Otra imposición antidemocrática

La opinión de…

Olmedo Beluche

En lo que constituye un nuevo ataque al derecho a la participación de los sectores populares de Panamá, y la confirmación de que estamos ante un régimen oligárquico y plutocrático, el Tribunal Electoral ha decidido quitar al Partido Alternativa Popular su reconocimiento como “partido en formación”. La base “legal” para esta decisión son las condiciones antidemocráticas del Código Electoral que exige 63 mil 500 firmas para inscribir un partido político.

En base a un Código Electoral redactado bajo la dictadura militar, emparchado bajo la “democracia”, para crear un régimen controlado por un puñado minúsculo de partidos y políticos, el Tribunal Electoral ha cerrado las puertas al primer partido popular y de izquierdas que intenta participar de los procesos electorales desde 1984, con los mismos criterios antidemocráticos con que, en 2009, le cerraron la puerta a la libre postulación presidencial del Prof. Juan Jované.

Pero, al igual que con Jované logramos el reconocimiento del pueblo panameño y de la Corte Suprema de Justicia para la legitimidad de la libre postulación presidencial, el PAP no cejará en su lucha por obtener el reconocimiento electoral, porque es un legítimo derecho democrático que los sectores populares tengamos nuestros partidos y podamos participar en las elecciones.

El actual sistema de partidos y la cantidad exagerada de adherentes es una farsa basada en la corrupción, la compra de las firmas y en el clientelismo político que obliga a los funcionarios públicos a inscribirse en el partido de gobierno de turno, so pena de ser despedidos.   Esa es una verdad de a puño que todo el mundo sabe, incluidos los magistrados del Tribunal Electoral. Esa farsa debe acabarse con una verdadera reforma electoral democrática que llegará tarde o temprano.

Esa farsa es reforzada por toda clase de obstáculos artificiales que se ponen a los partidos en formación que no pertenecen a la oligarquía. Por ello instamos al conjunto del movimiento social y sindical a poner en su agenda de lucha conquistar un régimen político verdaderamente democrático.

Los más de 5 mil adherentes que logramos de ciudadanos conscientes que apoyan este partido con un proyecto de cambios profundos para el país nos animan a seguir adelante. Con esas firmas ya seríamos un partido con reconocimiento electoral en la mayor parte de América Latina y el mundo.

A nuestra militancia y simpatizantes les decimos: no hemos sido ilegalizados, porque la Constitución garantiza el derecho de libre asociación y organización, lo único que han hecho es impedir que participemos en los procesos electorales. El Partido Alternativa Popular existe y sigue luchando y no depende del Tribunal Electoral.

Exhortamos a la militancia y simpatizantes a fortalecer nuestras estructuras, sin ceder sus firmas a ningún otro partido, porque es nuestra decisión participar del proceso electoral de 2014 por dos vías: volviendo a inscribir nuestras siglas (PAP) y apoyando la libre postulación presidencial del Prof. Juan Jované.

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Este artículo se publicó el 2 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Reformas electorales, equidad y participación

La opinión de la Economista y Educadora…

 

LIZABETA  S.  DE  RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

 

A finales del 2009 se creó la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), la cual tendría la responsabilidad de analizar las quejas y fallas suscitadas durante el último torneo electoral y proponer medidas correctivas.

Otras funciones encomendadas contemplaban el análisis en temas sensitivos, como la inscripción de adherentes para constituir nuevos partidos, financiamiento y propaganda; así como la preparación de un proyecto de ley de reformas electorales, que contribuya a mejorar la acción fiscalizadora del Tribunal Electoral y garantizar el desarrollo de procesos transparentes, equitativos y eficaces en los torneos electorales.

A un año de reuniones y debates, con la participación de partidos políticos, diversos actores de la sociedad y representantes del Tribunal Electoral, la CNRE está por concluir la tarea para la cual fue designada y entregar al Tribunal Electoral la propuesta de ley que modificará el actual Código Electoral.

