Otra imposición antidemocrática

La opinión de…

Olmedo Beluche

En lo que constituye un nuevo ataque al derecho a la participación de los sectores populares de Panamá, y la confirmación de que estamos ante un régimen oligárquico y plutocrático, el Tribunal Electoral ha decidido quitar al Partido Alternativa Popular su reconocimiento como “partido en formación”. La base “legal” para esta decisión son las condiciones antidemocráticas del Código Electoral que exige 63 mil 500 firmas para inscribir un partido político.

En base a un Código Electoral redactado bajo la dictadura militar, emparchado bajo la “democracia”, para crear un régimen controlado por un puñado minúsculo de partidos y políticos, el Tribunal Electoral ha cerrado las puertas al primer partido popular y de izquierdas que intenta participar de los procesos electorales desde 1984, con los mismos criterios antidemocráticos con que, en 2009, le cerraron la puerta a la libre postulación presidencial del Prof. Juan Jované.

Pero, al igual que con Jované logramos el reconocimiento del pueblo panameño y de la Corte Suprema de Justicia para la legitimidad de la libre postulación presidencial, el PAP no cejará en su lucha por obtener el reconocimiento electoral, porque es un legítimo derecho democrático que los sectores populares tengamos nuestros partidos y podamos participar en las elecciones.

El actual sistema de partidos y la cantidad exagerada de adherentes es una farsa basada en la corrupción, la compra de las firmas y en el clientelismo político que obliga a los funcionarios públicos a inscribirse en el partido de gobierno de turno, so pena de ser despedidos.   Esa es una verdad de a puño que todo el mundo sabe, incluidos los magistrados del Tribunal Electoral. Esa farsa debe acabarse con una verdadera reforma electoral democrática que llegará tarde o temprano.

Esa farsa es reforzada por toda clase de obstáculos artificiales que se ponen a los partidos en formación que no pertenecen a la oligarquía. Por ello instamos al conjunto del movimiento social y sindical a poner en su agenda de lucha conquistar un régimen político verdaderamente democrático.

Los más de 5 mil adherentes que logramos de ciudadanos conscientes que apoyan este partido con un proyecto de cambios profundos para el país nos animan a seguir adelante. Con esas firmas ya seríamos un partido con reconocimiento electoral en la mayor parte de América Latina y el mundo.

A nuestra militancia y simpatizantes les decimos: no hemos sido ilegalizados, porque la Constitución garantiza el derecho de libre asociación y organización, lo único que han hecho es impedir que participemos en los procesos electorales. El Partido Alternativa Popular existe y sigue luchando y no depende del Tribunal Electoral.

Exhortamos a la militancia y simpatizantes a fortalecer nuestras estructuras, sin ceder sus firmas a ningún otro partido, porque es nuestra decisión participar del proceso electoral de 2014 por dos vías: volviendo a inscribir nuestras siglas (PAP) y apoyando la libre postulación presidencial del Prof. Juan Jované.

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Este artículo se publicó el 2 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Reformas electorales, equidad y participación

La opinión de la Economista y Educadora…

 

LIZABETA  S.  DE  RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

 

A finales del 2009 se creó la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), la cual tendría la responsabilidad de analizar las quejas y fallas suscitadas durante el último torneo electoral y proponer medidas correctivas.

Otras funciones encomendadas contemplaban el análisis en temas sensitivos, como la inscripción de adherentes para constituir nuevos partidos, financiamiento y propaganda; así como la preparación de un proyecto de ley de reformas electorales, que contribuya a mejorar la acción fiscalizadora del Tribunal Electoral y garantizar el desarrollo de procesos transparentes, equitativos y eficaces en los torneos electorales.

A un año de reuniones y debates, con la participación de partidos políticos, diversos actores de la sociedad y representantes del Tribunal Electoral, la CNRE está por concluir la tarea para la cual fue designada y entregar al Tribunal Electoral la propuesta de ley que modificará el actual Código Electoral.

De conformidad al protocolo establecido, el Tribunal Electoral deberá presentar próximamente el anteproyecto de ley concensuado por la CNRE, a la Asamblea Nacional de Diputados para debate y aprobación, modificación o rechazo.

A este panorama, se suma una nueva perspectiva, ya que el gobierno ha informado que ‘prepara cambios paralelos en materia electoral’. Entre los temas que el Ejecutivo proyecta incluir están la segunda vuelta electoral, la elección de los gobernadores y el recorte del subsidio electoral.

Según informaciones, este recorte propone disminuir lo establecido por el actual Código Electoral del 1% (del total de los ingresos corrientes del presupuesto) a 0.5%. Además de redistribuir esta partida, destinando un 50% para funcionamiento de los colectivos políticos; mientras que el otro 50% se utilizaría para la creación del Instituto de Capacitación y Formación Política, adscrito al Tribunal Electoral.

