¿Por qué?

La opinión del Honorable Diputado…

José Blandón Figueroa

Es la pregunta que me han hecho mucho en las últimas semanas.   ¿Por qué estás asumiendo el desgaste de ayudar a una administración municipal que tiene bajísimos niveles de aceptación popular? ¿Por qué has asumido la vocería de una reforma impositiva a nivel municipal que se ha granjeado tan poderosos enemigos?

Tengo cuatro períodos consecutivos de ser miembro de la Asamblea Nacional, en representación de uno de los cuatro circuitos que componen el distrito de Panamá.   Durante casi todo ese tiempo, he participado de la Comisión de Gobierno, que tenía dentro de sus temas el de la descentralización.

A lo largo de los años, he podido asistir a eventos fuera del país sobre los gobiernos locales y percatarme del alto grado de centralismo que impera en Panamá. Durante este tiempo, he llegado a convencerme de que el próximo paso en la consolidación de la institucionalidad democrática en Panamá es la descentralización municipal.

Con frustración y envidia, de la buena, uno ve lo que se hace en Medellín, Bogotá, Guayaquil, Tegucigalpa y otras ciudades de nuestra América Latina.    Contrastar esas realidades con lo que ha sucedido en nuestra ciudad capital en los últimos 10 años es decepcionante.   Basta con decir que de 2000 a 2010,   solo se construyó un parvulario y ni una sola instalación deportiva de importancia en todo el distrito capital. Cuando acepté ayudar al alcalde Vallarino, revisamos en equipo la situación y uno de los temas ineludibles era, sin lugar a dudas, el tema impositivo.

El Municipio necesita de más recursos para inversión. Eso se logra haciendo más eficiente el gasto y aumentando las recaudaciones. Para aumentar las recaudaciones, no necesariamente se requiere subir los impuestos, puesto que se puede mejorar la fiscalización y aumentar los contribuyentes, “capturando” a muchas empresas que operan en la ciudad de Panamá, pero no se han registrado en la Tesorería Municipal. Sin embargo, analizando el impuesto por actividad económica, que desde el 2006 se paga en función de la facturación anual de las empresas, el equipo técnico del Municipio sugirió modificaciones al cálculo de este impuesto para hacerlo más equitativo.

¿Dónde reside la oposición a los cambios aprobados en diciembre del año pasado?   El 85% de las empresas contribuyentes pagarán en abril lo mismo o menos de lo que pagan hoy en enero. ¿Por qué entonces la oposición de la Cámara de Comercio y el Conep?   Porque las tablas vigentes desde el 2006 establecen topes máximos, lo que provoca que una empresa de venta al por menor que factura 6 millones anuales pague lo mismo que otra que factura 120 millones al año, esto es, mil balboas mensuales.

A usted, amigo lector, ¿le parece que eso es justo?    ¿Que yo facture 20 veces más que tú, pero pague lo mismo al Municipio?    Entendemos que pasar de pagar mil balboas al mes a pagar 10 mil balboas al mes es un salto grande, pero lo que está pagando es el mismo porcentaje que todos los demás.   ¿Dónde está el punto de equilibrio?   ¿Cuánto quieren pagar las grandes empresas? ¿Quieren un tope mensual de 2 mil, 3 mil ó 5 mil mensual? ¿Cuánto consideran que es justo pagar para que la ciudad tenga mejores parques, aceras, instalaciones deportivas y más espacios públicos para los ciudadanos?

En definitiva, ¿por qué estoy en esto? Porque considero que la posición es la correcta y porque creo que esta ciudad se merece un mejor destino. Porque creo que si nuestra democracia desea crecer y fortalecerse debe tener gobiernos municipales fuertes, con recursos para invertir en obras. Porque pienso que humildemente puedo aportar mi experiencia y mi trayectoria a lograr que podamos construir una mejor ciudad, especialmente para los panameños más humildes y aquellos que viven en las afueras de la ciudad donde la presencia institucional de la Alcaldía es nula o casi inexistente.

