¡Hay que proteger las pensiones!

La opinión del Abogado,  Político independiente…


Juan Manuel Castulovich

“El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las obligaciones alimenticias en la forma que establezca la Ley”. Eso dice el Artículo 66 de la Constitución.   Por expresas disposiciones legales, sólo se puede comprometer, por descuento voluntario, hasta el 15% del excedente del salario mínimo; y, por decisión judicial, sólo puede secuestrarse, hasta el 20% del excedente del salario mínimo. En consecuencia, a ningún asalariado se le puede descontar, exceptuadas las pensiones alimenticias, más del 35%, del excedente del salario mínimo. 

Pero esa limitación, contra toda lógica, no se aplica a los pensionados. A éstos, se les descuentan, en algunos casos, la totalidad del monto de sus pensiones.   Incontables son los casos de pensionados que reciben sus cheques “decorados con estrellitas”, es decir, con nada por cobrar.   Y es también frecuente ver, en los sitios donde cobran los jubilados, a personas que, lista en mano, retiran para bancos y financieras los cheques de los jubilados y pensionados, comprometidos o cedidos por descuento voluntario o como resultado de embargos judiciales.

¿Por qué la protección constitucional y legal de los salarios no se aplica a las pensiones, cuando éstas, al igual que los salarios son el sustento de quienes las reciben? La Constitución y la Ley deben protegerlos por igual.   Los pensionados, al igual que los asalariados, dependen de esos ingresos para su subsistencia.

No conozco una estadística específica, pero no hay riesgo de incurrir en equivocación si se afirma que, como mínimo, el 80% de los jubilados y pensionados tienen comprometidas sus pensiones en un monto que excede los límites constitucionales y legales.

No faltará quien afirme, y muy especialmente quienes han otorgado los préstamos o los créditos comerciales, que a ninguno de los afectados se le obligó a comprometerse, por encima de esos límites.    Pero los acreedores, bancos y financieras, aparte de ser plenamente conscientes de que los pensionados han firmado compromisos en violación de los límites constitucionales y legales, se “las han ingeniado” para conseguir que se procesen esos descuentos.   Esas prácticas deben cesar de manera inmediata y todos los descuentos, que violan los límites constitucionales y legales deben anularse, ya sea que se trate de asalariados o de pensionados.

Ante la demanda de los jubilados que reclaman aumentos a sus pensiones, el gobierno ha respondido prometiéndolos para después desdecirse, con poses demagógicas como la de utilizar los subsidios electorales, que terminó en “cortina de humo” o con fórmulas que pondrían en grave riesgo el precario equilibrio actuarial de las reservas de Fondo de Pensiones de la Caja del Seguro Social.

En síntesis, se siguen dando manotazos al aire, mientras las pensiones, especialmente las más bajas, siguen desprotegidas y reducido prácticamente a cero su poder adquisitivo.

Para remediar esa situación, con efectos inmediatos, bastaría que de la presidencia de la República emanara una instrucción para que, comenzado por la Contraloría, todas las entidades públicas apliquen a las pensiones la misma protección que a los salarios y suspendan y reviertan todos los descuentos que excedan los límites constitucionales y legales. Por esa vía, rápida y simple, los pensionados recuperarían una buena parte del poder adquisitivo del que han sido ilegalmente despojados.

<>Artículo publicado el  7  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Receta para multiplicar el dinero

La opinión de…

Luis E. García

Nuestro sistema de libre oferta y demanda proporciona una excelente oportunidad para hacer dinero.   La ética detrás del sistema es cuestionable, pero no sé de ningún economista ni inversionista que no defienda las bondades del proceso.

¿Se ha preguntado usted por qué el tomate, el pan y el combustible están tan caros? Pues, porque sus precios se rigen por el sistema.

No importa cuánto cuesta producir el bien más una ganancia razonable, sino lo que pueda usted inventar para subir el precio. Así tenemos que si un país vecino de Kuwait entra en guerra, “el temor” (sí, el temor) de que el conflicto se extienda hará que el precio del petróleo suba a un nivel fijado por el temor del especulador a ganar menos de lo posible.