La propuesta descarta la entrega del subsidio preelectoral y postelectoral, a los partidos políticos, como lo establece el actual Código. También pretende transferir la designación en cinco (5) anualidades. Iniciando la entrega el 1° de julio del 2014 (año de los próximos comicios electorales).

Luego de las experiencias vividas en nuestro país, hemos expresado, por diferentes medios, la urgente necesidad de realizar un profundo análisis sobre las normas y procedimientos establecidos en materia de sufragio, a fin de alcanzar mayores niveles de equilibrio, igualdad y participación.

Sobre el particular y de conformidad a las informaciones del Tribunal Electoral, la Comisión logró el análisis en mención y alcanzó un consenso en la mesa de discusión, el cual culminó con la propuesta de un anteproyecto de reforma al Código Electoral. Si ello es así, corresponde a la Asamblea Nacional de Diputados someter a un debate objetivo, lo consensuado respetando lo actuado.

Compartimos algunos planteamientos del Ejecutivo, como el porcentaje de disminución al subsidio electoral y la creación del Instituto de Capacitación y Formación Política, pero en lo relativo a la entrega del susidio debe continuar entregándose como está establecido, a fin de evitar abusos del partido en el poder.

Este artículo se publicó el 19 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

El meollo del asunto

La opinión de…

Eliécer Rodríguez

A inicios de la década de los 90 cuando fungíamos como Editores de Páginas de Opinión en el Panamá América, tuvimos el grato honor de conocer a Don Eduardo Valdés, un ilustre y extraordinario panameño quien para la época solía publicar algunos artículos de opinión con este sugestivo título.

 

Para Don Eduardo, quienquiera que pretendiera resolver algún problema estaba obligado a llegar al meollo del asunto, de lo contrario, lo único que se haría es rondar por las esquinas de posibles soluciones.

Poquito tiempo después sin imaginármelo, pasé a formar parte de la nueva y vigorosa fuerza laboral del Tribunal Electoral.   Sorpresa la mía, invitan al conspicuo escritor para dictar una serie de seminarios tipo conferencias y nuevamente el tema central obligado: “El Quimérico Meollo del Asunto”. El objetivo, según nuestros jefes los magistrados, que todos los directores provinciales, mandos medios y ejecutivos superiores supiéramos cómo llegar a ese escurridizo meollo.

No faltaron voces al final de las conferencias que dijeron sentirse, en lugar de cerca del meollo del asunto, próximos al hoyo del difunto. Por esos raros correos de la época, no había BlackBerry ni celulares, la famosa “radiobemba” daba cuenta que el barco llegaría para cargar con algunos de los participantes, con razón o sin ella.

Efectivamente así fue, cayeron entre otros, una despistada Directora de Colón que no sabía con precisión cómo llegar a la costa arriba, un desprevenido Director de San Miguelito que por preferir lavar a mano en lugar de lavadora fue excluido del paraíso, un famoso Director después del puente que le quemó la máquina a un auto recién donado por una agencia foránea dizque por andar en una alborotada persecución de su novio, un estudiante del CRU de Coclé; un director septuagenario de las provincias centrales que conducía el auto oficial más retenido y requisado de la historia, de día o de noche. Este flechado director olvidó que conquistando a su secretaria, le estaba quitando el amor de su vida al sargento de tránsito del pueblo; o al otro varón de Azuero, regio director de día, frágil dama de noche, también otro ejecutivo de centros de votación a quien ordenaron comprar tanta tela fuera posible para forrar las casetas que servirían de centros de votación ante la escasez de aulas.

Acuerdos de última hora permitieron el uso de escuelas privadas como centros de votación, con ello disminuyeron las casetas y por ende sobró tela. A este ejecutivo lo despidieron por no tener “sentido común” previendo que los magistrados harían ese cambio, aunque la tela sobrante se usara posteriormente como cortinas en las instalaciones electorales y por último, también cayó fulminado un octogenario director del interior, diputado a inicios de la república, el único cercano al meollo del asunto, no por erudición sino por la amistad que le unía al ínclito personaje citado arriba. Este último se desplomó al acumular millas durmiendo en cuanto seminario participara.

Afortunadamente, al final siempre hubo alguien que supo sabiamente llegar al Meollo del Asunto, aquél que expresó la célebre frase “Sí se Pudo”, en el acto de transmisión de mando de 2004, logrando la ratificación por ocho años más.

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<>Artículo publicado el  25 de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Subsidio electoral y otras frustraciones

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La opinión del  Abogado….


