¿Cómo hacemos para controlar a nuestros hijos?

La opinión de…

Alejandro Tejeira Ramos

Muchos padres de familia estamos preocupados por el comportamiento, rendimiento escolar y futuro de nuestros hijos.   Hace poco acudimos a recibir las calificaciones correspondientes al segundo bimestre, las cuales no fueron muy halagadoras, las más bajas, por lo general, corresponden, a las asignaturas de español, matemáticas e inglés.   Como acudientes, cuando comparecemos a este tipo de eventos, interactuamos con los profesores y demás acudientes, y es cuando escuchamos infinidades de comentarios, por ejemplo: que existen estudiantes especiales que están rehabilitando, por decir algo cuatro asignaturas y en todas están fracasados; regulares que de once asignaturas están fracasados en diez, otros sin notas, porque asisten al colegio, pero no se apersonan a sus respectivos salones. Algunos profesores manifiestan que no se atreven a llamarle la atención a los estudiantes por temor a represalias. Ya no sabemos cómo educar, ni qué hacer para que nuestros hijos mejoren sus calificaciones. 

En nuestra opinión son muchos factores que inciden negativamente en el desempeño de los estudiantes, entre ellos personas que son elevadas a la categoría de profesores de inglés, solo porque dominan una pizca de ese idioma, al igual que profesores de matemáticas graduados, que pareciera que tuvieran conflicto de intereses con los estudiantes, ya que su consigna no es enseñarlos, sino fracasarlos, para alimentar su ego. Si bien es cierto, nuestros hijos son nuestros y los únicos responsables de su educación y comportamiento somos nosotros, pero nos preguntamos todos los padres, ¿Cómo hacemos para controlar a nuestros hijos?, si no contamos con la autoridad necesaria para hacerlo?

Hace poco, en las noticias presentaron a unas estudiantes quevenían en un bus, supuestamente de la playa en horas de clase, entrevistaron a varias personas y todos coincidieron, en que la culpa era de los padres, nos indignamos al oír esos comentarios, porque ¿Cómo hacemos los padres, para llamarle la atención a nuestros hijos, sin que nos acusen de maltrato?, ¿Cómo hacemos para impedirles que lleguen y salgan de la casa a cualquier hora?, ¿Cómo hacemos para obligarlos a estudiar, cómo hacemos si existe un Código de la Familia al cual todos como padres, estamos subordinados?

Los pocos padres que todavía podemos controlar a nuestros hijos, somos muy afortunados, por lo cual debemos darle gracias a Dios y rogarle, para que nunca permita que vuelvan a nacer personas malvadas, con pensamientos e intenciones similares, a los que crearon el Código de la Familia.

<> Artículo publicado el 30 de septiembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Ahora le toca a los niños y niñas.. estar en las aulas

La opinión de la Ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia…..

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ESMERALDA E. AROSEMENA DE TROITIÑO

Sin embargo, hoy a nuestros niños y niñas de 12 y 13 años, el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, las autoridades responsables de este grupo de la población panameña (llámese Secretaría de Niñez, Desarrollo Social, Educación, Salud, Justicia, etc.) y, lamentablemente, muchas familias y otros importantes grupos de nuestra sociedad civil organizada han decidido o consentido que a estos niños y niñas ahora les toca someterse a la rigurosidad del proceso penal, y se les puede exigir responsabilidad penal, en vez de asumir nosotros, como adultos, la responsabilidad de hacer valer su derecho a la educación y formación (art. 29 de la CIDN).

Lo que se nos ha olvidado es que lo que Ahora le toca a nuestra población menor de edad, en especial al grupo de la niñez (entre 9 y 13 años cumplidos, que son unos 392,468 como estimación a julio del 2009), es demandar el cumplimiento de todos sus derechos, a aquellos que, como autoridades, son responsables y que tales derechos están consagrados en la Constitución Política, en el Código de la Familia, en la Ley 40 de 1999 con sus modificaciones, junto a los múltiples compromisos de cumbres, acuerdos, objetivos, reglas, tratados, convenios y toda especie de responsabilidades (que no se atienden) y que a nivel internacional hemos adquiridos todos los y las panameñas, porque así lo asumen los gobiernos; debiendo preguntarnos ¿con qué propósito se firman?

Pero hoy, con asombro, la realidad sigue siendo otra, nadie le exige a las autoridades que cumplan con el ordenamiento jurídico vigente, pero hoy sí les exigimos a estos niños y niñas que asuman responsabilidad penal por sus actos.

Mi llamado a los y las ciudadanas, —por lo que el concepto ciudadanía significa—, para que demandemos lo que a esta población ahora le toca. Les corresponde estar en las aulas de clases, en la escuela primaria, para alcanzar, como país, la enseñanza universal: uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Ni uno solo de estos niños debe estar en las calles, realizando estrategias para sobrevivir o en explotación, maltrato, abuso y con sus derechos omitidos, amenazados o violentados; como lo muestran las estadísticas nacionales, más de 85,000 trabajan o buscan trabajo, y casi 7000 requieren de la Protección Judicial y otro número importante muere antes de que cumpla los cinco años, en desnutrición, solo por mencionar lo que nos impacta, es decir, esa población que hoy las autoridades consideran que deben ser sometidas a procesos penales.

Y que para llamarnos a la reflexión, también de acuerdo a las cifras, (datos que implican elementos serios para obligarnos a respetar derechos y establecer criterios científicos en las respuestas) el número que se registra en los juzgados de niñez y adolescencia, para el 2008, no suma 400 niños y niñas involucrados en conductas delictivas propiamente tales, y ni qué decir de su participación en delitos graves.

La gran pregunta es, ¿no somos capaces como país de dar las respuestas que nuestras leyes señalan, ni siquiera a este grupo de niños y niñas que requiere de los planes y programas que ya están elaborados en sendos documentos de gobierno y de instituciones?  ¿No podemos cumplirlos?

Todos y todas, estoy segura, tenemos la respuesta. Cuando se tiene autoridad se asume responsabilidad, que bien entendida en el idioma español, significa, habilidad para responder.

El tema de la justicia y los derechos de las personas menores de edad, requiere una atención integral, no solo se trata de investigación y juzgamiento, sobre todo requiere la perspectiva de las políticas Públicas de protección y defensa de los derechos de este grupo de la población, que la sociedad panameña considera, y lo ha establecido en su ordenamiento jurídico, como su bien supremo, su garantía para la democracia, la solidaridad, la convivencia pacífica y nuestro destino de nación. Esto exige niveles óptimos de ejecución de las leyes vigentes, según el artículo 17 de la Constitución por parte de las autoridades, instituciones y sociedad.

Justificar las modificaciones a las leyes vigentes, argumentando seguridad ciudadana, es reconocer que no tenemos la capacidad suficiente para cumplirlas y que no asumimos las responsabilidades que esas leyes nos imponen; y que son producto de nuestros órganos del Estado; y que además datan de hace más de una década, —Ley 40 de 1999 y las consagradas en el Libro III del C. F. 1994.

La experiencia en este ámbito legislativo, es que se responde con la rebaja de la edad penal, el aumento de las penas o la privación de libertad como única respuesta frente al tema de incremento de la delincuencia, atendiendo reacciones y no con razones ni con la Ley.

Hoy, se reafirma lo que los expertos en el tema han denominado, el Síndrome de las tres IES. En La omisión, violación y amenaza de los derechos fundamentales de las personas menores de edad. Esto se debe a actitudes de ignorancia, insensibilidad o intencionalidad en menoscabar o ignorar derechos.

Esto no es aceptable en una sociedad que quiere ser justa y democrática.

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Artículo publicado el 18 de marzo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

Ese chiquillo…

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La opinión del Periodista – Administrador….
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Avelino Sánchez G.

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De esta manera se expresaba un padre de su hijo, al ser cuestionado por el pago de la pensión alimenticia, situación que dejó mucho que decir del personaje en cuestión.