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Este artículo se publicó el 28  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Gestión del agua, consumo y sostenibilidad

La opinión de…

 

Graciela Arosemena Díaz

La sostenibilidad de una ciudad está condicionada directamente por la capacidad de carga del territorio del que obtiene recursos para funcionar y abastecer un número de habitantes: materia, agua y energía. De manera que en el último mes, el agua ha puesto a prueba la sostenibilidad de la ciudad de Panamá y no ha aprobado.

La falta de control del crecimiento de la ciudad, la falta de modernización de los servicios de agua potable y la deforestación de las cuencas, junto con la acción de eventos climáticos extremos ha desestabilizado el sistema. Pero hay un tema que es crucial en la gestión sostenible del agua: la cultura en su consumo.

Panamá es el mayor consumidor per cápita del vital líquido en Latinoamérica, a razón de cerca de 350 litros/persona/día. Cuando en países desarrollados se consumen unos 200 lts/persona/día, considerados ya un despilfarro. La ciudad de Panamá hasta ahora había vivido bajo el espejismo de que el agua que consume es un recurso ilimitado, cuando no es así. Hoy ha escaseado porque ha llovido en exceso; mañana puede ser que no llueva suficiente. Así es la dinámica del cambio climático. Y lo ocurrido recientemente evidencia que este cambio ya es una realidad en nuestro país, pero también que nuestro sistema urbano no se está preparando para adaptarse a los efectos del cambio climático.

No olvidemos que las ciudades son los sitios de mayor vulnerabilidad ante este fenómeno. Las ciudades distorsionan los ciclos naturales, como el del agua. Toda el agua lluvia que cae sobre la ciudad de Panamá, ¿a dónde va a parar? Se pierde en el alcantarillado, o peor aún, es responsable de inundaciones; dependiendo entonces de un agua potable que debe recorrer kilómetros hasta llegar a nuestra ciudad. Si este sistema falla, la ciudad se desabastece por completo. Panamá no puede perder más tiempo. Mientras que ciudades del mundo están desarrollando planes para adaptarse al cambio climático, aquí estamos pensando en torres financieras…

¿Qué es lo más inmediato que se puede hacer? Pues comenzar por cambiar el modelo de consumo de agua, mediante campañas de sensibilización. A mediano plazo, establecer normativas urbanísticas que exijan medidas de ahorro y de reciclaje de agua en los diseños constructivos de viviendas y comercios; disposiciones que no representan una mayor inversión en los proyectos.

Por otro lado, promover sistemas de captación de agua lluvia y almacenamiento para el consumo local. En resumen, integrar la gestión del agua en las políticas urbanas. Estas medidas, que podrían reducir el consumo en más de un 40%, son ya una realidad en otros países, cuyo desarrollo no se basa en las apariencias sino en el fondo.

Estas estrategias deberían aplicarse paralelamente a la modernización de los servicios públicos de agua potable. Lo que no podemos hacer es poner todas nuestras esperanzas en una nueva potabilizadora, de lo contrario, en poco tiempo quedará también obsoleta y no sólo seremos más insostenibles, también seremos irremediablemente más vulnerables al cambio climático.

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Este artículo se publicó el 19  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Los recursos del Estado son de todos

La opinión de…

 

Rolando Caballero Navarrete

Escribo este artículo por solicitud expresa de mi señora madre, quien preocupada por las noticias que han aparecido en las últimas semanas, se siente un tanto indignada por el anuncio hecho por el Gobierno nacional de apoyar las actividades del Carnaval con varios millones de dólares del erario.

Es su opinión, la cual comparto plenamente, que en vez de estar abriendo cuentas para recibir donaciones y andar pidiéndole al país que apoye a los damnificados de las últimas inundaciones, el Estado debería invertir esos millones de dólares en algo mucho más duradero, social y productivo, como lo es el apoyo a las personas de Chepo, Pacora, Colón y los otros puntos del territorio nacional que han sufrido esta desgracia en una época tan difícil.

No comprendemos cómo el Estado puede andar pensando en estos momentos de emergencia nacional, en celebrar carnavales, fiestas de Navidad, repartir regalos o que el alcalde de la capital continuara con sus fastuosas y carísimas villas navideñas, amén del desfile de Navidad; en el que se recogerá dinero para que, después, él lo lleve como donación a los damnificados.

