo a los que reciben ese nivel de ingresos: el mínimo (40%), mientras que un 32% no recibe ningún aumento; y ningún trabajador no declarado en empresas no declaradas (trabajo informal) recibe ningún ajuste en su ingreso. En el sector público un aproximado de 47.5% de los trabajadores ganan un poco más que el salario mínimo (alrededor de B/400.00) y por lo tanto no reciben los ajustes decretados.

Sin embargo, “ todos los trabajadores ” son afectados por el aumento en el costo de vida, con lo que el aumento del salario mínimo se reduce a casi nada; se disminuye el salario real pactado en convenios colectivos y se reduce el ingreso de los que no reciben aumentos en ninguna forma, porque deben pagar más dinero por las misma mercancías y servicios; deben recurrir a prestamistas inescrupulosos (agiotismo) o trabajar horas extras o realizar otros trabajos para obtener más ingresos, a costa de empeorar su calidad de vida y la de sus familias y su salud.

Habría que promover los ajustes salariales generales; o permitir negociación de los salarios en el 100% de las empresas y las instituciones estatales y además tomar medidas para regular el ingreso económico de los informales y, sumado a todo ello, evitar o al menos minimizar la posibilidad de que el 100% de los aumentos salariales sean pasados al consumidor, y así asegurar más ingresos a todos los trabajadores, porque de otra forma, tales aumentos son una fantasía.

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Artículo publicado el 10 de febrero de 2009 en el Diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¡Un país surrealista!

La opinión de la Docente Universitaria…..

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Emma Mendoza A.

En broma y en serio, propios y extraños, clasifican a Panamá como un país surrealista, pues muchos de los acontecimientos que aquí tienen lugar, no embonan dentro de la más elemental lógica, al punto que un extranjero esgrimía colocaba nuestras fronteras territoriales donde terminaba la lógica. Humor negro? o verdad que incomoda? Lo cierto es que en este terruño producimos hechos que descartan posibilidades de tomarnos seriamente.

Por ejemplo, se aprueba un salario mínimo nacional para los trabajadores de las empresas privadas y “un día antes de que entrara a regir el nuevo salario mínimo, el Gobierno modificó su decisión, reduciendo el salario mínimo nacional para los trabajadores de los cañaverales.   Las modificaciones incluyen las áreas agrícolas, industriales y de comercio al por mayor en este sector al que está vinculado el presidente Ricardo Martinelli y su vicepresidente Juan Carlos Varela” (La Prensa, lunes 18 de enero del 2010). El mismo día: “Anuncian aumento para empleados públicos” con la irrisoria suma de B/7.57 mensual para miles de los que en este sector ganan salario mínimo (Panamá América, 18 de enero 2010). Juran que están contribuyendo a elevar la calidad de vida de estos humildes panameños, incluido el embromarlos como lo hicieron con el sector agrícola. ¿O se trata de una fábula para entretenerlos?

De igual manera, los ilustrados del actual gobierno, no de “la Ilustración”, infringen normas que prometieron acatar, verbigracia:  el Nepotismo, ”vicio de la administración pública de repartir los cargos no en función de valía, sino en razón del parentesco o de la afinidad de cualquier tipo… favor desmedido que un alto funcionario concede a familiares o amigos” justificándolo con respuestas tan simplistas que aluden al derecho al trabajo de los familiares del Presidente. Volvamos, entonces, a las eras monarcales y gobernemos en consecuencia.

De lo que no se percatan los que así actúan, es que violentan la ética y la transparencia que torna inadmisible el nombramiento de familiares dentro de vínculos consanguíneos cercanos o de afinidad, en puestos de poder e influencia dentro de la burocracia.

Lo anterior también ocurrió en gobiernos anteriores, lo tragicómico es que el abolir esa práctica fue enarbolada como una de las múltiples expectativas de campaña.

Ahora bien, si repasamos las promesas de campaña o le seguimos la pista al Presidente, como lo hizo el Panamá América con el gobierno de Martín Torrijos, tendríamos que buscar un diccionario que clarifique la definición de Cambio, porque mi humilde entendimiento no logra encontrarle la lógica ni la dimensión al actual. ¿Será el castellano una de mis asignaturas pendientes? ¿o quizás la palabra varió su acepción’, porque en el país del surrealismo todo es posible.

