Reformas laborales: El país maquilador

La opinión del Comunicador Social….

FERNANDO MARTÍNEZ G.

Omar Torrijos Herrera entregó al país en 1972 el Código de Trabajo más avanzado de su tiempo en nuestra región, con la intención de reivindicar décadas de lucha del movimiento social.   Antes de esa fecha las organizaciones populares (estudiantiles, obreras o campesinas) estaban proscritas, eran perseguidas y reprimidas con fuerza por la mayoría de los gobiernos de turno. Allí está el testimonio de sacrificio de mártires del movimiento popular como Ferdín Jaén, José Manuel Araúz, Rodolfo Aguilar Delgado, José del Carmen Tuñón y Juan Navas Pájaro.

El proceso de liquidación del proyecto torrijista, puesto por la derecha ultraconservadora de Estados Unidos y sus aliados internos tras la muerte de Torrijos, implicaba el desmantelamiento del movimiento social y revertir sus conquistas (incluido el Código del Trabajo).

Eran los años del resurgimiento del mundo unipolar (con el derrumbe de la URSS) y la llamada ofensiva neoliberal y muchos de los supuestos herederos de Torrijos abandonan el ideario torrijista para promover reformas antipopulares, incluidas las que se hicieron al Código del Trabajo.

La tesis de moda era que la fórmula del progreso consistía en atraer la inversión extranjera y convertir a Panamá en un país maquilador. Cualquiera que conozca algo la experiencia mexicana o que haya visitado los inframundos de San Pedro Sula en Honduras, sabrá las implicaciones de imponer un modelo basado en la superexplotación del trabajo sin otra regulación o derecho laboral que no sea el pago a destajo (la empresa no tiene otro compromiso que no sea el pago contra producto, es decir, ese ser humano que llamamos trabajador desaparece de la relación contractual).

Para el país maquilador había que hacer zonas especiales, que algún genio local bautizó como zonas procesadoras para la exportación, enclaves territoriales y económicos en los que no se pagan los mismos impuestos que pagan los empresarios panameños, en los que se prohíbe la formación de sindicatos y, desde luego, no se aplica el odioso Código del Trabajo.   A pesar de todas las ventajas, el proyecto fracasó estrepitosamente (a la antigua base militar de Davis llegaron una o dos empresas taiwanesas que abandonaron al poco tiempo de establecidas).

En la dirección equivocada el gobierno actual se ha propuesto llegar más lejos que sus antecesores. En un año se ha roto la base de la conciliación tripartita —gobierno—capital—trabajo—, una herramienta invaluable para la concertación y la elaboración y ejecución de políticas de Estado y parece empeñado en elegir a sus interlocutores tanto del sector sindical como empresarial (negociar exclusivamente con esquiroles a sueldo y empresarios de su entorno que comparten su sectaria visión de la economía). Peor aún, ha reprimido y castigado, violando las leyes del país, a manifestaciones organizadas contra su política económica. Sin mecanismos de participación, conciliación y sin libertad de organización y protesta, el gobierno está orillando el país a la confrontación social.

No es cierto que se busca modernizar al país, al contrario, sin justicia y compromiso social del Estado (y de las empresas), sin empleo de calidad y bien remunerado agrandamos las desigualdades, la marginación y, con ello, los flagelos de la violencia social y la delincuencia.

Lo que el país necesita es: una estrategia nacional de desarrollo amigable con el medio ambiente, que rompa los desequilibrios regionales para que las ciudades terminales de la zona de tránsito dejen de ser depósitos de mano de obra barata y de supervivientes de la economía informal; crear polos de desarrollo en el Panamá rural e indígena; hacer una reforma educativa integral y profunda (no cambios cosméticos y erráticos al currículo). Para ello es imprescindible una estrategia de desarrollo agropecuario (sector que —por cierto— el gobierno parece empeñado en destruir en favor de los comerciantes e importadores de víveres) y, de paso, garantizar nuestra seguridad alimentaria.

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Este artículo fue publicado el  23 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

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