ROLANDO VILLALAZ GUERRA 
villasoc@yahoo.es

Nadie dudaría, si Panamá fuera un país con instituciones democráticas sólidas, que la figura del subsidio electoral, por ejemplo, juega un papel importante en fortalecer a los partidos políticos como herramientas del ciudadano para expresar sus ideas.

Tampoco nadie cuestionaría ni dudaría del porcentaje del Seguro Educativo que le descuentan a miles de panameños, si las organizaciones sindicales realmente educaran y orientaran a sus bases y cada día, en vez de la dirigencia, aumentara, en vez de decrecer, sus integrantes y los trabajadores en general, creyerán sinceramente en un sindicato como parte fundamental en la construcción permanente y constante de una democracia.

Los hechos nos han puesto en evidencia que las propias cúpulas de los partidos políticos y un Tribunal Electoral, no al servicio del ciudadano, sino de esos grupos que controlan los partidos, que este subsidio a la fecha ni fortalece la democracia, ni mucho menos ayuda en lo más mínimo a la formación política de sus miembros de bases.

Por eso es risible que alguien se desgarre vestiduras por un millonario subsidio, que no permea a las bases ni demuestra para qué y de qué lo usan y es por eso que si alguien pretende darle otro uso, no duden de la aceptación de esa sugerencia.

En principio no debería ser así, sin embargo, los grandes partidos y los pequeños, no predican con un ejemplo que le demuestre al ciudadano de a pie cómo ese subsidio sirve en realidad para crear escuelas de formación y capacitación de ideas, capacitar en administración y de organización democrática y que los futuros funcionarios saben o sabrán, cómo se administra un Estado y cómo se conoce el funcionamiento de sus instituciones, o bien que esto no termina en usos banales, discrecionales y caprichosos para unos cuantos dentro del partido.

El problema es que el subsidio electoral ha creado la creencia al político de que a ellos todo se lo deben regalar y como no es plata de ellos, no hay mística ni deseo de procurar fondos para nada y mucho menos de aportar cuotas o procurar fondos por otras vías que no sean del presupuesto del Estado.

Hay ejemplos en otras latitudes como el APRA en Perú, donde el militante o miembro del partido aporta según sus posibilidades y ello no lo hace menos dueño o miembro del partido que otro que puede dar más.

En otros países el subsidio está condicionado a un control total y estricto de todas las donaciones que recibe un partido, sin posibilidad de anónimos o gente que luego cobre por lo aportado en campaña.

En un país donde hay miseria y desnutrición infantil, aumenta el subempleo y el empleo precario, no se pueden destinar millones a quienes no demuestran el uso racional de esos dineros, como tampoco el Tribunal Electoral hace mayor esfuerzo, salvo ciertos círculos exclusivos, en dar a conocer el destino y manejo de esos fondos al ciudadano que paga sus impuestos.

Es probable que el subsidio electoral tenga un sentido de ser, pero, mientras en Panamá ello no sea debidamente justificado ante los ciudadanos, queda la duda sobre la forma como esos dineros son realmente invertidos y si se justifica que se destinen millonarias partidas y no se vea que en el campo político ahora existan personas más conscientes de sus deberes y derechos en esa materia y que los partidos sean verdaderas escuelas del pensamiento y de las ideas y que, entre otras cosas, el clientelismo político se hubiere superado. Lo mismo pasa con el dinero del Seguro Educativo, que se destina para educación sindical y sus pobres resultados en la masa laboral.

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<> Este artículo se publicó el 29 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/villalaz-guerra-rolando/

Financiamiento público a los partidos políticos

La opinión del Catedrático Universitario, Docente y Ex Vice Presidente de la República…

Ricardo Arias Calderón

Recientemente, el Presidente de la República anunció que eliminaría o reduciría el financiamiento del Estado a los partidos políticos, el cual desde hace trece años fue establecido mediante una reforma equilibrada que ha tenido vigencia durante tres torneos electorales con buen resultado para el funcionamiento de la vida partidaria, gracias a un sistema distribuye por igual, previo a las elecciones, el 40% del financiamiento que “corresponda a un proceso electoral” y después de éste el 60% de conformidad a la cantidad de votos que cada partido obtiene en las elecciones generales”(1).    Este último porcentaje queda condicionado por el pago en partidas trimestrales durante un quinquenio.

Sin embargo, el sistema para su perfeccionamiento requeriría que el Estado proporcione la totalidad del gasto electoral siendo así la “solución total” de la necesidad de financiamiento y de funcionamiento de estos organismos políticos; lo que daría un poder de supervisión cabal al Tribunal Electoral y los partidos podrían entonces, competir en igualdad de términos, según los atractivos de su liderazgo, programa y la calidad de sus candidatos, y no en base a los millones que logren recabar. De otro modo, no se consigue la equidad de condiciones bajo las cuales se debe competir por el poder público democrático.