De conformidad al protocolo establecido, el Tribunal Electoral deberá presentar próximamente el anteproyecto de ley concensuado por la CNRE, a la Asamblea Nacional de Diputados para debate y aprobación, modificación o rechazo.

A este panorama, se suma una nueva perspectiva, ya que el gobierno ha informado que ‘prepara cambios paralelos en materia electoral’. Entre los temas que el Ejecutivo proyecta incluir están la segunda vuelta electoral, la elección de los gobernadores y el recorte del subsidio electoral.

Según informaciones, este recorte propone disminuir lo establecido por el actual Código Electoral del 1% (del total de los ingresos corrientes del presupuesto) a 0.5%. Además de redistribuir esta partida, destinando un 50% para funcionamiento de los colectivos políticos; mientras que el otro 50% se utilizaría para la creación del Instituto de Capacitación y Formación Política, adscrito al Tribunal Electoral.

La propuesta descarta la entrega del subsidio preelectoral y postelectoral, a los partidos políticos, como lo establece el actual Código. También pretende transferir la designación en cinco (5) anualidades. Iniciando la entrega el 1° de julio del 2014 (año de los próximos comicios electorales).

Luego de las experiencias vividas en nuestro país, hemos expresado, por diferentes medios, la urgente necesidad de realizar un profundo análisis sobre las normas y procedimientos establecidos en materia de sufragio, a fin de alcanzar mayores niveles de equilibrio, igualdad y participación.

Sobre el particular y de conformidad a las informaciones del Tribunal Electoral, la Comisión logró el análisis en mención y alcanzó un consenso en la mesa de discusión, el cual culminó con la propuesta de un anteproyecto de reforma al Código Electoral. Si ello es así, corresponde a la Asamblea Nacional de Diputados someter a un debate objetivo, lo consensuado respetando lo actuado.

Compartimos algunos planteamientos del Ejecutivo, como el porcentaje de disminución al subsidio electoral y la creación del Instituto de Capacitación y Formación Política, pero en lo relativo a la entrega del susidio debe continuar entregándose como está establecido, a fin de evitar abusos del partido en el poder.

Este artículo se publicó el 19 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

El meollo del asunto

La opinión de…

Eliécer Rodríguez

A inicios de la década de los 90 cuando fungíamos como Editores de Páginas de Opinión en el Panamá América, tuvimos el grato honor de conocer a Don Eduardo Valdés, un ilustre y extraordinario panameño quien para la época solía publicar algunos artículos de opinión con este sugestivo título.

 

Para Don Eduardo, quienquiera que pretendiera resolver algún problema estaba obligado a llegar al meollo del asunto, de lo contrario, lo único que se haría es rondar por las esquinas de posibles soluciones.

Poquito tiempo después sin imaginármelo, pasé a formar parte de la nueva y vigorosa fuerza laboral del Tribunal Electoral.   Sorpresa la mía, invitan al conspicuo escritor para dictar una serie de seminarios tipo conferencias y nuevamente el tema central obligado: “El Quimérico Meollo del Asunto”. El objetivo, según nuestros jefes los magistrados, que todos los directores provinciales, mandos medios y ejecutivos superiores supiéramos cómo llegar a ese escurridizo meollo.

No faltaron voces al final de las conferencias que dijeron sentirse, en lugar de cerca del meollo del asunto, próximos al hoyo del difunto. Por esos raros correos de la época, no había BlackBerry ni celulares, la famosa “radiobemba” daba cuenta que el barco llegaría para cargar con algunos de los participantes, con razón o sin ella.

Efectivamente así fue, cayeron entre otros, una despistada Directora de Colón que no sabía con precisión cómo llegar a la costa arriba, un desprevenido Director de San Miguelito que por preferir lavar a mano en lugar de lavadora fue excluido del paraíso, un famoso Director después del puente que le quemó la máquina a un auto recién donado por una agencia foránea dizque por andar en una alborotada persecución de su novio, un estudiante del CRU de Coclé; un director septuagenario de las provincias centrales que conducía el auto oficial más retenido y requisado de la historia, de día o de noche. Este flechado director olvidó que conquistando a su secretaria, le estaba quitando el amor de su vida al sargento de tránsito del pueblo; o al otro varón de Azuero, regio director de día, frágil dama de noche, también otro ejecutivo de centros de votación a quien ordenaron comprar tanta tela fuera posible para forrar las casetas que servirían de centros de votación ante la escasez de aulas.

