La crisis del agua y la planificación

La opinión del Profesor Universitario e Investigador asociado al CELA….

MARCO  A.  GANDÁSEGUI
gandesegui@hotmail.com

Hace varias semanas los panameños residentes de la ciudad de Panamá y sus alrededores no tienen agua para satisfacer sus necesidades básicas. Desde el 8 de diciembre de 2010, fecha en que un frente climatológico procedente del norte sorprendió a la región con lluvias torrenciales, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), está improvisando para resolver su desgreño administrativo. Por un lado, ha dejado de distribuir agua a gran parte de la ciudad capital. Por el otro, produce agua impotable que no pueden beber los habitantes del área metropolitana de la urbe capitalina.

El gobierno nacional ha culpado a la ‘naturaleza’ por el desastre urbano. Alega que las lluvias han ‘enturbiado’ las aguas del lago Alajuela, que provee a la ciudad del líquido precioso.   La excusa no tiene sustento alguno en la medida en que hay que tomar en cuenta que el istmo de Panamá recibe fuertes cantidades de lluvia todos los años y que los distintos gobiernos fomentan la deforestación de las cuencas de los ríos.

La causa del desastre administrativo es la falta de planificación por parte de las autoridades electas por el pueblo.   Cuando el IDAAN ‘descubrió’ que no podía controlar la situación creada por el alto nivel de sedimentación en su planta potabilizadora, debido a la falla de piezas claves, comenzó a buscar una solución.   Lo primero que hizo fue emitir un comunicado señalando que las piezas no le habían llegado a tiempo.   Después le pidió las piezas a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al gobierno de Costa Rica.   Solicitó algunos días de ‘paciencia’ por parte de la población para resolver la falta de distribución de agua en la metrópolis panameña, lo que hace más de un mes no logra.

Hay un gran parecido entre lo que pasa en el IDAAN y lo que acontece a nivel del gobierno nacional.   El presidente Ricardo Martinelli plantea que el país ‘está abierto a los negocios’.    Todo es medido con la vara empresarial.   Si la iniciativa arroja una ganancia entonces debe emprenderse inmediatamente.    No importa cuales puedan ser las consecuencias para el país o para la población. Si la actividad no es rentable, entonces es abandonada (no recibe mantenimiento) y las autoridades gubernamentales se desentienden.

Los gobiernos de turno – y el actual no es una excepción – nunca han entendido que para hacer lo que el presidente Martinelli llama ‘negocios’, un país necesita una infraestructura sólida que incluye una distribución de agua potable, la recolección sistemática de la basura, vías de circulación, transporte público y energía eléctrica. Igualmente, tiene que tener una población educada y servicios de salud   ‘igual para todos’ para que la población pueda acudir sana y sin interrupciones a sus trabajos.

Las políticas neoliberales de las dos últimas décadas han tirado por la borda toda noción de planificación. Apurados por acumular riqueza basada en la especulación financiera, inmobiliaria y comercial los políticos han construido ‘castillos de arena’ que la marea ya se está llevando.

La semana pasada, apenas, el gobierno nacional le dio a los ex – productores de arroz del país, que protestaban por el abandono del sector, un porcentaje de las cuotas de importación de ese producto fundamental en la dieta panameña. Medida demagógica que convierte a todos los panameños en perdedores. Gobernantes y oposición partidista celebran ‘el crecimiento económico’ del país cuando saben que tal incremento es sólo fruto de su afiebrada imaginación.

Según cifras oficiales, hace dos décadas los sectores productivos del país están estancados y todo indica que han comenzado a decrecer.

Lo que crece es la expansión del crédito financiero. Hay una pequeña minoría de panameños y extranjeros que especulan con la expansión del crédito y compran bienes raíces, viviendas, carros, paseos y mercancías de toda clase.    El desenfreno, producto de la especulación y no de la producción, es la causa de la crisis del agua. Crisis que fue antecedida por el problema de la recolección de la basura, aún sin solución. La especulación abanicada por el gobierno también es la causa de la crisis del transporte, de la falta de vías de comunicación tanto en la ciudad como en el interior y el colapso de los dos puentes que cruzan el Canal de Panamá.

La única solución al problema del agua en la ciudad de Panamá es la planificación a mediano y largo plazos. Así se hizo durante gran parte del siglo XX. ¿Por qué abandonaron la planificación los malos políticos neoliberales hace 25 años?

