El poder de la firma presidencial

La opinión de…

Ramón Barreiro

¿Puede el Presidente vender a un ciudadano como esclavo? Hace poco, La Prensa publicó en portada que el 44% del territorio nacional está potencialmente afectado por concesiones mineras. La cifra es preocupante, no sólo para el medio ambiente, sino también para las personas que viven en el país.

¿Es posible que con estas concesiones no se pase por encima de los derechos de miles de ciudadanos de este país? Nos referimos a derechos relacionados con las tierras afectadas por las concesiones, derechos de propiedad (tenencia, uso, explotación) titulados o no –ya sabemos que el Gobierno considera que lo no titulado es propiedad del Estado, así que parece que de partida no preocupa mucho garantizar la propiedad de los ciudadanos.

¿Qué es lo que busca un Gobierno concesionando las tierras de un país? Aumentar sus rentas. El Gobierno obtiene sus rentas primeramente de los impuestos a la producción. Entonces, lo que nunca hace el Gobierno es calcular sus gastos en relación con sus rentas.

No, los gastos se calculan de acuerdo a nociones vagas como el desarrollo, la equidad, o cualquier término políticamente rentable (¡también hay rentas políticas!). El resultado de siempre es que las rentas no alcanzan y el endeudamiento tiene un límite, por difícil que se crea que es encontrarlo. En consecuencia, los gobiernos se encuentran en una constante búsqueda de nuevas rentas, y concesionar recursos que no pagan rentas es una medida fácil y rápida para mantener el constante crecimiento del Estado.

Un recurso que puede concesionarse tiene la única característica de que no paga las rentas que desea el Gobierno. No importa si produce algo, o si tiene dueño; incluso es posible que pague alguna renta, pero que la renta resultante de una posible concesión sea mayor. El administrador de rentas debe buscar la forma de traspasar la mayor cantidad de recursos posibles al régimen rentista: esa es la naturaleza de la política y el cometido del Gobierno.

La situación minera me recuerda las concesiones del comercio trasatlántico de esclavos.  Las monarquías absolutistas europeas, en su constante búsqueda de rentas, otorgaban concesiones a colaboradores privados para explotar las colonias.

Las colonias africanas presentaban una dificultad: no podían gobernarse. Entonces, no podían extraerse rentas de ellas. La solución fue simple, si la producción no podía ser objeto de rentas, entonces, las personas sí podían serlo: el recurso a explotar era el ser humano.

Los reinos tribales de África secuestraban a las personas y las vendían a los concesionarios coloniales, que de esta forma cobraban las rentas debidas por los “súbditos africanos”, y luego las vendían a su vez a los concesionarios de las rutas esclavistas trasatlánticas, que también pagaban rentas a los monarcas.

Todo el problema presente de rentas pasa por llevar al máximo la extracción de recursos a todos los negocios presentes y “probables” que se lleven a cabo en Panamá.   Resulta ser que la mayor parte del país no es productivo, porque es rentista del gasto público, pero posee recursos que podrían producir rentas al gobierno, para que este a su vez sostenga su clientela política.  ¿Cómo es posible que vivamos en este escenario de explotación?

Resulta que nuestra Constitución, luego de declarar en el artículo 282 que las actividades económicas corresponden a los particulares, lo explica muy bien diciendo a continuación que “el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará (!) o creará (!)”. Parece que, después de todo, el Presidente sí tiene la potestad de vendernos como esclavos… Al final el recurso a explotar es el ser humano.

<> Artículo publicado el 13 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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