El silencio de los inocentes II

La opinión del Escritor…

MANUEL ORESTES NIETO
manuelorestes@gmail.com

 

Con el título de la Bitácora de Ebrahim Asvat del 20 de enero –precisamente el día en que se vio forzado a dejar la presidencia de La Estrella y El Siglo– escribo también abochornado de vivir estos tiempos sombríos en un país cada vez más contagiado de perversidad.   Ya son cinco jóvenes panameños muertos después de ser calcinados dentro de su celda. Sus custodios y policías los dejaban morir achicharrados y hervidos por dentro. Sus jefes jerárquicos enmudecieron y ellos, que tanto hablan de sus logros, se quedaron sin lengua.

Ante las escenas dantescas de este crimen cruel, ni el Jefe de la Policía, ni el Ministro Mulino que sólo sabe rugir, ni la Ministra Méndez, de voz inaudible, se dieron por aludidos, apenas balbuceos y trabalenguas para justificar lo injustificable.    Como si nadie hubiese muerto, han seguido tranquilamente el guión diseñado para, en efecto, intentar estirar la farsa del cambio.   La realidad es inversa: voltear un país urgido por salir de la pobreza, necesitado de educación y salud y convertirlo, no en un idílico paraíso, sino en un Panamá arrodillado, sometido y, como máximo record histórico –como les gusta jactarse– inscribirlo como propiedad privada.

Aunque los hechos ocurrieron bajo esta administración, olímpicamente se lavaron las manos y a estos muertos parece que no se les hará justicia.   Recordemos la destitución forzosa de Ana Matilde Gómez y las salvajadas de su siniestro sucesor Bonnisi, los magistrados incondicionales y las intromisiones consecutivas e incontables desde el Ejecutivo. La justicia ya violentada, además se esfumó, se la fumaron y brilla por su ausencia.

Es como aplicar a los menores la pena de muerte y montar luego una investigación difusa, para olvidar.   Lo que hacen son simulaciones, se ponen las máscaras y ejercen la mentira pública ante una sociedad al borde del precipicio.

Veremos si lograrán pasar la página de este horrendo crimen con saña y toletazos, que todo el país vio con rabia y en vivo por televisión, como han dejado en la nada a Changüinola y la indolencia que llevó a la muerte a Virgilio Castillo y Antonio Smith, que dejó decenas de ciegos y lisiados por perdigonazos.

Humo, soberbia y, en efecto, locura.   El eslogan de la campaña es la única verdad que han dicho, que están poseídos por una espeluznante locura. Hay que matizar.   Locura que se infecta así misma todos los días.    Desprecio y vanidad extremas; y como siempre, la oportuna justificación democrática: …ustedes nos eligieron para mandar, es decir, para hacer y deshacer desenfrenados; ¿no se acuerdan del cheque del 3 de mayo del 2009 que firmaron con los votos?

Pues bien, ahora le toca el pueblo… pero aguantársela completa… sin agua, sin seguridad, con basura, ineptitud y cinismo desde el poder… y que viva Panamá, con Shamah a las cabeza del carnaval y con el ministro Papadimitriu, el que mueve los hilos del poder y tiene capacidad de ventrílocuo y cancerbero a la vez; en fin,   ¡Yo el Supremo, mi trono y mis súbditos, en este país mío por los próximos cien años!.    Ese es el sueño de opio y la sopa borracha que alimentan vanidades y soberbias, aunque huela a sangre quemada y le echen tierra a lo que le hicieron a indígenas acribillados.

Adelante hay un becerro de oro macizo que han decidido capturar a toda costa para comérselo en un festín y que el pueblo se quede sin oportunidades de salir de la pobreza.    Ahora es manipulación a toda manivela.   Y de ñapa, hay que tragar esa cosa espantosa que se llama a sí mismo el búfalo sexual,   la degradación asquerosa en persona, el lambón hoy CD y mañana marciano, y al penoso alcalde y sus fantasías pueriles y lamentables porque sus errores letales pueden producir cualquier día de estos el colapso de la capital de nuestro país.