Si las personas quieren hacer sus celebraciones de Carnaval, Navidad y Año Nuevo y todas las que se les ocurran, entonces que pongan de sus bolsillos y las organicen ellos. El dinero del Estado no es para esas cosas; es para las prioridades de toda la población.

Luego de laborar pagando impuestos por muchos años, no nos parece justo que esa plata sea utilizada en satisfacer, primero, las necesidades de emborracharse y bailar de unos cuantos, y segundo, sabiendo que hay personas que requieren y van a seguir requiriendo de esos dineros por un período prolongado, porque los daños a las viviendas, cosechas y producción agropecuaria serán a largo plazo.

A su excelencia, el señor presidente, le solicitamos que tal como el Estado impulsa la responsabilidad social empresarial, se amarre los pantalones y exija a todos los funcionarios que dirigen los destinos del país que hagan lo mismo dentro de sus instituciones, que no es momento de celebraciones sino de cumplir con el compromiso social para el que fue usted y su equipo de trabajo electo, es decir gobernar, no mandar; tomar las mejores decisiones que satisfagan a la mayor cantidad de panameños, y más si ello involucra utilizar los dineros que se generan, desde Darién hasta Bocas del Toro y Chiriquí, en la consecución de mejor condiciones de vida para las personas que en un número importante lo han perdido todo.

Espero que nuestra solicitud sea bien acogida y que estos hermanos que hoy sufren sus pérdidas también puedan decir en unos cuantos días ¡Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo!

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<> Este artículo se publicó el 20 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Panamá o pa más na?

La opinión de…

Yakarta Ríos

Desde que nacimos como nación nos vimos obligados a luchar por nuestra soberanía e identidad nacional, asumiendo la causa de la ocupación norteamericana indefinida por los tratados suscritos a perpetuidad, Hay–Bunneau Varilla, que condenaban a generaciones a vivir en un territorio limitado por la tutela de una nación poderosa.

La lucha por la recuperación del Canal cobró fuerza y se proyectó con la participación de los distintos sectores, estudiantes, obreros campesinos, profesionales y sectores populares, en las distintas épocas de nuestra reciente historia, concretándose estos logros finalmente en la administración del Canal de Panamá y en la recuperación de las tierras adyacentes; ante este panorama muchos se dieron por satisfechos, pero ¿realmente el peligro de perder la soberanía cesó? ¿no existen más amenazas de ser enajenados y vendidos?

Lamentablemente la situación persiste, el peligro no radica ya en el colonialismo que era visible y contra el cual se levantaron cientos de discursos; el peligro actual lo representa el clientelismo y la avaricia de funcionarios públicos quienes –a sabiendas de que nuestro territorio es soberano y que hay un marco constitucional y leyes que protegen nuestros recursos– insisten en vender lo que nada les ha costado, y en regalar a diestra y siniestra por retazos nuestros recursos naturales.

El adjudicar extensas áreas de una reserva hídrica, como las ubicadas en el cerro Guacamaya, en Coclé, a sabiendas de que hacerlo constituye un delito tipificado en el Código Penal panameño es un ejemplo claro de un acto de pillaje de parte de funcionarios públicos que no ignoran la ley, sino que se burlan de ella, de nosotros y de nuestra mal ponderada soberanía.

Las concesiones masivas y la firma de contratos leoninos como los celebrados con los gestores de Petaquilla son duros golpes que nos llevan al despojo de importantes zonas de biodiversidad, como el corredor biológico mesoamericano, y representan una institucionalización de las antiguas patentes de corso y la piratería.   Es vulgar que se ofrezca a las comunidades, diezmadas por la contaminación de sus aguas y por el acaparamiento de sus tierras, casitas aisladas de su medio de vida y clínicas para paliar enfermedades crónicas derivadas de tóxicos como el cianuro. Frente a esto, las preguntas fundamentales son: ¿Cuántos millonarios viven hoy en día en la antigua mina de Cañazas? ¿Es la miseria desarrollo nacional? Todo esto con la aquiescencia y mirada pasiva de un Estado que, en vez de protegerlos, los abandona a su suerte.

Actualmente hay curules de diputados y puestos ministeriales que están comprometidos con las empresas mineras, representando esto una penetración política e intromisión en nuestros asuntos como nación.

