Diez años en busca de una política

La opinión de…

DANILO TORO LOZANO
torolozano@hotmail.com

La propuesta electoral del candidato Ricardo Martinelli mencionaba el plan ‘Calles Seguras’. La publicación que distribuyó su campaña detallaba como medida puntual de seguridad pública, la eliminación de los Decretos Leyes con los que se creaban el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, un Sistema Nacional de Inteligencia (SENIS) y se modificaban las normas sobre la Policía Nacional y el SPI.

Sin embargo, el nuevo gobierno dejó vigentes los decretos —aunque aún se espera la derogación del SENIS— con lo que evidenció, a la postre, su satisfacción con ellos, pese a contar con una mayoritaria y creciente fuerza parlamentaria, que los pudo haber pasado por el curso de legitimidad que reclamaba la opinión pública.

En materia de seguridad ciudadana, la administración Martinelli ha concentrado esfuerzos en el factor policial más que en cualquier otro factor.   Aumentó el salario de las unidades de la Fuerza Pública y montó cambios en la estructura, función y operación de componentes de esta. Pero, antes de terminar su primer año de gobierno, tuvo que salir al paso de una temprana manifestación de presión ciudadana catalizada por el asesinato del joven Daniel Carrizo y se comprometió a presentar resultados, en el nuevo plazo de tres años. Entre esos resultados habría de estar la aprobación de una Política Criminológica, para cuyo cumplimiento, en realidad, no es mucho lo que queda por hacer.

Desde que en 1990 se emitió el decreto que organiza la Fuerza Pública y, sobre todo, desde el año 2000, cuando se promulgó el decreto que expone los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mucha agua ha pasado bajo el puente.

En noviembre de 1992 fue rechazada en plebiscito, una propuesta para reformar la Constitución, que incluía nuevas disposiciones sobre la Fuerza Pública y la seguridad pública. Pero más tarde, con los actos legislativos 1 y 2 de los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, en 1993 y 1994 respectivamente, se incorporaron a la Constitución nuevas normas sobre estos temas, en el Título XII.

Durante la década de los noventa, además, se emite y aprueba una variada gama de normas dentro del temario de la seguridad pública, tales como: La creación del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, la organización de la Fuerza Pública, primero mediante Decreto de Gabinete Nº 38 de 1990 y luego mediante la Ley 18 de 1997; después ampliada y desarrollada en 1999. Igualmente, temas como la creación de la Policía Técnica Judicial, la regulación del Sistema Penitenciario, el uso y porte de armas y la actividad de las agencias privadas de seguridad fueron objeto de abordaje jurídico.   Pero, pese a los intentos de avance, todo este cuerpo normativo guarda escasa relación entre sí, y en algunos casos, incluso, genera o permite contradicciones a lo interno de diversas instituciones, tal y como ocurrió con la Policía Técnica Judicial.

Similar suerte, en cuanto a la formulación y aprobación de normas, han experimentado la administración de justicia y las instituciones encargadas de la protección y prevención social durante las dos últimas décadas.

En junio de 2000 se da un salto cualitativo, cuando se adoptan, como política de Estado, los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mediante la Resolución de Gabinete Nº 34. En la confección de este instrumento emitido por la administración de Mireya Moscoso y que fue producto de un audaz acuerdo entre partidos antagónicos como el Arnulfista y sus aliados, el PRD y el PP,   jugó un papel determinante Ricardo Arias Calderón.   Sin embargo, la presidenta Moscoso nunca se remitió a la Resolución por ella signada ni acogió una propuesta de política criminológica impulsada por el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.  En el ocaso de su periodo, agobiada, entre otras cosas, por un aumento alarmante de la criminalidad y la violencia, proclamó la aplicación de ‘mano dura’, como medida para enfrentar la situación.

