Casos, mala administración de la cosa pública

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-La opinión del Abogado…

Alberto E. Fadul N.

El fenómeno es histórico y dentro de un gobierno que promete cambio, especialmente notorio. Vaya usted a ver la operación de cada uno de los tres órganos del Estado.   Las botellas y las planillas.    ¿Sabía usted que en muchos casos se la paga salario a personas que, físicamente, no asisten a desempeñar el cargo por el cual se les paga?   La Contraloría entiende que esto ocurre y no hace nada al respecto. Las razones surgen de una política torcida y sin contemplación alguna hacia el bien común. Así se permite que tan nefasta situación se mantenga en grado tolerado de práctica y costumbre. 

¿Cómo mostrar una forma correcta de aclarar y corregir esta infeliz realidad? Simple, se contratan los servicios de una empresa como la KPMG, para que realice una auditoría al inicio, mediados y fin de cada periodo presidencial.   Sus resultados se publicarían de manera transparente actuándose de consecuencia en cada caso.

Siempre se ha considerado necesaria una sala para asuntos constitucionales.   Más magistrados y suplentes. Otro montón de plata del pueblo para el pago de toda una innecesaria estructura. Me parece más apropiado reorganizar las salas existentes con calendarios rotativos, activando a los suplentes en caso de agraviosos atrasos.   Pero no los jugosos salarios para abogados con apegos partidistas son una manera de compensación apropiada. ¿Risible todo esto o no?

En una democracia efectiva las protestas y la libertad de expresión son fundamentales; sin embargo, reduciendo estos fenómenos propios del sistema, a mero clientelismo, ninguno de los dos está regulado de manera correcta; así, en un país pequeño, donde escasean los espacios, salen a protestar por la libre y cada vez que se les ocurre, afectando derechos de terceros y en algunos casos, muy serios, hasta la seguridad física de las personas con daños a la propiedad pública y privada.

No existe supervisión eficiente y efectiva para el control de ruidos. En el día, por espacio de horas, se dan bailes y música escandalosa en el área de los hospitales con orquesta y enormes bocinas. En la avenida Balboa, atrás de donde quedaba el restaurante Marbella, existe un negocio de tiro al blanco donde se disparan ocho horas diarias, seis días a la semana, ametralladoras de alto calibre y repetición junto a rifles, escopetas, pistolas y revólveres de todo calibre. El ruido es insoportable y ninguna autoridad le pone fin a tal actividad en un área totalmente residencial.

Hay mucho más, la incompetencia es masiva.

<> Artículo publicado el 10  de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

 

La servidumbre del patíbulo

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La opinión de…

Mauro Zúñiga Araúz

Hasta bien entrado el siglo XVIII, a las personas que habían cometido un delito, de las que se sospechaba del mismo o, simplemente, eran denunciadas se les sometía a una serie de suplicios que empezaban por arrancarle la confesión, aunque no fuese culpable, y continuaban por medio de unos rituales –torturadores todos– que se llevaban a cabo o bien en la plaza pública o en el mismo lugar en que habían acontecido los hechos. Se le amarraban sus extremidades a las colas de caballos o se les colocaba en una rueda o se destripaba de a poco o se le quemaba viva, en fin, atrocidades inimaginables en una mente civilizada.

El soberano, el rey o el príncipe, convocaba a la gente para que contemplara el espectáculo, porque un delito representaba una violación a la soberanía del amo. Desde entonces surge el concepto verdad/poder, la verdad del poder.   El poder no es cuestionado. El poder es respetado porque significa la verdad. La presencia del pueblo significa su lealtad al soberano.   La venganza del pueblo se identifica con la venganza del soberano, sobre todo cuando esos enemigos se hallan en medio del pueblo.   El suplicio asegura, al mismo tiempo, la manifestación de la verdad y del poder.

Pero el personaje principal no era la víctima, era el pueblo a quien se le tenía que dar el ejemplo por medio del terror. No era preciso que la gente se enterara, tenía que verlo con sus propios ojos.   El pueblo era el testigo. Ese era el derecho que se cedía el soberano. Todo un privilegio. Había un carnaval. Festejos previos, durante y después.   Se ultrajaba al condenado. Se hacían imitaciones de las técnicas del verdugo.