 

 

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<> Este artículo se publicó el 13  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Indolencia

La opinión del Economista, Político y Docente Universitario…

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Juan Jované

Mientras que en el mundo se habla sobre el posible fenómeno de la deflación y Dean Baker llama la atención de que el índice de precios al consumidor (IPC) en los Estados Unidos se ha visto reducido durante tres meses seguido,   en Panamá el proceso inflacionario sigue mostrando una notable vitalidad y persistencia.

Es así que, de acuerdo a estadísticas generadas por el INEC, el ritmo observado de inflación hasta el mes de junio significa que, de mantenerse el ritmo, el año terminará con un incremento de costo de vida equivalente al 4.2%, mientras que el índice de precios de los alimentos y bebidas lo hará en 5.7%.

El fenómeno del creciente costo de la canasta básica alimenticia también se refleja en las estadísticas del MEF, de acuerdo a las que el costo total de dicha canasta se habría incrementado entre diciembre del año pasado y junio del presente en 8.50 balboas, lo que representa un aumento de 3.2% en sólo seis meses.

De continuar esta tendencia en diciembre se tendrá que su costo superará en cerca de 17.34 balboas al observado al inicio del año.

Estos resultados y perspectivas no sólo muestran el incumplimiento del compromiso de campaña del actual gobierno de “garantizar la seguridad alimentaria de todos lo panameños”.   Descubren, además, que la argumentación esgrimida por los voceros oficiales, quienes han argumentado que el alza de precios de los alimentos se debe casi exclusivamente al entorno internacional, es simplemente errada.  En efecto, si se toma como referencia el índice internacional de los precios de los alimentos que es calculado por la FAO se puede observar que durante el mismo período de referencia este se ha visto reducido en cerca de 6.0%, cifra que contrasta con el aumento de 3.2% en la canasta básica alimenticia del MEF.

Se trata, de acuerdo a esto, de una diferencia de 9.2 puntos porcentuales que claman por una explicación.   Si se tiene en cuenta el alto grado de apertura de la economía panameña y su dependencia de las importaciones de alimentos, se tiene que concluir que una buena parte del incremento del costo de la canasta básica alimenticia, como ya hemos adelantado en otras ocasiones, tiene como origen la persistente especulación que existe a nivel del comercio de los bienes alimenticios.

Es claro, además, que el actual gobierno, que ha sido incapaz de reconocer el origen del problema, no cuenta con la voluntad política de enfrentar este problema,  el cual precisaría de una intervención seria del Estado con el fin de detener el creciente impacto negativo que sobre el nivel de vida de los panameños y panameñas tiene la inclemente especulación.

Se trata de un gobierno centrado en promover la acumulación por desposesión y apuntalar el modelo concentrante y excluyente de la economía, que resulta en consecuencia indolente frente al problema del alto costo de los alimentos.

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Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Vergüenza debería darle!

La opinión de….

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ISRAEL OBANDO

Recientemente, el diputado Abraham Martínez escribió un artículo lleno de inexactitudes, sin base ni argumentos convincentes, titulado “¿Quién Defiende al Consumidor?”. Lo que el diputado aún no legisla es que, desde hace casi cuatro años, existe una Ley aprobada en el mismo hemiciclo donde él juró ser parte del entonces Decreto Ley 9 y ahora la Ley 45 de 2007, que protege al consumidor de una forma integral.

En el artículo de marras, el autor nos hace ver tres imprecisiones que no pueden pasarse por alto.

En primer lugar, reporta sobre la existencia de la especulación y el acaparamiento, y de la carencia de una política regulatoria de precios en los productos básicos.   Lo que el diputado no comprende es que la especulación es la compra y venta de bienes de cualquier tipo, con el único propósito de beneficiarse de las variaciones en su precio de mercado, aún cuando en determinadas condiciones la apreciación del producto por los diversos agentes económicos está garantizada y no es, por lo tanto, especulativa en el primer sentido.

Igualmente, el acaparamiento no existe en el sector de productos de consumo. Imagínese que un agente intente acaparar la leche de cartón para venderla cuando ésta haya encarecido su costo. El producto lácteo, al igual que muchos otros, tiene su fecha de expiración, lo cual no le convendría al agente considerar tal práctica. Y con respecto a la ausencia de regulación de precios en Panamá, tal vez se le escapa de la mente al susodicho padre de la patria que en la actualidad el combustible y el cilindro de gas de 25 libras están regulados por el Gobierno Nacional. ¡Craso error para un ex legislador!

