Sueño frustrado

La opinión de…

Roberto Castro

La bonanza turística e inmobiliaria que nos visitó, pasó como una ráfaga y se fue. Algunos lograron beber de ese manantial económico que creímos iba a ser inacabable, infinito. Lograron beneficiarse todos aquellos que contaban con grandes sumas para construir edificios, hoteles, resorts etc., o que tenían amigos y familiares en entidades de crédito. Para ellos no fue difícil obtener permisos de construcción, licencias, títulos de propiedad etc., pues, como siempre, al poderoso se le facilitan las cosas.

No podemos decir lo mismo del ciudadano común y corriente, clase pobre o media, costeños y encutarrados, que como único patrimonio solo poseían un derecho posesorio sobre algún terreno con potencial de desarrollo turístico, pero desafortunadamente con un problema gravísimo: pertenecían al “clan de los 200 metros”.

Ocupar un terreno cerca del mar, de la noche a la mañana se convirtió en un estigma, una maldición, gracias al discurso de nuestras clases dirigentes, las cuales vieron allí una oportunidad de aumentar los recursos estatales.

Ser costeño por nacimiento o por accidente, se transformó en sinónimo de acaparador, aprovechado, inescrupuloso, invasor, ladrón de terrenos nacionales, todo ello a causa del alto valor comercial que repentinamente adquirieron tales áreas gracias a la mencionada bonanza.

Todas las miradas apuntaron hacia los costeños y apareció una especie de consigna: había que impedir que esos “oportunistas” se beneficiaran de ese maná caído del cielo.

Casi todos los costeños vieron pasar frente a sus narices grandes proyectos debidamente aprobados y financiados, mientras sus pequeñas ideas y proyectos se tuvieron que quedar dentro de un congelador. Y el método para ese congelamiento fue sencillo pero maquiavélico: “no se titulen derechos posesorios en costas e islas, y si se hace, que sea a precios casi comerciales para que el Estado pueda usufructuar la bonanza”.

Dice la teoría económica moderna que para bajar significativamente la pobreza de una nación, hay que pensar menos en programas populistas, dádivas y limosnas, y más en dotar al desposeído de herramientas que le permitan ingresar a la corriente económica del país.

Una de esas herramientas es la titulación agresiva de todas sus pocas pertenencias, brindándole seguridad jurídica y convirtiéndolo en sujeto de crédito. Afirma Hernando de Soto: “país titulado, país desarrollado”.

Mientras en otros países los gobiernos luchan contra terribles obstáculos que impiden la titulación masiva, como son el latifundio, los fenómenos de violencia etc., en Panamá, paradójicamente, es el mismo Gobierno el que se aferra a la tierra desconociendo el legítimo y natural derecho que tienen los ciudadanos de que gratuitamente se les reconozca su ocupación a través del título de propiedad.

Todos los panameños comprenden el esfuerzo que hacen las autoridades para aumentar el índice de crecimiento económico del país.   Comprenden que se busque con ahínco los recursos económicos necesarios para financiar obras de infraestructura, mejorar la educación, la salud etc., y es así como, a regañadientes, aceptaron por ejemplo el castigador 7% de ITBMS.

Pero lo que no se entiende es que a los costeños, por el solo hecho de tener su pequeño patrimonio cerca del mar, se les castigue descapitalizándolos o, lo que es peor, obligándolos a endeudarse para poder alcanzar un poco de seguridad jurídica. Bien haría el Gobierno en comprender que la bonanza inmobiliaria se acabó, que los costeños panameños tampoco podrán beneficiarse de la misma, y que todos ellos siguen mirando, con perplejidad y frustración, los anuncios periodísticos de hace un año, donde se prometía titulación masiva y gratuita de todos los derechos posesorios en el país.

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Este artículo se publicó el 14 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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