En otros casos, algo más razonable puede impactar el costo, como una tormenta de nieve que arrase los cultivos de trigo. La harina subirá de inmediato, sin importar que los silos estén llenos para suplir el mercado por meses y el productor tenga seguro.

Usted debe entender: hay escasez, por lo que el precio sube.

En Panamá no tenemos guerras, y no producimos petróleo ni trigo. Por tanto, debemos pensar otras formas de beneficiarnos con el sistema.

La naturaleza le da a nuestros capitalistas la excusa perfecta en muchos casos. Compre un camión y dedíquese a revender vegetales.   Los compra a buen precio al productor y los revende a buen precio a los verduleros.

Como usted compra y vende a buen precio, se hará de buena clientela. Cuando tenga suficiente efectivo, compre solo la mitad a los productores.

Diga que no hay demanda.   Cuando vaya a vender, diga que no hay producción.   Si preguntan por qué, échele la culpa al clima: el fenómeno de El Niño siempre está rondando, aunque su ciclo sea de 11 años, llueva o haga sol.

El productor tendrá su cosecha a punto de ser pérdida desastrosa, y el consumidor estará añorando un tomate.

Luego de un par de días, llegue al productor y ofrezca la solución: compra todo a mitad de precio. Al aparecer donde el verdulero diga que la escasez está dura: venda el producto 50% más caro que antes.   Todos felices y el sistema funciona.

Por supuesto que la libre oferta y demanda es lo mejor.

Ningún economista que se respete lo pondrá en tela de juicio. La sola idea de regular la economía para poner topes basados en los costos de producción y una ganancia razonable es una herejía.

Mientras tanto, debemos resignarnos a seguir viviendo con un salario que corre detrás de los precios, con dos años de desventaja. Porque el precio sube si cae mucha nieve en un lugar,   pero no será hasta dentro de dos años que quizá suban el salario mínimo. Nunca lo suficiente, por cierto, y si lo suben encomiéndese a Dios, porque los precios vendrán subiendo.

Cosa rara, pero casi todos los empleados del país ganan el salario mínimo.

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Artículo publicado el 26 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ajuste de salario mínimo: Una perspectiva real (II)

La opinión de…

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TOMÁS  SALAZAR  R.

ARTÍCULO 200. Los bienes y servicios sujetos a la regulación de precios, a que se refiere el artículo anterior, serán determinados mediante decreto expedido por el Órgano Ejecutivo, previa consulta no vinculante a la Autoridad.

En el decreto ejecutivo se establecerá que la medida quedará eliminada cuando hubieran desaparecido las causas que motivaron su adopción, según se determine mediante resolución fundada. La regulación tendrá una duración máxima de seis meses, salvo que se justifique su prórroga por periodos iguales, en tanto persistan las circunstancias originales que motivaron su adopción.

Junto con la regulación, el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas que se requieran para eliminar las imperfecciones del mercado. Los agentes económicos que produzcan o comercialicen bienes o servicios cuyos precios sean objeto de regulación según los artículos precedentes no incurren en prácticas monopolísticas por este hecho.

Artículo 201. La regulación de precios de los bienes y servicios se realizará mediante la fijación de un precio máximo de venta, utilizando como parámetro el precio internacional más el arancel aplicado o el precio nacional, el que sea más bajo de los dos.

A este último precio se le agregará un margen de utilidad global razonable, de acuerdo con las características comerciales del producto y el mercado nacional. En condiciones normales, la fijación del precio se realizará al nivel de mayorista, pero podrá fijarse al nivel de minorista si las condiciones del mercado así lo requieren.

