“Sin causa de justificación”…

La opinión de…

Ariel Banqué Estrada 

“La pena constituye un medio de prevención general…, reinserción social y protección del detenido”, entonces es menester del Estado garantizar el respeto de la vida e integridad de los reclusos pues estos están bajo su custodia. En ese sentido, el fin del régimen penitenciario es lograr la convivencia ordenada y pacífica; así como llevar a cabo con eficacia el tratamiento de readaptación social del condenado. ¡Sí! también sabemos que la delincuencia y la inseguridad son un dilema que menoscaban el intelecto del ser humano que la sufre, no obstante, consideramos que a estos jóvenes presas de las pandillas, de las presiones de grupo, de las malas influencias, se les debe corregir enérgicamente, pero dentro de un marco de resocialización, la cual es ficticia en los centros penales, por desinterés de los Gobiernos.

 

¿Cómo estigmatizar  a este grupo social? si vivimos en una sociedad sin principios, sin valores de responsabilidad, respeto, honestidad, etc.… ¿A quién endilgarle la culpa?   El problema de la delincuencia existe por una serie de factores que los políticos, y timadores de la democracia no se preocupan por identificar y sanear. Sin duda alguna, quien cometa un delito “sea quien sea”, debe ser  sancionado dentro del rigor de la justicia, por transgredir la ley, pero, de ahí a que se consienta que seres humanos sean calcinados sin el mínimo esfuerzo de los presentes de inmutarse a socorrerlos, es una animalada y sobre todo cuando es orquestada por nuestros prestatarios del orden público.

 

Esto es reprochable, todavía más que las vulneraciones a garantías constitucionales, como la presunción de inocencia y el libre transito por el Pele Polis,  e injustificable pues los guardianes en los centros penales no deberán (según la ley), emplear la fuerza salvo en asuntos de legitima defensa –que no fue el caso-; para controlar y evitar evasiones –seguían encerrados los reos-; o para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria impartida –lo que no amerita que se descarguen dos bombas lacrimógenas a una celda trancada con seres humanos dentro-.

 

Apelamos a los buenos oficios de la Fiscalía encargada de esclarecer los hechos, para que pueda responsabilizar al culpable de esta atrocidad, pues a pesar de su estatus delincuencial estos como seres humanos que son, le son innatos una serie de facultades que como mortales con dignidad, se les debe respetar,  sobre todo al estar vigilados por el Estado.

Hago la salvedad, que no soy apologista de delitos, pero hasta el más abyecto ser humano es “Digno” de ciertas prerrogativas  en su vida. Sostengo que el delincuente debe pagar sus actos, pero,  “Hay que darle al culpable la posibilidad de reparar lo malo que hizo” y no repeler con violencia, la violencia.

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Artículo publicado el 20 de enero de 2011 a las 0:26  en Facebook y etiquetado en nuestro muro por el autor.  También fue reproducido el 26 de enero de 2011 en el Diario El Panamá América, a quien damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Penalizar la mentira y las falsas promesas

La opinión de…

 

Mauro Zúñiga Araúz

Quiero entregarles a los lectores de La Prensa el borrador conceptual de un anteproyecto de ley que voy a presentar las próximas semanas a la Asamblea Nacional, mediante el cual se penaliza la mentira y las falsas promesas hechas por los candidatos a ocupar puestos de elección.   Las penas incluyen la destitución inmediata del cargo una vez que se verifique la denuncia y cárcel de dos años no conmutables.

Este anteproyecto tiene como objetivo central el inicio y la consolidación de la moral política al evitar que personas inescrupulosas saquen provecho personal de la degradación de los partidos políticos que ha llevado a un clima de frustración y desesperanza a la población, quien, engañada por la promesa de un cambio, votó por los actuales mandatarios, dedicados al saqueo de los tesoros del Estado, al asesinato de indígenas, al espionaje telefónico a los adversarios políticos y la violación sistemática de los derechos humanos.

Para acompañar a este anteproyecto, me voy a limitar a las palabras pronunciadaspor el candidato Ricardo Martinelli Berrocal en CADE durante la campaña proselitista.

“El problema más grande que tiene la democracia panameña, es el exceso de poder presidencialista. Tenemos un Presidente que nombra y destituye a todos los funcionarios”. ¿Me puede decir algún lector a qué funcionario no ha nombrado el excelentísimo?