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Publicado el 24   de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El salario mínimo importa a todos

La opinión del Médico especialista en Salud Pública…..

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JUAN CARLOS MAS C.

Cada cierto tiempo, marcado por las normas que regulan su negociación, el gobierno y los actores del proceso productivo, empresarios y trabajadores, se sientan a negociar el incremento del salario mínimo estimado como conveniente.

De las alegaciones de los patronos no me voy a ocupar ahora, partiendo del reconocimiento de que no es su intencionalidad el aumento salarial como concepto propio de clase.

Sin embargo, el discurso obrero suele centrarse en los alegatos acerca de la canasta básica alimentaria y la de servicios, mientras que el del gobierno se ubica en su pretendida sana intención de cerrar la brecha entre ricos y pobres. Todos los actores se olvidan de que el duelo entre clases se traba sobre un escenario y ese escenario es el tipo de país que se tiene y que se pretende conquistar.

El nuestro es un país subdesarrollado y las tareas que se tienen que cumplir sobre ese escenario son tareas nacionales y las sociales.

Creemos que los trabajadores dejan a un lado las oportunidades para encabezar al conjunto de las demandas sociales.  Pasemos a explicar esto.

La característica esencial del subdesarrollo es la existencia de regiones internas de desarrollo material y cultural diferentes. No existe una Francia rica y otra pobre; Suiza rica y pobre; Alemania rica y pobre. Por ello la tarea central de todo Estado, en un país de la periferia, es borrar las diferencias del desarrollo interno.  Esa misión es la única que legitima al Estado en un país como los nuestros.

La existencia de salarios diferentes para la misma profesión u oficio según las regiones, lo que produce es una magnificación de las diferencias regionales e incentiva las migraciones internas, fortaleciendo los asentamientos precarios y la marginalidad. ¿Cómo podría esperarse que un obrero calificado prefiera asentarse en un área regional más atrasada, si allá le han de pagar menos?; puesto en esas circunstancias el oficiante, del ramo que fuere, prefiere venir a la ciudad capital, porque en ella se paga más por su trabajo.

Pero el problema de la migración interna y sus consecuencias de marginalidad no es solo un problema moral y de solidaridad, sino uno de carácter estratégico para la clase obrera, porque esa población excedente opera como el ejército industrial de reserva, según la célebre definición de Carlos Marx, es decir, que su presencia mantiene los salarios a la baja.

La idea de este gobierno, de pagar salarios diferenciados en las actividades económicas más desarrolladas intensificará la diferenciación regional hacia la baja, porque las actividades mejor pagadas se encuentran orientadas hacia la zona de tránsito. Si se pretende justificar esto con el ejemplo de que la actividad turística se expande por todo el país, en áreas montañosas o islas alejadas, solo estaremos haciendo la excepción que confirma la reglar.

Por encima de la discusión de los montos del salario mínimo, que es una cuestión cuantitativa necesaria y justa, existe, pues, este otro tema que tiene que ver con la dimensión cualitativa de la política del Estado, que es la misión de borrar las diferencias que nos atascan en la categoría de país subdesarrollado.

Un solo salario mínimo y mejor aún si está incrementado adecuadamente.

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Publicado el  22  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Libertad, asociación y producción

La opinión de……

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Olmedo Miró


En la actual controversia acerca del incremento demencial del salario mínimo, que en un artículo anterior denuncié como una medida para excluir a los que menos tienen de la formalidad en la economía y de la división del trabajo, salían algunos comentaristas a exponer que el Gobierno, como siempre,  “debe salir a buscar fórmulas que aumenten la productividad y así evitar que estas medidas aumenten el desempleo y la informalidad”.

Esto está bien, en el sentido de que si tú no aumentas tu productividad por encima de la barrera establecida por el Estado para el salario mínimo, no podrás obtener empleo formal en este país, bien.

Sin embargo, el problema con este tipo de argumentos es que fallan por completo en identificar que el principal impedimento para el aumento de la productividad de los trabajadores en este país son precisamente las leyes del salario mínimo y las más de 500 páginas de código laboral que impiden el surgimiento y evolución del fundamento mismo de la productividad en la economía, que es la división del trabajo formada en la asociación libre y voluntaria de individuos para producir.