La campaña que llevó a Martín Torrijos a la Presidencia hizo de la seguridad pública uno de sus principales focos de atención, que después, durante su administración, fue objeto de tratamiento, pese al faltante de convicción y de equilibrio político; que de haberse tenido, hoy posiblemente estarían validadas por todos los actores políticos, jurídicamente promulgadas y en ejecución, una política criminológica y una política de seguridad ciudadana. En la administración Torrijos, el tema de una Política Criminológica fue discutido ampliamente en la Mesa del Pacto de Estado por la Justicia, cuyos participantes terminaron aprobándola. Solo faltó que el Ejecutivo, tras acogerla, la remitiera a la Asamblea Legislativa para que alcanzara carácter normativo.

Además, a mediados de 2008, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, presentó la Propuesta de Política de Seguridad Ciudadana ante esa misma mesa, como un producto del Programa de Seguridad Integral (PROSI), programa concebido durante la gestión de Héctor Alemán como ministro del ramo.   No se expresó ninguna objeción contra la Propuesta presentada, fruto de la labor que destacados especialistas efectuaron bajo la coordinación del PROSI. De ello debe mencionarse como relevante lo realizado por Juan Faroppa y en el tema concerniente a la creación del Viceministerio de Seguridad, a Hugo Fruhling.

Si se analiza la propuesta de esta institución se notará que para los objetivos y funciones planteados en la Política, correspondía una estructura determinada en el Viceministerio. La aprobación final y la consideración de ambos esfuerzos producidos por el PROSI, hubieran podido reducir los riesgos de improvisación, retardo y equívocos, para darle en su momento mayor sentido y utilidad a lo creado como Viceministerio de Seguridad primero y luego como Ministerio de Seguridad.

En cuanto a política criminológica y de seguridad ciudadana, es poco ya lo que hace falta para cumplir con el compromiso presidencial. Ahora la administración Martinelli tiene la oportunidad de reconocer los esfuerzos y logros obtenidos y, sin enfrascarse en la invención de la rueda, puede considerar las aprobaciones que corresponden para que las políticas en cuestión se conviertan en una realidad de Estado, al cabo de una década.

 

<> Este artículo se publicó el 13 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El homicidio doloso

La opinión del Abogado y Docente Universitario…
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CARLOS AUGUSTO HERRERA

Hay mucho interés por la materia, por un tema amplio.   Lamentablemente nos tenemos que circunscribir por razones del tiempo y el espacio con someros comentarios relativos al libro Segundo y en especial al Título I, Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Primero.    No podemos desconocer la incidencia de los tres pilares sobre los que se funda el sistema democrático distinguidos como:  Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la avalancha de críticas sobre el absoluto incumplimiento de las promesas de campaña sobre Cero Corrupción y mayor seguridad ciudadana de ayer y sobre la seguridad de hoy entre otras cuestiones.

La epidermis cobertora de este sensible tema es muy delicada. La ausencia de una política criminal adecuada y el estado de anarquía en el que nos encontramos y en el que prevalecen las garantías inadecuadas sobre educación, salud, vivienda, electricidad, agua, calles, canasta familiar, salario mínimo, etcétera,    nos tienen a todos los panameños tan desorientados e indignados que cada uno hace lo que le perezca y en cualquier momento le da por cerrar calles, suspender servicios como la recolección de basuras, clausuran las escuelas, suspenden el trasporte público o la atención médica y todo esto afecta la administración de justicia.

La mejor muestra que existe en una sociedad, es la organización de los delincuentes en pandillas como un acto incontrolable cuando prevalece la anarquía, porque este comportamiento llena el espacio de la ley en donde no existe la ley.

Dentro de la cacareada corrupción tenemos que existen engranadas modalidades, cuyo nacimiento está localizado en el ceno de la familia. Son estos actos de corrupción menores los que trascienden hasta coronar con los rejuegos del soborno. Lo cierto es que pareciera desapercibida la falta del conocimiento para atender los asuntos que revierten con efectos dañinos. De este modo tenemos la Ignorancia Consciente y la Ignorancia Inconsciente, esta última, mucho menos perniciosa, puesto que el autor se la lleva a la tumba si saber de su defecto.