Es necesario insistir en el rol de la capacitación política confirmada por el TE en la que según ley, debe invertirse como mínimo el 25% del financiamiento recibido. El Partido Popular ha sido el único que ha solicitado transferencia de fondos de la partida de operaciones a la de capacitación, porque valora lo imprescindible de la promoción de la cultura política, pero sería muy difícil lograr esta tarea fundamental sin el aporte económico que actualmente se recibe.

A consecuencia de una reducción del financiamiento electoral, los partidos perderían su disposición a aceptar un tope para las donaciones particulares, y bien sabido es que estas condicionan y merman, según lo elevado del monto, la independencia de algunos que las reciben y que incluso pueden tener dudosa procedencia a pesar de los mecanismos de control del Código Electoral. Aunque no todos los partidos demuestran esta proclividad, se haría difícil, por no decir imposible, establecer topes a gastos electorales, que si no se fijan, las disparidades económicas terminarían por hacer una burla de nuestra democracia.

Hay partidos en los cuales el papel del individuo acaudalado está injustificadamente por encima de los otros miembros. “La política es una competición de ideas, más que de chequeras”. Este concepto está lejos de la comprensión de quien posee un partido propio, equivalente a una sociedad anónima con un solo tenedor de acciones, que funciona dentro de un mercado determinado por la publicidad.

Si se hubiese previsto reducir los desmesurados gastos del Ejecutivo en compras directas, que ascienden a mil millones de balboas, compras éstas que han sido mayormente adjudicas, con olor a corrupción, a allegados del gobierno evadiendo con esta fórmula el trámite de la licitación -que ahorra al Estado grandes cantidades de dinero y fortalece la transparencia de las operaciones- y si de tantas otras maneras el Presidente hubiera sido austero, como en campaña le exigía a sus predecesores, sin duda habría podido elevar el monto de las jubilaciones sin tratar de hacer malabares con el financiamiento electoral, que es fruto de “un modelo consensuado entre las fuerzas políticas del país y el TE”(2), y que está fundamentado en normas constitucionales.

Lo que hay detrás de todo esto, lo que persigue realmente, es destajar a los partidos para que pierdan fuerza ante sus intenciones de hacer del suyo un PRI panameño de una sola voz.

1. Valdés Escoffery, Eduardo.    Acontecer Electoral Panameño, 2006, Imprelibros S. A., Colombia, p.378.

2. Erasmo PinillaC.   El Financiamiento de los Partidos Políticos en la República de Panamá, ponencia en IV Congreso Internacional De Derecho Electoral,  Michoacán México, 2002.

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<> Este artículo se publicó el 17  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/arias-calderon-ricardo/

Subsidios electorales: Eliminarlos o transformarlos

– La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich

Entre 1997 y el 2009, los partidos políticos han recibido subsidios por más de 50 ó 60 millones de balboas, aparte de otros beneficios y prebendas directas: compra de vehículos exonerados, líneas telefónicas y correo gratuitos.   Y también otros beneficios indirectos: partidas circuitales, abiertas o disfrazadas, y desorbitadas exoneraciones para sus candidatos electos diputados o representantes de corregimientos.

Que en un país donde existen tantas necesidades primarias insatisfechas se gaste esa monstruosidad de recursos públicos para sostener y engordar a los partidos políticos y sus dirigencias es, como se mire, una absoluta inmoralidad.

Para comenzar, la Constitución no obliga al Estado a otorgar subsidios electorales.   El Artículo 141, a la letra, dice:   “El Estado “podrá” fiscalizar y contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en los procesos electorales”.  Esa norma, con una interpretación estirada y acomodaticia por TE y los partidos, fue transformada de posibilidad a obligación en los Artículos 179 y 180 Código Electoral,   que dice que “el Estado contribuirá”.   Y todavía fueron más lejos, al decir, en términos de mandato, que “para cada elección general se aprobará”, en el Presupuesto del Tribunal Electoral correspondiente al año inmediatamente anterior al de las elecciones, una partida equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos corrientes presupuestados para el gobierno central”.

La jugarreta legal era clara. Como los ingresos corrientes aumentan todos los años, el subsidio también ha aumentado, automáticamente. Esto, de por sí escandaloso, desborda todas las proporciones, ya que, además, el total del subsidio se mantiene, aunque disminuya la cantidad de partidos.   En las dos últimas elecciones desaparecieron varios partidos; pero como el subsidio sigue siendo del 1% de los ingresos corrientes, los sobrevivientes aumentaron su tajada.    Entonces, se lo repartieron entre 8 y ahora será entre 6. Y si se concretan las anunciadas fusiones, será entre tres o cuatro. En otras palabras, si algunos, ahora reciben entre 5 y 7 millones, cuando queden 3 ó 4, tocarán a 9 ó 11, por cabeza.   ¿Puede haber mayor inmoralidad?

