Dicen que viene la cosa

La opinión del Abogado y Profesor Universitario…

CARLOS AUGUSTO HERRERA
cherrera255@hotmail.com

El nuevo Código Procesal Penal pletórico de garantías procesales, está a la vuelta de la esquina, dicen que con más ventajas que el que está en boga, cercenado por una equivocada aplicación tradicionalista, preñada de ignorancia por desalmados empíricos, educados o mal educados, pero seguimos con la lucha para corregir los excesos por el desabrigado tratamiento del Ministerio Público a las partes por ese abultado poder y el desmesurado abuso inquisitivo, abanderado como un estandarte abrumador, como concepto que se reduce a inquirir, indagar, investigar profundamente algo, pero el pecado está en que su aplicación se convierte en una actividad exagerada que raya en lo déspota, total esto proviene de la Santa Inquisición entorchada por las iglesias católica, luterana y calvinista dedicadas a combatir las herejías con la inmolación de los pecadores, con la equivocada concepción de que se expiaban los pecados en las piras públicas.

Nos dicen que con el nuevo sistema se emparejarán las cargas y quienes tomarán las decisiones jurisdiccionales serán los jueces de garantías, ya el Ministerio Público no podrá detener ni ordenar actividades que rayan en abuso. Por ejemplo, un allanamiento legal de morada es un asunto delicadísimo que se debe aplicar por excepción, luego de comprobar que es imprescindiblemente necesario (estado ideal), pero en estos momentos se ha convertido en una regla común que la Policía utiliza a los corregidores y jueces nocturnos o el propio Ministerio Público,  que poco interés le toman a las consecuencias legales y morales y mucho menos a los derechos humanos (estado real). Esta es nuestra realidad nos guste o lo contrario.

Vale la pena que analicemos el artículo 17 del nuevo Código Procesal Penal, el cual se refiere a la validez de la prueba. Aquí empieza a exigir que para que tenga el valor legal debe ser obtenida por medios lícitos y practicada por organismos jurisdiccionales. Ya sabemos que los funcionarios del Ministerio Público no encajan en este propósito de la norma que comentamos, entonces todas estas actividades se tendrán que realizar ante los jueces.

El artículo sataniza a las pruebas obtenidas por medio de torturas, amenazas o violación de los derechos fundamentales de las personas. La otra cuestión es que niega las pruebas obtenidas por información que se origine mediante un procedimiento o medio ilícito.

En la actualidad tenemos unas extravagancias que consisten en recibir informaciones anónimas que transcriben los investigadores en escuetos informes, pero que la dan tal fuerza legal que involucran a cualquiera y lo llevan al proceso y los fiscales los sindican y los jueces abren causa y hasta los condenan.

El artículo 922 de nuestro código Judicial reza de la siguiente manera: ‘No hará fe el dicho del testigo si resulta que no ha declarado de sus propias y directas percepciones, salvo los casos en que la ley admita declaración sobre el conocimiento formado por inferencia; pero en este caso se deben expresar los fundamentos de ésta’. Lo anunciado sobre ese indicio telefónico no tiene sentido, si en el universo probatorio no se mezclaron el caudal y es cuando se debe inferir, con base a la sana crítica, para poder determinar la probabilidad de la implicación. Lo cierto es que los fiscales detienen provisionalmente y empieza el calvario de días, meses, años hasta que resultan absueltos. Esto pasó con tres audiencias celebradas el año pasado en la que representé al acusados y en los juicios en que los fiscales se sintieron seguros de que condenarían, un argumento que me dejó mucho más confundido.

El asunto es que con el Código Penal actual, tenemos en el artículo 130 la siguiente advertencia procesal:   ‘El Estado estará obligado a la reparación civil cuando el imputado sea sobreseído o absuelto, si ha permanecido en detención provisional por más de dos años’.