Olvidan, además, que la educación no es más que un complemento a esta división del trabajo, división producto de la libre asociación de individuos para producir, y nunca su fundamento.   Sin libertad de asociación, el aumento de la productividad no será más que una quimera con un montón de “licenciados” manejando taxis.

Es curioso saber que tan pocos ciudadanos citadinos de clase media, como son muchos de ustedes, lectores, y yo, están conscientes de qué tan inútiles seríamos si de nosotros dependiera nuestra existencia, si no tuviéramos posibilidad de asociación para producir o intercambiar. Trate usted de sobrevivir en una selva darienita o en una isla desierta, y de muy poco le servirán todos sus títulos obtenidos aquí o en el extranjero, pronto caeremos en un estado que los estadísticos llaman “extrema pobreza”.

La razón es muy simple, como Adam Smith descubrió mucho tiempo atrás, la esencia de la riqueza de las naciones es la división del trabajo. Un individuo por sí solo, no importa qué tan capacitado o educado esté, rápidamente se reducirá a un estado de supervivencia. En una economía avanzada todos los ciudadanos dependemos de una serie de contratos entre individuos, imposibles de comprender para cualquier burócrata o planificador, pero que en sí crean la enorme abundancia: Desde los alimentos siempre disponibles en el súper hasta celulares de alta tecnología para niños de escuela. Sin estas asociaciones, nada de esto sería posible y quedaríamos como náufragos en una isla desierta.

El fallo en entender este hecho es consecuencia general de las grandes falacias económicas, que producen disparates como leyes de salario mínimo. Es juzgar el libro por la cubierta invirtiendo el orden de los factores.   Como cuando los bárbaros, que al invadir las ciudades romanas, se maravillaban ante el agua que salía de los grifos en las ciudades y pensaban que tomando los grifos y llevándolos a sus ciudades iban a obtener agua fluyendo de ellos.

Los bárbaros no notaban que detrás de esos grifos existía una complejísima infraestructura de los cuales los grifos eran un pequeño complemento final y más visible.   Es así como piensan estos bárbaros modernos, que creen que con la manipulación del salario se aumentarán los ingresos.  Y en cuanto a la educación, estos bárbaros piensan que la educación vale por sí misma, cuando en realidad es un complemento a una estructura. Un neurocirujano de Harvard vale poco en una isla desierta.

Las consecuencias de estas falacias para nuestro país van mucho más allá de las cifras del desempleo. Su verdadera consecuencia está en que un pobre no puede contratar a otro pobre. Que un pobre que pretenda utilizar todo el desempleo a su alrededor y utilizar estos recursos ociosos para construir casas para los vecinos que paguen con sancocho pronto se encontrará con un funcionario del Estado que le impondrá la multa correspondiente.

¡Prohibido asociarse, prohibido trabajar! A menos que se pague las sumas de dinero que implican los incontables permisos.  De allí la pobrísima generación de empresas en este país. Situación que empeora a medida que bajas en la escala social o te alejas de los centros urbanos.

Consecuencia: migración a la ciudad y barrios marginales, crímenes, pandillas.  Y como en este país todo se arregla con parches, bueno, entran las leyes de excepción donde a compañías extranjeras se les exceptúa de todos los tributos y regulaciones que tienen que seguir los “panameñitos vida mía”.   La empresa: un privilegio de aquellos con conexiones y abogados.

Como país, nuestras leyes son el reflejo de nuestros prejuicios.  Para nuestros gobernantes la riqueza y las empresas son algo que se genera desde arriba y por los de arriba.   La parafernalia de leyes y regulaciones que impiden y limitan contratos de trabajo son fiel reflejo de este prejuicio.

Es resultado de un país donde casi la mitad de la población activa vive en la informalidad, porque asociarse para producir es solo cosa de ricos. Donde los pobres viven como náufragos, esperando ser rescatados por el “siguiente gobierno”.  Se les prohíbe ser productivos.

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Publicado  el   18  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Precios y salarios

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La opinión del Ingeniero y Analista Político……
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JOSÉ I. BLANDÓN C.