“Un presidente que nombra contralor”. No solo nombró a la contralora, sino que la misma es subalterna suya en el Super 99. Es su fiel e incondicional empleada.

“A mí me enseñaron en la escuela que un presidente no debe entrometerse, que había tres órganos del Estado que trabajaban en armónica colaboración”. Ningún órgano del Estado puede estornudar sin el permiso del excelentísimo. “Aquí hemos visto que todos los presidentes se meten en todos los órganos, influyen en todas las elecciones de magistrados o de la Asamblea Legislativa”.

“Aquí lo que tenemos que hacer es volcar estos poderes a la sociedad civil”. Uno de sus primeros actos fue atacarla y decir que él no iba a cogobernar con nadie. “No veo porqué el presidente no puede dar su gracia constitucional para que la sociedad civil sea la que escoja a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia…”.

“Muchos partidos aquí obedecen a personas, a intereses, o familias”. “Aquí tenemos que empezar a buscar la meritocracia y no la partidocracia”. ¿Alguien conoce algún funcionario que ha sido escogido por meritocracia?

La mentira y las falsas promesas abundan. Si la Asamblea Nacional no sanciona severamente estos graves delitos, está dando alas y legalizando el reinado de la inmoralidad.

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Este artículo se publicó el  9  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El país como chiste

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM ASVAT
easvat@elsiglo.com

El Panamá político es como un experimento de laboratorio. Científicos políticos observan diariamente nuestra capacidad para ser adultos democráticos. Nuestro comportamiento debe ser observado diariamente para medir nuestro progreso. Hace apenas cinco años atrás, a través de unas reformas constitucionales, se eliminó el artículo 33 de la Constitución de 1972 que permitía a las autoridades de mando y jurisdicción imponer penas hasta por 30 días de forma inmediata a quien le faltase el respeto en el desempeño de sus funciones.

La disposición era un ripio jurídico que provenía de la época colonial donde el debido proceso y la limitación de la actuación pública a la ley no eran propios de los funcionarios.   La disposición era una espada de Damocles contra cualquier ciudadano. Como no había un juicio previo para penar o imponer una multa el ciudadano común podía verse sujeto al arbitrio del funcionario con mando y jurisdicción para ser encerrado por un lapso de tiempo en una cárcel. Como buenas especies de laboratorio no contamos con el programa necesario para entender la institucionalidad democrática por mucho que lo intentemos.    Siempre por allí surge alguna mente o grupo idiotizado por el poder que pretende devolvernos las malas prácticas.

Hay por allí un proyecto de ley que pretende penalizar el ultraje o el vilipendio a la figura del Presidente y los funcionarios de elección popular. Que coincidencia que los que piden la penalización por el vilipendio ciudadano son aquellas figuras que gozan de inmunidad política. Tocarlos mediante el sistema judicial es casi una labor imposible.   Al pueblo lo único que se le permite es asolearlos y sin embargo, van en busca de castigar al pueblo por utilizar el único mecanismo de crítica y rechazo a sus actuaciones muchas veces espurias o delictivas.   La mayoría de los funcionarios en este país se merecen lo que se dice de ellos y quizás más.   Aquí en nuestro folklórico país, experimento democrático que nunca materializa, se escogen o se nombran idiotas, maleantes, imbéciles, morones, ególatras, sinvergüenzas, bestias humanas y todo tipo de ser humano atrofiado por la naturaleza, el entorno o decisión propia para puestos de mando y jurisdicción.

Encima esperan que se sienta respeto y admiración por ellos. Lo que ocurre es que por tanto nombrar a estos tipos de retazos humanos se han desprestigiado los cargos públicos.   Hoy no valen mucho.    Le pasa lo mismo que a las Universidades. Valen por la calidad de sus profesores y por selección de sus estudiantes.    No necesitamos leyes que hagan respetar el cargo. Necesitamos hombres y mujeres que respeten los cargos encomendados en el gobierno.

 

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<> Artículo publicado el 11  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El concepto de ‘desprisionalización’ en el actual ‘Código Penal’

La opinión de la Magister en Derecho Penal…

Alina Hubiedo

El actual Código Penal regula la suspensión condicional de la ejecución de la pena, figura jurídico–penal que constituye uno de los institutos de desprisionalización orientado a evitar la privación de libertad de la persona sentenciada con penas cortas de cárcel.   Por tal razón, este instituto de desprisionalización es considerado, a su vez, un subrogado o sustituto penal regulado en los artículos 98, 99, 100 y 101 del Código Penal vigente.