Pero las cosas no siempre sucedían así. Los filósofos de la historia las denominan “emociones del patíbulo”: la gente quería estar cerca del condenado para escuchar sus lamentos. Un cronista de la época, A. Boucher d’Argis relata lo siguiente: “Si existieran unos anales en los que se consignaran escrupulosamente las últimas palabras del ajusticiado y se tuviera el valor de leerlas, si se interrogara tan solo al vil populacho que una curiosidad cruel reúne en torno de los patíbulos, responderá que no hay culpable atado a la rueda acusando al cielo de la miseria que lo ha conducido al crimen,   reprochando a sus jueces sus barbaries,  maldiciendo el ministerio de los altares que los acompaña y blasfemando contra Dios cuyo órgano es”.

Estas emociones del patíbulo no siempre terminaban en la consumación del crimen.  Hubo revueltas.  Rebeliones.   Y no solo por escuchar esas emociones, sino cuando el pueblo sentía que era injusto el proceso o cuando la pena era demasiado grave por la poca monta del delito.   El poder/verdad se desmoronaba.  La unión del pueblo con la víctima incitaba a la solidaridad y revertía el espectáculo contra los ejecutores. Surgió la figura víctima–héroe y víctima–santos.

Cada víctima tenía que leer el “discurso del patíbulo” en que declaraba la veracidad del delito. Circulaban hojas en las que el ejecutado detallaba su crimen y aceptaba el veredicto, hasta que la gente empezó a sospechar que esas hojas no eran genuinas, por lo que las revueltas ya no eran actos episódicos, sino que se generalizaron, con la precaución de parte del soberano de impedir que las otras ciudades se enteraran de tales protestas. Se empezó a correr el riesgo de que de las ceremonias de los suplicios se fortaleciera la solidaridad, en vez del poder soberano.   Fue por eso, y solo por eso, que se abolió el suplicio.   En vez de aterrorizar al pueblo, lo llenaron de coraje.

Comparto con el lector este importante pasaje de la historia, con la finalidad de que los gobernantes entiendan que la verdad/poder es más frágil que un cristal de Murano.   Que así, como se pasó de la servidumbre del patíbulo a la abolición del suplicio,   la gente, más temprano que tarde, exigirá un rendimiento de cuentas,   un detallado balance de promesas/hechos y una auditoría de los gastos del Estado.   No se puede mentir siempre, ni seguir asaltando el tesoro público como bucaneros de tierra firme.    De continuar con esa política, no vamos a retroceder a la servidumbre del patíbulo sino a contemplar el camino hacia el patíbulo del soberano y su corte.

<> Este artículo se publicó el 6 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Encausemos a los “sin cuenta” ladrones

La opinión de….

VICTORIANO RODRÍGUEZ

El 28 de julio, La Estrella de Panamá titula: “Zar entrará a la Alcaldía Capital”, y definitivamente entrará por una puerta y quizás salga por otra.

Se comenta que entró a investigar una universidad oficial donde presuntamente el nepotismo abunda, los ingresos algunas veces son depositados fuera de fecha, a los cheques de proveedores les salen moho, algunos funcionarios cobran sin haber tomado posesión, los vehículos oficiales son utilizados “discrecionalmente”, y los de placa encubierta pernoctan en residencias de los jerarcas, ocasionalmente utilizados por personas extrañas al gobierno y en periodo de vacaciones los mantienen para su uso personal con combustible, conductor cobrando viáticos, etc. ¡Meras especulaciones por investigar, pero al Zar nada parece preocuparle!

Pasado un año entre aprendizaje y adaptación, la reprimenda al pueblo fue denominada “masacre a la Bocatoreña”.   Algo parecido al 9 de Enero de 1964, pero peor.   Quienes informan expresan que si bien hubo dos muertos por perdigones, también hubo infantes y embarazadas afectados, secuela de los gases lacrimógenos, pero nadie los contabilizó. ¡Al final son solo indios!

Ello hace suponer que el Señor Presidente se equivocó al escoger los “mejores” hombres y mujeres para su gobierno. Se presume que entre parientes, amigos o recomendados lo harían mejor, por eso le es difícil deshacerse de ellos.   Solamente le queda esperar que voluntariamente aprendan a conjugar el verbo renunciar y lo apliquen.

El presidente Martinelli imprime una velocidad que difiere en cantidad y calidad a la proporción de avance o desarrollo de sus colaboradores.   Se desconoce si pisan el freno o conducen en reversa.   Ello nos hace recordar que las auditorías en la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), además de ser necesarias, son obligatorias. Quizás no tengamos sorpresas, pero pudiéramos quedar sorprendidos.

