El Gobierno sigue metiendo la mano

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO

GENARO   LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

Los problemas urgentes de la población panameña siguen sin atenderse.   Hasta la fecha no existe ninguna propuesta concreta del gobierno de Ricardo Martinelli para reducir el costo de la canasta básica familiar, la cual ha sufrido un incremento considerable en los últimos meses.   Como si fuera poco, por tercera vez consecutiva se anuncia el incremento del precio del combustible, lo que provoca una cadena alcista en los precios.   Sobre el particular, la retórica del discurso gubernamental se mantiene en señalar los factores externos como causal de los incrementos, dejando por fuera las causas internas, como la cadena oligopólica en la distribución.

La realidad de los altos precios en los bienes y servicios básicos, pone al descubierto lo adverso que han resultado los tratados de libre comercio, que nos colocan en una inseguridad alimentaria y en vulnerabilidad frente a productos transgénicos.    En esa lógica, es evidente el fracaso del mercado como mecanismo para fijar los precios, lo que demanda el necesario congelamiento y control de los precios de la canasta básica familiar, acompañado de aumento general de salario para todos los trabajadores del sector público y privado que devengan mensualmente hasta 1500 balboas, tal como ha propuesto CONUSI.

Sin embargo, el gobierno no solo se niega a congelar y controlar los precios, sino también a otorgar un aumento de salario que permita al menos recuperar el poder de compra de los trabajadores. Así, pasa por alto las demandas de aumento de pensiones y jubilaciones que solicitan los jubilados, igualmente niega a los educadores las posibilidades de un salario acorde con sus necesidades y con el grado de preparación profesional.

El trillado argumento de que no existen recursos financieros para otorgar los aumentos salariales y de pensiones, dista del derroche en que viven ministros y directores de entidades públicas, tal es el caso del director de la CSS, quien sí encuentra dinero para la compra de un automóvil de lujo, valorado por unos cien mil dólares.

También pareciera existir dinero para seguir abusando de las contrataciones directas. Por ejemplo, el reciente escándalo por la contratación directa de una empresa del hermano de la ministra de Educación, Lucy Molinar, por parte de la Autoridad de Turismo, que pone sobre el tapete cómo algunos funcionarios se hacen valer de su influencia para favorecer a familiares, amigos y compadres.   No podemos olvidar que Lucy Molinar presentó un proyecto de Ley para que al Ministerio a su cargo se le permitiera realizar compras sin los controles que se le exigen a otras dependencias.

En esta misma línea, al señor Gustavo Pérez, jefe de la Policía Nacional, parece no gustarle la imagen arquitectónica de las subestaciones, por lo que acudió a un contrato de forma directa con una firma de arquitectos vinculada a Faizal Asvat, quien funge como su consejero en la entidad, para que realice las reformas, por ello recibirá unos 189000 dólares.

Éstos y otros escándalos, revelan que las autoridades gubernamentales ‘siguen metiendo la mano’; y explica por qué el gobierno de Martinelli restringe aún más el acceso a la información.

En medio de ello, el gobierno pretende que se mida su eficiencia a través del crecimiento de la economía;   sin embargo, hay que recordar que la economía nacional puede estar creciendo.   No obstante, los principales mecanismos de redistribución del ingreso continúan sin atender, configurando un escenario de crecimiento económico sin equidad.

Esta realidad, de inequidad y exclusión social, obliga al movimiento social panameño a organizar y unificar sus fuerzas para enfrentar las políticas antipopulares. Es necesario organizarnos para construir poder popular que permita crear las condiciones para llamar a una Asamblea Constituyente Originaria, que refunda la República, como única garantía para que nuestras demandas sociales sean atendidas; para que el crecimiento económico llegue a los pobres de la ciudad y del campo, y no al minúsculo grupo, que pelechando de la Cosa Pública, explotando la fuerza de trabajo y bajo la especulación financiera, amasan enormes cifras de dinero.

 

 

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<> Este artículo se publicó el 24 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/lopez-genaro/

Frenadeso: Llamamos a construir el instrumento político

La opinión del Secretario General de Frenadeso y Conusi…

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GENARO  LÓPEZ

Quienes se dicen defensores de la democracia se asustan cuando el movimiento social decide organizar su propia expresión política. Intentan explicar el hecho a partir de razonamientos que se contradicen con el principio que dicen defender, acostumbrados a utilizar a las mayorías en el carnaval electorero.

Cuando los sectores del movimiento social se manifiestan por sus reivindicaciones, increpaban para que éste entre a lo que suelen llamar el ruedo político; sin embargo, hoy pretenden cuestionar el legítimo derecho que le asiste al movimiento social panameño para levantar su propio instrumento político.

¿Por qué un instrumento político propio? Porque los sectores honestos de este país estamos cansados de la situación de captura de los procesos políticos por intereses privados, porque estamos hastiados de los esquemas nada transparentes de financiamiento de sus campañas y del alto nivel de inmunidad de los políticos para ser procesados legalmente. Porque las democracias están asediadas no solo por una crisis de representatividad y por los bajos rendimientos sociales, sino por el dominio de un nuevo poder mundial antidemocrático, el neoliberalismo, que excluye cada vez más a las mayorías sociales de la posibilidad de una vida digna. Es evidente que el pueblo pierde credibilidad en los partidos políticos burgueses, en la partidocracia, y que anhela la construcción de una real democracia y la reforma integral del Estado.