En el gobierno, persisten en el método fascista de que acallar volatiliza lo que no es conveniente que se difunda. Y han llevado al cadalso a la información libre. Asvat hizo lo posible; admirable, honesta y de sincera vergüenza ciudadana fue su Bitácora.

Sólo después de haber muerto el quinto joven el Presidente pone en vilo al mundo mediático, genera expectativa, viene, viene un anuncio importante y… que desilusión… lo siente mucho… Precisemos: en este doloroso asunto, nadie politiza nada, nadie divide ninguna sociedad. El país está estupefacto. Allí está ese día, por paradoja un 9 de enero, donde desataron un vil asesinato colectivo.    Y, por tanto, hay asesinos y, además, responsabilidades institucionales. No sólo los que actuaron físicamente. Como ya retumba en múltiples repudios a esta atrocidad: Esto no se puede quedar así.

 

Este artículo se publicó el 27 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,

Pena de muerte

La opinión de…

Carlos Guevara Mann

El artículo 30 de la Constitución panameña proscribe la pena de muerte. El artículo 28, a su vez, sustenta el sistema penitenciario “en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social”.

La misma disposición “prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos” y dispone que los menores de edad sean “sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación”.

La proscripción de la pena de muerte y la regeneración de los reclusos son principios con profunda raigambre en el constitucionalismo panameño.   El primero se remonta a 1918, cuando una reforma constitucional dispuso: “no habrá en Panamá pena de muerte”. El precepto se mantuvo en las constituciones de 1941, 1945 y 1972, actualmente vigente.

En cuanto al trato que deben recibir los privados de libertad, el artículo 45 de la Constitución de 1904 indicaba: “Las cárceles son lugares de seguridad y expiación, no de castigo cruel; por lo tanto, es prohibida toda severidad que no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos”.

Lo mismo disponía la Constitución de 1941 y, con ligeras variaciones, la de 1946. Ambos principios, además, son parte del derecho internacional. El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ratificada por Panamá en 1978, estatuye: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.

Mediante el Protocolo de 1990 a esa convención, relativo a la abolición de la pena de muerte, los Estados Partes se comprometen a no aplicar “en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción”.

Panamá ratificó dicho protocolo en 1991. En el Sistema de las Naciones Unidas, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Panamá en 1977, proclaman que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Más específicamente, la Convención contra la tortura de 1984 exige, en su artículo 2, que todo Estado Parte tome “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”. Dicha convención fue ratificada por Panamá en 1987. En el derecho internacional americano, la Convención Interamericana para prevenir la tortura de 1985, ratificada por Panamá en 1991, prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El documento sobre Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008) establece, entre otras obligaciones, la siguiente:

“Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

Aunque estas normas son de obligatorio cumplimiento en Panamá, bajo la dictadura castrense la ley fue supeditada a los designios de quienes usurparon los destinos del país. Sucedieron numerosos casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales—penas de muerte en todo menos en nombre—según fue documentado en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1978 y 1989, así como en el informe de la Comisión de la Verdad (2002).

Como en una democracia no hay lugar para violaciones de los preceptos señalados, los panameños teníamos motivos para esperar que incidentes como los que ocurrieron durante el régimen militar jamás se repitieran. Por eso los acontecimientos del 11 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores —con un espantoso saldo de siete reclusos quemados, cuatro de los cuales ya fallecieron— han causado estupor en la comunidad.

Es alarmante que formen parte de la Policía Nacional individuos tan carentes de las más elementales nociones de derechos humanos, que promueven abominables contravenciones de la Constitución y el derecho internacional como las que transmitieron las cámaras de televisión.

En su falta de humanidad y cultura democrática radican las semillas del autoritarismo militar, que indudablemente germinarán a no ser que erradiquemos de la fuerza pública tan ilegales y perversas inclinaciones.