Igual ocurre con el Fondo de Inversión Social (FIS). El cambiar el nombre a Programa de Ayuda Nacional (PAN) puede limitar, olvidar o perder la investigación por malos manejos del FIS, de algunos malos “padres de la patria” por apropiarse de recursos del pueblo.   Si eso no es corrupción, tendremos que dejar de usar el diccionario, pero ¿el Zar dónde está? ¿En qué país vive?   No culpemos a Alí Baba, busquemos y encausemos a los “sin cuenta” ladrones. ¡Dios te salve Panamá!

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Artículo publicado el 5 de agosto de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

CEMIS… el áudito ciudadano

La opinión del Médico y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

ALESSANDRO GANCI C.

Dos años después de los supuestos actos de corrupción durante la aprobación del CEMIS y la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alberto Cigarruista y Winston Spadafora, un grupo de abogados penalistas de diferentes asociaciones de la sociedad civil se reúne y analiza el expediente, tratando de separar los hechos probatorios de la especulación.

Hechos. El legislador Carlos ‘Tito’ Afú, que, al igual que otros legisladores a los que menciona que podían ratificarle, recibió la suma de $6000 a cambio de aprobar el CEMIS y desmiente la afirmación de su colega Mateo Castillero de haber recibido un millón por la ratificación de los magistrados. Posteriormente, los tres legisladores señalados niegan el hecho.

Las oficinas de Martín Rodin y Stephen Jones son allanadas. Se encuentran varios cheques cambiados por terceros, a un monto superior a $600 000 en un mes y medio. Fondos que aducen fueron utilizados en abonos a cuentas de servicios de proveedores o servicios en efectivo. Transacciones no justificadas por documentos contables, según los peritos auditores del Ministerio Público. No se demostraron anomalías en las cuentas de Afú y Castillero.

El procurador de entonces, José Antonio Sossa, ordena investigar las cuentas bancarias de los 71 legisladores y posteriormente emite la vista fiscal 155, solicitando llamamiento a juicio a Afú, Jones y Rodin y solicitando sobreseimiento provisional a Castillero. También solicita a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de los 71 legisladores. El legislador Laurentino ‘Nito’ Cortizo renuncia voluntariamente a su inmunidad y rinde declaración jurada sobre las consultas públicas.

Denegada la solicitud del Ministerio Público, cuatro meses después, por el pleno, que en votación secreta decidió dejar sin efecto todo lo actuado por el procurador Sossa por no contar con autorización previa, no admite tampoco la renuncia parlamentaria de una serie de legisladores del PRD y ordena el archivo del expediente. El procurador presenta un incidente de controversia a la CSJ que lo rechaza por extemporáneo. Según el fallo con tres salvamentos de voto, la CSJ indica que los legisladores gozaban a la fecha de inmunidad parlamentaria, declara válido lo dispuesto por la Asamblea y considera improcedente por sustracción de materia, porque existía un pronunciamiento definitivo por parte del Órgano Legislativo.

Los magistrados Rogelio Fábrega Zarack, Arturo Hoyos y Adán Arnulfo Arjona salvan su voto y aducen que era competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia y no del Legislativo el conocer causas de delitos comunes, ordenar archivos de expedientes y anular acciones del Ministerio Público. El magistrado Hoyos propone además revocar la providencia del procurador y separar en dos procesos el caso CEMIS y la ratificación de los magistrados en funciones. El magistrado Arjona recalca que la inmunidad parlamentaria no recae en el hecho de investigar, sino en la figura del legislador, por lo que no se requiere solicitar el levantamiento de la inmunidad para investigar un hecho punible. Los juristas auditores consideraron el proceso viciado a tres bandas, según su criterio.

El Ministerio Público violó el debido proceso al investigar a todos los legisladores y no solo a los señalados, acumuló dos procesos penales diferentes. CEMIS y Ratificación, competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

La Asamblea Legislativa invadió la competencia del pleno de la CSJ al dejar sin efecto lo actuado por el procurador y más aún ordenar el archivo del expediente. La Corte Suprema de Justicia por su parte subordinó sus potestades al aceptar la decisión del Legislativo, interpretan el fundamento de la CSJ en cuanto al goce de inmunidad parlamentaria por parte de los legisladores no se ajusta, pues, la inmunidad se extiende cinco días después de las sesiones y las investigaciones comenzaron siete días después.

