Un derecho penal objetivo y sociedad

La opinión del Jurista y Docente Universitario…

Silvio Guerra Morales

La humanidad ha superado con creces, en lo que toca al mundo del Derecho Penal, lo que otrora se denominara “Derecho Penal de Autor” y en su lugar ha puesto en lugar encumbrado al Derecho Penal de Acto. Dicho en otras palabras: un Fiscal no debe mirar la apariencia del acusado sino el acto por el cual es acusado y, en consecuencia de ello, todo su análisis, en estricto rigor jurídico, habrá de constreñirse a las razones, hechos, circunstancias y demás detalles que rodean al caso per se.

No por ser pobre una persona significa que sea ladrón; por andar siempre togado un “caballero” no significa que no pueda perpetrar una violación carnal, en fin.    Un fiscal no tiene, desde luego, una bolita de cristal en la cual aparezca el acusado y que en base a esa imagen pueda decir “este sí es un delincuente” o “éste no es delincuente”. Un fiscal debe constreñirse, reiteramos, a los hechos, a cada uno de ellos, que rodean un determinado caso.

Solamente así podrá el Ministerio Público realizar una labor de verdadera objetividad y transparencia en sus investigaciones. Para ello, tendrá que atender a los acontecimientos, a las personas involucradas en la causa, la existencia de pruebas indubitables, incuestionables, infranqueables, que militen en contra de una persona y ante las cuales la acusación se presente como sólida, indesmoronable.

Razón tienen muchos colegas que ya han advertido que gran parte del problema que presentan nuestras cárceles –sobrepoblación carcelaria- pasa necesariamente por una clara omisión de la lectura constitucional del cumplimiento cabal del debido proceso, mismo que no puede ser ponderado por las autoridades del Ministerio Público y del Órgano judicial, sin que medie un cabal razonamiento del o los cargos que hay en contra de un ser humano; las pruebas de ese cargo, la solidez o eficacia probatoria de ellas; y no basta tan solo la prueba del cargo, sino que adquiere mayor importancia, en lo que toca a la acusación que se formula en contra de un ciudadano, que conste, de modo inobjetable, la prueba de la vinculación en cuanto atañe a autoría, complicidad o cualquier otro grado de participación criminal.

 

Desde hace más de una década andamos predicando que el cambio real en el sistema de justicia penal panameño solamente puede tener cabida si nos permeamos de una mentalidad humanística en el plano del proceso punitivo y que ésta haga gala fecunda de que los subrogados penales deben ser considerados, prima facie, antes de aplicar una detención preventiva en contra de un particular y, claro, sin desmedro de los casos que por su naturaleza, la requieren o exigen.

 

Decía el maestro Alfonso Reyes en su monumental obra sobre la Tipicidad que el tipo penal – la norma- exige que el agudo fiscal y el ufano abogado siempre hagan la subsunción debida.

Fuera de este contexto, se cometen irremediables golpes a la justicia penal que ni aún el perdón social puede mitigar. Eso no puede llamarse responsabilidad penal objetiva.

<>Artículo publicado el 4 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Delincuencia juvenil y deberes de patria potestad

La opinión de…

Egberto Saldaña Guido

Los recientes actos vandálicos caracterizados por daños a bienes públicos, en los que participaron estudiantes que reclamaban los beneficios de la beca universal, aun para aquellos con un promedio académico inferior a 3.0, no solo hacen necesaria la aplicación de la Ley No. 40 de 1999, sobre el régimen de responsabilidad penal para la adolescencia, sino también del derecho penal común aplicable a los adultos.

El actual Código Penal contempla en el artículo 211 como un delito contra la familia, el incumplimiento del deber alimenticio y de los deberes y obligaciones que emanan de la patria potestad.

El primer párrafo de la norma dice así: “quien sin justa causa se sustraiga o se niegue, eluda, incumpla o abandone su obligación alimentaria o sus deberes y obligaciones inherentes a la patria potestad a sus descendientes o sus ascendientes  o a quien tenga derecho legalmente a ello será sancionado con uno a tres años de prisión o arresto de fines de semana o trabajo comunitario”.

El Código de la Familia en su artículo 316 define la patria potestad como el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres con respecto a la persona y los bienes de los hijos (as), en cuanto sean menores de edad y no se hayan emancipado.

El artículo 318 desarrolla tales deberes y derechos, a saber: velar por la vida y salud del hijo (a), suplir sus necesidades afectivas, alimenticias, de educación y formación integral, representarlos y corregirlos de forma razonable y moderada.