¿Es la solución eliminar la contribución del Estado a los procesos electorales? No lo creo. Sería contraproducente. Las campañas se convertirían en una vulgar subasta reservada a quienes pudieran pagarlas y se cerraría el paso a todas las alternativas que no cuenten con los medios para competir con ellos.

La solución es desarmar el andamiaje montado por los partidos y el Tribunal Electoral, adoptando las siguientes medidas:

1) Reducir el monto del subsidio a una cifra total no mayor de 10 millones de balboas y eliminar la absurda fórmula porcentual.

2) No entregar dinero directamente a los partidos.

3) Utilizar el subsidio para contratar espacios en los medios televisados, radiados y escritos, a los que tendrían acceso, en igualdad de condiciones y de manera equitativa, todos los partidos y todos los candidatos.

Para completar “el saneamiento”, se debe fijar un límite a los aportes privados a las campañas y hacer obligatoria la divulgación de sus fuentes o eliminarlos del todo.

Los partidos políticos panameños, por su demostrada voracidad para aprovecharse de los dineros públicos y por su reiterada incompetencia y conductas electoreras han fallado y así deben reconocerlo.   Por tanto, no deben esperar simpatía del pueblo, en la encrucijada en que se encuentran y deben estar preparados para perder o renunciar a la mayoría de sus excesivos privilegios.

De eso, no lo dudo, es consciente el presidente Martinelli, pero él, a diferencia de la oposición, por detentar el poder y lo que eso significa, puede jugar a la “carta del desprendimiento” y temporalmente ganar simpatías; pero no debe olvidar que estirar demasiado la cuerda y devolver el país a los concursos electorales reservados al poder económico también puede ser la simiente de reacciones justificadas por parte de quienes resulten marginados, que serían, esencialmente, los sectores pobres y mayoritarios del pueblo.

<> Artículo publicado el 5 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Topes a los gastos, los aportes y contribuciones en procesos electorales

La opinión del Abogado…

Javier Ordinola Bernal 

Las cifras que el Estado panameño destina a la financiación de la política son tan elevadas como necesarias. El Tribunal Electoral asignó a los partidos políticos para su funcionamiento un monto total de B/ 20,055,760.53, en concepto de Financiamiento Público, para el quinquenio 2009-2014. Además del financiamiento del funcionamiento de las organizaciones políticas, el Estado también contribuye en el financiamiento de las campañas, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política. Para el periodo Pre-electoral se asignó B/13,480,000.00, distribuidos entre 8 partidos políticos; B/1,685,000.00 dividido en B/1,263,750.00 para gastos de publicidad y B/421,250.00 para gastos de convenciones, postulaciones o elecciones primarias, provenientes del presupuesto nacional. Sin duda alguna, la financiación de las campañas políticas en Panamá, como en cualquier parte del mundo, es un tema álgido.
Ha quedado demostrado que nuestro país no es inmune a los escándalos que se originan respecto de la financiación de las campañas electorales.La financiación es un aspecto fundamental de todo proceso electoral, ya que el elector debe tener la posibilidad de conocer cómo se ha financiado el candidato y particularmente quiénes, además del Estado, financian las campañas políticas, ya que este debe ser un criterio empleado por el ciudadano al momento de determinar por quién votar. El ordenamiento jurídico panameño busca garantizar que el Estado disponga los recursos públicos suficientes, tanto para el funcionamiento de los partidos políticos, como para las campañas que estas desplieguen en el marco de las contiendas electorales.
No obstante, también es claro que el Estado concurre en la financiación de la política; esto quiere decir, que se establece un sistema de financiamiento mixto, en el cual, el Estado y los particulares contribuyen en el financiamiento de la organización política y de las campañas electorales que esta efectúe.

Si lo que se desea es mantener en nuestro país el sistema mixto de financiamiento, se hace necesario que el ordenamiento jurídico faculte la competencia del Estado para establecer límites tanto a los gastos que las organizaciones realizan en desarrollo de sus campañas, como a los aportes y contribuciones que los particulares destinen para tal fin. Si el Estado se encuentra facultado para imponer un límite al financiamiento que está permitido invertir en el marco de una campaña electoral, también debe estar en capacidad de establecer topes a las donaciones particulares. Con esta disposición se pretende garantizar que en los espacios políticos exista una verdadera y efectiva contienda electoral, permitiendo que candidatos de distintas organizaciones políticas en condiciones de equidad, siendo la idoneidad intelectual y moral de los candidatos, en vez de su capacidad económica, los motivos por los cuales se incline la balanza electoral en uno u otro sentido.

