Civilismo de mentira

La opinión del periodista….

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Fernando Martínez G.

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Civilismo de mentira

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Cada vez se confirma más que un sector importante de las elites políticas han estado promoviendo un falso civilismo en nuestras instituciones de seguridad pública. Se trata de un doble discurso de personas que llevan años satanizando el uniforme y la profesión militar y profesan, al mismo tiempo, un militarismo rampante.   Ahora, en el gobierno de Ricardo Martinelli, esta conducta engañosa constituye una amenaza a la estabilidad del país.

El civilismo del Gobierno es de mentira.   Y no se trata solo de nombrar al frente de la Policía a un sargento de la UESAT, promovido prematuramente a subteniente por Noriega o de un alcalde nombrando como jefe de la policía municipal a un militar condenado por narcotráfico o un mayor que, con el apoyo del jefe de la policía, con pistola y uniforme, intenta resolver un problema personal abofeteando a otro.

No son ellos -los sargentos, cabos o tenientes-, son sus jefes civiles los que desde mucho antes del golpe de estado de 1968 tocaban las puertas de los cuarteles para pedirle a los uniformados resolver sus diferendos políticos, reprimir los movimientos sociales o inclinar a su favor el fiel de la balanza en pleitos de tierras o de cualquier otra índole.

En campaña Martinelli prometió borrar de un plumazo las leyes de seguridad que Martín Torrijos aprobó casi al final de su mandato, una de ellas eliminaba a la PTJ para convertirla en DIJ pasándola a manos de la Policía Nacional. No lo ha hecho y ahora, como en los tiempos del DENI, los policías tienen facultades para investigar, recuperar (o plantar) pruebas, y peor aún, aplicar el principio de obediencia debida hacia su jefe policial (al fin y al cabo la persona que lo dirige, supervisa o promueve) y no ante el funcionario del Ministerio Público que corresponda.

La ley que no prometió eliminar y en cambio si anuló su aplicación por dos años fue el nuevo código procesal penal, resultado de un amplio consenso, destinado a conducir a la administración de justicia por una camino más moderno, eficaz y respetuoso de los derechos humanos.

Con un ministro de Gobierno y Justicia pidiendo a los policías disparar a prófugos, estrategias de mano dura y campañas mediáticas que criminalizan a quienes viven en barrios marginales, los malos resultados se comienzan a ver por doquier, policías que hieren a personas desarmadas o inocentes y el irrespeto a un principio policial universal: disparar sólo ante la presencia de amenaza letal.

Otro principio policial universal y sagrado, que ante la presencia de civiles inocentes, se busca contener, identificar y aislar las amenazas y se recurre primero a la negociación, se violó en el caso de Gina García Eleta, en el de una familia de pescadores baleada en el golfo (en el que trataron de plantar un arma para justificar el crimen) y se viola cada vez que el autoritarismo le gana a la ley y el gatillo vence a las palabras y a la negociación.

Finalmente, de la cinco leyes del gobierno anterior, solo una fue eliminada, la que creaba una entidad de inteligencia para la seguridad pública, posiblemente la que más justificación tenía. Conscientemente o no, los civilistas del gobierno quieren un cuerpo policial que, como en los tiempos anteriores al 68, sirva a sus intereses, un monstruo agresivo, obediente y sin cerebro.

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Publicado el 4 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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