El Gobierno sigue metiendo la mano

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO

GENARO   LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

Los problemas urgentes de la población panameña siguen sin atenderse.   Hasta la fecha no existe ninguna propuesta concreta del gobierno de Ricardo Martinelli para reducir el costo de la canasta básica familiar, la cual ha sufrido un incremento considerable en los últimos meses.   Como si fuera poco, por tercera vez consecutiva se anuncia el incremento del precio del combustible, lo que provoca una cadena alcista en los precios.   Sobre el particular, la retórica del discurso gubernamental se mantiene en señalar los factores externos como causal de los incrementos, dejando por fuera las causas internas, como la cadena oligopólica en la distribución.

La realidad de los altos precios en los bienes y servicios básicos, pone al descubierto lo adverso que han resultado los tratados de libre comercio, que nos colocan en una inseguridad alimentaria y en vulnerabilidad frente a productos transgénicos.    En esa lógica, es evidente el fracaso del mercado como mecanismo para fijar los precios, lo que demanda el necesario congelamiento y control de los precios de la canasta básica familiar, acompañado de aumento general de salario para todos los trabajadores del sector público y privado que devengan mensualmente hasta 1500 balboas, tal como ha propuesto CONUSI.

Sin embargo, el gobierno no solo se niega a congelar y controlar los precios, sino también a otorgar un aumento de salario que permita al menos recuperar el poder de compra de los trabajadores. Así, pasa por alto las demandas de aumento de pensiones y jubilaciones que solicitan los jubilados, igualmente niega a los educadores las posibilidades de un salario acorde con sus necesidades y con el grado de preparación profesional.

El trillado argumento de que no existen recursos financieros para otorgar los aumentos salariales y de pensiones, dista del derroche en que viven ministros y directores de entidades públicas, tal es el caso del director de la CSS, quien sí encuentra dinero para la compra de un automóvil de lujo, valorado por unos cien mil dólares.

También pareciera existir dinero para seguir abusando de las contrataciones directas. Por ejemplo, el reciente escándalo por la contratación directa de una empresa del hermano de la ministra de Educación, Lucy Molinar, por parte de la Autoridad de Turismo, que pone sobre el tapete cómo algunos funcionarios se hacen valer de su influencia para favorecer a familiares, amigos y compadres.   No podemos olvidar que Lucy Molinar presentó un proyecto de Ley para que al Ministerio a su cargo se le permitiera realizar compras sin los controles que se le exigen a otras dependencias.

En esta misma línea, al señor Gustavo Pérez, jefe de la Policía Nacional, parece no gustarle la imagen arquitectónica de las subestaciones, por lo que acudió a un contrato de forma directa con una firma de arquitectos vinculada a Faizal Asvat, quien funge como su consejero en la entidad, para que realice las reformas, por ello recibirá unos 189000 dólares.

Éstos y otros escándalos, revelan que las autoridades gubernamentales ‘siguen metiendo la mano’; y explica por qué el gobierno de Martinelli restringe aún más el acceso a la información.

En medio de ello, el gobierno pretende que se mida su eficiencia a través del crecimiento de la economía;   sin embargo, hay que recordar que la economía nacional puede estar creciendo.   No obstante, los principales mecanismos de redistribución del ingreso continúan sin atender, configurando un escenario de crecimiento económico sin equidad.

Esta realidad, de inequidad y exclusión social, obliga al movimiento social panameño a organizar y unificar sus fuerzas para enfrentar las políticas antipopulares. Es necesario organizarnos para construir poder popular que permita crear las condiciones para llamar a una Asamblea Constituyente Originaria, que refunda la República, como única garantía para que nuestras demandas sociales sean atendidas; para que el crecimiento económico llegue a los pobres de la ciudad y del campo, y no al minúsculo grupo, que pelechando de la Cosa Pública, explotando la fuerza de trabajo y bajo la especulación financiera, amasan enormes cifras de dinero.

 

 

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<> Este artículo se publicó el 24 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/lopez-genaro/

Frenadeso: Llamamos a construir el instrumento político

La opinión del Secretario General de Frenadeso y Conusi…

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GENARO  LÓPEZ

Quienes se dicen defensores de la democracia se asustan cuando el movimiento social decide organizar su propia expresión política. Intentan explicar el hecho a partir de razonamientos que se contradicen con el principio que dicen defender, acostumbrados a utilizar a las mayorías en el carnaval electorero.