Bueno, vamos a tratar de mejorar la prevención delictual, la rehabilitación del condenado y en la represión del delito, tener mucho cuidado con esas investigaciones insulsas, lo que probablemente debe mejorar con el sistema de garantías que está por nacer.    Aunque me parece que muchas de las garantías vocingleadas a los cuatro vientos las tenemos en el actual Código, pero una cantidad de funcionarios le voltea la mirada.

El otro artículo que comentaremos en este breve espacio es el 22, el cual regula sobre lo relativo a las autoridades judiciales y del Ministerio Público, a las que conminan el deber de motivar de manera jurídicamente, de una forma ‘congruente, clara y precisa, sus decisiones judiciales, salvo las de mero trámite.   La simple mención de las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas no suple la motivación jurídica’. Vea usted cómo brilla aquí ese principio de valoración de la prueba mediante la sana crítica. Ojalá esto se cumpla.

 

Este artículo se publicó el  13  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Cero tolerancia con el abuso de detenidos

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La opinión del Abogado…

Alberto E. Fadul 

Cinco fallecidos y dos aun pendientes de saber que les pasará; de seguro, se corta el sentir positivo sobre su delicada situación y los orígenes de la misma.   Que nuestro Señor les ampare. 

Lo ocurrido en el centro de detención de menores, dada las gravedades del caso y sus tristes secuelas, es porque nos hemos enterado de lo sucedido.    Sepa Dios cuantos horrores ocurren en las cárceles panameñas en cuanto al maltrato de los detenidos y no nos enteramos.

Los delitos tipificados en nuestro Código Penal con privación de la libertad, no indican que, en adición a la misma, los presidiarios serán maltratados, en ninguna forma, como consecuencia de esta. El hacinamiento y en general las condiciones carcelarias negativas, no son parte de la naturaleza del castigo por delitos cometidos.

Recuerdo como si fuese ayer, el comercial televisivo generado durante el periodo del difunto Presidente Endara mostrando, con lujo de detalles, el trato brutal de los encarcelados y los argumentos que sustentaron semejante barbaridad:   Si no quieres que te pase a ti, cuídate de cometer delitos con pena de encarcelamiento. ¡Qué horror! La situación no sufrió mejora alguna; todo lo contrario, está cada vez peor.

Nuestra Carta Magna nos expone la función de resocialización para los encarcelados.   Sus detalles son bastante claros y precisos. El resultado de su no aplicación: las cárceles son las escuelas de la criminalidad en todas sus agobiantes formas.    ¿Quiénes se preocupan del no cumplimiento de tales atribuciones? ¡Nadie! No lo hace la sociedad pues en ella solo hay un sentido de profundo disgusto: ¡El que la hace que la pague a como de lugar! ¿Se preocupa la iglesia? No, la política le es más interesante. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo?

Después de todo, la metodología para la resocialización es un derecho violado a diario. Claro ahora el peso de la ley le caerá a todos los involucrados. ¿Y luego qué? Es de esperar que la muerte de los jóvenes no sea en vano y sirva de algo para entrar en un proceso serio de recomposición a nivel constitucional, legal y reglamentariamente sujetos a una real necesidad.

Los presos son seres humanos que deben pagar por sus delitos, sin estar envueltos en una cultura de odio y abusos constantes de toda índole.

Presidente, esto también debe ser parte del cambio, hacia una sociedad más valorativa y consciente de que la equidad nos abarque a todos.

Mi más sentido pésame a los familiares de los fallecidos.   Ojalá no queden en el olvido.

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<>Artículo publicado el 23  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

 

Agua y Código Penal

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La opinión del Abogado y Docente Universitario..


Silvio Guerra Morales

Ahora resulta que el agua embotellada de algunas marcas y que muchos hemos consumido en este país, previa compra en las tiendas y supermercados, no está purificada. Alguien ha dicho que se trata de una publicidad engañosa, otros han sostenido que implica la existencia de un delito de auténtica estafa colectiva.   A este particular, sobre la existencia o no de delitos, tras este fraude colectivo o de masas, quiero referirme desde la perspectiva jurídica.