En este sentido, representantes de las distintas provincias, comarcas, organizaciones, frentes de masa, comisiones de trabajo, colectivos y el pleno de la Dirección Nacional de Frenadeso, que conforman el Directorio Nacional, se reunieron el domingo 3 de octubre para dar impulso a la construcción de un Instrumento Político Electoral.

Frenadeso no se convierte en un partido político, conservará su carácter de movimiento social, pero sus dirigentes y estructuras inician, a partir de este momento, de manera amplia y en consulta con otras organizaciones y personas patrióticas, progresistas y democráticas, el proceso para dotar a los sectores populares de un instrumento político electoral, ante el desencanto por los partidos políticos, su desprestigio y el incumplimiento de las promesas electorales gobierno tras gobierno, mientras se agravan las necesidades del pueblo.

Se trata de construir una fuerza moral, pluralista, antineoliberal y renovadora, que integre a los sectores cívicos, democráticos, progresistas, nacionalistas, patrióticos y populares que coinciden en el concepto de que el Estado se constituye para garantizar la soberanía nacional; la seguridad, la libertad y los derechos ciudadanos; el derecho al bienestar económico y social de la población; el respeto a grupos étnicos, costumbres culturales y creencias religiosas; mismos que vienen siendo incumplidos, olvidados, tergiversados o violados por el Estado panameño y sus gobiernos.

Hablamos de un instrumento político sin dueños, sin candidaturas predefinidas, amplio, democrático, progresistas, popular, pluralista, patriótico, antineoliberal, nacionalista, solidario, participativo, con política de equidad de género, defensor del ambiente y respetuoso de las diversidades culturales.

Estamos conscientes de que el sistema electoral en Panamá es cualquier cosa, menos democrático, que se demandan cambios profundos en el Código Electoral, pero estamos también convencidos de que en estos momentos, la clave de la lucha está en el impulso de un fuerte movimiento social que responda a las necesidades fundamentales de la población y que al mismo tiempo sea capaz de establecer alianzas para enfrentar al poder y a los poderes institucionales y avanzar juntos en la construcción de poder popular, que permita autoconvocar una Asamblea Constituyente Originaria, que nos brinde una nueva Constitución con la que fundemos una nueva República sobre sólidas bases democráticas, principios humanistas, una nueva moralidad, equidad social, desarrollo nacional independiente, bienestar material y cultural para sus ciudadanos y fortalecimiento de la soberanía del Estado panameño, sobre todo el territorio nacional.

El compromiso ha sido asumido por el Directorio Nacional, el 8 de enero de 2011 en un Congreso Extraordinario de Frenadeso se formalizará esta decisión e iniciaremos de inmediato el proceso de inscripción y legalización del instrumento político.

<> Este artículo fue publicado el 10 de octubre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Alianza oficialista en crisis

La opinión del Sociólogo…

OLMEDO BELUCH

La Alianza por el Cambio celebra su primer año de gobierno en medio de su primera gran crisis interna, la cual ha pasado casi desapercibida, pero muestra las fallas sísmicas que la pueden derribar en cualquier momento.

Nos referimos al rechazo de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional frente a la propuesta de ley de Consulta Ciudadana presentada por el Ejecutivo. Para no mencionar que el ‘regalo’ de Martinelli de aniversario al pueblo panameño son: el aumento del ITBM’s y la reforma al Código de Trabajo, asuntos en los que ambos bandos han estado de acuerdo.

La rebelión legislativa ha sido dirigida por los diputados panameñistas, y esto no es casualidad. El argumento para el rechazo esgrimido por el diputado Blandón, es muy claro: el temor de que Ricardo Martinelli, mediante las llamadas consultas convoque una Asamblea Constituyente.

El problema para los diputados panameñistas es doble, por un lado, son garantes junto al PRD del actual sistema político antidemocrático, que solo permite reformas constitucionales controladas por los ‘políticos de siempre’.   Por otro, todos los diputados temen que una Constituyente acorte el período para el que fueron electos, dejándolos fuera del baile, antes de tiempo, no tanto porque tengan grandes proyectos legislativos, sino por las deudas asumidas en la campaña electoral contra los jugosos ingresos proyectados en cinco años.

¿Para qué querría Martinelli convocar una Asamblea Constituyente?  ¿Para reformar el plutocrático sistema político que padecemos? No. Para conseguir la reelección presidencial inmediata y seguir gobernando cinco años más, siguiendo el modelo de Uribe, Chávez, Correa y otros mandatarios de la región.   Por supuesto, esto sería inconveniente para los aliados panameñistas, que aspiran, con Juan Carlos Varela, a encabezar la sucesión presidencial en 2014. Evidencia de que hay algo de esto, es que a la fecha no han logrado ponerse de acuerdo en una nueva redacción del proyecto de ley.

Otros elementos de crisis en la alianza oficialista se esbozaron en las denuncias del diputado González contra el ministro Mulino, y de Noriel Salerno contra el ministro Alberto Vallarino.   Sin mencionar los choques en alcaldías como Panamá y Colón, donde se han confrontado los intereses del grupo allegado a Martinelli con sus aliados.