Esta figura jurídica surge en el Código Penal de 1982,   hoy derogado, y consiste en la aplicación de condiciones legales que debe cumplir el sentenciado en un término preestablecido por el juez.   En la actualidad, la suspensión de la pena tiene lugar en procesos en que se impongan penas que no excedan de tres años de prisión, extremo punitivo que fue ampliado cuando se promulgó el Código Penal que nos rige, debido a que en la legislación vigente se le ha aumentado la pena a una pluralidad de delitos, y dicha amplitud permite –precisamente– una mayor aplicación de este sustituto.

Cabe acotar, además, que la suspensión condicional de la pena puede aplicarla el tribunal de oficio o a petición de parte y, en este orden, de acuerdo a lo normado en la Ley 31 de 1998 sobre protección a las víctimas del delito, la víctima debe ser oída por el juez cuando se ventile el posible otorgamiento de la suspensión condicional de la pena a favor del sentenciado. Este punto entra en confrontación con la concesión oficiosa por parte del tribunal de dicho instituto de desprisionalización, a menos que la parte ofendida esté presente durante la audiencia y sea escuchada su opinión en el propio acto.

La suspensión condicional de la pena puede ser solicitada por la defensa: Durante sus alegatos en la audiencia de fondo; oralmente, una vez dictado el fallo en la misma audiencia; por escrito, posterior a la emisión de la sentencia, caso en el cual se le da el trámite de incidente; cuando el proceso reingresa de apelación; y en el escrito en el que se sustenta el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, como parte de sus argumentos.

Este sustituto penal tiene como requisito imprescindible que el sentenciado sea delincuente primario. Es necesario detenernos en este punto y destacar que, para los efectos de la ley penal, será considerada como tal la persona que no ha sido sentenciada por autoridad judicial competente en los 10 últimos años (Art. 102 del Código Penal). El Código Penal de 1982 no definía el concepto de delincuencia primaria, pero un sector mayoritario en la judicatura consideraba como tal a aquel que nunca había sido sancionado.

Otra condición para la concesión de este beneficio penal, la constituye que el imputado haya cumplido con la obligación de presentarse al proceso, esto significa que no haya evadido su responsabilidad de comparecer a la causa.

Por otro lado, la suspensión condicional de la ejecución de la pena conlleva intrínsecamente, a diferencia del reemplazo de pena por días–multa, el hecho de que se conmina al procesado a abstenerse de la comisión de un nuevo hecho punible, pues si el sentenciado es investigado y encausado por otro delito dentro del término que le ha sido establecido por el juez de la causa, la suspensión que se le había concedido le será revocada y deberá cumplir íntegramente la pena impuesta en la sentencia. Otras medidas de desprisionalización son el reemplazo de pena por días multa y la reprensión pública o privada en las que la vulneración de las condiciones establecidas en la ley, trae como consecuencia el cumplimiento íntegro de la pena impuesta (artículos 61 y 112 del Código Penal).

Algunos fallos sostienen que para otorgar este sustituto penal, el juzgador solo debe circunscribirse a examinar si el procesado cumple con los requisitos básicos estipulados para tal efecto en el Código Penal, mientras que para otros es necesario tomar en consideración, también, la naturaleza y la gravedad del delito cometido, así como la seguridad de la víctima. No obstante lo anterior, se conceptúa que el juzgador posee discrecionalidad, como facultad potestativa, al momento de adoptar esta decisión judicial.

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<> Este artículo se publicó el 2 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autor, todo el crédito que les corresponde. Más artículos de la autora en: https://panaletras.wordpress.com/category/hubiedo-alina/

¡Maleantes de… !

La opinión del Educador…

Pastor E. Durán E.

Cuando los obreros de la construcción aglutinados en el SUNTRACS (Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares) protestaban el pasado 11 de marzo en la Ave. Balboa contra el aumento del impuesto del ITBMS, del 5 al 7%, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, llegó al lugar y les gritó: “¡Maleantes de… !”.   El nombre de esta avenida (Balboa) es en honor a un maleante de la época de la Conquista.