Propios y extraños lucran desmedidamente con nuestra naturaleza, y se ufanan de venderla al mejor postor, vulnerando nuestros principios de soberanía y territorialidad consagrados en el texto constitucional.

La defensa de nuestro patrimonio natural no se limita a cuidarlo de un modo aislado, al contrario, representa la vindicación integral de nuestros derechos humanos, económicos, políticos y de nuestra soberanía, que estamos perdiendo aceleradamente, y dejándolos a merced de la avaricia de los nuevos “Atilas” que de manera indiscriminada nos “venden como país”, pero con todos nosotros adentro.

Si los gobernantes y los políticos persisten en su conducta inmediatista y de lucro personal, no logrando internalizar que nuestros recursos naturales están directamente relacionados con nuestra autonomía e identidad nacional, seguiremos perdiendo como pueblo y daremos paso a nuevas formas de colonialismo, gracias a las cuales tendremos que disputarnos el agua y el oxígeno con los pillos, y cuando ya no quede una gota más, entonces en vez de Panamá ser conocido como un país rico en peces y mariposas, pasaremos a llamarnos “pa más na”.

<> Este artículo se publicó el 5 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Educar no es prioritario

La opinión de…

Elda Maúd De León

El Gobierno anuncia una lista larga de proyectos y maneras de encontrar fondos, pero a la ministra Molinar la discriminan. Hace una o dos semanas expresó que los horarios escolares no se incrementarían porque el costo es alto y el dinero no alcanza.

En Panamá todos creen que la educación es la mejor vía para disminuir la pobreza y que la oferta panameña necesita mejorar su calidad. Los dirigentes políticos saben que con horarios y calendarios tan cortos, lo demás que hagan por la educación funcionará como parches.

No creo que el plan de reforma de los planes de bachillerato sea “improvisado y no consensuado”, porque en el diálogo educativo de 2002, coordinado por el PNUD, se acordó la transformación curricular de la escuela media, mejorar la evaluación y acoger las competencias de Jacques Delors: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. El plan de estudio 2005–2009, intentaba cumplir con la ley que creó la educación básica en 1995 y reformaba el currículo de la media.

Pero en el ministerio como en palacio, todo va despacio… Es esperanzador que los comentarios de los estudiantes en la reciente evaluación del ministerio apunten a lo fundamental: 1. La metodología de la enseñanza ha cambiado muy poco, “hasta en la asignatura taller estamos sentados frente al profesor”. 2. Sí hay especialización, aunque la ministra diga que no, “según Adela, ella y sus compañeros han sido obligados a escoger el bachillerato en el décimo grado, cuando antes se hacía en el undécimo” y “María que cursa bachillerato en turismo en el Moisés Castillo…” (La Prensa, 9/8/2010).

Los pedagogos no necesitaban que la evaluación dijera que se precisaba “mayor capacitación y mejorar el equipamiento escolar”, estos son prerrequisitos de cualquier cambio. Si solo se capacita en técnicas didácticas tal vez un mes baste, pero para una transformación curricular se requiere capacitación en metodología que es más amplia, teórico–práctica y necesita tiempo.

Esta primera evaluación debería inducir a superar las carencias y errores, es lo que espera la comunidad educativa en función de que el gasto genere un buen resultado para los estudiantes.

En primer lugar, 16 ofertas de bachillerato es demasiada división y atomización del conocimiento, sobre todo en un país con tan poco desarrollo industrial, y ello influye negativamente en lo que denominan “el tronco común”. En la escuela media el mismo debe tener mínimo dos años, idealmente deberían ser tres, aunque al tercero se adicionara algo de especialización, pero básica. ¿Qué clase de cultura general adquirirá un bachiller en servicios turísticos si el programa solo le asigna dos horas semanales a historia, geografía de Panamá, historia de Panamá, cívica, filosofía, ética y durante un solo año de los tres?

Los padres deben exigir que se construyan más escuelas de bachillerato y se den más becas para asegurar el ingreso. Que el ministerio asuma, de una vez por todas, que hace 50 años la función de la media era otra, que ahora la especialización se adquiere en la universidad o mediante cursos de educación superior no universitaria. No es cierto que el bachillerato dará las competencias para la vida en este siglo en que los cambios tecnológicos son tantos y tan acelerados. Lo que sí debe garantizar son habilidades y capacidades mentales para seguir aprendiendo, así como la sólida conciencia moral del que ha accedido al nivel de lo justo y lo bueno.