Si analizamos estos agentes influyentes en la economía nacional desde la perspectiva real y legal. El ajuste salarial en la clase obrera puede rendir o verse como un ahorro en el hogar, si el gobierno le permite más autonomía a ACODECO, para que pueda fijar y regular los precios del mercado de manera real y que la sociedad se sienta protegida, el Verificar el costo de la energía, mejorar los caminos de penetración, educar a la sociedad sobre los precios del mercado, agilizar la cadena de frío y una política vigilante en los ajustes salariales en la cual, se sienta verdadera calidad de vida y buena alimentación en cada familia panameña que es la función del Gobierno Nacional.

Rafi Mohammed en un libro: El arte del precio, que enseña a los empresarios a valorar la Justicia en la fijación de precios que deben considerar: Los tipos de clientes que poseen, Las relaciones con sus clientes, La transparencia en fijar precios, los productos esenciales no se pueden sustituir como la canasta básica, esto es de meditar, empresarios.

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Artículo publicado el 3  de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Canasta básica y control de precios

La opinión de la periodista…..

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ELKA RODRÍGUEZ

El aumento en el salario mínimo ha sido como un paliativo para poner más dinero en manos de la población económicamente activa.

Sin embargo, con las reacciones que esto ha provocado por parte de la empresa privada, todos sabemos que si no se establece el control para los precios de la canasta básica, se producirá un aumento en la misma, provocando un deterioro aún más del poder adquisitivo de todos los panameños, afectando sobre todo a los que no trabajan y a los que no les han aumentado. Los comerciantes justifican el aumento en los productos debido al incremento en el precio del combustible, la electricidad y del salario mínimo.

Hay que hacer algo para proteger al consumidor y lo mejor es que el Estado regule los precios de todos los productos de la canasta básica a través de la Oficina de Regulación de Precios.

Señor Presidente, en todos sus discursos políticos el tema de los precios bajos para la canasta básica fue pregonado a todo pulmón, pero ha sido lo contrario. Cada día aumentan más los principales productos de la mesa del pueblo. La mala alimentación del panameño resulta una cadena difícil de romper y tenga presente que los panameños mal alimentados son seres débiles e improductivos; que la mala alimentación del pueblo genera enfermedad, y ésta a la vez genera bajo rendimiento en el trabajo y en los estudios.

Esta rueda macabra, este círculo vicioso de hambre, sólo se puede romper con la reapertura inmediata de la Oficina de Regulación de Precios que fiscalice los precios y ponga en su lugar a todos los comerciantes inescrupulosos que viven de la miseria humana.

Señor Presidente, la mayor riqueza que puede tener una nación es un pueblo bien alimentado para que sea productivo y estudioso. Aproveche ese capital humano que creyó en usted y con quien se comprometió a mejorarle su calidad de vida.

Recuerde que cuando usted se calzaba los zapatos del pueblo pudo percatarse de que en nuestro país además de existir las zonas rojas, en las que resalta la delincuencia en todas sus facetas, también existen zonas de pobreza y pobreza extrema, cuyos habitantes están condenados por años al hambre.

En cualquier escenario planteado, podemos observar que la Oficina de Control de Precios juega un papel determinante para cambiar el panorama de precariedad alimenticia que está azotando al pueblo panameño. Se espera con ansiedad que la frase “ahora le toca al pueblo” se cumpla para bien, no para que sea el inicio de un océano de desdichas.

Todos juntos podemos transformar esta patria con trabajo y esfuerzo honrado.

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Publicado el 6 de marzo de 2010 en el Diario El Siglo a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde

Impuestos e inversión social

La opinión de la Economista y Educadora…..

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LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

En las últimas décadas las administraciones gubernamentales sustentan, como limitante para ejecutar programas de inversión social, la insuficiencia de fondos que garanticen el desarrollo de los planes de gobierno.

Así, durante la administración Moscoso (2002) la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el reordenamiento y simplificación del sistema tributario.   Introdujo la tributación en la prestación de servicios al ITBM, cuyo principal aporte consistió en la reducción de la carga tributaria y eliminó el impuesto sobre la renta para salarios menores de B/.800.00 mensuales.