Recordamos que el 4 de abril de 2006, Samuel Lewis Galindo, Presidente de BANISTMO, se dirigió a los accionistas en su reunión anual, para anunciarles que había recibido ofertas “halagadoras” de inversionistas extranjeros para la compra del banco.   Se puso en marcha un plan para aprobar una ley que reduciría sustancialmente los impuestos por la venta de acciones. El encargado de la operación era Alberto Vallarino, yerno de Lewis Galindo, Presidente Ejecutivo de BANISTMO, hoy, Ministro de Economía y Finanzas y pariente de la esposa de Martinelli, Marta Linares.

El 14 de junio de 2006, se aprobó el Proyecto de Ley que redujo de 30% a 5% el impuesto para la venta de acciones.   El 20 de julio de 2006 se anunció que el HSBC compraría por B/ 1,770 millones las acciones del BANISTMO.  Gracias a la nueva Ley, el Estado panameño dejó de percibir en impuestos ¡más de 442 millones de dólares!   Y en septiembre de 2006 la Superintendencia de Bancos aprobó la venta, la mayor de este tipo que se realiza en Panamá.

El hoy Presidente, Ricardo Martinelli, en aquella ocasión criticó aquel negociado, y dijo que esa Ley se hizo “con miras a satisfacer intereses de un grupo privilegiado” (La Prensa, 6-12-2006).

En septiembre de 2006 FRENADESO interpuso una acción ciudadana contra esta estafa. El recurso fue recibido por el entonces Secretario General del Ministerio Público, Rigoberto González, en representación de la Procuradora, Ana Matilde Gómez. La denuncia fue archivada. Recientemente, ambos funcionarios fueron destituidos por Martinelli.

¿Cómo actúa el nuevo Procurador, Giuseppe Bonissi, ante la denuncia hecha en su momento por Martinelli, de que la Ley Banistmo se hizo “con miras a satisfacer intereses de un grupo privilegiado”?

Martinelli apoyó el alza del ITBMS al 7% propuesto por Vallarino. En el 2003 al impulsar su candidatura, Martinelli, al referirse a la ampliación del 5% a los servicios, indicó: “Literalmente, el gobierno arnulfista le está metiendo la mano en el bolsillo a los panameños…”

El 2 de noviembre de 2009, sancionó la Ley que aumentó las penas para los hurtos de poca monta, pero no así para delitos como la malversación de fondos o el enriquecimiento injustificado.

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Este artículo se publicó el  24  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Pena de muerte? ¡Cuidado! Todo revierte

La opinión del Abogado…..

Silvio Guerra Morales

¡Cuidado con las reformas penales! Empiezo por confesar que toda mi vida la he consagrado al Derecho penal y ramas conexas. No solamente he ejercido devotamente esta materia, también la he estudiado y he escrito sobre la materia. Me he preocupado por saber y conocer todo cuanto se halla relacionado con la figura del delito y para ello he tenido que asistirme de los textos de criminología, psiquiatría forense, sociología, psicología criminal y otros. He procurado no ser un improvisado en estos menesteres. De cara a los vientos que soplan anunciando reformas penales extremas, me parece oportuno decir lo siguiente:

¿Pena de muerte? ¿De qué estamos hablando en este país que se denomina mayoritariamente cristiano o católico? ¿Acaso conocen los que gesticulan el discurso del radicalismo o nihilismo penal cómo ha funcionado este tema en otras latitudes? Creo que no hay conciencia del tema que se trae entre manos.

Media en el discurso de la pena de muerte toda una irracionalidad, una sombrosa ilogicidad. Ella, la pena de muerte, da muestras palpables de admisión del fracaso y de la incapacidad del Estado para enfrentar el problema –la cuestión eidética- del crimen. Transita en dicho planteamiento una especie de “dar muerte al criminal, se acaba la amenaza” o “muerto el perro, se acabó la rabia”. No es cierto que ello sea así. Pues a nadie se le ocurriría negar las causas, la auténtica sociopatía, del problema criminal: deficiencias en la enseñanza –educación e instrucción-, deserción escolar, abandono de hijos e hijas, pobreza y pobreza extrema, descomposición hogareña y familiar, desempleo, en fin.

Un país que cierra sus puertas al debate racional de sus problemas, termina dando cuenta de frustraciones irredimibles y cuyos costos sociales son terribles. ¿Preguntamos, ha acabado el crimen atroz en los Estados de la Unión Norteamericana en donde aún subsiste la pena de muerte? Desde luego que no.