Con el reciente aumento del salario mínimo decretado por el gobierno de Ricardo Martinelli, se ha generado un debate sobre el efecto de esta medida en los precios de los alimentos y los bienes de consumo popular. La inflación para el 2009 ha sido estimada en 2,5% y en 3% para el 2010, sin incluir esta medida de incremento del salario mínimo.

Como una contribución a la discusión que se está dando queremos puntualizar algunos aspectos fundamentales de este tema, con cifras que nos permitan enfocar con claridad y objetividad el efecto que este incremento del salario mínimo tendrá en los precios de los artículos de consumo popular.

Comenzaremos por decir que entre 1996 y el 2007, el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió a una tasa de 5,4% anual, en tanto que en el quinquenio 2004-2008 esa tasa fue de 8,7%, atribuible especialmente al alto crecimiento del año 2007, que fue de 11,2%.

Diversos factores favorecieron este elevado crecimiento de la economía panameña, entre los que destaca el dinamismo del sector externo, las transacciones del Centro Financiero, el aumento de los ingresos provenientes del Canal, la expansión del sector inmobiliario y el auge del turismo. A lo anterior podría agregarse también el aumento de las exportaciones de bienes no tradicionales, como el melón, la sandía, la piña y la yuca, que pasaron de 27 millones de balboas en el 2001   a   200 millones de balboas en el 2006.

Esta tendencia favorable de la producción permitió elevar significativamente el ingreso por habitante, que, de acuerdo a las cifras disponibles, creció a una tasa media anual de 7,2% en el periodo 2004-2008, más del doble de la registrada entre 1996-2007, que fue de 3,7%.

Un hecho que debe resaltarse es que la política fiscal aplicada a partir del 2003 estimuló la demanda interna, en la medida en que permitió disponer de más recursos para el consumo a las personas que recibían inferior o igual a 800 dólares mensuales.

¿Qué pasó con los precios durante este periodo? Históricamente la economía panameña ha tenido niveles de inflación bajos y estables. Entre 1990 y el 2007 en muy pocas ocasiones el Índice General de Precio al Consumidor mostró una variación superior al 1% anual.   No obstante, en el 2008 la inflación llegó a nivel histórico, con un 9,8%, motivado por el incremento de los precios en el combustible y de los alimentos. En el año 2009 la inflación cayó a 2,5% anual.

¿Qué pasó con los salarios y la productividad? A pesar del alto crecimiento de la economía los trabajadores panameños no han recibido el beneficio de este alto comportamiento de la economía. En efecto, el salario medio real se redujo en 13% entre el 2001-2007 y esa reducción se hizo más aguda en el 2008, cuando la inflación llegó a 9,8%. Las cifras de la encuesta de hogares también revelan que la productividad creció a un ritmo de 2% anual durante este periodo, pero más de la mitad de la caída de remuneraciones se verificó en el 2007-2008, precisamente en los años económicos, pero al mismo tiempo de mayor inflación.

En materia de salarios mínimos reales, lo que se advierte en los últimos años es una tendencia a la estabilidad, salvo las decisiones drásticas tomadas en la Administración de Ricardo Martinelli. De acuerdo a la cifras de las encuesta de hogares, en el 2007 alrededor del 23% de los ocupados percibieron ingresos entre 0 y 0,8 veces el salario mínimo legal, porcentaje que se eleva al 45% de los asalariados rurales.

A su vez, dos tercio de los trabajadores tenían ingresos inferiores al doble del salario mínimo, lo que da cuenta de una estructura de ingresos laborales muy segmentadas. Esta realidad demuestra que la economía panameña no ha tenido la capacidad de corregir fallas estructurales en la distribución del ingreso.   Además, es evidente que el ajuste en el salario mínimo era necesario y justo.

Para lograr que este incremento en el salario mínimo no refleje un incremento en los precios, hay que asegurarse de que la oferta de bienes en alimentos y productos esenciales supere la demanda. Para ello es necesario que el Estado promueva la producción y estimule a los empresarios a invertir en estos sectores y desarrolle una política fiscal que permita poner alimentos baratos en la mesa de los trabajadores.

