Sindicalistas o mercaderes

La opinión del invidente Comunicador Social….

Edwin Rodríguez 

Antes que nada, quiero elucidar que conozco a sindicalistas honestos que independientemente de las confusiones ideológicas que en mi humilde opinión remolcan, realizan una labor plausible y poco reconocida orientando al trabajador. Los abusos empresariales existen, no cabe duda.

Sin embargo, innumerables sindicalistas de base realizan un trabajo irrefutable verdaderamente válido. No son los gremialistas que prosperan en sus organizaciones, muy al contrario. Quienes escalan jerárquicamente suelen ser los que persiguen las horas de fuero sindical y beneficios, para simple y llanamente trabajar poco o nada. Son aquellos que tienen más aspiraciones políticas que solidarias, Los que no defienden al colegiado como individuo, sino más bien en función de amiguismos y a qué partido político perteneces, y partiendo de esa premisa se le imprime o no celeridad a los procesos, que por cierto, son muy selectivos a la hora de defender o solicitar aumentos de estipendios y canonjías para sus agremiados.

Hay sindicatos panameños que son democráticos, y otros que son burocráticos, hay gremios criollos que son combativos y algunos que son políticos. Me contaba un sindicalista en cierta ocasión, después de atender a una obrera que buscaba ayuda de la organización, por el despido de la empresa, ella, refiriéndose a la liquidada o mejor dicho botada, en sus años de trabajo en esta empresa a nuestra organización le ha tributado un exiguo porcentaje comparado con lo que cobra el abogado por su defensa. Le pregunté: ¿cuánto cuesta su proceso? Tratando de precisar mi curiosidad, a lo que me respondió: aproximadamente, mil quinientos balboas; ¡mucho dinero!, dice el sindicalista, que pasaría mucho tiempo para recuperarlos, ¡no es rentable defenderla!, replicó el gremialista.

El sindicalismo surge como una fuerza marxista, beligerante e independiente, pero pronto bajo regímenes retrógrados, comienza a desvirtuarse con elementos inoculados, proclives con el gobierno de turno o el empresario.   De otro lado, el hecho de que se hayan organizado sindicatos y negociado convenciones colectivas no necesariamente significa que los trabajadores tengan ahora más participación en la toma de decisiones o que estén mejor protegidos. Hemos observado cómo algunos sindicatos o mejor dicho “sindicalistas mercaderes” han impuesto estilos de funcionamiento arbitrarios, deletéreos y antidemocráticos en contra de los mejores intereses de los trabajadores que dicen representar, a pesar de que, por lo general, el estatuto ni siquiera reconoce la necesidad de celebrar asambleas periódicas. Lo que se debe evaluar es la ausencia de democracia sindical; pecado es hablar de sus finanzas… son su mayor enigma.

Un sindicalismo burocrático cuyas decisiones fundamentales no las toman los trabajadores, sino la cúpula pérfida en pactos de almuerzos en restaurantes de hoteles, y oficinas refrigeradas, no puede responder a las necesidades reales de los trabajadores en Panamá.   Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.  Mahatma Gandhi

<>Artículo publicado el 21 de septiembre de 2010 en el diario El Panamá America, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un Presidente de rodillas

La opinión del Periodista…

Aquilino Ortega Luna

Sin bien no comparto muchas de las actuaciones del “Gobierno del Cambio”, particularmente en el área legislativa, considero que el presidente Ricardo Martinelli se encuentra sumergido en este momento político en medio de dos fuerzas: la de los bajos intereses sindicales y la de los altos y poderosos sistemas económicos que desde siempre han gobernado el país.

Las organizaciones sindicales lideradas por SUNTRACS por tradición e historia han sido una piedra en el zapato para todos los gobiernos democráticos. Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos puedan dar fe de ello y de las múltiples vicisitudes que enfrentaron a raíz de las protestas de este grupo de “cabezas calientes”.

Los sindicalistas son reaccionarios por naturaleza, se oponen a todas las políticas sociales y económicas que puedan implementar los gobiernos. No importa si los que dirigen la cosa pública son PRDs, panameñistas o de la novedad política de Cambio Democrático (CD), con motivos o sin ellos, siempre tendrán una razón cerrar calles o tirar piedras.

Por su parte los poderosos sistemas económicos, alegres en principio con la asunción al poder de Ricardo Martinelli, no ocultan su decepción por la decisión del hombre de los “zapatos deportivos” de cerrarle el grifo de los grandes negociados para desarrollar proyectos de orden social, pagando un elevado costo político. Ambos sectores quieren arrinconar a Martinelli, secuestrarlo y llevarlo a un porcentaje de aceptación popular del 40%, ponerlo de rodillas y obligarlo a negociar pero no para beneficio del pueblo, sino para satisfacer sus intereses particulares y egoístas.

Los días en los que el presidente Martinelli, participaba en iniciativas como la “Marcha por la Paz”, en “short o bermudas” acabaron,   es la hora de estrenar los pantalones largos, de comportarse como adulto de ponerse el overol del trabajo y dejar de lado el “show mediático y político”, antes que lo diagnostiquen de “incapaz para gobernar el país por loco”.

Algunas iniciativas desarrolladas por el “Crazy Team” tienen problemas de fondo y de forma, son extemporáneas o simplemente debieron ser implementadas luego del tercer año de administración pública. Hay que aceptarlo y recapitular. La conclusión de una de las grandes obras prometidas como el Metro, pudiera representar la eventual continuidad del “Gobierno del Cambio” en el poder más allá del 2014, eso es conocido por los sindicalistas, los poderosos sectores económicos y sobre todo por sus adversarios políticos.