Podemos entender que cuando un adolescente incurre en hechos delictivos hay aparejada una conducta adulta que refleja negación, incumplimiento y abandono de las obligaciones con dicho joven.

No basta solo con abrir investigaciones penales contra los adolescentes por los hechos delictivos cometidos o hacer un simple llamado de atención a los padres o tutores del adolescente para que conversen con ellos, el interés superior de estos jóvenes exige que el Ministerio Público ejerza de oficio acción penal contra los adultos responsables.

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<> Este artículo se publicó el 8  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Percepción en la sociedad del RERPA

La opinión de…..

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Sheryl Toulier

Es común escuchar en los diferentes estratos de nuestra sociedad panameña comentarios tales como “en nuestro país a los menores no se les hace nada, pues al día siguiente están en la calle”; sin embargo dichos comentarios devienen quizás del desconocimiento que se tiene del RERPA (Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia), que aunque adolece de mucho se caracteriza primordialmente por ser garantista, lo que a la postre es lo que debe de importar.

El RERPA está revestido de un sin número de garantías las cuales son apropiadas de acuerdo a la condición y capacidad del menor, pues recordemos que a diferencia del adulto el menor es formable si cuenta con la orientación adecuada, y digo adecuada pues la mayor parte de los adolescentes sancionados provienen de un hogar disfuncional y que muchas veces no les ha proporcionado ni lo necesario para subsistir: alimentación, vestido, vivienda, lo cual los ubica casi siempre en riesgo social.

Pudiésemos aducir dentro de la gama de posibilidades que quizás la percepción actual que tiene la sociedad respecto a los menores se debe a que desconocen que existen dentro de Régimen Especial dos tipos de sanciones, las sanciones ambulatorias y las privativas de libertad.

Las primeras son de dos tipos: Medidas Socioeducativas: la cual se impone cuando la conducta desplegada por el menor no haya causado un grave peligro a las personas o sus bienes y dentro de estas se enmarcan La Participación Obligatoria en Programas de Asistencia Obligatoria, hasta por el término de veinticuatro (24) meses, Prestación de Servicios Sociales a la comunidad, hasta por el término de dieciocho (18) meses y Reparación de Daños, y Órdenes de Orientación y Supervisión: que consisten en prohibiciones que guardan como fin el regular, promover y asegurar el comportamiento del adolescentes, hasta por el término de veinticuatro (24) meses y pueden ser la obligación de estudiar o adquirir un empleo, hasta la prohibición de consumo de sustancias alucinógenas o alcohólicas.

La segunda es de carácter excepcional pues cabe cuando no se pueda aplicar ninguna de las anteriores y reviste en la modalidad Detención Domiciliaria, Semilibertad y Prisión en un Centro de Cumplimiento. Importante mencionar que la pena máxima es hasta doce (12) años y que no todos los delitos son sancionados con pena privativa de libertad, pues sino no existiese las ambulatorias.

No obstante lo anterior, la ultima reforma a la Ley 40 de 1999 mediante Ley 6 de 8 de marzo de 2010 estableció una nueva medida (la reeducativa) aplicable sólo a los adolescentes entre las edades de 12 y 14 años, las cuales serán ejecutadas en el Centro Vocacional de Chapala, bajo la supervisión de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, en razón de haberse bajado la edad de imputabilidad a 12 años.

Cada sanción impuesta a un adolescente tiene un propósito y programa distinto a seguir como quiera que cada caso en particular es diferente; sin embargo todas van dirigidas siempre al único fin por el cual fueron impuestas, el proceso pedagógico de resocialización, lo cual no lleva a preguntarnos ¿si el proceso resocializador es eficaz de cara a los índices de criminalidad que hoy día existen?

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Este artículo se publicó el  19  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El problema del transporte (I)

La opinión de…..

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Luis C. Vargas J.

El bus estaba en marcha, y los pasajeros subían por la puerta principal y trasera del “diablo rojo”.

Esto me recordó tiempos pasados, cuando por 8 año s viví en la capital y experimenté la zozobra del transporte público. Vi cómo muchos pasajeros fueron ultrajados e inclusive estuve a punto de caer de un bus en marcha.

Creo que no hay un solo panameño que no haya tenido una experiencia negativa con respecto al servicio de los buses y otros medios de transporte. Cada uno tiene algo que contar. Razón por la cual he decidido escribir este artículo sobre el transporte público. Haciendo la salvedad que hay transportistas responsables y corteses con los cuales hemos tenido el privilegio de tratar, pero es una triste realidad que en términos generales, el Sistema de Transporte y su personal necesitan urgentes cambios y adecuaciones.