Cuando los sectores del movimiento social se manifiestan por sus reivindicaciones, increpaban para que éste entre a lo que suelen llamar el ruedo político; sin embargo, hoy pretenden cuestionar el legítimo derecho que le asiste al movimiento social panameño para levantar su propio instrumento político.

¿Por qué un instrumento político propio? Porque los sectores honestos de este país estamos cansados de la situación de captura de los procesos políticos por intereses privados, porque estamos hastiados de los esquemas nada transparentes de financiamiento de sus campañas y del alto nivel de inmunidad de los políticos para ser procesados legalmente. Porque las democracias están asediadas no solo por una crisis de representatividad y por los bajos rendimientos sociales, sino por el dominio de un nuevo poder mundial antidemocrático, el neoliberalismo, que excluye cada vez más a las mayorías sociales de la posibilidad de una vida digna. Es evidente que el pueblo pierde credibilidad en los partidos políticos burgueses, en la partidocracia, y que anhela la construcción de una real democracia y la reforma integral del Estado.

En este sentido, representantes de las distintas provincias, comarcas, organizaciones, frentes de masa, comisiones de trabajo, colectivos y el pleno de la Dirección Nacional de Frenadeso, que conforman el Directorio Nacional, se reunieron el domingo 3 de octubre para dar impulso a la construcción de un Instrumento Político Electoral.

Frenadeso no se convierte en un partido político, conservará su carácter de movimiento social, pero sus dirigentes y estructuras inician, a partir de este momento, de manera amplia y en consulta con otras organizaciones y personas patrióticas, progresistas y democráticas, el proceso para dotar a los sectores populares de un instrumento político electoral, ante el desencanto por los partidos políticos, su desprestigio y el incumplimiento de las promesas electorales gobierno tras gobierno, mientras se agravan las necesidades del pueblo.

Se trata de construir una fuerza moral, pluralista, antineoliberal y renovadora, que integre a los sectores cívicos, democráticos, progresistas, nacionalistas, patrióticos y populares que coinciden en el concepto de que el Estado se constituye para garantizar la soberanía nacional; la seguridad, la libertad y los derechos ciudadanos; el derecho al bienestar económico y social de la población; el respeto a grupos étnicos, costumbres culturales y creencias religiosas; mismos que vienen siendo incumplidos, olvidados, tergiversados o violados por el Estado panameño y sus gobiernos.

Hablamos de un instrumento político sin dueños, sin candidaturas predefinidas, amplio, democrático, progresistas, popular, pluralista, patriótico, antineoliberal, nacionalista, solidario, participativo, con política de equidad de género, defensor del ambiente y respetuoso de las diversidades culturales.

Estamos conscientes de que el sistema electoral en Panamá es cualquier cosa, menos democrático, que se demandan cambios profundos en el Código Electoral, pero estamos también convencidos de que en estos momentos, la clave de la lucha está en el impulso de un fuerte movimiento social que responda a las necesidades fundamentales de la población y que al mismo tiempo sea capaz de establecer alianzas para enfrentar al poder y a los poderes institucionales y avanzar juntos en la construcción de poder popular, que permita autoconvocar una Asamblea Constituyente Originaria, que nos brinde una nueva Constitución con la que fundemos una nueva República sobre sólidas bases democráticas, principios humanistas, una nueva moralidad, equidad social, desarrollo nacional independiente, bienestar material y cultural para sus ciudadanos y fortalecimiento de la soberanía del Estado panameño, sobre todo el territorio nacional.

El compromiso ha sido asumido por el Directorio Nacional, el 8 de enero de 2011 en un Congreso Extraordinario de Frenadeso se formalizará esta decisión e iniciaremos de inmediato el proceso de inscripción y legalización del instrumento político.

<> Este artículo fue publicado el 10 de octubre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Alianza oficialista en crisis

La opinión del Sociólogo…

OLMEDO BELUCH

La Alianza por el Cambio celebra su primer año de gobierno en medio de su primera gran crisis interna, la cual ha pasado casi desapercibida, pero muestra las fallas sísmicas que la pueden derribar en cualquier momento.