Los futurólogos dijeron en 1990 que en el siglo XXI los trabajadores tendrían que cambiar tres o cuatro veces de profesión –no solo de empleo–. Un bachillerato con 16 especializaciones seguirá enfatizando la diferencia entre los que pueden seguir estudiando y los que tienen tan poca formación que tendrán que conformarse con empleos mal pagados.

El bachillerato está obligado a ofrecer una base cultural amplia y una mentalidad de cambio, no una especialización cuando se tienen 18 años.

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Este artículo se publicó el 19 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Unas cuantas ideas sobre seguridad

La opinión del Abogado…

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.SAÚL MALOUL ZEBEDE

Tal vez haya que partir de lo más básico y elemental. A diferencia de otros problemas en los que se puede achacar la responsabilidad al gobierno; la seguridad es uno de esos problemas que es realmente un problema social, esto es, un problema que nos atañe a todos, y en relación con el cual absolutamente todos tenemos que hacernos partícipes de su solución.

En ese sentido, debe ser bienvenida la formación de la Coalición por la paz, por parte de un número de personas e instituciones que quieren sumarse a hacer algo respecto del clima de inseguridad creciente. Tal vez, una de las cosas para la que pueda servirnos esta coalición, sea para reactivar en la mayor cantidad de barrios y comunidades del país, la noción de vecinos vigilantes, a través de la cual, los ciudadanos nos hacemos corresponsables de la seguridad de nuestras comunidades, con la ayuda y el apoyo de la Policía Nacional.

Una de las cosas que la autoridad tiene que comprender al momento de enfrentar la criminalidad, es que está en desventaja material frente a los recursos con los que cuentan los criminales. Por lo tanto, no solo es necesario hacer un inventario de los recursos con los que se cuentan, sino también, priorizar al momento de decidir sobre la utilización de los mismos.

Voy a poner un ejemplo sencillo que explica este dilema. Si las estadísticas nos enseñan que los delitos que van en aumento son los relacionados con el narcotráfico, v.gr. tumbe de drogas, lavado de dinero, robos, secuestros, y por otra parte, delitos de violencia intrafamiliar; no es posible que sigamos destinando en condiciones de paridad, los mismos recursos para combatir estos crímenes, que p. ej., para combatir el hurto pecuario, o el hurto, u otra gran cantidad de delitos menores.

En otras palabras, si aquellos delitos graves constituyen digamos el 70% de las infracciones penales que se cometen en el país, no podemos dedicarle el 30% o el 40% de nuestros recursos.

Es más, la Alianza Ciudadana Pro Justicia cuenta con un proyecto de convertir muchos delitos menores, en perseguibles, sólo por acusación privada, y capaces de ser resueltos por mediación, con el perdón de las víctimas y/o con la aplicación de medidas que resarzan o retribuyan el daño causado.

Ello permitiría que la concentración de policías, fiscales, jueces y demás autoridades esté realmente enfocada hacia aquellos delitos que nos están quitando el sueño.

Para finalizar, tal vez deberíamos llegar a una especie de punto medio en la discusión ideológica que rodea el tema de la criminalidad en el país. Tal vez, la izquierda debiera entender que el énfasis en las medidas represivas, es una política de gobierno perfectamente aceptable, en el marco de las labores que se hacen desde el Estado. Y, tal vez, la derecha deba entender que no importa la política de gobierno de la que se trate, el respeto a los derechos humanos de los implicados en hechos delictivos es irrenunciable.

Lo que sí pareciera estar por encima de la discusión ideológica es el entendimiento de que el Estado no puede ser promotor de delincuentes a través del arcaico sistema penitenciario con el que contamos.

Finalmente, la resocialización, la defensa social y el cumplimiento del castigo son fines alternativos de la pena, no complementarios. No todos los delincuentes son candidatos a rehabilitarse, pero no por ello, no debe la sociedad negar la protección de sus actos y asegurarse el cumplimiento de la sanción.

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Este artículo se publicó el 17   de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.