La Ley 30 y la Constitución

La opinión de…

Rafael Spalding

La Constitución es el código legal nacional de mayor jerarquía. Especifica la organización geográfica y política del Estado; además, establece los límites y obligaciones del Gobierno, y su relación con la ciudadanía. En general, el Gobierno está para administrar la cosa pública en beneficio de la ciudadanía. Los poderes que tiene el Gobierno son cedidos por la ciudadanía para servir a la ciudadanía, no para usarlos en contra de la ciudadanía.

Cuando el Gobierno viola la Constitución, altera la estructura del Estado, causa injusticias a la ciudadanía, afecta la institucionalidad del Gobierno, abusa de la confianza que la ciudadanía le ha cedido. Cualquiera violación a la Constitución debe tomarse como una grave ofensa a la Nación y a la ciudadanía, no importa quién la cometa.

Referente a la aprobación de la funesta Ley 30 de 2010, el Sr. Martinelli ha admitido cándidamente que debió tener mayor divulgación antes de su aprobación; pero, acotó, de haberlo permitido habría tomado demasiado tiempo. En efecto, el Ejecutivo viola la Constitución al darle prioridad al calendario de su agenda o a la de su partido por encima de los derechos ciudadanos de participar en la creación de leyes.

La Ley 30 fue enviada a la Comisión que tiene que ver con asuntos de transporte aéreo. Pero, según el reglamento interno de la Asamblea Nacional, los otros temas, ajenos al transporte aéreo, tenían que haber sido debatidos en las pertinentes comisiones de la Asamblea. Esto último no ocurrió. En otras palabras, el “guanchinche” legislativo o chorizo es ilegal.

Algunos ciudadanos han opinado que la Ley 30 contiene argumentos válidos, a pesar de ser ilegal. Otros alegan que la Ley 30 debe ser anulada de la misma forma que un gol en fútbol debe ser anulado si el jugador retiene la bola con la mano antes de patearla. No importa si el gol fue el más lindo de todos los tiempos, debe ser anulado por inválido; igualmente, no importa si los artículos ajenos al tema de aviación son buenos o malos, la Ley 30 debe ser anulada por inconstitucional e ilegal.

Una secuela negativa de la ilegal ley es lo ocurrido en Changuinola. Los ciudadanos panameños en Changuinola no necesitaban ser letrados para saber que la Ley 30 empeoraba las grandes desventajas que ya tienen en su diario vivir. Tampoco es necesario ser letrado para saber que algo inapropiado ocurrió cuando los policías dispararon con armas de fuego, causando daños oculares permanentes a algunos de los ciudadanos que protestaban en democracia.   También es inaceptable que letrados funcionarios se refirieran con desprecio a los panameños manifestantes, queriendo desprestigiar en vez de atender las causas de sus protestas.

Es preocupante y revelador que, a esta altura, los jefes de la Policía todavía digan que no se usó exceso de fuerzas para contener a los manifestantes.

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Este artículo se publicó el 29 de julio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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