El Título IX del Libro II del Código Penal prescribe los denominados delitos contra la seguridad colectiva. En el Capítulo IV de dicho título aparecen los delitos contra la salud pública. El artículo 300 de la excerta legal en cita señala que quien envenene, contamine, altere o corrompa alimento, medicina, excipiente o materia prima, agua potable o cualquier otra sustancia destinada al uso público, poniendo en peligro la salud de las personas, será sancionado con prisión de cuatro a diez años.    Sin embargo, leído minuciosamente los verbos rectores del articulado en cita, quedará claro que no media, ante este fraude colectivo, por parte de las embotelladoras involucradas en el caso, ni envenenamiento, menos contaminación ni alteración alguna del agua, tampoco adulteración o corrupción. Se trata, simplemente, de vender agua a sabiendas que no ha sido purificada, pero con pleno conocimiento de ello, lo cual hace que la acción devenga en una acción dolosa, delictiva, intencionada.

En realidad, el tipo penal o norma aplicable, lo encontramos en lo previsto en el artículo 301 del Código Penal que dice: “Quien, sin haber realizado ninguna de las conductas descritas en el artículo anterior, ofrezca en venta o entregue, a cualquier título, alimento, medicina, agua potable o cualquier sustancia destinada al consumo humano o cosas peligrosas para la salud, a sabiendas de su carácter nocivo (….) será sancionado con prisión de tres a seis años.”

Desde luego, que queda en manos del intérprete judicial el tema referente al agua “potable”, ya que habría que considerar si el agua embotellada puesta en venta es “realmente potable”, no obstante, de haberse determinado, previas pruebas de laboratorios, que no tiene ni ostenta tal “pureza o purificación”.

En todo caso, el codificador debió limitarse en expresar la palabra “agua” sin calificarla de potable, puesto que bien podría argumentarse que al no ser potable el agua puesta en venta, el acusado o los autores del fraude colectivo, no entran en la definición o prescripciones de la propia norma.   Pero insistimos, será tarea del intérprete judicial, el juzgador, quien tenga que delimitar estos pormenores que, en lo que respecta al agua que consumimos, bien podrían, de manera hábil, escapar de una sanción penal.

En contra de este argumento, favoreciendo la interpretación judicial, bien se puede alegar que el sentido de la norma en cuanto califica de “agua potable” la que se ha ofrecido en venta, no entraña la idea de que efectivamente ésta lo sea sino que se promueve o vende como si “fuera potable” y he allí la acción delictiva vía comisión. Tesis que defiendo.

Quedará en manos del Ministerio Público panameño el inicio de una exhaustiva investigación sobre este particular. En efecto, concurren otros delitos, entre ellos el de la publicidad engañosa y la estafa colectiva.

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<>Artículo publicado el  21  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Horno para pobres

La opinión de…

 

Rafael Candanedo

Las llamas de un horno crematorio alcanzan hasta los 900 grados centígrados. Esa temperatura convierte el más hermoso y plantado cuerpo en unas onzas de ceniza. En una hora, el calor exuberante desarrolla su función de procesador de desechos.

Soportan esos rigores cadáveres, cuyos familiares, por comodidad e higiene, optan por esa metamorfosis. La piel resulta en jirones, aunque la primera candela se concentra en la caja torácica.    Prótesis hay a prueba de todo.

El tormento de los jóvenes infractores no fue tan abrasante. La diferencia: los siete, en ese espacio 4×4 (metros), estaban vivos. Retornamos a la pira,   aquella hoguera en que se quemaban cuerpos muertos, y también vivos, como sacrificio.

En la sala de espera -esperando sin esperanza- del horno crematorio, se quema el espíritu del doliente, pues es un tránsito sin retorno. El silencio es aterrador.   A diferencia de la celda 6, donde el grito es desgarrador y el suplicio recuerda al poeta Virgilio en los sufrimientos que observó en el recorrido por las estaciones del infierno.

Aberración que espantaría -o alegraría- al Marqués de Sade. Sadismo y negación de ayuda, en una. Crimen de lesa humanidad. Ofende y lastima la conciencia nacional, tan apaleada en los últimos tiempos.   Por su aberrante naturaleza, como se define, de manera técnica, este delito “ofende, agravia e injuria a la Humanidad en su conjunto”.

-Marqués de Sade, palidezca.

Ante quien estaba obligado a salvarles el pellejo, los adolescentes clamaban:

-Viejo, echa agua.

La respuesta:

-¿Querían ser hombrecitos?… ¿Agua?… ¡Muéranse!

En este horno,  la autoridad,  a través de agentes del Estado, presencia la chamuscada e impide que sea sofocado por los bomberos el infierno. Ni los filmes animados son tan descriptivos e ilustrativos de la realidad penitenciaria, del abuso, el irrespeto a cualquier derecho, y, sobre todo, el reino de la impunidad.

La impunidad es galopante. El Código Penal prevé la opción de detención inmediata de responsables en casos de esta naturaleza. Ha prevalecido el artículo manzana de la discordia de la Ley Chorizo y sus sucesoras que otorga privilegios a los agentes policiales acusados y que están bajo investigación.

Nuestro Estado es signatario de convenciones en favor de los derechos humanos, y, de manera especial, a favor de la niñez y la adolescencia. Quienes están privados de libertad padecen el hacinamiento, la mora judicial y maltratos físicos. Es deber de la autoridad garantizar la vida de esas personas e incrementar los cuidados cuando se trata de jóvenes sin mayoría de edad.

Tras la masacre de Tocumen, así lo ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aquellos polvos trajeron estos lodos.   Se le ha insuflado un poder enfermizo a los servicios policiales y de seguridad.   Bajo el argumento de atender la inseguridad ciudadana, se ha organizado un sistema de represión, en el cual el agente se siente todopoderoso y está consciente de que, ante cualquier abuso, le espera un indulto, como se ha suscitado de manera masiva en los últimos meses.   La impunidad lo protege.

De 15 a 17 años son las víctimas del horno de Tocumen.   Son los hijos de todos nosotros. Habían abandonado el aula. Dos habían concluido hace poco el sexto grado de la educación primaria. Habían crecido, en su mayoría, en barrios y familias disfuncionales.

Retratan un país con recursos, con alto crecimiento económico, y con una desigualdad que espanta. Entre las peores en el mundo. Quienes gobiernan adeudan, no solo un plan científico de seguridad ciudadana, sino una política social activa, en la que haya un mayor aprovechamiento de las capacidades y talentos de los segmentos vulnerables.  No al horno para pobres.

 

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Este artículo se publicó el  26  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El concepto de ‘desprisionalización’ en el actual ‘Código Penal’

La opinión de la Magister en Derecho Penal…

Alina Hubiedo

El actual Código Penal regula la suspensión condicional de la ejecución de la pena, figura jurídico–penal que constituye uno de los institutos de desprisionalización orientado a evitar la privación de libertad de la persona sentenciada con penas cortas de cárcel.   Por tal razón, este instituto de desprisionalización es considerado, a su vez, un subrogado o sustituto penal regulado en los artículos 98, 99, 100 y 101 del Código Penal vigente.

Esta figura jurídica surge en el Código Penal de 1982,   hoy derogado, y consiste en la aplicación de condiciones legales que debe cumplir el sentenciado en un término preestablecido por el juez.   En la actualidad, la suspensión de la pena tiene lugar en procesos en que se impongan penas que no excedan de tres años de prisión, extremo punitivo que fue ampliado cuando se promulgó el Código Penal que nos rige, debido a que en la legislación vigente se le ha aumentado la pena a una pluralidad de delitos, y dicha amplitud permite –precisamente– una mayor aplicación de este sustituto.

Cabe acotar, además, que la suspensión condicional de la pena puede aplicarla el tribunal de oficio o a petición de parte y, en este orden, de acuerdo a lo normado en la Ley 31 de 1998 sobre protección a las víctimas del delito, la víctima debe ser oída por el juez cuando se ventile el posible otorgamiento de la suspensión condicional de la pena a favor del sentenciado. Este punto entra en confrontación con la concesión oficiosa por parte del tribunal de dicho instituto de desprisionalización, a menos que la parte ofendida esté presente durante la audiencia y sea escuchada su opinión en el propio acto.

La suspensión condicional de la pena puede ser solicitada por la defensa: Durante sus alegatos en la audiencia de fondo; oralmente, una vez dictado el fallo en la misma audiencia; por escrito, posterior a la emisión de la sentencia, caso en el cual se le da el trámite de incidente; cuando el proceso reingresa de apelación; y en el escrito en el que se sustenta el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, como parte de sus argumentos.

Este sustituto penal tiene como requisito imprescindible que el sentenciado sea delincuente primario. Es necesario detenernos en este punto y destacar que, para los efectos de la ley penal, será considerada como tal la persona que no ha sido sentenciada por autoridad judicial competente en los 10 últimos años (Art. 102 del Código Penal). El Código Penal de 1982 no definía el concepto de delincuencia primaria, pero un sector mayoritario en la judicatura consideraba como tal a aquel que nunca había sido sancionado.

Otra condición para la concesión de este beneficio penal, la constituye que el imputado haya cumplido con la obligación de presentarse al proceso, esto significa que no haya evadido su responsabilidad de comparecer a la causa.

Por otro lado, la suspensión condicional de la ejecución de la pena conlleva intrínsecamente, a diferencia del reemplazo de pena por días–multa, el hecho de que se conmina al procesado a abstenerse de la comisión de un nuevo hecho punible, pues si el sentenciado es investigado y encausado por otro delito dentro del término que le ha sido establecido por el juez de la causa, la suspensión que se le había concedido le será revocada y deberá cumplir íntegramente la pena impuesta en la sentencia. Otras medidas de desprisionalización son el reemplazo de pena por días multa y la reprensión pública o privada en las que la vulneración de las condiciones establecidas en la ley, trae como consecuencia el cumplimiento íntegro de la pena impuesta (artículos 61 y 112 del Código Penal).

Algunos fallos sostienen que para otorgar este sustituto penal, el juzgador solo debe circunscribirse a examinar si el procesado cumple con los requisitos básicos estipulados para tal efecto en el Código Penal, mientras que para otros es necesario tomar en consideración, también, la naturaleza y la gravedad del delito cometido, así como la seguridad de la víctima. No obstante lo anterior, se conceptúa que el juzgador posee discrecionalidad, como facultad potestativa, al momento de adoptar esta decisión judicial.

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<> Este artículo se publicó el 2 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autor, todo el crédito que les corresponde. Más artículos de la autora en: https://panaletras.wordpress.com/category/hubiedo-alina/

Delincuencia juvenil y deberes de patria potestad

La opinión de…

Egberto Saldaña Guido

Los recientes actos vandálicos caracterizados por daños a bienes públicos, en los que participaron estudiantes que reclamaban los beneficios de la beca universal, aun para aquellos con un promedio académico inferior a 3.0, no solo hacen necesaria la aplicación de la Ley No. 40 de 1999, sobre el régimen de responsabilidad penal para la adolescencia, sino también del derecho penal común aplicable a los adultos.

El actual Código Penal contempla en el artículo 211 como un delito contra la familia, el incumplimiento del deber alimenticio y de los deberes y obligaciones que emanan de la patria potestad.

El primer párrafo de la norma dice así: “quien sin justa causa se sustraiga o se niegue, eluda, incumpla o abandone su obligación alimentaria o sus deberes y obligaciones inherentes a la patria potestad a sus descendientes o sus ascendientes  o a quien tenga derecho legalmente a ello será sancionado con uno a tres años de prisión o arresto de fines de semana o trabajo comunitario”.

El Código de la Familia en su artículo 316 define la patria potestad como el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres con respecto a la persona y los bienes de los hijos (as), en cuanto sean menores de edad y no se hayan emancipado.