Nos referimos al rechazo de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional frente a la propuesta de ley de Consulta Ciudadana presentada por el Ejecutivo. Para no mencionar que el ‘regalo’ de Martinelli de aniversario al pueblo panameño son: el aumento del ITBM’s y la reforma al Código de Trabajo, asuntos en los que ambos bandos han estado de acuerdo.

La rebelión legislativa ha sido dirigida por los diputados panameñistas, y esto no es casualidad. El argumento para el rechazo esgrimido por el diputado Blandón, es muy claro: el temor de que Ricardo Martinelli, mediante las llamadas consultas convoque una Asamblea Constituyente.

El problema para los diputados panameñistas es doble, por un lado, son garantes junto al PRD del actual sistema político antidemocrático, que solo permite reformas constitucionales controladas por los ‘políticos de siempre’.   Por otro, todos los diputados temen que una Constituyente acorte el período para el que fueron electos, dejándolos fuera del baile, antes de tiempo, no tanto porque tengan grandes proyectos legislativos, sino por las deudas asumidas en la campaña electoral contra los jugosos ingresos proyectados en cinco años.

¿Para qué querría Martinelli convocar una Asamblea Constituyente?  ¿Para reformar el plutocrático sistema político que padecemos? No. Para conseguir la reelección presidencial inmediata y seguir gobernando cinco años más, siguiendo el modelo de Uribe, Chávez, Correa y otros mandatarios de la región.   Por supuesto, esto sería inconveniente para los aliados panameñistas, que aspiran, con Juan Carlos Varela, a encabezar la sucesión presidencial en 2014. Evidencia de que hay algo de esto, es que a la fecha no han logrado ponerse de acuerdo en una nueva redacción del proyecto de ley.

Otros elementos de crisis en la alianza oficialista se esbozaron en las denuncias del diputado González contra el ministro Mulino, y de Noriel Salerno contra el ministro Alberto Vallarino.   Sin mencionar los choques en alcaldías como Panamá y Colón, donde se han confrontado los intereses del grupo allegado a Martinelli con sus aliados.

El Partido Alternativa Popular rechazó el proyecto de ley, porque la redacción concentra la elección de temas y preguntas en la figura del presidente, cerrando las puertas a iniciativas de la sociedad civil, y porque pretenden usar las ‘consultas’ para ‘legitimar’ su agenda política, confrontando unos sectores sociales contra otros. Por ejemplo, la reforma laboral, enfrentando sindicalistas con desempleados.

Respecto a la Asamblea Constituyente opinamos que debe ser convocada con urgencia y que no depende del mencionado proyecto de ley. Si la Constituyente es democrática y representativa del conjunto de la sociedad panameña, sería el único camino para reformar el sistema político actual, corroido por la corrupción, la cleptocracia y el poder del dinero.

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Artículo publicado el 17 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Nueva constitución para refundar la República

La opinión de…..

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GENARO LÓPEZ

En agosto de 2009, Frenadeso, en su Segundo Congreso Nacional, realizó un amplio debate sobre el tema de las reformas a la Constitución, dejando planteada con claridad su posición frente a tan importante tema.

¿Por qué una nueva Constitución? Es obvio que los graves problemas que agobian a la sociedad panameña no encuentran solución en el marco de la Constitución militar de 1972, varias veces reformada. Ante esta realidad invocamos el derecho que se consigna en el artículo 28 de la Segunda Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, el cual señala que “ El pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar la Constitución.. ”.

El pueblo debe ejercer su Poder Constituyente Originario, revestido de la legalidad que tienen los actos del pueblo, un poder sin ataduras, que no está sujeto a mecanismos, normas o reglamentos preestablecidos, que impulse la tarea de legislar para crear las bases de la nueva sociedad edificada sobre principios patrióticos, democráticos, humanistas y solidarios, que permitan a la sociedad en su conjunto un desarrollo propio.

La Asamblea Constituyente es el instrumento de ejecución o desarrollo del poder constituyente originario o derivado, que crea o recrea el Estado. Se señalan dos tipo de Asamblea Constituyente: Asamblea Constituyente Originaria y Asamblea Constituyente Derivada.