La Ignorancia Consciente en cambio, promueve la corrupción, porque quien la ostenta es dado a improvisar en los descargos, como un mecanismo de defensa, para amparar la mala actuación y de este modo justificarla. De allí es que los funcionarios que no tienen la capacidad para ejercer una función para los que han sido nombrados la tergiversan y con ello producen el mismo daño que el caso del soborno. Hay infinidades de casos en los que el engreído burócrata arremete a diestra y siniestra para defender la inconsciencia y en este coro de desavenencias logran sus objetivos. Antes debo referirme a lo peligroso de los cambios legislativos previos, como la Ley 15 del 22 de mayo del año pasado, reformaron el artículo 67 del Código Penal, numeral 5:

‘5. Emplear astucia, fraude, disfraz, uniforme o distintivo de la Fuerza Pública, de cualquier institución pública o privada o de los servicios privados de seguridad, pasamontañas o cualquier otra forma de cubrir el rostro’.

Como se puede advertir en la fugaz ley que nació para quedarse, estuvo concentrada en proteger al cuerpo de policía con prelación.

Resulta interesante que ahora con el nuevo Código en el artículo 88 sobre las circunstancias agravantes, lo dejaron como estaba en el Código anterior: ‘5. Emplear astucia, fraude, disfraz’. Con esta ley pasajera también emparejaron todas las sanciones en el homicidio doloso tal y como aparece ahora. Les puedo adelantar, como docente, que, mientras continuemos gobernando de esta manera, no vamos a salir del atolladero.    No es fuerza, es más bien maña lo que se necesita.

Pasamos de inmediato a comentar brevemente sobre lo expuesto en el Código Penal sobre el Homicidio y sobre el artículo que vamos a copiar, la pena ante era de 5 a 12 años:

‘Artículo 131. Quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de diez a veinte años’.

Sin lugar a dudas, dentro de la coercibilidad de la Ley,   la vida parece lo más importante en el artículo 17 de la Constitución, el cual sostiene que las autoridades están creadas para garantizar la VIDA, HONRA Y BIENES de los panameños donde se encuentren y de los extranjeros radicados en este lugar y con el Código anterior el artículo 255, sobre tráfico de drogas, establecía una pena de prisión entre 8 años a 15 años de prisión, lo que resultaba a todas luces una extravagancia legal, si lo comparábamos con el Homicidio, lo que comprueba sin ningún equívoco que se legisla de forma emocional, consentidas entre los legisladores y quienes las promueven y después los que las aplican.

<>Artículo publicado el  5  de septiembre  de 2010 en el en el diario  La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La necesidad de una política criminológica en Panamá

La opinión de…

Severino Mejía

Debo empezar mi escrito señalando que no soy criminólogo, sin embargo he logrado construir mis conocimientos a través del aprendizaje significativo, transitando a mi zona de desarrollo próximo (Vigotsky) con el apoyo de las enseñanzas de la directora del Instituto de Criminología y demás compañeros investigadores de esta importante unidad de investigación de la Universidad de Panamá.

Desde que nos incorporamos a esta dependencia generadora de docencia e investigación, descubrimos un cúmulo de información valiosa (más de 60 investigaciones ligadas a la conducta antisocial)  que muy poco ha sido aprovechada por los gobiernos.   Hay una riqueza invalorable de información que da luz al desarrollo de acciones concretas en la lucha contra la criminalidad, bajo esquemas técnicos y científicos.

Una de estas propuestas es la política criminológica, cuyo fundamento se basa en la elaboración del diagnóstico y análisis sobre los diferentes temas relacionados a la génesis, caracterología, fenomenología, control y prevención de la criminalidad en Panamá.

Este trabajo profundo fue realizado por un esfuerzo conjunto, del Gobierno y la sociedad civil, en el año 2004 cuando se presentaron sus resultados luego de los valiosos aportes de especialistas de diversas disciplinas ligadas al tema. Lamentablemente, el documento se congeló a pesar del Decreto Ejecutivo No 260 del 7 de junio de 2006 que adopta los lineamientos generales de esta política. Se quedó en la gatera, no arrancó.