Se evita de esta manera, por ejemplo, que los partidos tradicionales que cuentan con fondos económicos más robustos restrinjan las posibilidades de acceso al poder de los partidos pequeños o de las nuevas fuerza políticas, evitando que los candidatos tengan que salir en búsqueda de excesivas sumas de dinero convirtiéndose en blancos fáciles de los dineros ilícitos y de la corrupción.

<>Artículo publicado el 9 de septiembre de 2010 en el diario  El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El Pele Police y/o el tráfico indiscriminado de datos

Reproducimos el artículo de opinión del Doctor en Derecho…
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Ernesto Cedeño Alvarado

El Pele Police debe entenderse que es un instrumento tecnológico adscrito específicamente a la base de datos de la Policía Nacional;  por eso es que se ha venido utilizando para los casos de naturaleza penal en Panamá.

Sin embargo, considero que por desconocimiento de entes gubernativos, se ha estado aplicando últimamente, para cobros de deudas estatales, flagelando con esto, a mi juicio, el Artículo 42 de la Constitución Política; ya que diversos funcionarios, sin que medie autorización del titular del dato y sin que exista una ley formal que regule la medida, trasladan la data que tienen a su haber, hacia la base de datos de la Policía Nacional, para que sea utilizada por los agentes, en la persecución no del delito, sino de la deuda (Ejemplo: Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre / ATTT, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, etc.).

Otros comercian con la data libremente, como el Tribunal Electoral, con el Sistema de Verificación de Identidad.   Este es un servicio que brinda el Tribunal Electoral a través de Internet, que permite verificar la identidad de las personas y la autenticidad de la cédula de identidad personal, con la Base de Datos del Registro Civil y Cedulación.

Tienen derecho a este servicio, todas las empresas que por la naturaleza de su servicio deseen verificar de una manera rápida y oportuna, la identidad de panameños y extranjeros residentes en el país, y que se afilien al servicio que ofrece el Tribunal Electoral.

El Registro Público, por su lado, la ofrece gratuitamente y sin ejercer ningún tipo de medida de seguridad, para prevenir el delito, a cualquiera que acceda a su red virtual.

Los particulares, por su parte, trafican la data que tienen a mansalva. Esta es la razón de las llamadas a personas, para ofrecer servicios, vender tarjetas, etc., y hasta se mandan correos por el Internet, vendiendo productos, sin que se haya solicitado, previamente el permiso, para la remisión de la información de rigor.

El artículo supremo, reza de la manera que sigue:

Artículo 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos y registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.

Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley.

Afirmo que por el hecho de que la norma antes descrita no haya sido regulada, no significa que no sea utilizable hoy.

Finalmente, expreso mi deseo, en que las autoridades pongan algún tipo de cortapisa a lo que considero un tráfico desproporcionado, de los datos personales de personas, que ni siquiera han dado su aval, para tal transacción.

<>Artículo publicado el 4 de septiembre de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor,   todo el crédito  que les corresponde.

Desaparición forzada y la Ley 30

La opinión del Activista en Derechos Humanos…

Miguel Antonio Bernal

Las encuestas oficialistas han salido a manipular, una vez más, la realidad nacional.   El Tribunal Electoral, por su parte, agita el electorelismo por todos los medios a su alcance.   La fiebre de las escuchas telefónicas y los pinchazos resultan ser una epidemia gubernamental.  El caso “Wild Bill” compite con la basura y Bosco en las pequeñas pantallas.   Todo ello no impide que la propaganda oficialista insista en culpar a otras personas por los sucesos de Changuinola, sin que las autoridades den seguridades de que los responsables de los abusos serán llevados ante la justicia.

La imposición de la Ley 30 y los sucesos de Changuinola han arrojado una cadena de violaciones de los Derechos Humanos, entre las cuales, la desaparición forzada.   El informe de Human Rights Everywhere (HREV) establece que:   “Hay un Detenido-Desaparecido: Valentín Palacios, detenido en Finca 66 a la vista de múltiples testigos el jueves 8 de julio y desaparecido hasta el momento.   Los familiares, a través de un colectivo de abogados, han denunciado la desaparición ante el Ministerio Público.”

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, cuya realización ofende la dignidad humana y atenta contra un régimen justo y democrático.

La Convención Interamericana sobre Desaparación Forzada de Personas, aprobada en junio de 1994, es Ley de la República desde el 28 de junio de 1995. Su principal objetivo es definir como delito la desaparición forzada de personas: “Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”

La desaparición forzada es una conducta que debe ser totalmente ajena a los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública. Es una conducta que carece de cualquier relación funcional con el servicio las fuerzas policiales.

El gobierno olvidó no solo “su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos…”, también su compromiso de no practicar, ni permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas.