El Partido Alternativa Popular rechazó el proyecto de ley, porque la redacción concentra la elección de temas y preguntas en la figura del presidente, cerrando las puertas a iniciativas de la sociedad civil, y porque pretenden usar las ‘consultas’ para ‘legitimar’ su agenda política, confrontando unos sectores sociales contra otros. Por ejemplo, la reforma laboral, enfrentando sindicalistas con desempleados.

Respecto a la Asamblea Constituyente opinamos que debe ser convocada con urgencia y que no depende del mencionado proyecto de ley. Si la Constituyente es democrática y representativa del conjunto de la sociedad panameña, sería el único camino para reformar el sistema político actual, corroido por la corrupción, la cleptocracia y el poder del dinero.

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Artículo publicado el 17 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Nueva constitución para refundar la República

La opinión de…..

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GENARO LÓPEZ

En agosto de 2009, Frenadeso, en su Segundo Congreso Nacional, realizó un amplio debate sobre el tema de las reformas a la Constitución, dejando planteada con claridad su posición frente a tan importante tema.

¿Por qué una nueva Constitución? Es obvio que los graves problemas que agobian a la sociedad panameña no encuentran solución en el marco de la Constitución militar de 1972, varias veces reformada. Ante esta realidad invocamos el derecho que se consigna en el artículo 28 de la Segunda Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, el cual señala que “ El pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar la Constitución.. ”.

El pueblo debe ejercer su Poder Constituyente Originario, revestido de la legalidad que tienen los actos del pueblo, un poder sin ataduras, que no está sujeto a mecanismos, normas o reglamentos preestablecidos, que impulse la tarea de legislar para crear las bases de la nueva sociedad edificada sobre principios patrióticos, democráticos, humanistas y solidarios, que permitan a la sociedad en su conjunto un desarrollo propio.

La Asamblea Constituyente es el instrumento de ejecución o desarrollo del poder constituyente originario o derivado, que crea o recrea el Estado. Se señalan dos tipo de Asamblea Constituyente: Asamblea Constituyente Originaria y Asamblea Constituyente Derivada.

La Asamblea Constituyente Originaria, se da cuando surge un nuevo Estado o este se funda o recrea. Con dicha Constituyente originaria el soberano busca materializar el concepto de que el Estado se constituye para garantizar la soberanía nacional; la seguridad, la libertad y los derechos ciudadanos; el derecho al bienestar económico y social de la población; el respeto a grupos étnicos, costumbres culturales y creencias religiosas. Derechos que han sido sistemáticamente incumplidos, olvidados, ignorados o violentados por el Estado panameño y sus gobiernos.

La Asamblea Constituyente Derivada, guarda relación con las reformas a la Constitución, está facultada para reformar el texto constitucional, más no así para hacer reformas en sus estructuras básicas. Esta regulada y normada por una ley y la propia Constitución. En el caso panameño este es el mecanismo que se establece para reformar la Constitución Nacional y está consignado en el Título XIII, artículo 313 de nuestra Carta Magna, que contempla la posibilidad de Actos constitucionales paralelos que no afectan el normal funcionamiento de los tres poderes del Estado, mientras esta se realiza.

Nuestra finalidad es fundar una nueva República, por lo cual nuestra Asamblea Constituyente debe ser originaria con plenos poderes que le permita cumplir con su misión de crear una nueva institucionalidad que democratice la sociedad panameña, que implica respetar las libertades democráticas, los derechos humanos y la aplicación real de la justicia; una reforma radical de la legislación electoral; el pleno respeto a la sindicalización y el derecho a huelga; que materialice la democracia económica y social, dando a la población equidad económica, bienestar e igualdad en la distribución de la riqueza.

Que instituya la no privatización de servicios públicos vitales (transporte, agua, electricidad, telefonía, salud, y otros recursos naturales), los cuales no pueden ser concebidos como negocios para beneficiar a grupos de poder económico, sino como aspectos vitales para garantizar la calidad de vida de los panameños.

Que preserve la seguridad ciudadana vía de la conservación del ambiente y el ecosistema, la soberanía y seguridad alimentaria; que consolide la nación panameña, reafirmando nuestra Soberanía Plena en todo el territorio nacional.

En estos momentos, en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo presentó el proyecto sobre “ consulta popular ”, incluyendo entre otros temas las reformas constitucionales.   Obviamente, el debate del cambio constitucional, para nosotros no pasa por las aparentes contradicciones entre Ejecutivo y Legislativo (Mulino-Blandón), o entre la partidocracia (CD-PRD), los cuales pretenden garantizar los intereses de los grupos de poder económico a través de cambios constitucionales de formas más no de contenidos.

Nuestro planteamiento va dirigido a que sea el pueblo el que designe sus representantes (autoconvocatoria) y no que sean designados de a dedo por el Ejecutivo/Legislativo/Partidocracia, que el pueblo discuta y defina los temas y no que sean impuestos por los grupos de poder económico y político; que el proceso de cambio constitucional genere todo un debate en el seno de la sociedad panameña y no un proceso encerrado en campaña publicitaria; que se cree una nueva constitución que refunda la República y no parches constitucionales que preserven la carcomida institucionalidad.