Además, infieren que se debió declarar nulidad parcial y no absoluta, por cuanto los dueños de la empresa, Rodin y Jones, se beneficiaron de la prerrogativa legislativa. Cuestionan además fallas éticas, como el no levantamiento voluntario de la inmunidad, así como que el magistrado ponente del proceso fuera el suplente de uno de los magistrados incluidos en el proceso.

Concluyen que, pese a la acreditación de un hecho punible en el Caso del CEMIS, los procesos se encuentran viciados y que dado que el fallo final de la CSJ tiene efecto de cosa juzgada, no existían al momento del informe (2004) las condiciones para su reapertura. Proponiendo una reforma integral en la escogencia de los magistrados y llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Artículo publicado el 19 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Auditorías al subsidio electoral (II)

La opinión del Primer Sub Secretario Nacional de Asuntos Jurídicos del Partido Molirena…..

Lisímaco Jacinto López y López

Como veíamos demoras en atender nuestra solicitud, por parte de las autoridades electorales, reiteramos las solicitudes adjuntando copias de estas a la Fiscalía General Electoral, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y Zar Anticorrupción.

Resultado:  Silencio cómplice y apatía total.

La única institución que comenzó a actuar fue la Procuraduría General de la Nación que trasladó la solicitud a la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

Con posterioridad y en razón de estos comportamientos de los servidores públicos obligados a controlar este subsidio y a informes de malos manejos de los mismos en mi partido Molirena, interpuse una Querella Penal contra los señores Sergio González y Sergio Peralta, Presidente y Subsecretario General del partido Molirena que dicen haber firmado un Acta de una sesión de una Junta Directiva que sospechosamente se realizó el 17 de junio de 2008, siete (7) meses antes de que se entregaran los subsidios y notariada, dudosamente el 9 de marzo de 2009, nueve (9) meses después, pero que solo los facultan a firmar los contratos que aprobara la Junta Directiva del partido.

Después que el Fiscal Ramses Barrera había llamado a declarar a algunos miembros de partido que manejaron parte de esos fondos y en razón de los cambios en el Ministerio Público, el cambia de opinión y me niega la condición de Querellante, porque aunque he comprobado mi vínculo en el partido y la obligación de la Junta Directiva, de la que soy parte, de usar esos fondos con transparencia; “esos fondos no salieron de mi bolsillo”, por lo que no tengo facultad para querellar, de acuerdo con artículo 2003… Lo único que ya me ha quedado es interponer un Incidente de Controversias, que está por resolverse en el Juzgado 10 de lo Penal, a cargo de 1a Jueza Cárdenas que obligue a seguir la investigación y llevar a los corruptos a los tribunales de justicia.

Este es el segundo acto de corrupción sobre el Subsidio Electoral en el Partido Molirena. En otro juzgado está pendiente de la sentencia de los actos corruptos del año 2005. Me temo que estas inactividades están ligadas con la llamada Fusión con el principal partido del gobierno del cambio.

¿Cuáles serán las consecuencias del no actuar y que queden impones los corruptos? Que la ciudadanía dude de la eficiencia del Subsidio Electoral y clame por su eliminación sin medir las consecuencias antidemocráticas que produzca.

Recomiendo leer el trabajo periodístico de los Licenciados Flor Mizrachi Angel y Carlos Alberto Vargas, publicado el lunes 10 de mayo de 2010, en el diario La Prensa; sobre este tema.

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Este artículo se publicó el  3  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Auditorías al subsidio electoral

La opinión de…..

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Lisímaco Jacinto López y López

El subsidio electoral se creó con la finalidad de democratizar las decisiones en los Partidos Políticos que eran tachados de oligarcas porque en ellos, en los partidos políticos sólo llegaban a los puestos claves y eran candidatizados a puestos de elección popular quienes tenían los medios económicos para financiar sus propias campañas.

Al crearse el subsidio electoral con un fondo que representa el 1% del presupuesto nacional hemos visto figuras nuevas en la esfera partidaria y nacional.