La segunda metida de pata, a pesar de que se le ha explicado en innumerables ocasiones y llamado su atención por su desatinado enfoque, es lo relativo a la supuesta falta de consistencia en torno a las cifras y el costo de la canasta básica.   Es importante reconocer que tanto la Acodeco como la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen sus propias metodologías, las cuales se reflejan en el momento de dar información al público. En cuanto al MEF y a la Contraloría, su planteamiento consiste en realizar un áudito general sobre los precios y sus tendencias, incluyendo marcas en el mercado total de bienes, muy diferente a lo que realiza la Acodeco que tiene como obligación el identificar e informar las opciones más económicas para los consumidores en los distintos centros de distribución y áreas de expendio de productos y servicios.  De esa forma, la información de la Acodeco detalla el precio más barato por sector, no así la marca del producto o del servicio. Y al final, como en toda economía donde impera la libre oferta y demanda, es el consumidor a través de esta herramienta de información de precios el que escoge y decide de acuerdo a sus hábitos, costumbres y presupuesto, el precio que más le conviene.

Y finalmente, el último desliz del diputado “ regulador ”, es que la Acodeco como institución mantiene una actitud inactiva y cómplice con el poder económico, debido al decaimiento de las clases más vulnerables. Este comentario inapropiado y temerario requiere de una respuesta directa sobre la forma en que la Acodeco opera y atiende los asuntos de su competencia. Para tal efecto, la Acodeco ha recaudado desde su creación en 2007 más de $4 millones provenientes de las multas impuestas a diversos agentes económicos que violan los derechos de los consumidores y además ha devuelto más de $54 millones a los consumidores en sumas por casos de garantía, devoluciones de bienes y reclamos por servicios mal o no prestados. Todo esto demuestra, además de la acción y del compromiso con los consumidores, que la Acodeco es un pilar de vocación de los temas institucionales y de la agenda del país.

Tristemente, a uno de los padres de la patria se le ha ocurrido apuntarla sesgada e injustamente. Si al diputado Martínez, a estas alturas, no le impresionan las cifras anteriores, entonces requiere de un minucioso examen que le permita entender las funciones de la misma. Pero, si por el contrario, lo que persigue es despertar al monstruo, lo ha logrado. Los panameños sensatos no requerimos de gestos pueriles ni actitudes desencajadas para llamar la atención. Acodeco está hoy fuerte y robusta para no solo paliar el temporal de cuanto neófito se aparezca en el camino, como cuando algún diputado hace su aparición sin ninguna buena intención, también está para defender a los consumidores y velar que la libre competencia promueva el bienestar de todos los panameños.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La Patria no se vende

La opinión de…….

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JORGE  GAMBOA  AROSEMENA

Luego de aprobada la ley sobre titulación de islas y costas, el problema no se ha resuelto, solo se le ha dado un matiz económico.

Si bien es cierto que ahora el Estado ingresará una buena cantidad de millones, la primera impresión de mi parte que recibí con la propuesta de la ley era que se quería acabar con la especulación en lo referente a la compra y venta de pedazos de mi patria.  Con la ley, se ha convertido en una situación elitista, porque titular más de tres hectáreas solo lo podrán hacer los que tengan alto poder adquisitivo, ya sean persona natural o jurídica, porque si algún ciudadano común tiene 10 hectáreas con derechos posesorios, le titularán 3 sin mayor costo y las otras 7 serán, por ejemplo, a 3 mil cada una, es decir, 21 mil balboas, que seguro no los tiene; pero que si un inversionista las quiere y le ofrece 25 o 30 mil por todo el globo, el que vende pagará impuesto de enajenación por las 3 hectáreas y el resto no paga. El comprador luego titulará las 7 restantes y especulará con todo el globo, vendiéndolo hasta en 50 mil la hectárea, que por 10 hectáreas sería 500 mil, habiendo invertido alrededor de 50 mil balboas. Negocio redondo.