El resultado de esta constituyente, el proyecto de nueva Constitución, debe ser elevada a consulta popular a través de un Referéndum, en donde el pueblo ejercerá su facultad de aprobarla o no.

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Este artículo se publicó el 30 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Democracia y crisis municipal

La opinión de…..

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OLMEDO BELUCHE

La reciente separación del alcalde de Colón por orden del gobernador; la petición de un grupo de representantes del Municipio capitalino para que el alcalde Vallarino siga la misma suerte; los conflictos en Arraiján y Penonomé; así como el transfuguismo de un grupo de representantes y alcaldes del PRD hacia Cambio Democrático; todos estos hechos constituyen síntomas de un “malestar” en la institucionalidad municipal que inciden en la crisis del sistema democrático panameño.

No nos equivocamos quienes denunciamos, hace un año, que todos los defectos del sistema político panameño habían eclosionado en las elecciones de 2009. Los comicios a alcalde de la ciudad de Panamá constituyeron la madre de todas las violaciones legales y constitucionales que podían darse en un proceso electoral. Cuando lo único coherente que se podía hacer era anularlos y convocar nuevas elecciones, los políticos de gobierno y “ oposición ” prefirieron mirar para otro lado. Un año después, la debacle salta a la vista.

El descrédito es tal que, en una fiesta en la que los asistentes trataban de degustar unas hamburguesas, en el patio, aprovechando los estertores del verano, fuimos atacados por un enjambre considerable de insectos y, mientras peleaban por su pedazo de carne, alguien dictaminó: “ las moscas son cortesía del alcalde ”. Todos se miraron con ceño fruncido, escrutando a ver quiénes de los presentes le habían dado el voto, pero todos negaron haberlo hecho.

La situación habla mal de la baja calidad de la oferta política, para usar un eufemismo; como de la baja cultura electoral de la ciudadanía, que no sabe escoger a sus autoridades, porque se guía por impresiones superficiales, frases altisonantes, gestos afectados, eslóganes vacíos, prejuicios inveterados, atávicos caciquismos, relaciones familísticas. Pero la solución que el gobierno pone a prueba en Colón es peor.

Porque, hago de abogado del diablo: ¿Quién tiene más legitimidad, un alcalde electo por la comunidad, o un gobernador nombrado de a dedo? ¿Tienen que someterse a la voluntad del presidente alcaldes y representantes, para que sus comunidades reciban el presupuesto que ameritan? ¿Necesitamos un régimen presidencialista extremo, que parece casi una monarquía por sus prerrogativas? ¿La soberanía de los ciudadanos de un municipio carece de valor?

En un seminario organizado en el Departamento de Sociología nos enteramos de que, debido al congelamiento de la Ley de Descentralización, los municipios están completamente sometidos a la voluntad del Órgano Ejecutivo, careciendo de autonomía presupuestaria y libertad para tomar decisiones propias.

Esto contradice el principio democrático más elemental.

Rechazamos que se pretenda sacar arbitrariamente a los alcaldes incómodos al Gobierno de turno. El único camino correcto es la revocatoria de mandato popular, en la que los habitantes del municipio se pronuncien si su máxima autoridad se ha mostrado o no incapaz de ejercer el cargo.

Pero este gobierno acaba de imponer una ley que anula en la práctica la revocatoria de mandato.

Esta situación, como tantas otras, muestra que el sistema político electoral panameño requiere una reforma total, mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, representativa, soberana e independiente, que delimite las competencias de los municipios y la real democracia participativa de la ciudadanía en ellos.

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Este artículo se publicó el 8 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Asamblea Constituyente ahora

La opinión de….

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Abdiel Augusto Patiño Iglesias


En 2004, le di mi voto al ex presidente Guillermo Endara (q.e.p.d.) por una sola razón: su compromiso de llamar a una Asamblea Constituyente, tarea que se negó a ejecutar en su período presidencial (1990–1994), cuando el país estaba en las condiciones precisas para lograr un acuerdo nacional que le permitiese entrar a la vida democrática con un instrumento constitucional, sin corte militarista y apto para esa nueva etapa de la historia patria.

Desafortunadamente, el electorado no supo ponderar la oportunidad que para la Nación representaba modificar el sistema político desde sus raíces, a través de una constituyente, y le devolvió el poder al PRD con Martín Torrijos, quien en acuerdo con Mireya Moscoso emparchó la Constitución para calmar las aguas. Y es que durante la gestión de Mireya Moscoso fue tan evidente la “insostenibilidad” del sistema político, que el llamado a una constituyente pareció inminente, aunque el grueso de la población no parecía identificarse con esa necesidad.

Hay que recordar las libretas de firmas que el Comité Ecuménico distribuyó para buscar el apoyo ciudadano a la iniciativa, pero no se recolectaron más de 100 mil firmas de una población electoral de más de un millón. Entre los que apoyaban la idea estaba el ahora presidente Ricardo Martinelli, quien puso libretas en cada sucursal de sus supermercados.

Hoy el tema ha vuelto a la palestra pública ante la clara insostenibilidad de sistema, pues la gestión de Martinelli lo ha evidenciado con mayor prontitud. A escasos ocho meses del nuevo Gobierno, los peligros de una excesiva concentración de poder en el Órgano Ejecutivo, aupada por una Constitución de corte militarista que permite que el Presidente sea casi un rey, han despertado la alerta de los sectores políticos y sociales que ven en peligro a la joven democracia panameña.