La Convención sobre Desaparición Forzada que, además, es Ley de la República, contempla que “cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba una petición o comunicación sobre una supuesta desaparición forzada, se dirigirá, por medio de su Secretaria Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al correspondiente gobierno, solicitándole que proporcione a la mayor brevedad posible la información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida y demás información que estime pertinente… “

Procede entonces preguntar, preguntarles y preguntarnos: ¿Dónde está Valentín Palacios?

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Este artículo se publicó el  13  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Subsidio electoral, insulto a la pobreza

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

En diciembre de 2009 el Tribunal Electoral informó la creación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, cuya intención es la de formular propuestas que perfeccionen el actual sistema electoral, a fin de disponer —para los próximos comicios del 2014— con un Código Electoral renovado que garantice la emisión de un sufragio popular libre y transparente.

Esta Comisión integrada por representantes del Tribunal Electoral, miembros de partidos políticos y sociedad civil, analizan diversos temas en materia de adherentes para constituir partidos políticos, financiamiento y propaganda, entre otros.

Sobre el particular es trascendental señalar, que se hace necesario analizar a profundidad y con objetividad lo relativo al financiamiento y tiempo de las campañas eleccionarias. La experiencia vivida durante la última, evidenció claramente más que un proceso participativo y democrático para definir quiénes conducirían los destinos de la Nación, un festín publicitario, donde quien tenía más recursos invertía más para alcanzar el botín (administrar la Cosa Pública). Hubo escándalos principalmente producto de las donaciones privadas, algunas de dudosa procedencia de las cuales se mencionó lavado de dinero o narcotráfico. Como recordarán la situación se torno tan agresiva que en momentos se perdió el respeto entre los candidatos aflorando el dañino propósito de interponer sus intereses particulares y partidistas.

La campaña llegó a niveles descomunales en publicidad y derroche monetario; algunas deteriorando la honra de los oponentes, de sus partidos, gestiones y personal o familiar. Adicional a lo expuesto el Tribunal Electoral subvenciona a los partidos políticos con sumas millonarias, lo cual es un insulto a la pobreza del país, pero además se tienen dudas razonables respecto al uso y la posible malversación de fondos públicos, donde la entidad regente y otras instituciones, hacen poco por investigar, convirtiéndose en cómplices silenciosos de la irregularidad.

El sufragio es una expresión legítima de la consolidación de las democracias. Durante las pasadas elecciones el pueblo emitió su voto, a favor de quien prometió un cambio positivo en la forma de administrar la gestión gubernamental. Está claro que la censura fue la demostración de frustración vivida día a día por el electorado, al verse burlado por el incumplimiento de promesas y la incapacidad de los gobernantes para hacer frente a la solución de las demandas sociales.

Esta situación lleva a reflexionar sobre el desarrollo de procesos que abran la puerta a una mayor participación ciudadana. Es conveniente razonar sobre la libre postulación, la cantidad de adherentes y el excesivo 4% establecido para inscribir partidos políticos, lo cual desfavorece la mayor participación y democracia.

Si de lo que se trata es de lograr mayores niveles de transparencia, y equidad en los procesos electorales, es necesario incorporar nuevos elementos y mecanismos de implementación que generen confianza y credibilidad en la población mediante campañas ejemplares revestidas de docencia, organización y ecuanimidad, donde no se pierda la esencia de la democracia participativa.

Señores, la ciudadanía está cansada de pan y circo.

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Este artículo fue publicado el  11 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor(a), todo el crédito que les corresponde.

¿Hasta cuándo manosean el Código Electoral?

La opinión del Abogado y Político Independiente…

Juan Manuel Castulovich

Cuando quieras que algo nunca termine o se aclare, nombra una comisión. Esa máxima ha sido práctica histórica de políticos marrulleros. En Panamá hemos tenido aventajados exponentes de esa deleznable táctica; pero los merecedores indiscutibles del primer premio son los flamantes magistrados del Tribunal Electoral.

Ellos, en un contubernio vergonzoso con los dirigentes de los partidos políticos, han estirado por años sin cuenta las discusiones sobre reformas al Código Electoral. La última ronda de ese sainete lleva medio año y, según el descarado pronóstico del TE durará hasta bien entrado el próximo año, 2011.

En esos debates, cuyo costo no conocemos y que se desarrollan semanalmente en la Cámara de Comercio, ningún tema verdaderamente importante ha sido abordado con propósito de enmienda. Los poquísimos cambios “acordados”, aparte de evadir los “temas gordos”, carecen de efectos vinculantes. Al final, los diputados, tanto de gobierno como de oposición, harán con el informe final lo que les venga en ganas.

