Política penitenciaria

La opinión del Abogado…

Dagoberto Franco 

En el tema de las cárceles, el ex ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, se enfocó en el “hardware”, es decir, en todo lo físico, como fue la construcción de una cerca perimetral, establecer las bases para la construcción de una nueva ciudad penitenciaria y nunca ocultó su incredulidad en cuanto a la resocialización de los detenidos.

La actual ministra de Gobierno, Roxana Méndez, por el contrario, se va a enfocar en el “software”, el factor humano dentro de las cárceles. La ministra hizo pública su decisión de administrar las cárceles a través de una política más participativa.   Por ello, convocó el Consejo de Política Penitenciaria por primera vez en lo que va de la actual administración. Y esto significa que le va a dar participación a la sociedad civil y a otras autoridades en cuanto a definir las políticas penitenciarias.

La ministra se comprometió a tener listo en tres meses un informe sobre el status de cada uno de los detenidos. Y dijo lo que es un secreto a voces, que hay muchos detenidos que ya cumplieron su condena pero siguen presos.   Las primeras señales que nos está dando la Licda. Méndez es su gran sensibilidad humana, aun con aquellos que le fallaron a la sociedad. Y es que no se pueden desconocer los Derechos Humanos de los privados de libertad.

Hay que reconocer que en la administración de la ex presidenta Mireya Moscoso se expidió la Ley 55 de 30 de julio de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario y que fue producto de la importante labor desarrollada por todas las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. En este tema no hay que inventar nada, porque todo está en la Ley. Pero como decía el Jurista Ceniceros: “Tenemos legislaciones brillantes pero realizaciones muy pobres”.

La eterna realidad de los políticos nuestros es que parten de la tesis de que los detenidos al llegar a la cárcel pierden todos sus derechos, lo que ha hecho crisis desde hace muchos años atrás. Contamos con el instrumento legal que oriente la política penitenciaria. No es una tarea fácil, pero vemos en la ministra la voluntad de avocarse a una tarea impostergable y para ello se está apoyando en el Consejo de Política Penitenciaria, lo que significa dar el primer paso en el trillado camino para solucionar el problema de los privados de libertad.

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Este artículo se publicó el  14  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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