Acuerdos de última hora permitieron el uso de escuelas privadas como centros de votación, con ello disminuyeron las casetas y por ende sobró tela. A este ejecutivo lo despidieron por no tener “sentido común” previendo que los magistrados harían ese cambio, aunque la tela sobrante se usara posteriormente como cortinas en las instalaciones electorales y por último, también cayó fulminado un octogenario director del interior, diputado a inicios de la república, el único cercano al meollo del asunto, no por erudición sino por la amistad que le unía al ínclito personaje citado arriba. Este último se desplomó al acumular millas durmiendo en cuanto seminario participara.

Afortunadamente, al final siempre hubo alguien que supo sabiamente llegar al Meollo del Asunto, aquél que expresó la célebre frase “Sí se Pudo”, en el acto de transmisión de mando de 2004, logrando la ratificación por ocho años más.

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<>Artículo publicado el  25 de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Subsidio electoral y otras frustraciones

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La opinión del  Abogado….


ROLANDO VILLALAZ GUERRA 
villasoc@yahoo.es

Nadie dudaría, si Panamá fuera un país con instituciones democráticas sólidas, que la figura del subsidio electoral, por ejemplo, juega un papel importante en fortalecer a los partidos políticos como herramientas del ciudadano para expresar sus ideas.

Tampoco nadie cuestionaría ni dudaría del porcentaje del Seguro Educativo que le descuentan a miles de panameños, si las organizaciones sindicales realmente educaran y orientaran a sus bases y cada día, en vez de la dirigencia, aumentara, en vez de decrecer, sus integrantes y los trabajadores en general, creyerán sinceramente en un sindicato como parte fundamental en la construcción permanente y constante de una democracia.

Los hechos nos han puesto en evidencia que las propias cúpulas de los partidos políticos y un Tribunal Electoral, no al servicio del ciudadano, sino de esos grupos que controlan los partidos, que este subsidio a la fecha ni fortalece la democracia, ni mucho menos ayuda en lo más mínimo a la formación política de sus miembros de bases.

Por eso es risible que alguien se desgarre vestiduras por un millonario subsidio, que no permea a las bases ni demuestra para qué y de qué lo usan y es por eso que si alguien pretende darle otro uso, no duden de la aceptación de esa sugerencia.

En principio no debería ser así, sin embargo, los grandes partidos y los pequeños, no predican con un ejemplo que le demuestre al ciudadano de a pie cómo ese subsidio sirve en realidad para crear escuelas de formación y capacitación de ideas, capacitar en administración y de organización democrática y que los futuros funcionarios saben o sabrán, cómo se administra un Estado y cómo se conoce el funcionamiento de sus instituciones, o bien que esto no termina en usos banales, discrecionales y caprichosos para unos cuantos dentro del partido.

El problema es que el subsidio electoral ha creado la creencia al político de que a ellos todo se lo deben regalar y como no es plata de ellos, no hay mística ni deseo de procurar fondos para nada y mucho menos de aportar cuotas o procurar fondos por otras vías que no sean del presupuesto del Estado.

Hay ejemplos en otras latitudes como el APRA en Perú, donde el militante o miembro del partido aporta según sus posibilidades y ello no lo hace menos dueño o miembro del partido que otro que puede dar más.

En otros países el subsidio está condicionado a un control total y estricto de todas las donaciones que recibe un partido, sin posibilidad de anónimos o gente que luego cobre por lo aportado en campaña.

En un país donde hay miseria y desnutrición infantil, aumenta el subempleo y el empleo precario, no se pueden destinar millones a quienes no demuestran el uso racional de esos dineros, como tampoco el Tribunal Electoral hace mayor esfuerzo, salvo ciertos círculos exclusivos, en dar a conocer el destino y manejo de esos fondos al ciudadano que paga sus impuestos.