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Este artículo se publicó el 19  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un acto de barbarie

La opinión de la Escritora….

ROSE  MARIE  TAPIA  R.
rosetap@gmail.com

Mi comentario sobre el acto criminal de los miembros de la Policía Nacional y de los custodios contra los jóvenes del Centro de Cumplimiento no es una reacción, es una reflexión matizada por la consternación, el dolor, la frustración, el espanto.

Es como hacer un viaje al pasado cuando las Fuerzas de Defensa masacraban a mansalva al pueblo panameño.

Todos habíamos pensado que esa era una etapa superada y que nuestros policías eran dignos de confianza. Pero ahora nos asalta la duda. Y no solo es por el acto de barbarie que presenciamos en los canales de televisión, sino por el intento de justificación que dieron dos miembros de esta fuerza en el programa del periodista Álvaro Alvarado.

Ellos argumentaron que los detenidos intentaban fugarse. Los siete lesionados estaban por cumplir su condena. Por favor, no insulten nuestra inteligencia.

Esas unidades de la Policía y los custodios que realizaron este acto son minorías, por ahora. No obstante, sus compañeros no deben justificar sus acciones porque involucionaríamos hacia la barbarie sin la posibilidad de retorno a un país civilizado.

Somos conscientes de que estos jóvenes están pagando sus delitos con una condena a prisión.   Lo que no entendemos es que esas condenas se convirtieran en sentencias de muerte.   La dirección de Responsabilidad Profesional debe de inmediato separar a las unidades involucradas y ponerlas a órdenes de las autoridades judiciales.

La Policía es la encargada de velar por la integridad de todos los ciudadanos, incluso aquellos que han delinquido.   Constituirse en verdugos que al calor de un incidente, por violento que sea, ejecuten una sentencia de muerte es inamisible.

Pregunto: ¿Se han deshumanizado de tal manera que no los conmovió los gritos de estos jóvenes llamando a sus madres? Por supuesto que no. La respuesta de uno de los policías fue: ‘No son hombrecitos, aguanten, muéranse’.

H ace años cuando escribí la novela:  Roberto por el buen camino, tuve la oportunidad de tratar a diecisiete jóvenes del Centro de Cumplimiento. Ellos asistían todos los meses a las reuniones del Círculo de Lectura Guillermo Andreve coordinado por el profesor Ricardo Ríos Torres. Estos chicos son seres humanos como sus hijos, nacieron buenos, la sociedad y el entorno los corrompió. La mayoría desea tener la oportunidad de retomar el buen camino. En el corazón de estos chicos renació la esperanza y gracias a Dios muchos de ellos han logrado incorporarse a la sociedad como hombres productivos.   Al joven fallecido se le cercenó esa posibilidad. ¿Es justo?

Espero nunca más contemplar una escena tan terrible como el acto criminal y bárbaro contra los jóvenes del Centro de Cumplimiento. Escuchen bien: no permitiremos un abuso más. Los delincuentes deben estar detenidos cumpliendo condena, no pueden estar en la Policía o como custodios en los centros de detención.

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<> Este artículo se publicó el 14  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Para detener una ejecución

La opinión de…

Betty Brannan Jaén

WASHINGTON, D.C. –Salvo que un milagro lo detenga, el estado de Arizona ejecutará pasado mañana a Jeffrey Timothy Landrigan.   La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho un intento de última hora por suspender la ejecución, pero hay poca esperanza de que Arizona haga caso.   Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal, se permite el lujo de alegremente incumplir los pronunciamientos de la CIDH.

Increíblemente, Estados Unidos ni siquiera ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos (que Panamá firmó en 1978, en plena dictadura). Por ello, cuando gobiernos atropelladores como Cuba o China acusan que Washington carece de autoridad moral para criticar a otros países sobre el tema de derechos humanos, la triste realidad es que algo de razón tienen.