Si de por sí el poder parece corromper en exceso, pues debe corromper aún más, y eso es lo que todos tememos. El exceso de poder en una sola persona no es democrático y favorece el autoritarismo y, en el peor de los casos, el surgimiento de dictaduras modernizadas y escudadas ahora por sistemas democráticos moldeados y controlados, sostenidos por elecciones altas en abstencionismo.

Panamá necesita una Asamblea Constituyente. El momento es el que escojamos, este año, el otro, el que le sigue, cualquiera; es una tarea con 20 años de atraso que debe ser cumplida y que será cumplida, pues el sistema colapsado que sostiene nuestra democracia lo exige.

Aquí el punto es que los ciudadanos seamos capaces de exigir y definir un proceso democrático, pues sin importar qué gobierno esté, cuando la constituyente sea convocada (sea paralela u originaria, sea con Martinelli o sin él), debe responder a los intereses de la Nación, no de los grupos de poder político y económico, pues estos intentarán controlar las decisiones que tomen los constituyentes para favorecer la extensión de un modelo administrativo seudodemocrático y poco participativo. Abramos los ojos que el real cambio depende solo de nosotros.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una nueva era constitucional

La opinión del Jurista…..

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Carlos Eduardo Rubio

Existen múltiples razones para llamar a una Asamblea Constituyente paralela. La primera es por el ser método más legítimo y popular de reforma que daría luces a una Constitución similar a la de 1946, la más democrática de todas nuestras cartas fundamentales.

Segundo, la antigüedad de la actual carta, de 38 años, es equivalente a una generación política. La misma se realizó en tiempos de dictadura, sin democracia, ni libertad de expresión y, peor aun, sin partidos políticos.   Sus reformas han sido positivas, sin embargo, la misma contiene ripios jurídicos y problemas de hermenéutica legal, debido a su redacción.   Además, estamos en una situación histórica en donde el pueblo panameño se ha dado cuenta de que el presidencialismo salvaje no trae progreso al país ni mucho menos la descentralización de poder.

La separación de funciones (no poderes) es inexistente, contraviniendo los principios básicos de la democracia liberal, como un sistema de pesos y contrapesos, llamado equilibrio político.

Penosamente, en Panamá, debido a la falta de una cultura política y con la muerte de las ideologías, los gobernantes no conocen los reales principios democráticos, y ha sido una práctica que nuestro órgano más democrático, la Asamblea, esté subordinado a lo que diga el Presidente.   Es por esto que en otros países la elección de diputados se realiza un día distinto a la del Presidente.

Los partidos políticos requieren de reformación, de rescates de la ideología y de nuevas luchas. Todo esto debe ser parte de una nueva carta magna.

La coyuntura política de hoy hace un llamado de reflexión. Debemos volver a los tiempos, de los proyectos de Moscote, Alfaro y E. Chiari, sumado a los pensamientos de Moscote, Eusebio A. Morales y Justo Arosemena, los cuales fueron un ejemplo de patriotismo y grandes pensamientos para construir un nuevo país, donde se debata con libertad, donde realmente perfeccionemos, depuremos, y ampliemos la institucionalidad de nuestro sistema democrático.

Esta nueva patria, o nueva era constitucional, debe llevar a Panamá por el sendero del primer mundo y, reitero, indudablemente debe provenir de una Asamblea Constituyente conformada por 60 hombres y mujeres de prestancia, sapiencia, conocimientos históricos y formación de los principios políticos, democráticos y pluralistas, a fin de que la patria se destaque por sus garantías fundamentales, derechos sociales, institucionalidad y el respeto al estado de derecho. Amén de que los partidos políticos se pongan de acuerdo, aunque sea parcialmente, en el tipo de personas que van a postular.

Debemos empezar a debatir sobre el sistema republicano, el sistema parlamentario, la elección de los diputados y la distribución de curules en la Asamblea Nacional, de los magistrados de la Corte, de la contralora, de la posible elección de gobernadores, de la perfección de los Órganos del Estado y mejorar la redacción del texto.

Ya es hora de establecer, de igual forma, métodos judiciales que salvaguarden la carrera administrativa y la carrera judicial, entre otros temas.

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Publicado el 28 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Caso FIS confirma necesidad de constituyente

La opinión del Sociólogo y Político……

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OLMEDO  BELUCHE

El escandaloso informe de la auditora López sobre los manejos del FIS ha puesto de manifiesto, una vez más, el alto grado de corrupción que corroe al sistema político panameño. Este áudito deja entrever que el FIS fue utilizado como caja, no tan menuda, por diputados allegados a los presidentes Mireya Moscoso y Martín Torrijos para enriquecerse ilícitamente a través de “fundaciones” o para financiar sus campañas electorales, ambos delitos claramente tipificados en nuestra legislación.

Contrario a otras denuncias similares, hábilmente utilizadas por el oficialismo para golpear al desacreditado PRD, el informe del FIS embarra también a diputados de la actual alianza de gobierno, tanto del panameñismo como de Cambio Democrático. Con lo que se evidencia que la corrupción actual no es exclusiva de un partido, sino que abarca todo el espectro político nacional.