Es probable que el subsidio electoral tenga un sentido de ser, pero, mientras en Panamá ello no sea debidamente justificado ante los ciudadanos, queda la duda sobre la forma como esos dineros son realmente invertidos y si se justifica que se destinen millonarias partidas y no se vea que en el campo político ahora existan personas más conscientes de sus deberes y derechos en esa materia y que los partidos sean verdaderas escuelas del pensamiento y de las ideas y que, entre otras cosas, el clientelismo político se hubiere superado. Lo mismo pasa con el dinero del Seguro Educativo, que se destina para educación sindical y sus pobres resultados en la masa laboral.

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<> Este artículo se publicó el 29 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/villalaz-guerra-rolando/

Financiamiento público a los partidos políticos

La opinión del Catedrático Universitario, Docente y Ex Vice Presidente de la República…

Ricardo Arias Calderón

Recientemente, el Presidente de la República anunció que eliminaría o reduciría el financiamiento del Estado a los partidos políticos, el cual desde hace trece años fue establecido mediante una reforma equilibrada que ha tenido vigencia durante tres torneos electorales con buen resultado para el funcionamiento de la vida partidaria, gracias a un sistema distribuye por igual, previo a las elecciones, el 40% del financiamiento que “corresponda a un proceso electoral” y después de éste el 60% de conformidad a la cantidad de votos que cada partido obtiene en las elecciones generales”(1).    Este último porcentaje queda condicionado por el pago en partidas trimestrales durante un quinquenio.

Sin embargo, el sistema para su perfeccionamiento requeriría que el Estado proporcione la totalidad del gasto electoral siendo así la “solución total” de la necesidad de financiamiento y de funcionamiento de estos organismos políticos; lo que daría un poder de supervisión cabal al Tribunal Electoral y los partidos podrían entonces, competir en igualdad de términos, según los atractivos de su liderazgo, programa y la calidad de sus candidatos, y no en base a los millones que logren recabar. De otro modo, no se consigue la equidad de condiciones bajo las cuales se debe competir por el poder público democrático.

Es necesario insistir en el rol de la capacitación política confirmada por el TE en la que según ley, debe invertirse como mínimo el 25% del financiamiento recibido. El Partido Popular ha sido el único que ha solicitado transferencia de fondos de la partida de operaciones a la de capacitación, porque valora lo imprescindible de la promoción de la cultura política, pero sería muy difícil lograr esta tarea fundamental sin el aporte económico que actualmente se recibe.

A consecuencia de una reducción del financiamiento electoral, los partidos perderían su disposición a aceptar un tope para las donaciones particulares, y bien sabido es que estas condicionan y merman, según lo elevado del monto, la independencia de algunos que las reciben y que incluso pueden tener dudosa procedencia a pesar de los mecanismos de control del Código Electoral. Aunque no todos los partidos demuestran esta proclividad, se haría difícil, por no decir imposible, establecer topes a gastos electorales, que si no se fijan, las disparidades económicas terminarían por hacer una burla de nuestra democracia.

Hay partidos en los cuales el papel del individuo acaudalado está injustificadamente por encima de los otros miembros. “La política es una competición de ideas, más que de chequeras”. Este concepto está lejos de la comprensión de quien posee un partido propio, equivalente a una sociedad anónima con un solo tenedor de acciones, que funciona dentro de un mercado determinado por la publicidad.

Si se hubiese previsto reducir los desmesurados gastos del Ejecutivo en compras directas, que ascienden a mil millones de balboas, compras éstas que han sido mayormente adjudicas, con olor a corrupción, a allegados del gobierno evadiendo con esta fórmula el trámite de la licitación -que ahorra al Estado grandes cantidades de dinero y fortalece la transparencia de las operaciones- y si de tantas otras maneras el Presidente hubiera sido austero, como en campaña le exigía a sus predecesores, sin duda habría podido elevar el monto de las jubilaciones sin tratar de hacer malabares con el financiamiento electoral, que es fruto de “un modelo consensuado entre las fuerzas políticas del país y el TE”(2), y que está fundamentado en normas constitucionales.