¿Quién ganó más? ¿El Estado que tituló a 3 mil cada una de las 7 hectáreas o el empresario desarrollista, que aunque luego tenga que pagar al fisco los impuestos de esta transacción, de todas maneras le resultó un buen negocio de varios cientos de miles de balboas?

La patria es de todos y no es para que nadie lucre de la venta de sus terrenos. Que un empresario venda su fábrica, venda su supermercado, su restaurante, está vendiendo una empresa que le costó inventiva, capacidad administrativa y los activos de ella.

Que uno de estos llamados inversionistas venda un globo de terreno a precios especulativos, solo ha vendido lo mismo que compró pero a lo que no le ha añadido ninguna plusvalía proveniente de alguna capacidad empresarial, solo ha lucrado de la necesidad creada por la sociedad de consumo de ese globo de terreno.

Yo soy de la tesis de que el Estado debe regular la venta de la tierra y si alguna persona natural o jurídica vende por arriba del valor catastral, esa diferencia debe ser del Estado.   Seguro que nadie vendería ni nadie compraría para especular.

Estamos perdiendo de vista que la patria es de todos, siendo uno de sus principales componentes el territorio, por lo que no es justo que por circunstancias de oportunidad, unos se hagan de tierras que en el régimen especulativo se inflan de valor y otros no tengan acceso a esta oportunidad.

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Publicado el  15 de enero de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El costo real de la gasolina

El costo real de la gasolina


La opinión de…

Luis Espósito Picardi

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Hay que admirar y admitir la habilidad de las compañías transnacionales petroleras y sus copias al carbón, las compañías nacionales, que sistemáticamente aturden al publico consumidor con el precio del barril de petróleo en el ámbito internacional, como si ese fuese el factor base para subir o bajar el precio de la gasolina y el diésel, que todos sabemos se obtiene de la refinación del crudo. Como la mayoría de los consumidores estamos adoctrinados por el bombardeo sobre el precio del barril, perdemos de vista lo más importante y esencial: Panamá no importa ni refina crudo, somos importadores de gasolina y diésel.

Olvidemos el precio del barril de crudo, si bien hay que tomarlo en cuenta, lo que se quiere saber es cuál es el costo de las gasolinas y el diésel que las compañías autorizadas a importar declaran que pagan a las diferentes refinerías y que introducen a las zonas libres de petróleo de Panamá. ¿Cuál es el costo?… ¿Cuál? ¿Y por qué queremos saber ese costo?, porque si los sabemos podríamos calcular cuál es la ganancia bruta que obtienen las compañías transnacionales y nacionales petroleras y, en consecuencia, conforme a ese cálculo es que los expertos pueden decir y divulgar a los consumidores si el retorno que obtienen las petroleras es el justo y adecuado a su inversión o si están recibiendo un provecho que va más allá de lo correcto.

La percepción ciudadana es que las ganancias de las petroleras son exageradas. El pecado original, oculto al público, es no conocer el precio del galón de gasolina depositado por las importadoras en la zona libre de petróleo. El consumidor es tratado como un perfecto imbécil, no porque lo sea, sino porque quieren que lo sea. ¡Pague y calle!

El consumidor sabe perfectamente que nada se puede hacer con el fluctuante precio de barril de crudo, estamos sometidos a esa realidad y no hay escapatoria, pero a lo que el consumidor no debe estar sometido es a la desconocida ganancia que obtienen las petroleras en su margen de comercialización que a saber incluye, transporte, margen de distribución, mayorista y margen minorista de las gasolineras. Se quiere saber ¿cuáles son esos márgenes, es acaso un secreto? Es precisamente sobre esos márgenes conocidos y los otros ocultos sobre los cuales se podría obtener para el consumidor un precio comercial correcto.

El factor externo difícilmente podemos contrarrestarlo, pero tenemos que reflexionar sobre el factor interno. La Ley de Hidrocarburos debe de reexaminarse, hay que reestructurar la fórmula de precio de paridad que es cuestionable y solo da beneficio a las petroleras. La palanca del poder de las petroleras debe de ser puesta en su lugar, no se puede forzar al consumidor a pagar precios de monopolio.

¿Y… de gasolina… que?, ¿verá el consumidor, a través del nuevo equipo de visionarios encargados de ese sensitivo sector de los hidrocarburos, las necesarias rectificaciones y revisiones para que las gasolinas bajen de precio? Se está expresando al consumidor un malestar que es la consecuencia de políticas y fórmulas sin visión de futuro independiente.