La Asamblea Constituyente Originaria, se da cuando surge un nuevo Estado o este se funda o recrea. Con dicha Constituyente originaria el soberano busca materializar el concepto de que el Estado se constituye para garantizar la soberanía nacional; la seguridad, la libertad y los derechos ciudadanos; el derecho al bienestar económico y social de la población; el respeto a grupos étnicos, costumbres culturales y creencias religiosas. Derechos que han sido sistemáticamente incumplidos, olvidados, ignorados o violentados por el Estado panameño y sus gobiernos.

La Asamblea Constituyente Derivada, guarda relación con las reformas a la Constitución, está facultada para reformar el texto constitucional, más no así para hacer reformas en sus estructuras básicas. Esta regulada y normada por una ley y la propia Constitución. En el caso panameño este es el mecanismo que se establece para reformar la Constitución Nacional y está consignado en el Título XIII, artículo 313 de nuestra Carta Magna, que contempla la posibilidad de Actos constitucionales paralelos que no afectan el normal funcionamiento de los tres poderes del Estado, mientras esta se realiza.

Nuestra finalidad es fundar una nueva República, por lo cual nuestra Asamblea Constituyente debe ser originaria con plenos poderes que le permita cumplir con su misión de crear una nueva institucionalidad que democratice la sociedad panameña, que implica respetar las libertades democráticas, los derechos humanos y la aplicación real de la justicia; una reforma radical de la legislación electoral; el pleno respeto a la sindicalización y el derecho a huelga; que materialice la democracia económica y social, dando a la población equidad económica, bienestar e igualdad en la distribución de la riqueza.

Que instituya la no privatización de servicios públicos vitales (transporte, agua, electricidad, telefonía, salud, y otros recursos naturales), los cuales no pueden ser concebidos como negocios para beneficiar a grupos de poder económico, sino como aspectos vitales para garantizar la calidad de vida de los panameños.

Que preserve la seguridad ciudadana vía de la conservación del ambiente y el ecosistema, la soberanía y seguridad alimentaria; que consolide la nación panameña, reafirmando nuestra Soberanía Plena en todo el territorio nacional.

En estos momentos, en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo presentó el proyecto sobre “ consulta popular ”, incluyendo entre otros temas las reformas constitucionales.   Obviamente, el debate del cambio constitucional, para nosotros no pasa por las aparentes contradicciones entre Ejecutivo y Legislativo (Mulino-Blandón), o entre la partidocracia (CD-PRD), los cuales pretenden garantizar los intereses de los grupos de poder económico a través de cambios constitucionales de formas más no de contenidos.

Nuestro planteamiento va dirigido a que sea el pueblo el que designe sus representantes (autoconvocatoria) y no que sean designados de a dedo por el Ejecutivo/Legislativo/Partidocracia, que el pueblo discuta y defina los temas y no que sean impuestos por los grupos de poder económico y político; que el proceso de cambio constitucional genere todo un debate en el seno de la sociedad panameña y no un proceso encerrado en campaña publicitaria; que se cree una nueva constitución que refunda la República y no parches constitucionales que preserven la carcomida institucionalidad.

El resultado de esta constituyente, el proyecto de nueva Constitución, debe ser elevada a consulta popular a través de un Referéndum, en donde el pueblo ejercerá su facultad de aprobarla o no.

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Este artículo se publicó el 30 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Democracia y crisis municipal

La opinión de…..

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OLMEDO BELUCHE

La reciente separación del alcalde de Colón por orden del gobernador; la petición de un grupo de representantes del Municipio capitalino para que el alcalde Vallarino siga la misma suerte; los conflictos en Arraiján y Penonomé; así como el transfuguismo de un grupo de representantes y alcaldes del PRD hacia Cambio Democrático; todos estos hechos constituyen síntomas de un “malestar” en la institucionalidad municipal que inciden en la crisis del sistema democrático panameño.

No nos equivocamos quienes denunciamos, hace un año, que todos los defectos del sistema político panameño habían eclosionado en las elecciones de 2009. Los comicios a alcalde de la ciudad de Panamá constituyeron la madre de todas las violaciones legales y constitucionales que podían darse en un proceso electoral. Cuando lo único coherente que se podía hacer era anularlos y convocar nuevas elecciones, los políticos de gobierno y “ oposición ” prefirieron mirar para otro lado. Un año después, la debacle salta a la vista.