Son muchas las tragedias que han sucedido ante las cuales no podemos permanecer ciegos e indolentes:

Octubre 1997: 20 heridos, entre ellos 19 niños, producto de un accidente en vía Tocumen, luego que un bus de la ruta Don Bosco- Transístmica perdiera el tren trasero.

23 de octubre de 2006: el autobús 8B-06 de la ruta Mano de Piedra- Corredor Norte, se incendió en el área de La Cresta, cerca del templo Hosanna, allí murieron 18 personas calcinadas. Hubo 25 heridos.

En octubre 2002: también murieron 5 personas calcinadas en un accidente de un bus de 56 pasajeros de la ruta Ciudad del Futuro, ocurrido en Arraiján.

En un diario local del lunes 27 de Nov. del 2006, se publicó un artículo sobre víctimas del transporte donde se mencionaron 4 personas (3 mujeres y un varón) a causa de la irresponsabilidad y el comportamiento violento de los conductores y pavos. De ellos, 2 perdieron una pierna, una quedó inválida y otra murió cuando el conductor le pasó por encima con el bus y lo irónico de esto es, según menciona el artículo, que todos los responsables de estos atropellos aún están libres.

Uno de los últimos y fatales accidentes que todavía resuena en las mentes de los panameños, ocurrió el 13 de agosto de 2009, cuando un bus que cubría la ruta Las Garzas de Pacora fue embestido por un camión de volquete, dejando como saldo 24 víctimas

El jueves 12 de agosto de 2009 un pavo fue atropellado por el conductor del propio bus donde laboraba. El bus era de la ruta Vía España Veranillo.

Al hacer este breve recuento, vemos que son muchas las tragedias que han sucedido en el transporte, que van desde panameños mutilados, calcinados, heridos y aún agredidos por el descuido de transportistas y empresarios que no se han preparado para realizar un servicio tan delicado, como lo es el transporte público. Digo delicado porque se trata de transportar seres humanos, de todas las edades, razas, culturas, y estados de salud diversos y lo más importante que son creados a la imagen de Dios.

Creo que de todas las tragedias, la mayor es que este problema todavía no se ha resuelto.

Analizando a profundidad esta crisis, creo que todos tenemos un grado de responsabilidad y algo que aportar.

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Publicado el 21  de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Delincuencia juvenil o infanto juvenil?

¿Delincuencia juvenil o infanto juvenil?

La opinión de….

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Carmen Antony


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Frente al nuevo proyecto de modificación para rebajar la edad de la responsabilidad penal de los menores infractores debiéramos, como ciudadanos responsables, detenernos a reflexionar sobre las aristas que tiene esta situación en la sociedad actual.

Hace 10 años que viene modificando progresivamente la Ley 40, so pretexto de disminuir la llamada delincuencia juvenil aumentando las penas para estas personas, dejando a un lado un enfoque integral de este problema. Innumerables preguntas sobre el particular nos nacen alrededor de la propuesta última (¿será la última o terminaremos fijando la edad de responsabilidad penal a los 10 años?).

Primero: nos gustaría informarnos sobre las estadísticas que avalan estas proposiciones represivas, porque según las estadísticas recogidas sólo 0.05% de este tramo de edad ha incurrido en estas conductas. Entonces ¿se justifica dicho proyecto?

Segundo: ¿Se ha tomado en cuenta la capacidad física, psicológica, social cultural de estas personas menores de edad? ¿Cuáles son los estudios que avalan esta propuesta? ¿Se han analizado los factores criminógenos de este tipo de delincuencia? Nos referimos a aquellos que provienen del entorno familiar y microsocial, a la situación de marginalidad urbana, al hacinamiento y promiscuidad en que viven, al abuso físico, sexual, económico que han sufrido por la negligencia parental, al mundo delincuencial del entorno (alcoholismo, drogas, prostitución), a la pérdida de los valores morales y religiosos. ¿Qué hace el Estado al respecto? ¿Qué política integral se tiene frente a tan doloroso problema? ¿Es acaso el internamiento la respuesta? ¿Encerrar a estos menores es una medida que signifique eliminar las causas del problema y no el síntoma del mismo?

El proyecto en referencia se distancia, además, de los principios de proporcionalidad, culpabilidad y de igualdad, conforme a los cuales la respuesta al delito debe ser proporcional a la lesividad de la conducta y a la culpabilidad del autor por el hecho, debiendo ser la misma para diversos autores con igual grado de culpabilidad por el mismo injusto penal, con independencia de las cualidades adscritas a los sujetos (situación socioeconómica y supuesta peligrosidad, etc.).

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Publicado el 4 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde