Polígrafo, ¿es realmente útil en la investigación criminal?

La opinión del Patólogo, Profesor Univiersitario y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

ALESSANDRO  GANCI  C.
concienciaciudadana09@gmail.com

Mucho se ha hablado del detector de mentiras, que es un tipo de polígrafo usado entre otras cosas para procesos de investigación judicial (criminal), ya sea como solicitud de facto del agente de instrucción (fiscal), así como de manera opcional cuando un procesado la solicita de manera voluntaria, basado en el artículo 2123 del Código judicial. Obviamente, esto no es una carta abierta y debe respetarse el derecho a la privacidad, a la intimidad y la presunción de inocencia de los sospechosos.

En términos simples el aparato mide las variaciones de la respuesta fisiológica del cuerpo que se dan como respuesta emocional a una determinada pregunta.

Su validez depende de muchas cosas, primero el nivel del conocimiento de psicofisiología forense del poligrafista. No se trata solo de hacer las preguntas, sino también de cómo, cuándo y en qué forma se hacen. Se supone que una pregunta genera un pensamiento, este una emoción. La emoción, provoca variaciones de la presión arterial, el ritmo cardiaco, la frecuencia respiratoria y el nivel de conductividad eléctrica de la piel, dependiendo de si lo que dice la persona se ajusta a la verdad o no.

Los defensores de la prueba afirman que su capacidad de determinar casos sospechosos es muy alta, entre un 80 a 90%, por lo que es una herramienta valiosa en la investigación.

Si… y… No… Primero. No todas las personas manejan sus emociones de igual manera, lo que ocasiona diferentes respuestas. Una misma pregunta no genera el mismo tipo de pensamiento. Si una persona se siente acosada, bajo un alto nivel de estrés y percibe un ambiente francamente hostil, puede generar una serie de pensamientos paralelos a la pregunta en cuestión, aun sabiéndose inocente.   ¿Y si no la paso?.. ¿me quieren acusar?.. ¿qué me van a hacer?,   y otras muchas.

Las fobias a los espacios cerrados, una naturaleza emocional particular, e incluso algunos medicamentos, pueden influir en falsos positivos. También, en mucho menor grado, se dan falsos negativos. Personas que pueden ‘vencer’ al polígrafo, ya sea por alteraciones sociopáticas cerebrales, que influyen en el nivel de emotividad, como algunos psicópatas o personal entrenado específicamente en técnicas de bloqueo metal (realizar operaciones matemáticas complejas o cualquier ‘distractor’ mental), y control emocional, como en el caso de fuerzas militares especiales y agentes de seguridad nacional dedicados al espionaje o contraespionaje.

Un informe de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, estimó que de aplicarse a una muestra a 10000 personas, de las cuales diez fueran culpables, el resultado más probable es que ocho de éstas serían identificados por el polígrafo como tales, a la vez que serían considerados probables o sospechosos 1598 (casi un 16%) de los inocentes.   Dicho otra manera el 99,6% de los sospechosos son falsos positivos ‘inocentes’ y el 80% de los culpables se detectan.

En resumen, el polígrafo debe ser considerado bueno para diminuir probables sospechosos. Pero NUNCA, por sí solo, para incriminar a nadie. De ahí la importancia de la capacitación criminológica tanto de los agentes de instrucción (autoridades), peritos y agentes encargados de hacer cumplir la Ley (policías investigadores).

Para que un proceso no resulte viciado se necesita absoluta independencia y objetividad del investigador, una preservación adecuada de la o las probables escenas del crimen con la presencia, dependiendo del caso, no solo del investigador sino del representante de la fiscalía, los peritos necesarios que velen por la no contaminación de las pruebas y, sobre todo, una actuación sin prejuicios, buscando las causales probatorias, más que la imputabilidad a toda costa.

‘Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen’, Willy Brand, político alemán.

 

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<> Este artículo se publicó el 30 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/ganci-c-alessandro/

Carga de la prueba

La opinión del Abogado y Docente Universitario….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

En el reclamo sobre la aplicación de la ley hay muchos vericuetos creados por el Hombre y la costumbre. Es ese camino recto del Derecho, que, seguramente, proviene de la irradiación divina y perfecta, pero que se distorsiona con la manipulación de la gente. Si la excelencia es genuina no necesita de reglas que debemos crear para regular cosas que nacen primero, de la exigencia para enderezar entuertos, para emparejar la fuerza o la razón, para alcanzar el equilibrio, o para que cada cual tenga lo que le corresponda. Dicho esto así, parece muy sencillo, pero no lo es.

Debemos probarlo a conveniencia, aun con la cosa cierta. El asunto es que el todo en lo puro, es limpio o natural, pero tampoco en los extremos, lo podemos calificar como impuro, sucio, contaminado, tal vez habrá que diseccionarlo sobre el justo medio para de allí, plantear el juicio de valores, y es aquí donde aparece la Ley como el árbitro, mecida bajo la dirección de un pensamiento cultivado por las reglas para proferir el veredicto que nuestro sistema procesal penal estira a la doble instancia, más los recursos ordinarios y extraordinarios, en una discusión de altura, para recibir dos veces con la sentencia, la respuesta que el régimen legal le ofrece a los particulares.

Esto no quiere decir que con la mencionada saga se pulverizan o desaparecen los inconvenientes, que por cierto abundan en estos menesteres, por aquello de los fantasmas de las imperfecciones, lo que más bien es una lucha de aciertos y constancias sobre lo que deseamos y lo que conseguimos, si la ley es apropiada, y es debidamente analizada y aplicada, sin descontar toda la trayectoria del proceso, con el juicio debido y la legalización apropiada.

Nos vanagloriamos de gozar de ese principio del Debido Proceso, casado con el Principio de Legalidad, para en primera instancia, exigir a la Ley que se cumpla, de acuerdo a lo que está programado en el Código Judicial, sobre los pasos a seguir y a la igualdad de derechos en la discusión particular, sin menoscabar aquellas garantías consagradas en la Constitución, Tratados Internacionales suscritos y nuestra propia Ley: Visto en la práctica, el asunto tiene más ribete moral que legal y ni siquiera gozamos del mecanismo para exigir al paso que se cumpla para la tranquilidad de todos y la salud de la credibilidad de la justicia, que a propósito está por encima de la Ley.

Si somos los ofendidos, tenemos el procedimiento para que de una forma apropiada se pueda derramar nuestra insistencia, en caso contrario y con una contada excepción, es el Estado el que debe probar la acusación, mientas el señalado sospechoso goza de la refulgente aureola del Principio sobre la Presunción de Inocencia, cuyo extremo es el de presumir la culpa, con el agravante de la incomunicación y de la inversión en la carga de la prueba. Esta desviación ha costado mucho sufrimiento, lágrima y vidas.   Mientras avanza la impunidad delincuencial, y naufragan y ahogan las conquistas procesales sobre las garantías individuales y los derechos humanos.

En avanzada y al sur de nuestro Continente, la descomunal delincuencia ha hecho retroceder a la autoridad y para atajarlos han creado jueces y testigos sin rostros, amén de otros actos ilegales como sacos de arena en contención. Nosotros heredamos el testigo oculto, una aberración jurídica trasladada al nuevo sistema acusatorio, cuando en su origen ya fue superado, aunque la espiral de violencia no merma.

Tenemos en Panamá una escasa inversión de la carga de la prueba, como en la calumnia e injuria y en el narcotráfico, más las pruebas para demostrar los hechos que se abanderan en los reclamos judiciales.   Siempre el acusado espera que el Ministerio Público o el querellante y hasta el juez para condenar al justiciable, accionen y practiquen las pruebas de oficio.

En nuestro medio tenemos enjaulado al 60% de los presos sin condenas, un asunto insólito, pero es una verdad de Perogrullo, como lo patentizó el asturiano mencionado por Francisco Quevedo y Villegas.   Y para rematar, nos parece hasta gracioso el inusitado interés mundial por aligerar la población carcelaria con el novedoso implante corporal del brazalete electrónico.   Lo que significa que un interno se resta del recinto carcelario, mientras debe permanecer estrictamente en su casa, con ese aparato eslabonado a un satélite o red electrónica, con el que se monitorea al sujeto. Un asunto en que, si lo analizamos ampliamente, hay una transferencia en la carga de la prueba, puesto que la confianza está depositada en la persona sujeta a perder esa bondadosa facilidad, pero para ahorrar, lo mismo se puede lograr con un BlackBerry.

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Este artículo fue publicado el  8 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

La prueba testimonial

” El interrogatorio empieza con las generales, dirección e identificación y luego la pregunta mágica: ‘¿Explique las razones por la que comparece a esta diligencia?’. La respuesta orientará al interrogador sobre la clase de testigo con el que cuenta.” Adentrémonos en el estudio de este interesante enfoque sobre la “reina de las pruebas” interpretando el siguiente artículo de opinión del Jurista y Docente Universitario….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

Hay tanta ignorancia en estos aspectos sobre la ‘reina de las pruebas’, que es como denominan al testimonio, una sustancia intelectual que libera y encarcela en manos de los neófitos.

Parece que es lo más tangible que tenemos para reconstruir lo ocurrido a través de la atestación independiente del enjundioso o el ignorante.

Es muy importante conocer lo que se genera entre el medio y el interior del sujeto; la captación de lo que ocurre por medio de los sentidos, pero que se extracta en una tridimensión a saber: vista, oído y emociones. Claro que hay una inmensidad de sentidos, como el tacto, la distancia, el gusto, equilibrio, orientación, etcétera, pero es que todo se reduce a los tres primeros enunciados.

Al analizar una deposición o mantener una interlocución, se dilucida el medio que utiliza el deponente para absorber el conocimiento, puesto que lo incluye en la exposición, con expresiones como yo miré, escuche o sentí. De este modo sintonizamos al interlocutor sobre la manera de absorber del medio la información que evaluamos.

La segunda variable importante es el objeto de la interpelación destinada a reconstruir un evento, como nos dice DELLEPIANE: ‘Todas las ciencias reconstructivas suponen, desde luego el conocimiento de lo actual’ (1). Esto es lo que se busca y sobre esto es que se trabaja, pero las demás pruebas deben encajar con la realidad del expediente que se forme. Este mismo autor nos complace al enarbolar uno de los pilares de la Sana Crítica, al determinar la diferencia entre concordancia y convergencia, para establecer lo primero como indicadores y lo segundo sobre las deducciones o inferencias indiciarias. Este es el análisis al que se debe llegar, una vez consensuadas las pruebas, en este caso las testimóniales, sobre el principio de la confirmación (2). Claro que antes aparecen las pruebas determinantes y las excluyentes, que aparecen en los extremos de la evaluación y que lo expresan todo.

Hay que hacer un alto reflexivo para considerar un expediente como la copia de un evento ocurrido y transcrito de tal manera que sea comprensible, de allí aquello del ‘principio de inmediación’, para extractar de los declarantes las manifestaciones no verbales con la que nos comunicamos lo humanos y una gran mayoría de animales.

Visto así, coincidimos en la importancia de las conversaciones convertidas en interrogatorios, sin exceptuar el resto de las pruebas, algunas determinantes, otras excluyentes y el resto de apoyo o relleno para pesarlas con la Sana Crítica, una forma de valorar las pruebas y que una gran colectividad de autoridades desconoce.

Pero es que los testimonios pueden ser a favor, en contra, voluntario, hostil, de percepción de referencia, fidedigno, sospechoso y podemos seguir con las enumeraciones. Lo importante es poder calibrar la amplitud en esta deposición y sus consecuencias, las que deben tomar en cuenta a la hora de valorar las pruebas en conjunto, lo que parte primero por la selección y agrupación, las semejanzas, los contrastes y las verificaciones para entonces cernir y determinar el grado de credibilidad y certeza al momento de decidir.

El interrogatorio empieza con las generales, dirección e identificación y luego la pregunta mágica: ‘¿Explique las razones por la que comparece a esta diligencia?’. La respuesta orientará al interrogador sobre la clase de testigo con el que cuenta.

El artículo 447 del Código Judicial, numeral trece, advierte a quien presida una sobre lo que puede ocurrir con su intervención en la que debe evitar demoras innecesarias, la impaciencia o actitud indiscreta o severa en especial con los nerviosos o temerosos, lo que puede provocar una causa indebidamente presentada o a que no se esclarezcan perfectamente los hechos. Esta misma norma contemplada en el numeral 22, del mismo modo se refiere al juramento a los testigos, en una forma que destaque la importancia y la solemnidad del acto, sobre todo, su obligación de ceñirse a la verdad.

En otra referencia tenemos que históricamente, el testimonio ha sido motivo de serias críticas y de grandes alabanzas (3).   Sostiene este autor que en la antigüedad gozaba de excepcional importancia, en relación a la presunción de la veracidad humana.   Lo que debemos considerar es que una deposición beneficia a una parte, pero afecta a la otra, razón por la que tiene una fidelidad del cincuenta por ciento y para el juzgador mucho más, si tal pieza favorece o perjudica lo que decide con la sentencia.

Sobre este tema, hay una camino largo que pretendemos transitar, en un intento de mantener el interés y la coherencia en la exposición.

(1) DELLEPIANE, ANTONIO. ‘NUEVA TEORÍA DE LA PRUEBA’. EDITORIAL TEMIS. BOGOTÁ 2000. PÁGINA 18.

(2) DELLEPIANE, OBRA CONSULTADA. PÁGINA 89.

(3) MEJIA MARÍN LIGIA Y OTRO LOS RECURSOS: EN MATERIA PENAL Y TESTIMONIO COMO MEDIO DE PRUEBAS. EDICIONES JURÍDICA RADAR. COLOMBIA 1990. PÁGINA 245.

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Este artículo fue publicado el 1 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Reclamando la independencia del juez

La opinión del Jurista…..

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Silvio Guerra Morales

No son pocas las causas, sobre todo las de carácter penal, que guardando relación con casos que han sido publicitados en los medios de comunicación, primordialmente los periódicos, se hallan abultadas conformando cerros de papel y ello merced a que se han incorporado a sus contenidos todas las referencias periodísticas que se han hecho en atención al caso.

Es decir, nos encontramos con un abultado expediente que, al final de cuentas, dispone de noticias aparecidas en los periódicos, videocasetes, grabaciones de intervenciones radiales, etc. ¿Será esto pecaminoso o irregular para la imparcialidad del juzgador y para que éste pueda aplicar la tan necesaria objetividad en la decisión del caso?

Un juez no puede desoír las pruebas. Un imparcial juzgador se atiene a las pruebas. Eso es lo que le manda la ley.  Atenerse, el decisor de un caso, a las publicaciones en los periódicos y marginar las probanzas, que como efectivos medios de pruebas militan en la causa, es violar la ley en cuanto se precisa del debido proceso y dado que éste entraña, incluso, al derecho a las pruebas y éstas, a su vez, sujetas al debido procedimiento probatorio consagrado en la propia ley.

Sin embargo, siempre es bueno que el juzgador pondere la veracidad de la información divulgada en un medio de comunicación frente a las pruebas del proceso.   Motiva, en principio, el contenido de la noticia el principio de que hay que dar a conocer los hechos de un determinado acontecimiento, pero tampoco podemos soslayar que, en no pocas ocasiones, puede existir o mediar la maledicencia o la perversa indisposición del medio hacia el sujeto que ocupa los titulares en la noticia, este es quien aparece como sindicado o acusado de algún ilícito penal –delito-.

De allí que el juez siempre debe ser objetivo y para ello requiere competencia objetiva y subjetiva. Esta última entraña la verdadera independencia del juez: en el plano moral, político, económico, social, sin que ninguna fuerza o escenario pueda cooptarlo o neutralizarlo en su sagrada misión o tarea de “hacer justicia” y de ejercer los contenidos de la jurisdicción como atributo esencial del Estado de Derecho.

Finalmente, no podemos dejar de señalar que merced a la labor de muchos periodistas investigativos, muchos casos que se encontraban, en apariencia, ajenos al ojo y a la inteligencia del juez, fueron puestos de manifiestos y descubiertos ante los tribunales.

Solamente reclamamos la verdadera independencia de los jueces y el respeto del debido proceso para todo ciudadano y ciudadana de esta nación.   Nadie es culpable hasta tanto no se le pruebe, en un juicio público y en el que le hayan sido respetadas todas las garantías procesales, constitucionales y legales, su culpabilidad y que la sentencia que así lo diga haga tránsito al efectivo caso juzgado.

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Publicado el 29 de enero de 2010 el Panamá América Digital. a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Percepción y pruebas: investigar y certitud

La opinión del Abogado……

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Alberto E. Fadul

La clara oscuridad del actuar, inefectivo, de acuerdo con los elementos del título y otros, engendran y fortalecen la impunidad. La historia de los últimos 40 años así lo ha demostrado.

El descaro de funcionarios, en variados peldaños administrativos, dentro y fuera de los tres poderes del Estado, involucrados en acciones de enriquecimiento ilícito, es vergonzoso.

La inacción o lentitud en el impulso del Órgano Judicial, desde la Corte Suprema hacia abajo, descartan la transparencia en todo su actuar.   Cada vez que se mencionan los “peces gordos”, el silencio, la ausencia de acciones firmes o la planificada lentitud de los actos investigativos y procesales quedan, asfixiantemente, demostrados.

Extiendo mis atrasadas felicitaciones a los medios escritos de comunicación que, con demostrada valentía y capacidad investigativa, han puesto al descubierto, año tras año, situaciones vergonzosas que demuestran la complejidad que conlleva el actuar corrupto;  sin embargo, las argucias de los mecanismos descarados, cuando se investigan, no resultan tan efectivos como los corruptos planificaban sus denigrantes acciones.

En muy pocas ocasiones, los eslóganes de campaña se acercan tanto a la verdad:   “Funcionarios que entran pobres y salen millonarios” (parafraseando).

Asombrosa la cantidad de tontos útiles, funcionarios de Gobierno y de algunas instituciones del sector privado, que prestan sus cargos como garantes de la corrupción y protegen la impunidad.   Sus excusas en los medios son risibles.

La arrogancia de quienes, descaradamente, muestran sus mal adquiridas riquezas, siempre con unas excusas inadmisibles e irreales, expresadas de forma despreciativa, demuestran lo poco que les importa la pobreza de los demás o de los que nada tienen, es impresionante.

Así es el espíritu mafioso de estos seres que están lejos de entender o siquiera aceptar que su ilícito enriquecimiento afecta y empobrece más a la mayoría de nuestra ciudadanía.

Qué lamentable es la desesperanza que genera la pobreza unida, en ocasiones, a la ausencia de conocimiento, lamentablemente afectada por una cruel política populista, repleta de falsedades: pérdida de la soberanía, los “yeyesitos”, el sector privado no paga impuestos, la pobreza parte del abuso de los ricos empresarios que pagan salarios de hambre, etcétera, permite, inauditas reelecciones y la querencia de personas que, definitivamente, no se lo merecen. ¡Qué engañada está gran parte de nuestra ciudadanía!

Como si los falsos políticos, altos funcionarios, conocidamente corruptos que han convertido nuestra institucionalidad en su banca personal, fuera de otorgar algunos puestos mal pagados a sus adeptos, les interesase una patria más equitativa.

Señor Presidente del cambio, hay mucho por hacer y muchos por castigar, vía una justicia cierta.   No permita que su periodo haga perseverar la impunidad de los corruptos.   Los cambios integrales de nuestra Constitución son vitalmente necesarios.

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Publicado el 19  de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre un fallo de la Corte Suprema

La opinión del Abogado….
IRVING DOMÍNGUEZ B.
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Sobre un fallo de la Corte Suprema

Cuando se propuso y aprobó la Ley 23 de 2001 uno de su objetivos era lograr la agilización y, por ende, la reducción de la mora, de los proceso civiles existente en ese estadio de la vida judicial nacional, de allí que muchas de las figuras que allí se insertaron estaban orientadas a la simplificación de trámites, reducción de los términos existentes y búsqueda de métodos de comunicación judicial ágiles y efectivos.

Una de las principales reformas al procedimiento consistía en la apertura automática del término de presentación de pruebas para los procesos ordinarios, los cuales constituyen el grueso de las causas civiles, con lo cual se eliminaba la famosa providencia emitida por el tribunal de la causa, con la cual se señalaba el inicio de esta fase del proceso.   Esta reforma señala que quince días después de culminada la etapa de traslado de la demanda empiecen a correr los cincos días para presentación de pruebas y de allí en adelante los restantes plazos procesales.

Sin embargo, se producía una interrogante en el caso de que el demandado o reconvenido (contra demandado) renunciaran al resto del término de traslado, ¿debía iniciar al día siguiente, a esta renuncia, el término automático o se contabilizada esté al finalizar el término de traslado independientemente a esta renuncia?   La respuesta por parte de la mayoría de los jueces y tribunales superiores a nivel nacional había sido que dicha renuncia, al término de traslado, no afectaba el término automático de pruebas y que se debía empezar a contabilizar el mismo a partir del último día del término total de contestación.