Lo que hay detrás de todo esto, lo que persigue realmente, es destajar a los partidos para que pierdan fuerza ante sus intenciones de hacer del suyo un PRI panameño de una sola voz.

1. Valdés Escoffery, Eduardo.    Acontecer Electoral Panameño, 2006, Imprelibros S. A., Colombia, p.378.

2. Erasmo PinillaC.   El Financiamiento de los Partidos Políticos en la República de Panamá, ponencia en IV Congreso Internacional De Derecho Electoral,  Michoacán México, 2002.

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<> Este artículo se publicó el 17  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/arias-calderon-ricardo/

Subsidios electorales: Eliminarlos o transformarlos

– La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich

Entre 1997 y el 2009, los partidos políticos han recibido subsidios por más de 50 ó 60 millones de balboas, aparte de otros beneficios y prebendas directas: compra de vehículos exonerados, líneas telefónicas y correo gratuitos.   Y también otros beneficios indirectos: partidas circuitales, abiertas o disfrazadas, y desorbitadas exoneraciones para sus candidatos electos diputados o representantes de corregimientos.

Que en un país donde existen tantas necesidades primarias insatisfechas se gaste esa monstruosidad de recursos públicos para sostener y engordar a los partidos políticos y sus dirigencias es, como se mire, una absoluta inmoralidad.

Para comenzar, la Constitución no obliga al Estado a otorgar subsidios electorales.   El Artículo 141, a la letra, dice:   “El Estado “podrá” fiscalizar y contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en los procesos electorales”.  Esa norma, con una interpretación estirada y acomodaticia por TE y los partidos, fue transformada de posibilidad a obligación en los Artículos 179 y 180 Código Electoral,   que dice que “el Estado contribuirá”.   Y todavía fueron más lejos, al decir, en términos de mandato, que “para cada elección general se aprobará”, en el Presupuesto del Tribunal Electoral correspondiente al año inmediatamente anterior al de las elecciones, una partida equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos corrientes presupuestados para el gobierno central”.

La jugarreta legal era clara. Como los ingresos corrientes aumentan todos los años, el subsidio también ha aumentado, automáticamente. Esto, de por sí escandaloso, desborda todas las proporciones, ya que, además, el total del subsidio se mantiene, aunque disminuya la cantidad de partidos.   En las dos últimas elecciones desaparecieron varios partidos; pero como el subsidio sigue siendo del 1% de los ingresos corrientes, los sobrevivientes aumentaron su tajada.    Entonces, se lo repartieron entre 8 y ahora será entre 6. Y si se concretan las anunciadas fusiones, será entre tres o cuatro. En otras palabras, si algunos, ahora reciben entre 5 y 7 millones, cuando queden 3 ó 4, tocarán a 9 ó 11, por cabeza.   ¿Puede haber mayor inmoralidad?

¿Es la solución eliminar la contribución del Estado a los procesos electorales? No lo creo. Sería contraproducente. Las campañas se convertirían en una vulgar subasta reservada a quienes pudieran pagarlas y se cerraría el paso a todas las alternativas que no cuenten con los medios para competir con ellos.

La solución es desarmar el andamiaje montado por los partidos y el Tribunal Electoral, adoptando las siguientes medidas:

1) Reducir el monto del subsidio a una cifra total no mayor de 10 millones de balboas y eliminar la absurda fórmula porcentual.

2) No entregar dinero directamente a los partidos.

3) Utilizar el subsidio para contratar espacios en los medios televisados, radiados y escritos, a los que tendrían acceso, en igualdad de condiciones y de manera equitativa, todos los partidos y todos los candidatos.

Para completar “el saneamiento”, se debe fijar un límite a los aportes privados a las campañas y hacer obligatoria la divulgación de sus fuentes o eliminarlos del todo.