A pesar de las ganancias estimadas excesivas que obtienen las petroleras, el consumidor y la entera comunidad ha resistido, sin embargo, ese problema básico tiene que ser revisado y resuelto. La gasolina puede bajar, hay que apartar la retórica de las transnacionales y que la especulación no prive sobre la realidad.

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Publicado el 19 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quienes damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

San Felipe – Patrimonio de la Humanidad

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San Felipe – Patrimonio de la Humanidad

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Orlando Acosta Patiño

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Hacen algunos años en esta misma página de opinión advertí sobre el futuro del centro histórico de Panamá y el efecto de la presión de la especulación inmobiliaria sobre su conservación.

A finales de la década de los ochenta, ya existían personas y empresas interesadas en acumular propiedades en San Felipe. La compra y venta de edificios en San Felipe desató un apetito voraz entre agentes del mercado.  La variopinta de los inversionistas fue desde compradores particulares, que algunos detentan más de veinte propiedades dentro de los muros de la ciudad, otros grupos más suspicaces se disfrazaron bajo ropas de la sociedad civil en defensa del patrimonio, para luego transformarse en empresas y agentes inmobiliarios representados por empresas restauradoras que se han enriquecido sin control en la dizque restauración y posterior venta de las propiedades.

¿Conflicto de intereses? En ese momento me tildaron de inadaptado y junto conmigo otro grupo de personas fue excluido de la discusión.

Lo que ayer compraron por algunos dólares hoy se multiplican en miles. Habrá que hablar también de la apropiación privada de esos mismos agentes de la inversión estatal en infraestructura (calles, aceras, luminarias, etc.) de la cual ninguno de los mecanismos del mercado ha tratado de revertir a mejorar las condiciones e infraestructura social del barrio. San Felipe va por el camino de la exclusividad residencial sin equipamiento ni servicios sociales para la gente que requiere una atención del Estado.

La condición del Patrimonio de la Humanidad en los predios del Casco Viejo de la ciudad de Panamá tiene una imagen de deterioro, decadencia y transformación que va desde la ruina permanente de edificios en espera de mayor lucro a intervenciones mal diseñadas.

El objetivo del que nadie habla es el de multiplicar los ingresos ya exagerados de los especuladores, lo que se ha traducido en trasgresiones a la norma de pisos y al aumento de los pisos y niveles de las originales estructuras.

El hoy discutido PH Independencia es el vivo reflejo de lo que digo. De esta dinámica no se salva ninguno de los agentes que hoy promueven la mal llamada restauración del Casco Viejo. Vale la pena advertir que el Estado es el único que no ha violentado alturas ni los criterios arquitectónicos. Buenos ejemplos vemos en el proceso que tiene lugar en Avenida A, entre calle 12 y la Plaza Herrera. Las intervenciones han tenido un objetivo social que ha sabido conjugar el criterio arquitectónico y urbanístico. El resto de intervenciones privadas juega al fachadismo con resultados fatales para el patrimonio. El Hotel Central es un patético ejemplo de ello.

¿Qué ha sucedido con las normas y los procesos? ¿Son ellas diseñadas para regular el mercado inmobiliario y detener el apetito de lucro de los inversionistas, empresarios y defensores del patrimonio? Creo que esta pregunta nadie la ha planteado, puesto que representa poner en evidencia la hipocresía social con relación a los verdaderos intereses en la continuidad y conservación del patrimonio panameño. Los dizque defensores del patrimonio abogan por los procesos liderados por el Estado, siendo ellos mismos los que han promovido sistemáticamente la violación de la norma con recursos y recovecos que la misma legislación permite, y que por la misma razón así fue diseñada. Lucro privado y sin control es el objetivo final.

La continuidad y conservación de patrimonio histórico y del Casco Viejo de la ciudad de Panamá merece una mayor discusión, que ponga un alto a los voraces apetitos de los inversionistas y promotores privados y provoque una puesta en valor del patrimonio con un sentido social.

Urge una discusión profunda que traiga al tapete los reales intereses de la nación y no el bolsillo y lucro personal con relación a la conservación del mal cacareado Patrimonio de la Humanidad. Pregunto con tristeza: ¿Cuándo se iniciará este proceso?

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Publicado el 30 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.