El descrédito es tal que, en una fiesta en la que los asistentes trataban de degustar unas hamburguesas, en el patio, aprovechando los estertores del verano, fuimos atacados por un enjambre considerable de insectos y, mientras peleaban por su pedazo de carne, alguien dictaminó: “ las moscas son cortesía del alcalde ”. Todos se miraron con ceño fruncido, escrutando a ver quiénes de los presentes le habían dado el voto, pero todos negaron haberlo hecho.

La situación habla mal de la baja calidad de la oferta política, para usar un eufemismo; como de la baja cultura electoral de la ciudadanía, que no sabe escoger a sus autoridades, porque se guía por impresiones superficiales, frases altisonantes, gestos afectados, eslóganes vacíos, prejuicios inveterados, atávicos caciquismos, relaciones familísticas. Pero la solución que el gobierno pone a prueba en Colón es peor.

Porque, hago de abogado del diablo: ¿Quién tiene más legitimidad, un alcalde electo por la comunidad, o un gobernador nombrado de a dedo? ¿Tienen que someterse a la voluntad del presidente alcaldes y representantes, para que sus comunidades reciban el presupuesto que ameritan? ¿Necesitamos un régimen presidencialista extremo, que parece casi una monarquía por sus prerrogativas? ¿La soberanía de los ciudadanos de un municipio carece de valor?

En un seminario organizado en el Departamento de Sociología nos enteramos de que, debido al congelamiento de la Ley de Descentralización, los municipios están completamente sometidos a la voluntad del Órgano Ejecutivo, careciendo de autonomía presupuestaria y libertad para tomar decisiones propias.

Esto contradice el principio democrático más elemental.

Rechazamos que se pretenda sacar arbitrariamente a los alcaldes incómodos al Gobierno de turno. El único camino correcto es la revocatoria de mandato popular, en la que los habitantes del municipio se pronuncien si su máxima autoridad se ha mostrado o no incapaz de ejercer el cargo.

Pero este gobierno acaba de imponer una ley que anula en la práctica la revocatoria de mandato.

Esta situación, como tantas otras, muestra que el sistema político electoral panameño requiere una reforma total, mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, representativa, soberana e independiente, que delimite las competencias de los municipios y la real democracia participativa de la ciudadanía en ellos.

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Este artículo se publicó el 8 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Asamblea Constituyente ahora

La opinión de….

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Abdiel Augusto Patiño Iglesias


En 2004, le di mi voto al ex presidente Guillermo Endara (q.e.p.d.) por una sola razón: su compromiso de llamar a una Asamblea Constituyente, tarea que se negó a ejecutar en su período presidencial (1990–1994), cuando el país estaba en las condiciones precisas para lograr un acuerdo nacional que le permitiese entrar a la vida democrática con un instrumento constitucional, sin corte militarista y apto para esa nueva etapa de la historia patria.

Desafortunadamente, el electorado no supo ponderar la oportunidad que para la Nación representaba modificar el sistema político desde sus raíces, a través de una constituyente, y le devolvió el poder al PRD con Martín Torrijos, quien en acuerdo con Mireya Moscoso emparchó la Constitución para calmar las aguas. Y es que durante la gestión de Mireya Moscoso fue tan evidente la “insostenibilidad” del sistema político, que el llamado a una constituyente pareció inminente, aunque el grueso de la población no parecía identificarse con esa necesidad.

Hay que recordar las libretas de firmas que el Comité Ecuménico distribuyó para buscar el apoyo ciudadano a la iniciativa, pero no se recolectaron más de 100 mil firmas de una población electoral de más de un millón. Entre los que apoyaban la idea estaba el ahora presidente Ricardo Martinelli, quien puso libretas en cada sucursal de sus supermercados.

Hoy el tema ha vuelto a la palestra pública ante la clara insostenibilidad de sistema, pues la gestión de Martinelli lo ha evidenciado con mayor prontitud. A escasos ocho meses del nuevo Gobierno, los peligros de una excesiva concentración de poder en el Órgano Ejecutivo, aupada por una Constitución de corte militarista que permite que el Presidente sea casi un rey, han despertado la alerta de los sectores políticos y sociales que ven en peligro a la joven democracia panameña.