Este documento debe constituirse como una agenda de Estado y parte fundamental de las políticas sociales del país. Con el surgimiento de ese gran movimiento social de la Cruzada por la Paz, la Universidad de Panamá, a través del Instituto de Criminología, da su aporte de incluir –como parte importante de los 14 puntos entregados al señor Presidente de la República– la propuesta para que se adopte de forma definitiva la política criminológica como una agenda de Estado, convencidos de que es la herramienta apropiada para prevenir y contener el incremento de la violencia criminal en nuestro país.

Hay que aclarar que la adopción de esta política no debe verse como una pócima mágica, que una vez adoptada hace desaparecer de forma instantánea la inseguridad en el país. Es un proceso de mediano y largo plazo que permitirá cumplir los siguientes objetivos: Fomentar la participación coordinada e integral de las instituciones involucradas en los temas de seguridad y de la sociedad en su conjunto; analizar los factores que generan el comportamiento antisocial; fomentar el enfoque social por parte del Estado, pues a través de sus programas se logra la justicia social. Además, la política criminológica tiene los siguientes alcances: reducir y disminuir la conducta antisocial; se mantiene en el tiempo, no importa los cambios de gobiernos es una política de Estado; aborda el problema del fenómeno delictivo de manera técnica y científica.

La Cruzada por la Paz, cuando hizo entrega al señor Presidente la República de importantes contribuciones, manifestó de forma reiterativa que nada de esto se visibilizará si no hay la voluntad política de implementarla. Y es que concretada su adopción, se obtendrán los siguientes objetivos y logros:

1. Será una iniciativa de alto impacto del Estado panameño en su lucha contra la criminalidad.

2. El Gobierno nacional, como parte del Estado, reforzará su política social.

3. Se constituirá en un marco de referencia sobre el cual derivan los planes operativos de la Fuerza Pública, el Sistema Penitenciario, el tratamiento del menor, etc.

4. Se reforzará el apoyo internacional.

5. Permitirá tener una visión más clara del tratamiento de los privados de libertad.

6. Fomentará la coordinación interinstitucional de manera efectiva.

Estamos a la espera que el Presidente apruebe el decreto ejecutivo que la adopte como política de Estado. Confiamos en que así sea.

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Este artículo se publicó el 25 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Caminar por calles seguras

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

Panamá, viene mostrando crecimiento económico sostenido, pero a su vez experimentado incremento en los índices de violencia, lavado de dinero, crimen organizado, narcotráfico y pandillas, trastocando la paz social.

A esta realidad se suman robos, violaciones carnales y todo tipo de daños, que lesionan la seguridad ciudadana, independientemente las acciones realizadas por la Policía y autoridades gubernamentales.

Los transgresores de la ley cuentan con recursos económicos para adquirir armas, bienes y ‘aliados’, facilitándoles cualquier tipo de argucias o subterfugios legales, pero no éticos ni morales, lo cual les permite mejorar significativamente la logística de sus operaciones y atemorizar a la población.

La crisis de valores socava nuestra sociedad. Estudiosos del flagelo coinciden en que la delincuencia al igual que la violencia son problemas sociales, influidos por imitación del hogar, el medio o exclusión social, por ello se hace necesario que el gobierno, sociedad civil, familia y medios de comunicación, coadyuvemos con la educación y orientación adecuada a nuestra juventud.

La situación incide negativamente en los niveles de avance del país, altera la calidad de vida y la gobernabilidad de la nación.

Investigaciones realizadas por Dichter & Neira, durante el pasado mes de mayo, indican que el 56% de los entrevistados consideraron que los niveles de inseguridad han empeorado.

A principios de este mes, El Siglo publicó que las estadísticas policiales registraron, en este primer semestre, 419 homicidios, lo cual revela un incremento de 5.3%, comparado con el 2009, afectando principalmente las ciudades de Panamá, Colón y San Miguelito. Semanas atrás fue asesinado el abogado y defensor de los detenidos Javier Justiniani. Se han registrado robos en autobuses comerciales de rutas nacionales (Panamá/David/Santiago). Asaltos tipo diligencias del Oeste norteamericano. Situación nunca antes vista en Panamá. El martes 20, se produjo el asesinato del pastor Herminio Rivera, quien se dedicó en los últimos años a rescatar jóvenes inmersos en pandillas.