Pero además, la forma como el presidente Ricardo Martinelli y el actual director del FIS, G. Tamburelli, han manejado ante la opinión pública los resultados de este informe, siembra la duda sobre la honestidad de sus actuaciones. Por un lado, han filtrado el documento a algunos medios, con el fin evidente de terminar de desprestigiar a algunos diputados, pero a la vez niegan la validez de esta auditoría para no afectar a algunos de sus aliados. Incluso el informe se ocultó por varios meses a la Contraloría y a la Fiscalía Anticorrupción, lo cual configuraría la comisión de otro delito.

Si, como se dice, la idea del Ejecutivo es denunciar la corrupción, cabe preguntarse: ¿Por qué Tamburelli y su jefe no pasaron el informe a las autoridades respectivas tan pronto conocieron los resultados? ¿Se intenta, como se comenta, usarlo para extorsionar a los diputados renuentes a apoyar la reelección inmediata del actual presidente? ¿O se busca poner un bozal a cualquier sector arnulfista que sueñe con un panameñismo sin Martinelli?

Sea cual sea la respuesta, el resultado indica que el sistema político institucional requiere una reforma profunda para limpiarlo de la corrupción. Se requiere un sistema político realmente democrático, que dependa de propuestas, y no de billetes (salidos del FIS o de fondos privados) para ganar unas elecciones. Se requiere con urgencia una reforma constitucional. ¿Pero, puede la Asamblea actual, desprestigiada por el escándalo del FIS, ser la responsable de discutir y redactar la urgente reforma constitucional? ¿Con qué cara el Ejecutivo va a enviar en abril, como se rumora, una reforma constitucional a los diputados que ellos mismos han señalado como corruptos?

Es evidente que la única forma de realizar una reforma constitucional, con algún viso de legitimidad, es con la convocatoria a elecciones de notables para una Asamblea Nacional Constituyente.

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Publicado el 2 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al  autor, todo el crédito que les corresponde.

Caminemos por la Constituyente

La opinión del Catedrático de Derecho Constitucional……

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Miguel Antonio Bernal

Los múltiples problemas que confrontamos en Panamá han continuado intensificándose durante las dos últimas décadas, en forma acelerada e invadiendo, sin distingo, a todos los sectores que conforman nuestra sociedad.

Nuestra realidad sigue siendo muy distinta a la que nos presenta la clase política dirigente, la que no ha encontrado mejor camino que establecer pactos exclusivos entre sus integrantes y de espaldas al pueblo, quien debe ser el principal actor de cualquier pacto.   Buscan multiplicar las estructuras autoritarias y adicionarle los ingredientes que requieren sus apetitos y ambiciones políticas de monopolio del poder, como lo evidencia, una vez más la rapiña de los legisladrones con el FIS.

Hace diez años atrás, escribía que: “En Panamá, la debilidad del Estado está demostrada ante la incapacidad para encontrar solución a los problemas nacionales y su manifiesto rechazo a salir, de una vez por todas, de un tipo de sociedad tradicional para incorporarnos a los grandes cambios y transformaciones del mundo actual. Ni las instituciones públicas, ni las estructuras políticas existentes, al igual que los mecanismos administrativos o electorales existentes, corresponden a nuestras circunstancias políticas, sociales, educativas o económicas.   No pueden interpretar y mucho menos expresar las realidades que vive nuestro país. La crisis es evidente como evidente es, cada vez más, la necesidad de un verdadero cambio”.

Y acotaba que: “Ante el vacío institucional, ético, político, jurídico y de todos los órdenes que, además de todo, frena la economía, es cada día más urgente convocar un proceso Constituyente que tenga una Asamblea Nacional Constituyente como instrumento más adecuado y propicio para transformar a fondo el Estado.   Hoy por hoy, es más palpable que nunca, que el Estado no le brinda a sus ciudadanos, en medio de su desfasada organización y desatinados mecanismos de actuación, la adecuada atención a los problemas de las grandes mayorías nacionales con la responsabilidad, eficiencia y seriedad debidas.

Hoy, urge más que ayer, una Asamblea Nacional Constituyente, electa democráticamente por todos y sin cortapisas de ninguna naturaleza, como instrumento idóneo para que todos los panameños seamos los verdaderos protagonistas y los verdaderos propietarios de nuestro propio destino..

Una Asamblea Nacional Constituyente permitiría elevar el grado de educación política de todos, especialmente de la juventud panameña. El pueblo panameño clama por una transformación real, por un verdadero programa económico y social, por una administración de justicia que cierre los caminos de la impunidad y de la corrupción, que ponga fin al monopolio partidista y que logre una descentralización de poderes y recursos el Estado para que se beneficien las comunidades.

Una Asamblea Nacional Constituyente, sin convertirse en una panacea o hacedora de milagros, sí puede convertirse, como instrumento efectivo de participación popular, en la más eficaz herramienta modernización de la democracia, de renovación y participación política.

La democratización de la vida nacional pasa por la creación de mecanismos de participación de todos los sectores de opinión, por el derrumbe de los muros que hacen hoy día, impenetrable para el pueblo la arbitrariedad del Estado y sus Órganos de Gobierno. Una Asamblea Nacional Constituyente abriría los caminos necesarios para que haya una mayor democracia, para que, entonces sí, le toque al pueblo.