El artículo 318 desarrolla tales deberes y derechos, a saber: velar por la vida y salud del hijo (a), suplir sus necesidades afectivas, alimenticias, de educación y formación integral, representarlos y corregirlos de forma razonable y moderada.

Podemos entender que cuando un adolescente incurre en hechos delictivos hay aparejada una conducta adulta que refleja negación, incumplimiento y abandono de las obligaciones con dicho joven.

No basta solo con abrir investigaciones penales contra los adolescentes por los hechos delictivos cometidos o hacer un simple llamado de atención a los padres o tutores del adolescente para que conversen con ellos, el interés superior de estos jóvenes exige que el Ministerio Público ejerza de oficio acción penal contra los adultos responsables.

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<> Este artículo se publicó el 8  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Reformas al delito de violación

La opinión de la Magister en Derecho Penal…

Alina  Hubiedo 

El Código Penal de 1982, hoy derogado por la ley 14 de 2007, contemplaba en su artículo 216 el delito de violación sexual, el cual era sancionado en su modalidad simple o no agravada con pena de 3 a 10 años de prisión para sus autores, cómplices primarios o instigadores.

No obstante, en el Código Penal vigente, aprobado mediante Ley 14 de 2007, este delito -grave por su naturaleza- fue objeto de reformas, fundamentalmente en cuanto al aumento de la sanción que le corresponde. Ahora, el texto único de esta ley sustantiva consagra en su artículo 174 lo siguiente: “Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de cinco a diez años”. Se observa en este texto nuevamente la inserción de la terminología “acceso carnal”, cuando en el código derogado se tipificaba la conducta como “acceso sexual”.

Resulta revelante la existencia en dicha excerta legal de otras modalidades importantes del tipo penal, las cuales tienen lugar cuando, sin el consentimiento de la persona ofendida, se le practiquen actos sexuales de carácter oral o también, cuando con fines sexuales se le introduzca a la víctima cualquier objeto o parte de su cuerpo no genital, en el ano o la vagina, conductas que son penalizadas con la misma sanción. El Código Penal de 1982 no establecía taxativamente el acto oral como parte del tipo, sino que se incluía en “otras partes del cuerpo” que se utilizaban para cometer este delito.

El delito de violación se encuentra comprendido en el Título III del actual Código Penal, el cual como bien jurídico tutela la libertad e integridad sexual como derecho susceptible de ser vulnerado. Con base en ello, a raíz de la promulgación de la ley 27 del 21 de mayo de 2008, se adiciona el artículo 1968-E del Código Judicial que preceptúa que en los delitos contra la libertad e integridad sexual, establecidos en el Título III del Libro Segundo del Código Penal, es decir, en los delitos sexuales, cuando la víctima sea menor de edad, el término de la prescripción de la acción penal como forma extraordinaria de culminación del proceso, comenzará a contarse desde la fecha en que víctima cumpla la mayoría de edad, estableciéndose esta excepción legal que produce, en consecuencia, el archivo del proceso por el sólo transcurso del tiempo. Esta excepción obedece a que el delito de violación ejecutado en perjuicio de personas menores de edad, implica que quienes poseen esta condición, no cuentan con la madurez ni el discernimiento suficiente para conocer las consecuencias del hecho de que son víctimas.

Es menester acotar además, que la gravedad de este delito, también se encuentra reflejada en el contexto del artículo 2173 del Código Judicial, reformado por la misma ley 27 de 2008, el cual estipula que no podrán ser excarcelados bajo fianza los implicados en delitos de violación sexual, entre otros, mientras que el artículo 2220 del mismo cuerpo legal, preceptúa que en esta clase de ilícitos, comprobado el hecho punible será prueba suficiente para el enjuiciamiento del imputado,   la declaración de la persona ofendida. Cabe aclarar, que ello no implica -indefectiblemente- la condena de la persona contra la cual se han formulado cargos, sino que significa que existen los elementos objetivos y subjetivos suficientes para que sea llamada a juicio y el proceso pase al plenario.

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<>Artículo publicado el 29 de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.