Se puede definir pensión alimenticia como aquel derecho de todo menor para poder subsistir.

Según datos estadísticos se estima que en el año 2006 se manejaron 36,419 peticiones de alimentos; en el año 2007 se tramitaron, 37,794 casos; en el 2008 fueron 33,931 solicitudes; y en lo que va del año en curso constan, 24,351 peticiones en trámite.

La Constitución Nacional, en sus artículos 56 y 59 señala, respectivamente, que en cuanto a la familia, matrimonio y la maternidad, el Estado protegerá y garantizará la salud física, mental y moral, la alimentación, la educación, la seguridad y previsión social; por su parte los padres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos a fin de procurar una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual.

La Convención de los Derechos del Niño en el artículo 27, sostiene que los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a vivir una vida digna y moral; y a los padres le competen esa responsabilidad.

Salta a la vista que la Constitución Nacional, como la Convención de los Derechos del Niño, son claras al definir que los padres tienen la obligación alimentaria para con sus hijos, por consiguiente, ninguna otra obligación lo releva de esta responsabilidad.

El Código Familia, ente que regula todo lo relacionado a la familia, señala en el artículo 319 que la patria potestad con los hijos o hijas comprende los deberes y facultades de velar por su vida, salud, departir de su compañía, suplir sus necesidades afectivas, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral; corregirlos razonable y moderadamente; y representarlos y administrar sus bienes.

También, en el artículo 377 dispone que corresponde a las posibilidades económicas del obligado a darla y esta comprende suministro de sustancias nutritivas o comestibles, atención médica y medicamentos; necesidades de vestido y habitación; y la obligación de proveer los recursos para una instrucción elemental o superior o el aprendizaje de un arte u oficio, aun después de la mayoría de edad hasta un máximo de veinticinco (25) años, siempre en provecho en cuanto a buen rendimiento académico.

El artículo 381, advierte que la cuantía de los alimentos no puede ser mayor o menor al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe.

En caso de desacato o evasión los artículos 807 y 811, manifiestan que para el cumplimiento de la prestación de alimentos, el juzgador puede ordenar el descuento directo del salario del obligado; secuestro de bienes; e impedir la salida del país al obligado”; y por desacato se sancionará al obligado hasta con treinta (30) días de arresto.

Se debe concluir, que la pensión alimenticia es una obligación de quien tiene que darla y el hecho que se tengan otras obligaciones no lo exime de ella; y para su cumplimiento hay medios coercitivos para hacer cumplir este derecho que garantiza la Constitucional Nacional.

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Publicado  el  16 de diciembre  de  2009 en  el  diario  El  Panamá  América, a   quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que le corresponde.

La infancia en primera plana

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La opinión del Periodista y Docente Universitario…..
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MODESTO  A.  TUÑON  F.
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La ninfa marina Tetis tomó a Aquiles por el pie y lo sumergió en el río Estigia con la finalidad de que fuera inmortal. Las mágicas aguas le hicieron inmune en todo su cuerpo, salvo en aquella donde hubo la presión de los dedos maternos: en el talón. Fue allí, en ese punto vulnerable donde entró la flecha que al final del sitio de Troya, le lanzó Paris para hacer sucumbir al más valeroso de los mirmidones y por tanto, de la tropa invasora aquea.

Nuestras debilidades infantiles suelen acompañarnos hacia la vida adulta. Estas angustias nos persiguen internamente para afectar la personalidad y existen factores externos que contribuyen a ello. Se dice en la mitología griega que Apolo susurró a Paris sobre la vulnerabilidad casi innata de Aquiles, para que orientara su arco hacia la extremidad del héroe.

El Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia rescata esa trascendencia de la vida infantil y destaca cómo afloran en el individuo aquellos sentimientos que se inculcan en esa etapa de la vida; “ No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependerá la supervivencia, la estabilidad y el progreso de las naciones y, de hecho, de la civilización humana ”.