¿Aumentos de penas? Otro grande engaño. En una sociedad que se repute ser portadora de un asistencialismo social, todo empieza por hacer seria lectura de cómo se encuentran, en qué estado de carencias se hallan los niños, los jóvenes y los adultos. No es nada novedosa aquella porción bíblica que pregona: “Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él”. (Libro de Proverbios 22:6). No han fracasado nuestros muchachos, sino nosotros mismos.

Necesitamos replantearnos, como personas, como familias y como sociedad, aquellos viejos sintagmas que formaron el espíritu y la forma de ser de esta nación, de aquellas generaciones que dieron lustre, brillo y resplandor, a una nación que aunque pequeña en su territorio, es grande en su destino.

Empecemos por casa moldeando la mente y el espíritu de nuestros niños y niñas y no sucumbamos ante la ola perversa de superficialismo y vaguedad –la llamada cultura relativa- que inunda las cabecitas de ellos y de cientos de miles de jóvenes que caminan por esta vida sin rumbo y sin metas.

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Este artículo se publicó el  4  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El indulto.. otra vez

La opinión del Ex Secretario General de la Procuraduria…..

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RIGOBERTO GONZÁLEZ MONTENEGRO

El indulto, como medio a través del cual se extingue la pena, no solo está permitido en nuestro ordenamiento jurídico, sino que a su vez, y por la misma razón, encuentra su límite en éste. En efecto, siendo posible indultar, lo que ya no es permitido es que éste lo pueda otorgar cualquier autoridad, como tampoco se pueda ejercer de cualquier manera.

En ese sentido, cuando el constituyente lo previó lo hizo disponiendo que es al Ejecutivo a quien compete concederlo, pero limitando su alcance, al dejar establecido que solo procede indultar delitos políticos. Es así como lo dispone el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución.

Cualquiera que sea el debate que genere la concesión del mismo, debe tenerse presente la concepción filosófica y doctrinal del que surge. Lo primero, que el indulto entraña un perdón, en este caso, se perdona una condena de índole penal. Dicho de otra forma, una persona que ha sido sometida a un proceso penal y que ha sido declarada culpable del delito por el que se le juzgó, es responsable ante la comunidad, pero, quien está en la posibilidad de indultarlo, así lo hace, lo que implica perdonarle la pena.

Existe una pena, o lo que es lo mismo, una condena, pero no será cumplida, pues, la persona es indultada. Eso es lo que es el indulto, y no otra cosa. En segundo lugar, si el indulto es el perdón de la pena, la lógica indica que éste solo procede en el momento en que ha finalizado el proceso, cuando la persona ya ha sido juzgada, y declarada culpable, no antes.

Si el indulto se concede antes de la pena, la pregunta que cabe plantearse es, ¿qué se está perdonando? Si no existe una condena y a la persona juzgada, que no ha sido declarada culpable, se le concede un indulto, ¿qué se le está perdonando?, ¿su presunción de culpabilidad?

Eso es lo que explica la razón, por la cual, antes de indultar, ha tenido que resolverse la responsabilidad o no de quien ha sido procesado, lo que compete a la autoridad facultada por la Ley para asumir tan importante labor.

Si una persona fue procesada, es el tribunal que la juzgó el que tiene que determinar si ésta es culpable o no. Si esto no ha sido dilucidado, si la responsabilidad penal no la ha establecido el tribunal todavía, sobre qué base otra autoridad considera que debe perdonarla, al indultarla. Para eso, entre otras cosas, es para lo que existe el principio de separación de funciones.

Las reflexiones expuestas sobre lo que implica el indulto, encuentran sustento en lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia, cuando al respecto decía que, “ todo Decreto de Indulto deviene en inconstitucional si beneficiara personas que no han sido condenadas por la comisión de delito alguno. No pueden ser individualizadas las conductas delictivas o reprochables que no han sido conocidas por la Administración de Justicia, y mal puede ejercitarse responsablemente la facultad ejecutiva de perdonar, sin conocerse las supuestas conductas cometidas. Ese tipo de actividad ejecutiva ”, adiciona el Pleno de la Corte, “ de ocurrir, encajaría en lo que ha venido a denominarse la arbitrariedad del poder ” (fallo de 30 de junio de 2008).

En fin, de lo que se trata es de tener presente que el Estado Constitucional de Derecho se asienta sobre unos mínimos jurídicos que han de prevalecer, a objeto de hacer posible los valores y principios en base a los cuales se fundamenta la institucionalidad democrática.


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Este artículo se publicó el 21   de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.