Si de por sí el poder parece corromper en exceso, pues debe corromper aún más, y eso es lo que todos tememos. El exceso de poder en una sola persona no es democrático y favorece el autoritarismo y, en el peor de los casos, el surgimiento de dictaduras modernizadas y escudadas ahora por sistemas democráticos moldeados y controlados, sostenidos por elecciones altas en abstencionismo.

Panamá necesita una Asamblea Constituyente. El momento es el que escojamos, este año, el otro, el que le sigue, cualquiera; es una tarea con 20 años de atraso que debe ser cumplida y que será cumplida, pues el sistema colapsado que sostiene nuestra democracia lo exige.

Aquí el punto es que los ciudadanos seamos capaces de exigir y definir un proceso democrático, pues sin importar qué gobierno esté, cuando la constituyente sea convocada (sea paralela u originaria, sea con Martinelli o sin él), debe responder a los intereses de la Nación, no de los grupos de poder político y económico, pues estos intentarán controlar las decisiones que tomen los constituyentes para favorecer la extensión de un modelo administrativo seudodemocrático y poco participativo. Abramos los ojos que el real cambio depende solo de nosotros.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una nueva era constitucional

La opinión del Jurista…..

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Carlos Eduardo Rubio

Existen múltiples razones para llamar a una Asamblea Constituyente paralela. La primera es por el ser método más legítimo y popular de reforma que daría luces a una Constitución similar a la de 1946, la más democrática de todas nuestras cartas fundamentales.

Segundo, la antigüedad de la actual carta, de 38 años, es equivalente a una generación política. La misma se realizó en tiempos de dictadura, sin democracia, ni libertad de expresión y, peor aun, sin partidos políticos.   Sus reformas han sido positivas, sin embargo, la misma contiene ripios jurídicos y problemas de hermenéutica legal, debido a su redacción.   Además, estamos en una situación histórica en donde el pueblo panameño se ha dado cuenta de que el presidencialismo salvaje no trae progreso al país ni mucho menos la descentralización de poder.

La separación de funciones (no poderes) es inexistente, contraviniendo los principios básicos de la democracia liberal, como un sistema de pesos y contrapesos, llamado equilibrio político.

Penosamente, en Panamá, debido a la falta de una cultura política y con la muerte de las ideologías, los gobernantes no conocen los reales principios democráticos, y ha sido una práctica que nuestro órgano más democrático, la Asamblea, esté subordinado a lo que diga el Presidente.   Es por esto que en otros países la elección de diputados se realiza un día distinto a la del Presidente.

Los partidos políticos requieren de reformación, de rescates de la ideología y de nuevas luchas. Todo esto debe ser parte de una nueva carta magna.

La coyuntura política de hoy hace un llamado de reflexión. Debemos volver a los tiempos, de los proyectos de Moscote, Alfaro y E. Chiari, sumado a los pensamientos de Moscote, Eusebio A. Morales y Justo Arosemena, los cuales fueron un ejemplo de patriotismo y grandes pensamientos para construir un nuevo país, donde se debata con libertad, donde realmente perfeccionemos, depuremos, y ampliemos la institucionalidad de nuestro sistema democrático.

Esta nueva patria, o nueva era constitucional, debe llevar a Panamá por el sendero del primer mundo y, reitero, indudablemente debe provenir de una Asamblea Constituyente conformada por 60 hombres y mujeres de prestancia, sapiencia, conocimientos históricos y formación de los principios políticos, democráticos y pluralistas, a fin de que la patria se destaque por sus garantías fundamentales, derechos sociales, institucionalidad y el respeto al estado de derecho. Amén de que los partidos políticos se pongan de acuerdo, aunque sea parcialmente, en el tipo de personas que van a postular.

Debemos empezar a debatir sobre el sistema republicano, el sistema parlamentario, la elección de los diputados y la distribución de curules en la Asamblea Nacional, de los magistrados de la Corte, de la contralora, de la posible elección de gobernadores, de la perfección de los Órganos del Estado y mejorar la redacción del texto.

Ya es hora de establecer, de igual forma, métodos judiciales que salvaguarden la carrera administrativa y la carrera judicial, entre otros temas.

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Publicado el 28 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.