El contexto descrito deja expuesto que las circunstancias se agravan. Es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto y busquen estrategias pertinentes (preventivas y restrictivas) que ayuden a disminuir los altos niveles de delincuencia y criminalidad.

La Policía Nacional implementó el pele police, instrumento detector de personas con casos pendientes con la justicia, logrando la captura de muchos delincuentes. Sin embargo, uno de los defectos de este instrumento es mantener información desactualizada. Ello trae consigo que personas ya en paz con la sociedad y la justicia, sean detenidas y hasta lastimadas, tanto físicamente como en su honra. Frente a esta realidad la población tiene pendiente y por resolver la promesa de campaña del señor presidente de la República, de proteger el derecho de la ciudadanía a caminar por calles seguras, se espera su cumplimiento.

Es preciso investigar y llegar hasta las últimas consecuencias para determinar cuál es la causa y razón para que el problema haya adquirido tal dimensión, las raíces que la estimulan y así establecer una política criminológica efectiva.

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Este artículo fue publicado el 28 de julio de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Más de lo mismo en materia de seguridad ciudadana

La opinión de…

Magaly Janneth Castillo 

Ha pasado un año del gobierno de Ricardo Martinelli y el país sigue sin un plan de seguridad ciudadana y sin definir una política criminológica de Estado. Lo que sí hemos visto son más de tres reformas al procedimiento penal panameño y dos reformas a la legislación de menores en un periodo corto de un año.  Todas ellas sin sentido y contrariando normas constitucionales.

Hemos visto una agresiva acción policial focalizada en los barrios más pobres de la ciudad con alta incidencia delictiva y el uso del “pele police” como si todos fuésemos sospechosos,  pero no vemos con claridad una política de fortalecimiento de las instituciones del sistema de seguridad, ni vemos un plan con acciones a corto, mediano y largo plazo.   Toda esta improvisación ya la hemos vivido en los últimos tres gobiernos.   Las recomendaciones, planes y programas que se han discutido en comisiones presidenciales en los últimos ocho años quedan en nada.

En el año 2002 el Consejo de Gabinete de la presidenta Mireya Moscoso creó una Comisión Intersectorial de alto nivel para la elaboración de una política criminológica. Desde esa fecha existe una propuesta, como resultado del consenso entre actores públicos y de la sociedad civil, pero que no fue asumida como política de Estado por el Consejo de Gabinete de aquel momento.

Este documento fue discutido nuevamente en el año 2005, por la Comisión de Estado por la Justicia y presentado al Órgano Ejecutivo como una propuesta de Estado, que tampoco fue adoptado por el gobierno del presidente Martín Torrijos.

Finalmente, la Concertación Nacional para el Desarrollo enumeró una serie de medidas en materia de seguridad ciudadana que tomaban en cuenta los aportes de la Comisión de Estado por la Justicia. Es decir, el país cuenta con un listado largo de propuestas y proyectos de ley que nunca han sido asumidos como políticas de Estado.

Ahora, nuevamente el Gobierno, luego de una gran marcha por la seguridad ciudadana, ha solicitado que la sociedad civil le presente propuestas para enfrentar el problema de la inseguridad; pero al día siguiente de la marcha se reformó de nuevo la Ley 40 sobre justicia penal juvenil en la misma línea represiva de siempre. Días después se aprobó la ley 9 en 1 (Ley 30) en que le otorga a la Policía licencia para extralimitarse de funciones y hacer un uso abusivo de la fuerza.

La semana pasada se sancionó otra ley para mejorar la acción del Estado contra el delito, donde nuevamente se hacen reformas que contradicen las normas constitucionales y se retrocede en materia de derechos humanos. Seguimos con la misma práctica de todos los gobiernos.   Por una parte se distrae a la sociedad civil en comisiones de trabajo y al mismo tiempo se realizan reformas que contradicen cualquier política científica y coherente de seguridad ciudadana.   En días pasados se entregaron los proyectos de ley sobre agencias de seguridad privada y ley de uso de armas, que también se habían discutido en el gobierno pasado, pero que al final no se aprueban debido a las presiones de personas o empresas dedicadas a estos negocios.