Mi criterio sobre el tema siempre fue que esta interpretación, hecha por los jueces y magistrados de tribunales superiores, contradecía el norte pretendido por la Ley 23 de 2001, agilizar las causas civiles y que, una vez renunciado total o parcialmente el término de traslado, el cual es independiente, automáticamente al día siguiente se abría la etapa probatoria con sus consecuentes fases.

Esta disimilitud de criterios ha sido zanjada con un reciente fallo emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ante una acción de amparo de garantías constitucionales y en donde los magistrados de forma unánime consideraron que se había violado el debido proceso, al admitir pruebas fuera de término y coincidir con el criterio que he expuesto en líneas anteriores.

Dijo la Corte en el fallo que “? si la parte renuncia al resto del término de traslado lo lógico y siguiendo los objetivos de la ley modificadora es que se agilice el proceso iniciando a contar los quince (15) días para el término de pruebas al día siguiente a partir del cual se anuncia la renuncia ” (Apelación dentro de la Acción de Amparo propuesta por Econo-Finanzas S.A. contra el Juzgado Undécimo del Circuito Civil de Panamá).

Este fallo entra a uniformar criterios en esta materia tan discutida y en donde se asumieron posiciones contrarias a la ratio legis de la Ley 23 de 2001.

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Publicado el 17 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Falta legal de voluntad

Falta legal de voluntad

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CARLOS AUGUSTO HERRERA

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Existe la intención de fomentar cambios en la Ley Penal, pero eso lo podemos lograr de inmediato sin variar el procedimiento.

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Si aplicáramos la Ley como está, otros serían los resultados. Lo que preocupa es que prevalezca esa falta de voluntad y se transmita al nuevo Sistema Acusatorio, anunciado con una procesión de elogios, pero con un enfoque equivocado al problema.

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Si nombramos a los jueces de garantías, en vez de aplicar el nuevo Código por sector para que la novedad se asimile en toda la República y luego, el cambio total en el procedimiento, sería mucha más provechosa.
Hace poco dispusimos aumentar las penas en hasta 15 años. Antes el máximo era 20 años, ahora es treinta y cinco años. ¿Dónde están las cárceles para toda esa gente?

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Los centros penitenciarios ya están sobrepoblados y si de verdad vamos a mejorar el sistema para investigar los delitos y procesar a los responsables, habrá que construir más del triple de las cárceles. Si sumamos y restamos los homicidios que se comenten, los que se resuelven y las audiencias que se realizan, jamás nos pondremos al día.

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Tenemos que variar la competencia en los homicidios dolosos a nivel de circuito y que el Tribunal Superior se dedique a las apelaciones y otros proceso especiales por aquello de la doble instancia. Si por ejemplo, la división política territorial la adaptamos a la judicial y Chilibre, que pertenece a Panamá, tiene al lado a San Miguelito, que es otro circuito, pero se puede instalar un juzgado penal y una fiscalía de circuito, para que trabajen los casos con mayor facilidad, si lo que queremos es atacar el problema en el mismo lugar.

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Con la aplicación del nuevo Código Procesal en este Distrito Judicial, que abarca desde la frontera con Colombia, a los límites con la provincia de Coclé, (Panamá, Colón, Darién y la Comarca de San Blas). ¿Qué esperamos para construir un Tribunal Superior en Colón? Si estos asuntos no se resuelven en la forma, menos se podrán solventar en el fondo.

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Los procesos contra los servidores públicos, puede leer en el Artículo 2467 del Código Judicial: “El que promueva querella por delito o denuncia de la clase a que se refiere el Artículo 2464, deberá acompañar la prueba sumaria de su relato. En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo. Para efectos de este Artículo se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido”. Lo que hace es archivarlo con la primera opción.
Esta norma ofrece alternativas sobre la prueba sumaria como apreciamos: “En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo”.

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Es el instructor quien debe valorar la denuncia o querella, para escudriñar ese otro medio cualquiera, hasta lograr la recepción de la prueba. Claro que para ello se necesita la voluntad, para interpretar y aplicar la Ley, no en ese sentido literal, más bien con el entendimiento, con la formación, con el verdadero sentido hermenéutico con el que se debe valorar en derecho. Lo otro es que resulta cómodo para el juzgador medio interpretar la pauta.

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Publicado el 5 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el credito que les corresponde.