Guerra es guerra

La opinión de…

Roberto Arosemena Jaén

Los uniformados del cambio aprueban nueve leyes y la meten como un chorizo en la Ley 30. Lo sorprendente es la doctrina de seguridad que esconde dicha Ley en su artículo 27. La confianza y seguridad de los mandos altos –los que ordenan el uso de la fuerza (ministro y directores de Servicios de Policía)- está garantizada.   Al menos, mientras el Presidente mantenga el poder omnímodo.

La obediencia debida, proscripta desde el juicio de Nüremberg, jamás excusa a quien da la orden superior. Los únicos que pueden alegar “cumplir orden superior” son los subalternos en el ejercicio de su cargo. Ahora, con la Ley 30, ministros y directores de Policía son irresponsables hasta que no termine el juicio penal en firme. Lo macabro de la Ley 30 es aceptar como moralmente bueno el uso injustificado de la fuerza letal o enceguecedora.

Lo injustificado está permitido legalmente, el exceso está aceptado y ni querellas ni lamentaciones podrán conducir a nadie a la cárcel ni a la pérdida de su puesto. Guerra es guerra; es el grito de los uniformados del cambio. Si el delincuente usa la fuerza y mata, el uniformado del cambio puede hacer más, ir más allá y disparar en exceso e injustificadamente, sin preocuparse del resultado.   Es la confianza de poder sacar un arma y usarla. Es lo que dijo un diputado panameñista, al ser aprobada la ley 30 de un manotazo.

Esta actitud de guerra es guerra se refuerza con la manera de sofocar la primera reacción creíble, políticamente, contra la Ley 30. Con esta actitud se conforma el “síndrome de la Ley 30” en base a la experiencia de las protestas de Bocas del Toro.

El Gobierno reconoce la culpa, reconoce el mal manejo de la situación, pide disculpas, proclama la necesidad de dar más información la próxima vez que cometa una trastada, ofrece comida, atención médica y hasta indemnizaciones a los que protestaron. Los uniformados del cambio llegan a dar indicio de su flexibilidad: por 90 días suspenden tres artículos y exigen obediencia al restante articulado.

Mientras tanto, siguen vanagloriándose de su irrespeto al sindicalismo en base a la falsa libertad individual del trabajador. El síndrome de la Ley 30 tira un velo de respetabilidad sobre el engendro de nueve cabezas.   Su interés soterrado es justificar lo injustificable: el uso abusivo de fuerza letal y enceguecedora. El mismo síndrome legitima el terrorismo, el narcotráfico y cualquier forma de conducta irracional y disparatada; ir más allá del ojo por ojo y de la muerte por muerte.  La esencia de la guerra preventiva.

El síndrome de la Ley 30 pone a circular el librito agotado de plata, palo y plomo. A un pueblo desvertebrado y vulnerable hay que llenarlo con brujos, demonios y pesadillas. Todavía hay 53 restos de los asesinados por el Estado panameño entre 1968 y 1989 sin identificar y ya empieza una nueva cuenta.   El monopolio de la violencia, que le dio el panameño bien intencionado al presidente Martinelli, se la dio en base a la Constitución que juró cumplir el 1 de julio del año pasado.

Ricardo Martinelli Berrocal se obligó a proteger nuestras vidas, bienes y honra. Él sabe o debe saber que Panamá no le extendió un cheque en blanco para gobernar a lo bruto ni con brutalidad.   Él, como primer magistrado de la nación, está limitado y restringido por el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Estas son las reglas del juego de una democracia y no el ejercicio de un poder ilimitado como pretende la Ley 30 con el uso injustificado del monopolio de la violencia.

El síndrome de la Ley 30 es el efecto maléfico que los uniformados del cambio se han apresurado a racionalizar para tranquilizar la conciencia del que juró cumplir con la Constitución y proteger la vida y honra de los panameños.   Martinelli debe saberlo: La responsabilidad penal, administrativa y civil, por la manera en que se sofocó la protesta de Bocas del Toro, recaen en su ministro de Seguridad y en los tres comisionados de las Fuerzas de Policía.

Él, como Presidente, y la Asamblea Nacional asumen la responsabilidad política de mantener el engendro de nueve cabezas. Es cierto que el soberano duerme. No se sabe hasta cuándo.

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Este artículo se publicó el 11 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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