Las propuestas sobre seguridad ciudadana existen, lo que hace falta es voluntad política y que el Gobierno con su equipo de expertos revise todos estos aportes y elabore un plan de seguridad ciudadana que debe ser sometido a consulta. Pedir a las organizaciones ciudadanas que presenten propuestas es seguir dándole largas a una responsabilidad que tiene el gobierno y que debió emprender desde el día primero de su mandato.

En ese plan de seguridad debe establecerse claramente un ente rector que coordine y lidere toda la política de seguridad ciudadana, que involucre claramente a todos los actores del sistema de justicia, a los municipios y a la sociedad civil.

Se supone que el ente rector de la política de seguridad ciudadana debe ser el Ministerio de Seguridad Pública, pero para ello se requiere tener al frente de ese Ministerio a una persona con valores democráticos que crea en la nueva visión de seguridad democrática y que crea en el rol de los ciudadanos y de los municipios. No estoy segura de que esta sea la realidad que hoy tenemos.

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Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Nuevas políticas públicas contra el crimen organizado

La opinión de…

MARCO  A.  GANDÁSEGUI

Ante el desorden generalizado a nivel nacional y la legislación contraria a los intereses del país, es necesario introducir nuevas políticas públicas para erradicar el crimen organizado.

Hay que tomar la acción necesaria que erradique las causas del ascenso de la violencia y del crimen organizado.

Hemos señalado cómo las políticas públicas asociadas con la flexibilización de la fuerza de trabajo, la desregulación de las instituciones gubernamentales, la disminución de la inversión en el sector educación, la disminución de los aranceles y otras iniciativas legislativas han contribuido en gran parte al incremento de la violencia y el crimen organizado. De la misma manera que los indicadores de criminalidad aumentan con la aplicación de las políticas públicas mencionadas, estos indicadores disminuirán al reformar la legislación que las creó. Es como privarle de agua al pez.

Hay que proceder de manera rápida y eficaz para reformar la legislación aprobada en las últimas dos décadas y así comenzar a eliminar el crimen y la violencia. Las reformas legislativas tendrían que centrarse en las áreas del trabajo, de la educación y de la economía.

En primer lugar, en el sector trabajo, hay que estabilizar (todo lo contrario de flexibilizar) el empleo. Hay que convertir el concepto promovido por la legislación de trabajo informal o ‘justo a tiempo’, en la noción de trabajo estable y decente. Hay que devolverle al trabajador su hogar, que le fuera secuestrado por la legislación que flexibiliza su relación de trabajo. La relación estable entre el trabajador y el hogar produce una familia íntegra con valores asociados con el trabajo y la educación.   En vez de dispersar a los miembros de la familia, esa institución básica debe fortalecerse.

Fortaleciendo a la familia de manera concreta, con un hogar que se sustenta con un ingreso regular, se activa la red de relaciones de la comunidad. Los valores de trabajo y educación, compartidos por las unidades familiares de la comunidad, generan un interés en promover actividades culturales, educativas, deportivas y otras.

En segundo lugar, en el sector educación, hay que devolverle el sentido original que le dieron los fundadores del sistema educativo panameño hace cien años. Mediante la educación estamos formando nuevos ciudadanos y trabajadores del más alto nivel productivo que contribuyan a consolidar la Nación.   En la actualidad, estamos formando empleados domésticos para una economía ‘transitista’ al servicio del crimen organizado.

Los establecimientos escolares han sido abandonados y se encuentran en un estado deplorable. Los educadores han sido objeto de persecución y sus salarios han disminuido a tal extremo que necesitan varios empleos simultáneos para cumplir con sus responsabilidades familiares.  La situación ha creado una generación de estudiantes sin rumbo, a quienes se les prohíbe organizarse y realizar actividades académicas por temor a sus protestas.

Hay que construir establecimientos escolares nuevos, darle mantenimiento permanente a los otros y reestructurar la planilla de los educadores.