Es importante que los sectores empresariales comprendan que la economía panameña no puede desarrollarse con salarios de hambre. Las cifras indican con claridad que el incremento del salario mínimo era una medida económicamente correcta, socialmente justa y políticamente necesaria. La estabilidad política es importante para impulsar el desarrollo económico.

El año 2010 va a requerir de una concertación más profunda entre trabajadores y empresarios, para lograr equidad en el desarrollo económico. Además, será necesario que los dirigentes políticos del país inicien conversaciones sobre el futuro de estos temas de importancia suprema para el panameño común.

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Publicado el  8  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ante el nuevo salario mínimo

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La opinión de…..

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Gaspar García de Paredes Ch.

El Decreto Ejecutivo No. 263, del 21 de diciembre de  2009, por el cual “Se  fijan  las  nuevas  tasas  de  salario  mínimo en todo el  territorio  nacional”, por  sí sólo no es necesariamente  bueno ni  malo… Todo depende  de qué hagamos ahora.

Si no hacemos nada por elevar la competitividad y productividad, seguramente será una decisión que traerá tristes consecuencias –la destrucción de puestos de trabajo dentro del sector formal, el debilitamiento y la pérdida de competitividad de las empresas– como resultado de los costos adicionales que promulga el decreto, sin que los mismos se correspondan con aumentos en competitividad y productividad.

Al elevar el nivel de salario mínimo, sin productividad, se pone presión para que los puestos de trabajo de mano de obra menos calificada sean “exportados”, dejen  de ser viables en el país. Luego de los  aumentos (incluso anteriores) resulta que para sustentar un puesto que pague el nuevo salario mínimo los candidatos deben reunir más habilidades o competencias que hagan viable ese puesto de trabajo; en consecuencia, terminan desplazando a quienes tienen menos capacitación para producir.

Evidentemente hay empresas donde la  mayoría de sus colaboradores gana más que el  salario mínimo. En estas, cómo administrarán la situación dependerá del peso que tenga el salario mínimo en su gasto de planilla; o qué tanto el nuevo salario mínimo empuje los otros salarios a  subir.

Al  final, de no haber mejorías en la gestión, ahorros, mayor eficiencia, más productividad u otro elemento que pueda compensar el gasto adicional seguramente habrá presión para subir los precios al consumidor, como último recurso para mantener la salud financiera de la empresa.

Aumentar el  salario mínimo sin mejorar  la competitividad y la productividad, conlleva serias amenazas: riesgo de inflación, debilitamiento de las finanzas a las empresas, pérdida de competitividad (para pelear mercado contra productos internacionales, de donde no han experimentado aumento de costos), y obviamente la reducción de los puestos de trabajo viables o disponibles para quienes tengan menores competencias laborales.

Las peores consecuencias se darán donde se dieron cambios de región. Por ejemplo, en la región tres están los distritos con la peor realidad social del país. Lugares donde conseguir un empleo formal era muy difícil, ahora lo será más. Entre esos están: Cañazas, Chepigana, Chimán, Dolega, La Mesa, Las Palmas, Pinogana, San Lorenzo, San Félix, Santa Fe, etc.

Otros donde las empresas y sus colaboradores ahora tendrán más peso que cargar y un mayor reto para poder competir son los distritos que fueron cambiados de la región dos a la región uno. Estos son: Aguadulce, Arraiján, Bocas del Toro, Chitré, David, La Chorrera, Penonomé  y Santiago.

Lamentablemente, ni la eliminación de la región tres ni los cambios de región dos a región  uno están sustentados en estudios econométricos que nos permitan evaluar si  había mérito para hacer esos cambios. Tampoco se han estudiado las consecuencias  e implicaciones para la economía nacional y, sobre todo, para las de esos distritos o sus moradores.

La  preocupación para las empresas que experimentarán estos “saltos” de región están no sólo en los aumentos, sino que simultáneamente el cambio de región implica un aumento adicional. Ese doble aumento, y la amenaza de que esto se repita en el futuro, tiene hoy a muchos pensando si  continuar o no en la actividad en la que están. “Amenaza de que esto se repita”, porque el  presidente Martinelli  dijo: “estamos  abriendo  el  camino  para  establecer  un  solo  salario en todo el país”.