Los partidos políticos panameños, por su demostrada voracidad para aprovecharse de los dineros públicos y por su reiterada incompetencia y conductas electoreras han fallado y así deben reconocerlo.   Por tanto, no deben esperar simpatía del pueblo, en la encrucijada en que se encuentran y deben estar preparados para perder o renunciar a la mayoría de sus excesivos privilegios.

De eso, no lo dudo, es consciente el presidente Martinelli, pero él, a diferencia de la oposición, por detentar el poder y lo que eso significa, puede jugar a la “carta del desprendimiento” y temporalmente ganar simpatías; pero no debe olvidar que estirar demasiado la cuerda y devolver el país a los concursos electorales reservados al poder económico también puede ser la simiente de reacciones justificadas por parte de quienes resulten marginados, que serían, esencialmente, los sectores pobres y mayoritarios del pueblo.

<> Artículo publicado el 5 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Topes a los gastos, los aportes y contribuciones en procesos electorales

La opinión del Abogado…

Javier Ordinola Bernal 

Las cifras que el Estado panameño destina a la financiación de la política son tan elevadas como necesarias. El Tribunal Electoral asignó a los partidos políticos para su funcionamiento un monto total de B/ 20,055,760.53, en concepto de Financiamiento Público, para el quinquenio 2009-2014. Además del financiamiento del funcionamiento de las organizaciones políticas, el Estado también contribuye en el financiamiento de las campañas, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política. Para el periodo Pre-electoral se asignó B/13,480,000.00, distribuidos entre 8 partidos políticos; B/1,685,000.00 dividido en B/1,263,750.00 para gastos de publicidad y B/421,250.00 para gastos de convenciones, postulaciones o elecciones primarias, provenientes del presupuesto nacional. Sin duda alguna, la financiación de las campañas políticas en Panamá, como en cualquier parte del mundo, es un tema álgido.
Ha quedado demostrado que nuestro país no es inmune a los escándalos que se originan respecto de la financiación de las campañas electorales.La financiación es un aspecto fundamental de todo proceso electoral, ya que el elector debe tener la posibilidad de conocer cómo se ha financiado el candidato y particularmente quiénes, además del Estado, financian las campañas políticas, ya que este debe ser un criterio empleado por el ciudadano al momento de determinar por quién votar. El ordenamiento jurídico panameño busca garantizar que el Estado disponga los recursos públicos suficientes, tanto para el funcionamiento de los partidos políticos, como para las campañas que estas desplieguen en el marco de las contiendas electorales.
No obstante, también es claro que el Estado concurre en la financiación de la política; esto quiere decir, que se establece un sistema de financiamiento mixto, en el cual, el Estado y los particulares contribuyen en el financiamiento de la organización política y de las campañas electorales que esta efectúe.

Si lo que se desea es mantener en nuestro país el sistema mixto de financiamiento, se hace necesario que el ordenamiento jurídico faculte la competencia del Estado para establecer límites tanto a los gastos que las organizaciones realizan en desarrollo de sus campañas, como a los aportes y contribuciones que los particulares destinen para tal fin. Si el Estado se encuentra facultado para imponer un límite al financiamiento que está permitido invertir en el marco de una campaña electoral, también debe estar en capacidad de establecer topes a las donaciones particulares. Con esta disposición se pretende garantizar que en los espacios políticos exista una verdadera y efectiva contienda electoral, permitiendo que candidatos de distintas organizaciones políticas en condiciones de equidad, siendo la idoneidad intelectual y moral de los candidatos, en vez de su capacidad económica, los motivos por los cuales se incline la balanza electoral en uno u otro sentido.

Se evita de esta manera, por ejemplo, que los partidos tradicionales que cuentan con fondos económicos más robustos restrinjan las posibilidades de acceso al poder de los partidos pequeños o de las nuevas fuerza políticas, evitando que los candidatos tengan que salir en búsqueda de excesivas sumas de dinero convirtiéndose en blancos fáciles de los dineros ilícitos y de la corrupción.

<>Artículo publicado el 9 de septiembre de 2010 en el diario  El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.