Es por ello que resulta de suma importancia el acuerdo firmado por el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que estimula a los medios de comunicación panameños para que se abstengan de divulgar la identidad de niños y niñas que padezcan cualquier tipo de agresión o acciones que puedan dejar marcados su espíritu o conciencia.

Esa declaración, inspirada en la Convención Universal de la Niñez, tiene la perspectiva que su cumplimiento hace que la infancia se libre de ser convertida en un sujeto de especulación informativa, en producto de consumo mediático. Esta práctica satisface por lo general intereses mercantiles, pero deja huellas indelebles en ese individuo que crece y se desarrolla.

La propia Convención establece que los “ medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la difusión de información destinada a los niños, que tenga como fin promover su bienestar moral, el conocimiento y la comprensión entre los pueblos, y que respeta la cultura del niño ”.

De igual manera destaca este documento que los Estados deben elaborar directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones que explican aquello que les afecta.

En Panamá, casi todos los intentos anteriores por convertir estas ideas en política de Estado se encontraron imposibilitados de cristalizar por acciones de diferentes intereses.  El Código de la Familia, por ejemplo, debió atrasar su vigencia, porque se dedicaron varios artículos a desarrollar estas propuestas, lo que en ese momento no satisfizo a los empresarios de los medios de comunicación, algunos de ellos diputados.

Este conjunto de intereses logró extraer los artículos aludidos de la disposición que fue promulgada con la eliminación de toda referencia a los medios de comunicación y la responsabilidad de ellos.

Más de una década de vigencia del Código de la Familia no ha impedido que las primeras planas e importantes espacios periodísticos se hayan ensañado con todo tipo de información donde los rostros de menores protagonizan, a veces de manera insana y morbosa, una agenda noticiosa sin que los familiares y los propios afectados puedan hacer algo para evitar esta lesión a la personalidad de aquel que necesita curar las heridas físicas y morales.

La Resolución 019 de 11 de noviembre del Comité de Ética del CNP establece que “ Los niños, niñas o adolescentes tienen dignidad como seres humanos, así como derecho al honor, intimidad, vida privada, imagen e integridad física ”. Esta es una trascendental declaración, que se consigna también en el Código de la Familia, pero que resulta difícil comprender para muchos sectores.

En el contexto de estas ideas, la resolución establece que las informaciones que tratan de niños, niñas o adolescentes en riesgo deben evitar revelar la identidad de éstos. Su anonimato requiere mantenerse, con la finalidad de preservarles de cualquier efecto o impacto que les pueda dañar en el futuro.

Si los medios de comunicación locales logran respetar este acuerdo sin necesidad de que se les recuerde, reitere o sancione, se habrá dado un salto cualitativo en la comunicación social panameña. A menudo, los grupos empresariales que detentan el sistema informativo son reacios a cualquier disposición que, según ellos, impida el libre flujo noticioso.

Sin embargo, para alcanzar un nivel tal, es necesario un alto grado de responsabilidad, concepto que en la norma constitucional está ligado a la noción de libertad de expresión. Y es esta dimensión la que verdaderamente caracteriza una prensa libre en cada uno de sus componentes.

Esto abre también una nueva veta relacionada con formas más creativas de elaborar contenidos dirigidos a la infancia y juventud, que implica una nueva forma de concebir a ese grupo social, cuya vulnerabilidad debe merecer una atención del resto de la sociedad.

La infancia y juventud no son piezas de un mercado de la comunicación social; por el contrario, son motivo de inspiración para una construcción creativa del futuro de la sociedad.

Cada una de las piezas, notas, reportajes o programas que se conciban desde esta perspectiva, reconstruye socialmente a niños y jóvenes para ayudarles a comprender mejor la realidad y convertirles en actores más responsables y con un alto sentido de ciudanía.

Ojalá estas medidas estimulen acciones semejantes con la noción de mujer y ella deje de ser un objeto de consumo en los medios de comunicación del país.

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Publicado el  2 de diciembre en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.