Es difícil elevar la competitividad y productividad a niveles que hagan esos aumentos viables en tan corto plazo. Algo se les ocurrirá para “resolver” –lamentablemente, en la última década, ante la escalada de costos para mantener una empresa, optan por incurrir en la informalidad– así su única contribución al fisco es si pagan impuestos al consumo.

Los panameños en la informalidad típicamente tampoco cuentan con seguridad social, ni prestaciones laborales; ni son sujetos de crédito para optar por invertir en mejorar su bienestar. Ellos viven el “día a día”. La informalidad en nuestra economía se estima en 44%, situación alarmante y que constituye una amenaza para las finanzas del país.

Necesitamos hacer un trabajo serio, y lograr efectivamente aumentar la competitividad y productividad, individual y colectiva, para poder hacerle frente a los nuevos costos. La empresa privada lleva años intentando que estos sean tratados como temas de Estado, y que los trabajemos al margen de la política  partidista.

Elevar la competitividad y productividad del país es lo que mejoraría el bienestar de la familia panameña. Lo demás son anuncios que pueden sonar populares, pero que conllevan poca posibilidad de ser una solución a los problemas de la población, pues no parten de un paradigma sostenible.

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Publicado en 30  de diciembre de 2009 en el diario La Prensa a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La gran decepción

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La opinión del Economista, Docente Universitario y Ex Director de la CSS….

Juan Jované

Teniendo en cuenta que desde que se inició el actual episodio inflacionario, aproximadamente en agosto de 2006, el costo de los alimentos y bebidas se ha incrementado, de acuerdo a datos de la Contraloría General de la República, en cerca del 32%, mientras que el valor de la canasta básica alimenticia del Ministerio de Economía y Finanzas mostró para el mismo período un aumento de 29%, no es de extrañar que una buena parte de la población asalariada tuviera puestas sus esperanzas en la posibilidad de un aumento salarial decretado por el gobierno.
Se trata, desgraciadamente, de una esperanza que cae bajo el peso de la decepción que produce la reciente decisión gubernamental sobre el tema.

Para comenzar es una disposición excluyente ya que al referirse exclusivamente al salario mínimo, deja sin ninguna compensación por el efecto de la inflación a los cerca de 746 mil asalariados que tienen un salario superior al mínimo, así como a los 448 mil trabajadores no asalariados del país.

También, por razones inexplicables, se excluyeron de los beneficios decretados a todos los empleados públicos que apenas ganan el salario mínimo.

En segundo lugar, es un incremento insuficiente para prácticamente la totalidad de los empleados que reciben el salario mínimo.

Esto queda claro si se tiene en cuenta que el incremento promedio decretado por el gobierno, que alcanza al 18.7%, se encuentra entre 10 a 14.3 puntos porcentuales por debajo de lo que, de acuerdo a las propias cifras oficiales, sería necesario para apenas subsanar el incremento en el costo de los alimentos.

El gobierno con su decisión ha condenado a los asalariados a asumir una pérdida permanente y muy significativa en su nivel de consumo alimentario. Más aún, la reiterada inacción del gobierno para controlar los precios de los bienes básicos llevará a que este magro aumento termine en las manos de los comerciantes especuladores.

En tercer lugar, dada la forma en que se diseñó el mecanismo, donde en cada una de las dos zonas se tienen cerca de 50 salarios mínimos distintos, ha venido a generar una mayor diferenciación entre asalariados, aún cuando estos tengan las mismas necesidades y ejerzan trabajos y esfuerzos semejantes.

Es así por ejemplo que un trabajador de un supermercado que realice una tarea similar a la de un conserje de un edificio tendrá un incremento que apenas alcanza a un poco más de la mitad del que recibe este último.

Es inconcebible, además, que algunos trabajadores del campo reciban un aumento salarial que no llega ni siquiera al 5%. Esto provocará la presencia de incentivos perversos que se expresarán, entre otras cosas, en la aceleración de la migración campo ciudad.

Todo esto nos lleva a concluir que el actual gobierno, más allá de lo que presenta su estridente propaganda de corte comercial, carece de la sensibilidad social y del manejo conceptual necesario para solucionar los graves problemas que sufre la población.

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Publicado en 29 de diciembre de 2009 en el diario El Panamá America, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.