Landrigan no sería el primero que es ejecutado en Estados Unidos por encima de los esfuerzos de la CIDH. En 2006, Texas ejecutó a Maturino Resendiz, a pesar de que la CIDH había interpuesto una medida cautelar.

En 2008, Texas ejecutó al mexicano José Ernesto Medellín, en desacato a una medida cautelar emitida por la CIDH, que había emitido un informe señalando que el proceso penal contra Medellín no cumplía con estándares mínimos del debido proceso.   También en 2008, Texas ejecutó al hondureño Heliberto Chi Aceituno, irrespetando una medida cautelar de la CIDH.

En junio de este año, el estado de Utah siguió el modelo tejano con la ejecución de David Powell y de Ronnie Lee Gardner, desconociendo las medidas cautelares interpuestas a su favor por la CIDH.

Así llegamos a Landrigan, en Arizona, quien desde 2004 está protegido por una medida cautelar de la CIDH, que pedía tiempo para investigar a fondo las presuntas irregularidades en el proceso penal que lo condenó. Apenas el viernes pasado, la CIDH concluyó esa investigación, dictaminando que los derechos fundamentales de Landrigan se han violado y que ello requiere suspender su ejecución. La CIDH notificó inmediatamente al Departamento de Estado y a la gobernadora Jan Brewer de Arizona; a la hora de escribir esta columna, no se conoce cuál será su respuesta.

Landrigan fue condenado en 1990 por asesinato. Según un comunicado de Amnesty International, los hechos son estos:   Se le asignó como defensor de oficio a un abogado sin experiencia en casos de pena capital, y este hizo una labor pobre como defensor.

Los fiscales ofrecieron una sentencia máxima de 20 años si Landrigan se declaraba culpable, pero este rehusó; un jurado de conciencia lo condenó basado en pruebas circunstanciales. (Pruebas de ADN hechas después tienden a exculparlo).   A la hora de dictarle sentencia, el abogado no presentó evidencia atenuante y la jueza impuso pena de muerte. (Ella dijo después que hubiera dado una sentencia más leve si hubiera conocido los hechos mitigantes, como el que Landrigan sufre de severo daño cerebral).    Se apeló la pena de muerte en base a que el abogado no hizo una labor adecuada de defensa y esa apelación llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que la desestimó.

Mientras tanto, en otro caso, la Corte Suprema falló que las penas de muerte deben ser dictadas por un jurado de conciencia, no por un juez, pero sin exigir que ese requerimiento sea retroactivo. Por ello, a Landrigan se le ha negado una audiencia nueva para que un jurado determine su pena. Para la CIDH, eso constituye una negación grave del debido proceso, puesto que Landrigan fue condenado a muerte por un procedimiento que la Corte Suprema ha declarado inconstitucional.

En los últimos 30 años, 138 condenados a muerte en Estados Unidos han sido absueltos después por pruebas de ADN o pruebas nuevas. ¿Cuántos otros habrán sido ejecutados injustamente? Para mí, ese es el argumento más poderoso en contra de instituir una pena de muerte en Panamá, por más que haya encuestas indicando que 59% de panameños aprueban la medida.

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<> Este artículo se publicó el 24  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la autora  en:  https://panaletras.wordpress.com/category/brannan-jaen-betty/

La pena de muerte en Panamá

La opinión del Jurista…

Jorge Costarangos

El presente artículo tiene por objeto analizar la historia de la pena de muerte en Panamá, cuál fue su aplicación legal, cuál es su estatus actual y qué convenios internacionales obligan a Panamá en este tema hacia el futuro.

A inicios de la República, el artículo 139 de la Constitución de 1904 dispuso: “La Ley solo podrá imponer la pena de muerte por el delito de homicidio cuando revista caracteres atroces.   Esto mientras no existan buenos establecimientos de castigo o verdaderas penitenciarías en la República”. Por lo tanto, en nuestra historia republicana sí existió la pena de muerte, pero estaba sujeta a condiciones muy específicas para su aplicación.