Lo que el pueblo panameño independiente, que es la mayoría, y detesta la sinvergüenzura institucionalizada en que se han convertido los partidos políticos, quiere se los resumo:

1) Que se acabe la “inmoralidad” de los subsidios electorales directos a los partidos. En un país con tanta pobreza, donde las escuelas se caen a pedazos y hay niños que día tras día se acuestan sin probar una comida caliente, y hasta mueren de hambre, es un crimen que a los partidos se les entreguen decenas de millones para “gastos de funcionamiento y el pago de sus burocracias parásitas”.

2) Que a los candidatos, principalmente a los presidenciales, se le obligue a revelar “sus fuentes de financiamiento”.

3) Que sea incompatible recibir subsidios electorales y aportes de fuentes privadas. Si reciben contribuciones privadas deben perder el derecho a recibir subsidios electorales pagados con fondos públicos.

4) Que se establezca la “doble vuelta electoral”; que no requiere, como se ha vendido, de reforma constitucional alguna. La razón por la que no se establece, cuando actualmente existe en prácticamente todos los países latinoamericanos, es porque certificaría la defunción de las execrables “alianzas políticas”, mediante las que los partidos, parten y se reparten anticipadamente el poder.

5) Que se reconozca a los electores el derecho “a revocar” los mandatos de todos los funcionarios electos, comenzando por la Presidencia de la República.

6) Que se reglamente la postulación independiente para la presidencia. Declarado inconstitucional el Art. 233 del Código Electoral, que eliminó el monopolio de los partidos sobre las candidaturas presidenciales, el Tribunal debió, de manera inmediata, proponer su reglamentación. Ha transcurrido más de un año; pero el “diligente triunvirato” nada ha hecho en esa materia.

Para convertir en “realidad legislada” esas legítimas aspiraciones populares, basta un proyecto de Ley que vaya directamente al grano. Los interminables debates de la “comisión de reformas” sólo sirven para dilatarlas y posponerlas, hasta que, por la proximidad del torneo electoral, sean inoperantes. Mientras tanto, el triunvirato y los partidos políticos seguirán sangrando el erario mediante los subsidios y preparándose para seguir jugando con las mismas reglas, que les aseguren que en el 2014 volverán a medrar a costillas del pueblo y seguirán burlando sus ansias de que en Panamá exista una verdadera democracia.

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Este artículo se publicó el  3  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Bosco o el panameñismo

La opinión de….

JORGE GAMBOA AROSEMENA  

El alcalde ha hecho de todo para que el pueblo capitalino, que lo eligió, esté defraudado y deseando quitárselo de encima. Pero la opción no es dando un golpe de Estado alcaldicio, es preservando la democracia y esto nunca pasa por romper la institucionalidad.

Martinelli y Varela cargaron -contra derecho- con la complicidad del Tribunal Electoral, de la Fiscalía Electoral y de la Asamblea Nacional, con este peculiar personaje. Estos señores no tienen autoridad moral para pedirle la renuncia, como hicieron alegremente, acercándose -con esta solicitud- a extralimitarse en sus funciones.

El Ejecutivo profundiza la crisis alcaldicia, anunciando la creación de una Autoridad de Aseo para quitarle la recolección de la basura a la Alcaldía capitalina, mientras la apoyaban en esta tarea. De repente, como niños malcriados, porque el Alcalde reacciona después de tanto ultraje por parte de sus mentores, le quitan el apoyo en la recolección, jugando irresponsablemente con la salud de los capitalinos.

Además de controles de poder, el problema también tiene ribetes políticos partidarios, ya que en un manejo clientelista, Vallarino es llevado al panameñismo para que, mediante la manipulación interna se le elija como candidato a alcalde y luego, a pesar de no tener la ciudadanía panameña, un electorado sin cultura política, lo elige como alcalde panameñista.

Con la intención de Martinelli y la complicidad de Varela se afectaría la oportunidad del panameñismo de mantener este espacio, en un período en que todo indica que el Presidente pretende triturar cualquier colectivo que pueda atentar contra su hegemonía. Así divide al PRD comprando alcaldes, representantes y diputados sin el menor recato. A sus aliados Molirenas y Patrióticos los engullirá sin respeto y, al panameñismo lo tiene que debilitar. Bosco es fácilmente atacable por sus falencias, hasta en el caso de los niños boxeadores, donde el error de Bosco ha producido la visualización de un problema social que yacía en la bruma de la ignorancia.

A Vallarino hay que encontrarle una salida política honrosa, pero que la alcaldía quede en manos panameñistas sin quebrar leyes ni moralidad. Esto sólo se logra con un partido orgánico, activo y fuerte, sin galimatías de diputados secretarios, exigiendo y ganando respeto.

El colapso del sistema político tiene que enmendarse desde adentro de los partidos. La clarinada está dada por los panameñistas de Bocas del Toro.

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Artículo publicado el 30 de julio de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.