Tan es así que la gran mayoría de la dirigencia de los partidos políticos está constituida por profesionales de distintas ramas que se han atrevido, no solo a emitir opinión sino cambiar la forma de gobernar. Se supone que se acabarían los partidos autocráticos e inclusive contribuiría a la mayor participación popular; pero el manejo dudoso del subsidio estatal en algunos partidos ha conllevado situaciones que la ciudadanía rechaza su eficacia y hasta pedido su eliminación.

El subsidio electoral se divide en dos (2) componentes: el subsidio preelectoral y el subsidio postelectoral. En el período electoral 2009 que acaba de finalizar, el Tribunal Electoral reportó que el 26 de enero se le entregó a los 8 partidos políticos que tenían vigencia B/ 13,480,000.00 a razón de B/ l,685,000.00 por cada partido que han debido ser usados B/l,263,750.00 en actividades propagandísticas y B/ 421,250.00 para convenciones y postulaciones.

Pero nos preguntamos, ¿Los dirigentes de los partidos políticos habrán hecho buen uso de esos fondos estatales? ¿Sí se habrán gastado los dineros en los destinos señalados?

Sólo la auditoría en tiempo puede contestar estas preguntas.

Pasadas las elecciones comencé a consultar los Boletines Electorales, que es el órgano de divulgación oficial del Tribunal Electoral y encontré tres (3) Boletines Electorales donde se publicaba que el Partido MOLIRENA cedía parte de los fondos (B/ 342,100.82) a tres empresas privadas que le “habían confeccionado propaganda”, pero mi sorpresa fue que las Resoluciones de las Salas de Acuerdo del Tribunal Electoral que aprobaban las cesiones de esos dineros señalaban que se “habían presentado las actas de las cesiones de la junta directiva, debidamente notariadas donde se aprobaban esas cesiones”.

¿Por qué de mi sorpresa? Porque yo soy Primer Subsecretario Nacional de Asuntos Jurídicos del Partido MOLIRENA y de acuerdo con los estatutos partidarios, la Junta Directiva del Partido la constituimos 43 miembros y nunca he sido notificado ni citado para ninguna reunión de Junta Directiva y no soy el único sorprendido; la mayoría de los miembros de la Junta Directiva no sabían de lo que les preguntaba porque nadie les informó ni consultó de este procedimiento.

Desde el 29 de junio del 2009 he estado pidiendo respeto de los estamentos directivos partidarios que tienen las jerarquías para tomar decisiones y nuestra solicitud ha caído en oído sordo del Presidente del Partido y del Tribunal Electoral.

Estas solicitudes incluyen la solicitud de áuditos del subsidio postelectoral y a las partidas entregadas del subsidio preelectoral el 26 de enero del 2009. Lo he hecho en base de lo dispuesto por los Artículos constitucionales 41 y 42 sobre “derecho de petición”; el numeral 14 del artículo 98 del Código Electoral y los artículos 132, 133 y 134 de los Estatutos del Partido MOLIRENA.

(Continúa el próximo jueves).

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Este artículo se publicó el  27  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Actuaciones que molestan

La opinión de la Banquera…..

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Lucy de Jaén

Extienden plazo a Fiscalía para que investigue cuentas por el supuesto delito de blanqueo de capitales contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares.

Sin embargo suspenden las medidas cautelares a cinco directivos de la Financiera DMG propiedad del “Rey de las Pirámides”, el colombiano David Murcia Guzmán, quien tiene bienes valorados en más de 5.3 millones de dólares y dinero en cuentas congeladas por tres millones de balboas.    Qué contraste, Dios de todos.

Por otro lado tenemos que la Universidad de Panamá tiene en planilla a un grupo de al menos 22 asesores entre los cuales hay varios que fungen también como profesores. Esto cuesta más de 218 mil dólares anualmente (PA 16.04.10) Pero eso no es suficiente. En la planilla aparecen supuestos líderes estudiantiles con salarios de 364 y 1200 balboas mensualmente.

A mi no me molesta que se les pague bien a los profesores, lo que no encuentro justo es la doble actuación y en consecuencia el mismo plan en ajustes de salarios con tantas personas capaces que no hacen más que caminar porque no tienen trabajo.

De todo esto, yo, como banquera que fui por muchos años, me pregunto qué esperamos para hacer una auditoría no sólo de manejo sino de prestaciones.

Es necesario y muy útil en el manejo de dinero porque se conoce bien lo que se tiene y lo que se malgasta.

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Este artículo se publicó el  28  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.