La pena de muerte fue después eliminada y en el artículo 31 de la Constitución de 1941 se dispuso: “No habrá en Panamá pena de muerte. Tampoco podrá imponerse pena de destierro a los panameños”. Esta prohibición se mantuvo en las constituciones posteriores y quedó recogida en el artículo 30 de la Constitución vigente de 1972 así: “No hay pena de muerte, de expatriación, ni de confiscación de bienes”.

El 22 de noviembre de 1969, Panamá suscribió la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José”. Este convenio dispuso en su artículo 4, ordinal 3, lo siguiente: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.    Este convenio fue ratificado por Panamá.   Fue aprobado mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1977, publicada en Gaceta Oficial No. 18468 de 30 de noviembre de 1977.   El 9 de mayo de 1990,   Panamá presentó al secretario general de la OEA el instrumento fechado 29 de febrero de 1990, por el cual el Gobierno de Panamá declara y reconoce obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todos los casos relativos a la interpretación de este tratado, por lo que cualquier reclamo estaría sujeto al dictamen de esta Corte Internacional.

De conformidad con estos acuerdos internacionales, nuestro país aceptó la obligación de no restablecer la pena de muerte y, por lo tanto, está obligado a lo que dictamine la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tal efecto.

<> Este artículo se publicó el 8  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Pena de muerte? ¡Cuidado! Todo revierte

La opinión del Abogado…..

Silvio Guerra Morales

¡Cuidado con las reformas penales! Empiezo por confesar que toda mi vida la he consagrado al Derecho penal y ramas conexas. No solamente he ejercido devotamente esta materia, también la he estudiado y he escrito sobre la materia. Me he preocupado por saber y conocer todo cuanto se halla relacionado con la figura del delito y para ello he tenido que asistirme de los textos de criminología, psiquiatría forense, sociología, psicología criminal y otros. He procurado no ser un improvisado en estos menesteres. De cara a los vientos que soplan anunciando reformas penales extremas, me parece oportuno decir lo siguiente:

¿Pena de muerte? ¿De qué estamos hablando en este país que se denomina mayoritariamente cristiano o católico? ¿Acaso conocen los que gesticulan el discurso del radicalismo o nihilismo penal cómo ha funcionado este tema en otras latitudes? Creo que no hay conciencia del tema que se trae entre manos.

Media en el discurso de la pena de muerte toda una irracionalidad, una sombrosa ilogicidad. Ella, la pena de muerte, da muestras palpables de admisión del fracaso y de la incapacidad del Estado para enfrentar el problema –la cuestión eidética- del crimen. Transita en dicho planteamiento una especie de “dar muerte al criminal, se acaba la amenaza” o “muerto el perro, se acabó la rabia”. No es cierto que ello sea así. Pues a nadie se le ocurriría negar las causas, la auténtica sociopatía, del problema criminal: deficiencias en la enseñanza –educación e instrucción-, deserción escolar, abandono de hijos e hijas, pobreza y pobreza extrema, descomposición hogareña y familiar, desempleo, en fin.

Un país que cierra sus puertas al debate racional de sus problemas, termina dando cuenta de frustraciones irredimibles y cuyos costos sociales son terribles. ¿Preguntamos, ha acabado el crimen atroz en los Estados de la Unión Norteamericana en donde aún subsiste la pena de muerte? Desde luego que no.

¿Aumentos de penas? Otro grande engaño. En una sociedad que se repute ser portadora de un asistencialismo social, todo empieza por hacer seria lectura de cómo se encuentran, en qué estado de carencias se hallan los niños, los jóvenes y los adultos. No es nada novedosa aquella porción bíblica que pregona: “Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él”. (Libro de Proverbios 22:6). No han fracasado nuestros muchachos, sino nosotros mismos.

Necesitamos replantearnos, como personas, como familias y como sociedad, aquellos viejos sintagmas que formaron el espíritu y la forma de ser de esta nación, de aquellas generaciones que dieron lustre, brillo y resplandor, a una nación que aunque pequeña en su territorio, es grande en su destino.

