Historia de un alcalde ilegal

La opinión de….

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Rafael Spalding

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Historia de un alcalde ilegal

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El Sr. Bosco Ricardo Vallarino ocupa ilegalmente el puesto de alcalde de la ciudad de Panamá.  Esta opinión no es un ataque personal, porque ni Vallarino ni nadie en el planeta Tierra puede legalmente ser alcalde de Panamá, si su postulación y elección es contraria a la Constitución y a las leyes de la República.

Durante la campaña para las elecciones de 2009 se cuestionó la legalidad de su candidatura, por ser un ciudadano naturalizado de Estados Unidos. Según la Constitución panameña, a todo panameño que adquiera la ciudadanía de otro país se le suspenderán los derechos ciudadanos. Entre otras cosas, esto significa que la persona no puede ni votar ni ser candidato a puesto de elección.

A pesar de esto, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) permitieron que el proceso electoral prosiguiera con Vallarino como uno de los candidatos a la Alcaldía capitalina, y al final resultó ser el candidato que más votos recibió.

Hubo una acción legal, alegando que la nacionalidad lo descalificaba para ser candidato a un puesto de elección, pero mientras el TE analizaba la acción legal, los diputados de la Asamblea Nacional pasaron una resolución en donde, de forma retroactiva, le devolvían los derechos ciudadanos, desde 2000. En base a la resolución, los magistrados del TE cerraron el caso y entregaron a Vallarino las credenciales de alcalde electo.

Los magistrados incumplieron con su responsabilidad al no descalificar a Vallarino durante la fase de campaña. Los diputados violaron la Constitución al presentar una resolución retroactiva que no es ni de interés social ni de orden público. Los diputados también violaron la Constitución al inmiscuirse, a través de una resolución, en un tema que es privativo del TE. Es decir, restituyeron los derechos civiles de Vallarino mientras que el TE investigaba la legalidad de la candidatura.

Los magistrados se basaron en un acto inconstitucional de los diputados para fallar sobre un tema que es de la exclusiva incumbencia del TE, no de otra entidad. Reitero, esta opinión no es sobre Vallarino, es sobre el irrespeto a la Constitución y a las leyes de nuestro país; es sobre la mala percepción que deja la falta de transparencia de los magistrados del TE y los diputados. La presencia de Vallarino en la Alcaldía es equivalente a un “golpe de Estado” a nivel municipal.

Los magistrados del TE y los diputados juraron respetar la Constitución y las leyes de Panamá, pero con este acto incumplieron su juramento. En conciencia, los magistrados, diputados y el alcalde ilegal deben reconocer públicamente que el asunto fue un gran error; una gran ofensa a la confianza que la ciudadanía les otorgó y un irrespeto al derecho.

En conciencia, los diputados deben retirar su inconstitucional resolución retroactiva. En conciencia, los magistrados deben rectificar su fallo y basarlo estrictamente en derecho. En conciencia, el alcalde debe renunciar. Está cometiendo una ilegalidad cada segundo que ocupa el puesto y la única forma de corregirla es con su retirada.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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