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Publicado el 29 de enero de 2010 el Panamá América Digital. a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¿Dónde quedará el escándalo del FIS?

La opinión de…..

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Manuel Cheng P.

La investigación periodística del diario La Prensa viene a confirmar lo que todo el mundo habla en las calles de esta empobrecida nación desde hace mucho tiempo, que el FIS era la caja menuda de los políticos que forman parte del círculo de corrupción o poder, ya sean en ese momento parte del partido gobernante o de la oposición aparente.

Recuérdese que no ha habido nunca una real oposición debido a esto: el ocultamiento por parte de todos de esta ola de favores, amiguismo y corrupción.

Lo del FIS era un secreto a voces y tiene que ser un ente privado no gubernamental el que desenmascare toda esta red o conexiones que garantizan a muchos su continuidad en el poder.

Ahora la pregunta obligada es si el Ministerio Público iniciará como iniciativa propia un proyecto de investigación que deslinde responsabilidades y que dote de credibilidad y confianza por parte del pueblo a esa entidad o tendrá que ser Juan Pueblo el que presente una querella o denuncia.

Lo del Toro y los ex ministros carecerá de sentido si este nuevo escándalo no se trata con la misma celeridad que los casos anteriores, de no ser así se confirma también lo que todo el mundo viene diciendo, que la justicia en este país, de existir, es selectiva y que actúa bajo presiones o por el matiz político del momento.

Otro hecho grave y que obligaría al Ejecutivo a pedirle la renuncia al actual director del FIS lo constituiría un posible encubrimiento u obstrucción de la justicia. Aquí los más sacrificados, ultrajados y burlados son los cientos de miles de panameños que tributan impuestos y no se ve el resultado de estos sacrificios.

La mal llamada institucionalidad carece de significado cuando se burla el derecho de sus asociados.

Lo que se vislumbra en este país en un mediano a largo plazo si no se soluciona este tipo de exabruptos es un empeoramiento de la anarquía existente o, lo que es peor, el desbordamiento de las pasiones que arrastren a este país a la violencia que han experimentado o experimentan países vecinos.

Una solución si se pretende arreglar de una vez por todas a este país sería la disolución de la Asamblea y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que le provea al debilitado Estado panameño de una herramienta más fiable y rígida para que el que quiere cometer un delito lo piense dos veces antes de realizarlo.

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Publicado  el   22  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre cambios constitucionales

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La opinión de….

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Francisco Díaz Montilla


La Constitución constituye la base jurídica sobre la cual se asienta la institucionalidad de una determinada sociedad política. Como tal, contiene las disposiciones fundamentales sobre los tópicos fundamentales (políticos, administrativos, derechos humanos, economía, etc.) que articulan la dinámica de un Estado.

Por ello, una buena Constitución ha de ser lo suficientemente versátil o plástica como para dar cuentas de estos tópicos de tal manera que se adecue a ellos sin la necesidad de entuertos caprichosos por parte de quienes detentan el poder.   Una buena Constitución es inmune a las contingencias favorables a los grupos de poder (partidos, sectores económicos, etc.).

En Panamá, en lo que llevamos de vida “democrática”, se ha instituido una práctica nefasta:  se reforma la Constitución nacional cada cierto tiempo (dos veces en 20 años y ya estamos ante un posible nuevo cambio).

Lo curioso de todo esto es que lo cambios hechos no han implicado avances institucionales serios, mas sí han mantenido algunos males endémicos que atentan seriamente contra la institucionalidad que caracteriza a todo estado constitucional de derecho:  excesivo poder del presidente, centralismo administrativo y burocrático, asimétricas relaciones entre los poderes del Estado, politización en la designación de funcionarios judiciales, etc.

Pero, además, si hacemos una visión en retrospectiva sobre las formas en que se han llevado a cabo los cambios constitucionales, advertiremos que en éstos, el papel de la ciudadanía ha sido mínimo, es decir: los ciudadanos hemos sido convidados de piedra en las fiestas reformatorias protagonizadas por los políticos.   Resultado: una Constitución hecha a imagen y semejanza de los políticos pero en la que el ciudadano no se ve reflejado, una Constitución mitológica y propagadora de ficciones, una Constitución asimétrica y contradictoria.

Los artículos 313 y 314 contemplan las formas en que se pueden hacer a la Constitución de la República.   Hasta ahora, la forma descrita en el primero de ellos ha sido la preferida por los políticos.  Si esa es la forma a seguir en los posibles cambios que la actual administración promueve, entonces preparémonos para que quienes gobiernen en 2014 hagan nuevas reformas a su medida.   Esta situación no puede seguir indefinidamente.   Por ello me parece que es tiempo ya de que la ciudadanía se involucre ciento por ciento en la cuestión constitucional, que es la cuestión en la que se asienta la institucionalidad del Estado panameño.

Dados los limitados, para no decir nulos, avances institucionales que hasta ahora hemos obtenido mediante las reformas hechas, y dada la necesidad de que la ciudadanía sea protagonista real en los cambios constitucionales, se impone la necesidad de constituir una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente Paralela de acuerdo con lo establecido en el artículo 314.

Pero esta convocatoria, en aras de un sentido democrático primigenio u originario, aunque limitado ciertamente (teorema de Arrow sobre imposibilidad de la democracia), no debe ser resultado de una iniciativa de los políticos, sino de la espontánea voluntad de los ciudadanos.