La popularidad es buena para cualquier presidente. “Quien más consulta menos se equivoca”. Se necesita un gobierno dispuesto a actuar, pero también abierto a escuchar y dialogar con todos los sectores. En medio de esta encerrona política y económica que pudiera sumergir en la intranquilidad al país, impera la convocatoria de todos los actores sociales, medios de comunicación social y sociedad en general para crear un frente común contra quienes, pretenden imponer su voluntad por encima de la ley. Paralelamente, se hace necesario cerrar filas contra el desafío del crimen organizado, contra la pobreza y la corrupción, erradicar el clientelismo y la politiquería barata y convertir las promesas de campaña en realidad.

Y Frente a cualquier amenaza de desestabilización, debe prevalecer el diálogo, franco, respetuoso y constructivo, la unidad y la consulta con todos los sectores, por encima de las legítimas diferencias.

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Este artículo se publicó el  16  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Guerra es guerra

La opinión de…

Roberto Arosemena Jaén

Los uniformados del cambio aprueban nueve leyes y la meten como un chorizo en la Ley 30. Lo sorprendente es la doctrina de seguridad que esconde dicha Ley en su artículo 27. La confianza y seguridad de los mandos altos –los que ordenan el uso de la fuerza (ministro y directores de Servicios de Policía)- está garantizada.   Al menos, mientras el Presidente mantenga el poder omnímodo.

La obediencia debida, proscripta desde el juicio de Nüremberg, jamás excusa a quien da la orden superior. Los únicos que pueden alegar “cumplir orden superior” son los subalternos en el ejercicio de su cargo. Ahora, con la Ley 30, ministros y directores de Policía son irresponsables hasta que no termine el juicio penal en firme. Lo macabro de la Ley 30 es aceptar como moralmente bueno el uso injustificado de la fuerza letal o enceguecedora.

Lo injustificado está permitido legalmente, el exceso está aceptado y ni querellas ni lamentaciones podrán conducir a nadie a la cárcel ni a la pérdida de su puesto. Guerra es guerra; es el grito de los uniformados del cambio. Si el delincuente usa la fuerza y mata, el uniformado del cambio puede hacer más, ir más allá y disparar en exceso e injustificadamente, sin preocuparse del resultado.   Es la confianza de poder sacar un arma y usarla. Es lo que dijo un diputado panameñista, al ser aprobada la ley 30 de un manotazo.

Esta actitud de guerra es guerra se refuerza con la manera de sofocar la primera reacción creíble, políticamente, contra la Ley 30. Con esta actitud se conforma el “síndrome de la Ley 30” en base a la experiencia de las protestas de Bocas del Toro.

El Gobierno reconoce la culpa, reconoce el mal manejo de la situación, pide disculpas, proclama la necesidad de dar más información la próxima vez que cometa una trastada, ofrece comida, atención médica y hasta indemnizaciones a los que protestaron. Los uniformados del cambio llegan a dar indicio de su flexibilidad: por 90 días suspenden tres artículos y exigen obediencia al restante articulado.

Mientras tanto, siguen vanagloriándose de su irrespeto al sindicalismo en base a la falsa libertad individual del trabajador. El síndrome de la Ley 30 tira un velo de respetabilidad sobre el engendro de nueve cabezas.   Su interés soterrado es justificar lo injustificable: el uso abusivo de fuerza letal y enceguecedora. El mismo síndrome legitima el terrorismo, el narcotráfico y cualquier forma de conducta irracional y disparatada; ir más allá del ojo por ojo y de la muerte por muerte.  La esencia de la guerra preventiva.

El síndrome de la Ley 30 pone a circular el librito agotado de plata, palo y plomo. A un pueblo desvertebrado y vulnerable hay que llenarlo con brujos, demonios y pesadillas. Todavía hay 53 restos de los asesinados por el Estado panameño entre 1968 y 1989 sin identificar y ya empieza una nueva cuenta.   El monopolio de la violencia, que le dio el panameño bien intencionado al presidente Martinelli, se la dio en base a la Constitución que juró cumplir el 1 de julio del año pasado.

Ricardo Martinelli Berrocal se obligó a proteger nuestras vidas, bienes y honra. Él sabe o debe saber que Panamá no le extendió un cheque en blanco para gobernar a lo bruto ni con brutalidad.   Él, como primer magistrado de la nación, está limitado y restringido por el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Estas son las reglas del juego de una democracia y no el ejercicio de un poder ilimitado como pretende la Ley 30 con el uso injustificado del monopolio de la violencia.

El síndrome de la Ley 30 es el efecto maléfico que los uniformados del cambio se han apresurado a racionalizar para tranquilizar la conciencia del que juró cumplir con la Constitución y proteger la vida y honra de los panameños.   Martinelli debe saberlo: La responsabilidad penal, administrativa y civil, por la manera en que se sofocó la protesta de Bocas del Toro, recaen en su ministro de Seguridad y en los tres comisionados de las Fuerzas de Policía.

Él, como Presidente, y la Asamblea Nacional asumen la responsabilidad política de mantener el engendro de nueve cabezas. Es cierto que el soberano duerme. No se sabe hasta cuándo.

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Este artículo se publicó el 11 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.