La administración Torrijos (2005), introdujo modificaciones al sistema tributario. Incorpora el CAIR (deducción alterna del impuesto sobre la renta), el pago de impuestos sobre los ingresos generados por personas naturales como gastos de representación y el “ flax tax ”, que aplica un porcentaje similar para todas las empresas. Lo que a juicio de los proponentes controlaría la evasión fiscal. Estas reformas fueron severamente cuestionadas por diversos sectores, producto del impacto inmediato reflejado en el aumento de los precios de la canasta básica.

Al igual que gestiones anteriores y bajo el mismo argumento la Asamblea actual aprobó un paquete de reformas tributarias. Este, amplía de B/.800.00 a B/.846.15 el rango salarial de trabajadores que liberan su pago de ISR y lo disminuye del 24% al 15% a los trabajadores que perciben salarios hasta tres mil balboas mensuales.

Se elimina el CAIR e introduce el Impuesto Mínimo Estimado (IME), que pagarán las empresas con ingresos superiores a 1.5 millones de balboas anuales. Los artículos de lujo como automóviles, joyas, yates y otros pagarán ITBMS. Se incrementa del 5% al 7% el ITBMS, medida que según el ministro de Economía y Finanzas no afectará, porque no será cargado al consumo de productos alimenticios, servicios de salud, medicinas, educación, transporte, combustible, servicios públicos, alquileres, viviendas e insumos agropecuarios.

La pobreza, desempleo e inseguridad, continúan siendo los pretextos principales para que gobierno tras gobierno justifiquen reformas tributarias bajo el supuesto de incrementar los ingresos y robustecer el Presupuesto Estatal y con ello la capacidad de inversión para obras y programas de equidad social.

El aumento del salario mínimo dejó sentir una corriente inflacionaria, que impactó con mayor severidad a los empleados públicos con salarios estancados, así como a los ocupados en actividades informales ¿y qué de los desempleados? Situación que aunada a la entrada en vigencia de la nueva reforma tributaria hace percibir otra disminución en el poder adquisitivo, producto del traspaso de impuestos a los consumidores.

Es correcta la visión de que la carga impositiva sea progresiva, pero es necesario que los gobiernos consideren dispositivos efectivos que garanticen el uso adecuado y racional de los recursos del Estado, la disminución de la deuda pública, el establecimiento de políticas salariales progresivas que consideren el factor inflacionario, al igual que dispositivos legales y operacionales que castiguen la evasión fiscal.

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Publicado el 3 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

El poder adquisitivo de los trabajadores

La opinión del Jurista y Docente Universitario……

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CARLOS AYALA MONTERO

Desde hace años el poder adquisitivo de los trabajadores viene reduciéndose en proporción igual o mayor que los aumentos salariales. El costo de la canasta básica alimenticia ha aumentado en los últimos cinco años en más de un 25%, mientras que los ajustes al salario mínimo se han realizado por el orden promedio del 19% en el sector privado, incluido el último, vigente desde enero de este año. Los servidores públicos por su parte, han recibido incrementos de salario mínimo que rondan el 15%.

El costo de vida en general se viene incrementado, considerando los precios de los medicamentos, la energía eléctrica, el combustible y ahora, para colmo, los impuestos. Y es que cada aumento en el salario es transferido al costo del producto de cada empresa, con lo que quienes pagan el aumento en los precios son los trabajadores.

La situación se agrava si se considera que en el sector privado solo un aproximado al 28% de trabajadores posee ajustes salariales por convenios colectivos, mientras que en el sector público solo algunos profesionales reciben aumentos por vía de escalafón; la gran mayoría no recibe aumento alguno de forma regular, teniendo que recurrir a las influencias político-partidistas.

Así las cosas, el aumento del salario mínimo beneficia solo a los que reciben ese nivel de ingresos: el mínimo (40%), mientras que un 32% no recibe ningún aumento; y ningún trabajador no declarado en empresas no declaradas (trabajo informal) recibe ningún ajuste en su ingreso. En el sector público un aproximado de 47.5% de los trabajadores ganan un poco más que el salario mínimo (alrededor de B/400.00) y por lo tanto no reciben los ajustes decretados.