Sólo a partir de este hecho tiene sentido decir que el poder emana del pueblo;  sólo a partir de allí se podrán crear las bases jurídicas plenamente efectivas para que quienes detentan el poder se sometan al imperio de la ley;   sólo a partir de allí se podrán crear las bases para que también los “casos del pueblo” lleguen a la Corte Suprema de Justicia, etc.

Hasta que ello no suceda, decir que el nuestro es un estado constitucional de derecho es una afirmación huera absolutamente.

Si la democracia es efectivamente el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo es bajo el supuesto de que ese pueblo sea el artífice y protagonista de su Constitución.

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Publicado  el   15  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Se necesita una reforma constitucional?

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La opinión del Doctor en Derecho y Docente Universitario.,…

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Hernán A. De León Batista

Empieza un nuevo año y ya se escucha el rumor de posibles reformas constitucionales, incluso, algunos ciudadanos han traído a los foros la advertencia del tema de la reelección presidencial inmediata, pese que el presidente Martinelli sólo tiene seis meses en el poder, por lo que es fácil pensar que cada vez que se habla de cambios en torno a las reglas del juego político generan inestabilidad e incertidumbre.

En este sentido, habría que preguntarse si estas modificaciones constitucionales, las cuales se han dado en los últimos tiempos en Latinoamérica, específicamente en el tema de la reelección presidencial, generan estabilidad y aumentan la calidad de nuestras democracias. O, por el contrario, hacen que los ciudadanos se pregunten si esos cambios tienen que ver con un intento de los políticos por perpetuarse en el poder.

El autor Gabriel Negretto, en un artículo titulado “Paradojas de la Reforma Constitucional en América Latina, en Journal of Democracy, Vol. 1, julio 2009, manifestaba que en tanto los cambios de reglas son costosos y generan incertidumbre, los actores políticos prefieren mantener las instituciones existentes o, si hay que reformarlas, realizar modificaciones menores y de detalle.

Este razonamiento teórico es particularmente certero cuando se trata de reglas constitucionales que requieren la formación de amplias coaliciones; sin embargo, esta hipótesis no parece verificarse en la realidad en contextos políticos, sociales y económicos cambiantes, y así se refleja en todos los países latinoamericanos que han cambiado o reformado sus constituciones desde 1978 a la actualidad.

Desde hace un tiempo he considerado que la Constitución Política requiere de modificaciones muy profundas, de carácter integral y no de manera parcial como ha sucedido en las distintas iniciativas, aunque admito que en las últimas reformas constitucionales –año 2004– se dieron cambios muy significativos, como fue el límite en el número de diputados, el impedimento de que no pueda ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de diputado o suplente de diputado, o quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso; el reconocimiento constitucional de la acción pública de hábeas data; la ampliación en la procedencia de una acción de hábeas corpus, es decir, no sólo cuando un individuo está detenido fuera de los casos previsto en la Constitución y en la ley, sino también cuando exista amenaza real o cierta contra la libertad corporal, o cuando la forma o las condiciones de la detención o el lugar donde se encuentra la persona pongan en peligro su integridad física, mental o moral o infrinja su derecho de defensa.

No obstante lo anterior, así como cambian muchas cosas en la vida del ser humano, cambia la tecnología, cambian los modelos de autos, etc., igualmente el derecho es cambiante. De ahí que la ley fundamental –Constitución Política– debe igualmente sufrir los cambios que requiere una sociedad contemporánea, la cual me parece que los mismos pueden ser muy legítimos desde una Asamblea Constituyente, específicamente por medio de la Asamblea Constituyente paralela para adoptar una nueva Constitución, conforme lo dispone el artículo 314 de la Constitución, aunque sinceramente creo que nuestro país no está preparado culturalmente todavía para una Asamblea Constituyente.

Por medio de cualquiera de las otras dos iniciativas de un Acto Constitucional, contemplado en el artículo 313 de la Constitución, me parece más viable, y de ser así, considero que sería oportuno abordar temas como es el examen minucioso del Título II constitucional –Nacionalidad y Extranjería- ya que la laguna jurídica que el mismo contiene no pudo resolver con facilidad la situación del alcalde Bosco Vallarino. Igualmente, comparto la posible iniciativa de reformas en temas electorales como es la llamada segunda vuelta, así como la elección popular de los gobernadores, aunque sinceramente y con mucho respeto, mi criterio sería eliminar ese cargo.

En cuanto al tema de la reelección presidencial inmediata, considero que esto tiene sus pros y sus contras. Como ventaja, tiene la de prolongar una gestión gubernamental con un programa y un equipo de gobierno durante un periodo prolongado, asegurando así su exitosa implementación, pero también con la desventaja para otros adversarios políticos, quienes deberán luchar desde el llano mientras el presidente en funciones aprovecha su posición para hacerse propaganda desde el poder.

Llegará el momento y la ciudadanía será la que decidirá los cambios constitucionales que considere oportuno, incluyendo el tema de la reelección presidencial inmediata, tal como existe en Estados Unidos y en muchos países suramericanos como son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador.

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Publicado en 2  de enero  de 2010  en el diario La Prensa a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.