Empecemos por casa moldeando la mente y el espíritu de nuestros niños y niñas y no sucumbamos ante la ola perversa de superficialismo y vaguedad –la llamada cultura relativa- que inunda las cabecitas de ellos y de cientos de miles de jóvenes que caminan por esta vida sin rumbo y sin metas.

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Este artículo se publicó el  4  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Y ahora la pena capital

La opinión de…

Guillermo Sánchez Borbón

En este país no gana uno para sustos.  Por el estado de mi vista me cuesta mucho leer periódicos, y por mi inteligencia menguante no entiendo los que leo.  Y no oigo las noticias radiales o de televisión, porque están redactadas en un idioma rarísimo que no domino. A veces un miembro de mi familia se compadece de mí y me lee en voz alta alguna noticia que él o ella suponen que puede interesarme.

Todo este largo y aburrido prólogo es para explicar cómo me enteré de que mi –y tuyo también– ilustrado gobierno planea ponernos en cintura con una nueva Constitución, cocinada por el Presidente y que sin duda será aprobada a tambor batiente por la sumisa Asamblea que nos gastamos.

El ministro Mulino explicó así la cosa a sus aterrados oyentes y lectores. Dijo Mulino: “El Ejecutivo tiene la facultad hoy para convocar a una constituyente paralela, pero lo estamos haciendo a través de un mecanismo menos traumático para aquellos que le tienen miedo a una constituyente, y que no soy yo”,  ni yo tampoco. ¿“Quién le tiene miedo a Virginia Wolf”?  Yo no, y estoy seguro de que tú tampoco.

¿Entonces?   El ministro de Gobierno y Justicia siempre ha sido, en nuestra historia política, el que en la jerarquía del gabinete viene inmediatamente después del Presidente.   De manera que su opinión ha tenido tradicionalmente un enorme peso, mucho mayor que el de los paniaguados que hoy oscurecen las bancas de la Asamblea Nacional.

… Este anuncio aterrador hubiera debido crear una crisis política mayúscula. Pero vivimos en “la alegre y confiada Panamá”  de hoy,   en que se han invertido todas las jerarquías y trastocado todos los valores.

“Además”, agregó Mulino, “los temas a consultar, que en calidad de ejemplo citó ayer el ministro en la Asamblea” – “la elección de gobernadores por el voto popular y la pena de muerte [el Señor nos coja a todos confesados], requieren cambios en la Asamblea”.    Y en el lugar en que residen ahora las personas que, con esfuerzos titánicos, –y a pesar de la oratoria delirante de sus gobernantes– han conservado la cordura en este manicomio.

Disposiciones tan graves no pueden –no debieran– tomarse a tambor batiente, sin antes pasarla por el filtro de una asamblea constituyente, escogida en unas elecciones populares ejemplarmente puras.    En esto no hay nada traumático.

Recuerdo que la gravísima crisis política de 1945 se resolvió convocando a una asamblea constituyente, que no solo puso punto final a la violenta situación que se había abatido sobre el país, sino que nos dio la mejor Constitución que ha tenido Panamá en su historia.  Todas las fuerzas políticas participaron en las elecciones, con excepción del recién nacido Frente Patriótico de la Juventud (el mayor error que pudo haber cometido, como ellos mismos lo reconocieron un par de años más tarde).

Y por último, el Presidente y los irresponsables que lo asesoran debieran informarse antes de dar un paso tan irresponsable.

Todos los países civilizados europeos han abolido la pena de muerte, por considerar que no es un disuasivo para los delincuentes, y porque los hombres no tienen ningún derecho a usurpar funciones privativas de Dios.

Estados Unidos, que siempre se ha negado a abolirla, tiene una tasa de criminalidad mucho más alta que los países europeos que ya no tienen pena de muerte.

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Artículo publicado el 2  de junio de 2010  en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.