Sin embargo, “ todos los trabajadores ” son afectados por el aumento en el costo de vida, con lo que el aumento del salario mínimo se reduce a casi nada; se disminuye el salario real pactado en convenios colectivos y se reduce el ingreso de los que no reciben aumentos en ninguna forma, porque deben pagar más dinero por las misma mercancías y servicios; deben recurrir a prestamistas inescrupulosos (agiotismo) o trabajar horas extras o realizar otros trabajos para obtener más ingresos, a costa de empeorar su calidad de vida y la de sus familias y su salud.

Habría que promover los ajustes salariales generales; o permitir negociación de los salarios en el 100% de las empresas y las instituciones estatales y además tomar medidas para regular el ingreso económico de los informales y, sumado a todo ello, evitar o al menos minimizar la posibilidad de que el 100% de los aumentos salariales sean pasados al consumidor, y así asegurar más ingresos a todos los trabajadores, porque de otra forma, tales aumentos son una fantasía.

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Artículo publicado el 10 de febrero de 2009 en el Diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¡Un país surrealista!

La opinión de la Docente Universitaria…..

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Emma Mendoza A.

En broma y en serio, propios y extraños, clasifican a Panamá como un país surrealista, pues muchos de los acontecimientos que aquí tienen lugar, no embonan dentro de la más elemental lógica, al punto que un extranjero esgrimía colocaba nuestras fronteras territoriales donde terminaba la lógica. Humor negro? o verdad que incomoda? Lo cierto es que en este terruño producimos hechos que descartan posibilidades de tomarnos seriamente.

Por ejemplo, se aprueba un salario mínimo nacional para los trabajadores de las empresas privadas y “un día antes de que entrara a regir el nuevo salario mínimo, el Gobierno modificó su decisión, reduciendo el salario mínimo nacional para los trabajadores de los cañaverales.   Las modificaciones incluyen las áreas agrícolas, industriales y de comercio al por mayor en este sector al que está vinculado el presidente Ricardo Martinelli y su vicepresidente Juan Carlos Varela” (La Prensa, lunes 18 de enero del 2010). El mismo día: “Anuncian aumento para empleados públicos” con la irrisoria suma de B/7.57 mensual para miles de los que en este sector ganan salario mínimo (Panamá América, 18 de enero 2010). Juran que están contribuyendo a elevar la calidad de vida de estos humildes panameños, incluido el embromarlos como lo hicieron con el sector agrícola. ¿O se trata de una fábula para entretenerlos?

De igual manera, los ilustrados del actual gobierno, no de “la Ilustración”, infringen normas que prometieron acatar, verbigracia:  el Nepotismo, ”vicio de la administración pública de repartir los cargos no en función de valía, sino en razón del parentesco o de la afinidad de cualquier tipo… favor desmedido que un alto funcionario concede a familiares o amigos” justificándolo con respuestas tan simplistas que aluden al derecho al trabajo de los familiares del Presidente. Volvamos, entonces, a las eras monarcales y gobernemos en consecuencia.

De lo que no se percatan los que así actúan, es que violentan la ética y la transparencia que torna inadmisible el nombramiento de familiares dentro de vínculos consanguíneos cercanos o de afinidad, en puestos de poder e influencia dentro de la burocracia.

Lo anterior también ocurrió en gobiernos anteriores, lo tragicómico es que el abolir esa práctica fue enarbolada como una de las múltiples expectativas de campaña.

Ahora bien, si repasamos las promesas de campaña o le seguimos la pista al Presidente, como lo hizo el Panamá América con el gobierno de Martín Torrijos, tendríamos que buscar un diccionario que clarifique la definición de Cambio, porque mi humilde entendimiento no logra encontrarle la lógica ni la dimensión al actual. ¿Será el castellano una de mis asignaturas pendientes? ¿o quizás la palabra varió su acepción’, porque en el país del surrealismo todo es posible.

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Publicado el 24   de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.