Tercero, el sector económico tiene que planificarse para contribuir al crecimiento y desarrollo armónicos con los intereses de todos los panameños. En la actualidad, el crimen organizado se ha adueñado del turismo, también de la explotación de los recursos naturales y ha puesto a nuestra juventud a defender sus intereses en las calles actuando como sicarios.

La seguridad alimenticia y la seguridad ciudadana han sido subordinadas a la seguridad de los inversionistas de cuyos capitales se desconoce su origen. La seguridad ciudadana ha sido sacrificada a nombre de un Ministerio de Seguridad, cuyo objetivo es contribuir al tráfico internacional y nacional de drogas y armas.

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Artículo publicado el 17 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Política criminológica

La de opinión de….

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Jonathan Riggs

Veo con preocupación los altos índices de criminalidad existentes en el país, y como profesional de la criminología me llama la atención los planteamientos que hacen algunas personas, tanto del sector público como privado, que solo piensan en la represión sin prevención como solución a la inseguridad existente.

Debo señalar que la actividad criminal es dinámica, cambiante y regenerativa. Por eso, a medida que las autoridades buscan soluciones para contrarrestar el desarrollo de la actividad criminal, las organizaciones criminales buscan nuevos mecanismos y técnicas que impidan su detección, para lograr sus objetivos.

Las diferentes actividades criminales generan anualmente grandes riquezas que sirven de sustento a muchas personas que han hecho del delito y sus conexiones un modo de vida, sin importarles los riesgos que esto implica, aun cuando les signifique la muerte o la cárcel.

Al analizar la situación actual del país, debemos partir de la carencia o falta de valores inculcados desde el hogar, pasando por la desintegración familiar, la violencia doméstica, la deserción escolar, la falta de compromiso de los padres en la educación de sus hijos, el debilitamiento del sistema pedagógico y el proceso enseñanza aprendizaje a nivel escolar, la mora judicial, la rehabilitación del condenado, el problema de la corrupción interna en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros, que nos dan con claridad las razones de la alta incidencia criminal en nuestro país.

A todo esto debemos sumarle el papel que juegan los medios de comunicación social en el desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes adolescentes y, por qué no, de los adultos que muchas veces tienden a imitar conductas desviadas, llegando a idealizar y glorificar la conducta criminal de un actor.

El gobierno del señor presidente de la República, Ricardo Martinelli, tiene en sus manos las herramientas para lograr la implementación de una política criminológica de Estado, que logre minimizar los altos índices de criminalidad, y digo minimizar porque habrá personas que no quieran salir de una opción de vida al margen de la ley para obtener riquezas y seguir lucrando de una actividad criminal; a ellos les debemos aplicar todo el peso de la ley.

Debo señalar que hay un documento, que es ley de la República, se trata del Decreto Ejecutivo No. 260 del 7 de junio de 2006, por el cual el Estado panameño adopta lineamientos para una política criminológica, que no ha sido debidamente implementada y ejecutada, y para lo cual se establecen una serie de principios rectores que deben generar importantes cambios en la sociedad panameña. Los principios rectores son: prevención, seguridad ciudadana, derechos humanos, justicia social, desarrollo humano sostenible, participación ciudadana y educación para una cultura de paz.

Cada uno de estos principios se desarrolla con metas a corto, mediano y largo plazo, tomando en consideración los diversos escenarios en que deben plantearse las estrategias a seguir por cada uno de los representantes, tanto del Gobierno como de la sociedad civil y demás grupos organizados, que deben ser los llamados a velar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de una política criminológica de Estado.

Para lograr esto, debemos dejar de un lado la política partidista y enfocarnos en el estudio científico–técnico desarrollado por especialistas criminólogos nacionales e internacionales que abogamos por una política criminológica integral.

¿Queremos, realmente, un país seguro, con menos crímenes, atractivo para el turismo, el inversionista extranjero y nacional y en donde podamos vivir en armonía como una sociedad donde impere la justicia y la paz? Entonces, desarrollemos cada uno de los principios rectores mencionados y tendremos un mejor país.

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Este artículo se publico el 11 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a l autor, todo el crédito que les corresponde.