Carta al presidente y a los diputados: escogencia del defensor (a) del Pueblo

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La opinión de la Abogada y Catedrática universtaria…

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CRISTINA  M.  TORRES  U. –
crislex02@hotmail.com

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Al iniciar el escrito, no puedo dejar de manifestar lo orgullosa que me siento de ser panameña y el inmenso amor que siento por mi país; hoy por hoy podemos indicar con veracidad que contamos con un país de oportunidades, en donde los que nos esforzamos por ser correctos panameños y panameñas debemos tener oportunidades. Tierra inmensa por la grandeza de su pueblo, donde vale la pena prepararnos y luchar para ser partícipes y artífices del desarrollo de nuestro país, aún haciendo frente a la dificultad de ser mujer y que nuestra historia republicana nos indica que las oportunidades para nuestro género son escasas.

En estos días se está llevando a cabo, una vez más, la oportunidad de atender y he sido la primera en postularse como aspirante al cargo de defensor(a) del Pueblo, cargo de gran responsabilidad, porque de acuerdo y por orden Constitucional en su Artículo 129 de nuestra Carta Magna hace referencia a que ‘La Defensoría del Pueblo velará por la protección de los Derechos y Garantías Fundamentales consagradas en la Constitución, así como los previstos en los Convenios internacionales de Derechos Humanos y la Ley’ e igualmente hace alusión a desarrollar los mecanismos de seguimiento a las omisiones de los servidores públicos y servicios públicos de manera tal que sean respetados. Los requisitos de los postulantes deben estar claramente enmarcados en el artículo 130 de nuestra Constitución Nacional e inclusive cumplir con lo que establece la Ley 7 de febrero de 1997, reformada por la Ley 41 de 2005.

De veras que los requisitos, de cumplirse, sería el colaborador a servicio de los ciudadanos, ideal; siempre y cuando cuente e inclusive con preparación profesional y trayectoria; es menester indicarles que la responsabilidad de ostentar el cargo en mención va más allá del simple cumplimiento de requisitos de Ley, es donde entra el pensar que Panamá requiere y se merece colaboradores comprometidos, honestos y que como premisa de funcionamiento sea el servir y entender que se encuentra para el ejercicio de una de la labor más importante que puede lograr un ciudadano profesional, el ser DEFENSOR DE SUS CIUDADANOS.

Los derechos de nuestros ciudadanos son los Derechos Naturales de los mismos, desde el momento que deposita su existencia como parte de la sociedad y ciudadano en un funcionario (a) con la esperanza que va a desarrollar todos los mecanismos que debe saber como canalizarlos para coadyuvar y buscar soluciones por medio de la Mediación y ser conciliador, sin intereses políticos, porque se desvirtuaría absolutamente la función que posee la figura de la Defensoría del Pueblo.

Señor presidente y señores diputados (as) es de sustancial importancia que tomen la decisión correcta, en tomar en consideración y dejando a un lado la preponderancia y nexos políticos, sentimentalismos y decidan dar la oportunidad a la mejor profesional o al mejor, de acuerdo a los méritos inmersos en la preparación profesional y trayectoria, para lo cual es claro que no es solo suficiente contar con buena voluntad para ocupar el cargo, y que de acuerdo a la escogencia equilibrada se permita desarrollar el trabajo que requiere la Defensoría del Pueblo a servicio de los ciudadanos.

Una vez más se encuentra en sus manos la responsabilidad del verdadero cambio, oportunidad de género y escoger de forma correcta al defensor (a) del Pueblo.

Recordemos siempre, Panamá es de todos y no dejemos nada por hacer, si podemos, noble y justamente.

 

Este artículo se publicó el  13  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

La declaración de impacto de las víctimas

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La opinión de…

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Egberto Saldaña Guido –

Según Benjamin Mendelsohn (profesor israelí considerado como unos de los precursores de la victimología) la victimidad es el conjunto de factores que predisponen a una persona o grupo a ser víctimas. Entre dichos factores están: el hombre mismo, la sociedad, la naturaleza en estado normal o alterado, etc.

Es costumbre escuchar constantemente un discurso sobre la criminalidad, acerca de cómo frenarla, contrarrestarla o combatirla, pero muy poco o nada sobre la victimidad.   Este fenómeno está asociado al hecho de que los criminales pasan a la historia, pero las víctimas de forma rápida son olvidadas.   Lo cierto es que se puede ser criminal de una manera: violando la ley penal, pero se llega a víctima de diversas formas.

Drapkin, otro ilustre estudioso del tema, decía que partiendo de un cálculo elemental de probabilidades, estamos convencidos de que corremos mayores peligros como posibles víctimas que como posibles delincuentes.

Para el autor mexicano Luis Rodríguez Manzanera, la victimología es el estudio científico de la víctima. En sentido amplio, no implica el estudio sólo de la víctima de un delito, sino que atiende a otras personas que son afectadas y a otros campos no delictivos.

La constante precipitación lluviosa de los últimos días con la secuela de muerte y destrucción en poblados de la capital, Darién y Colón, producto del desbordamiento de ríos, hace necesaria la estructuración de una política pública victimal donde se contemple, por los organismos competentes, un estudio de las regiones del país con riesgo o posibilidad de afectación. Es una estrategia preventiva.

En diciembre de 2004, la tragedia de Prados del Este, en Pacora, motivó la incorporación en el Código Penal de los delitos contra la normativa urbanística, hoy día estos delitos se recogen en los artículos 417 y 418 del Código Penal de 2007.   Sin embargo, mucho de los asentamientos humanos a orillas de ríos surgieron antes de la tutela de la ley penal.

La declaración de impacto de la víctima es utilizada en algunos países dentro del proceso penal como forma de participación. A través de ella se le brinda a la víctima de un delito la oportunidad de que su voz sea escuchada. Está declaración describe la forma como el delito le ha afectado, tanto a ella como a sus seres queridos. Además aporta ideas al juzgado o tribunal acerca de la manera posible de responsabilizar al o a la delincuente por el daño causado.

Además de la cobertura noticiosa sobre la desgracia vivida por cientos de panameños, es menester garantizar a las víctimas una participación. En ello puede contribuir la Defensoría del Pueblo, partiendo del modelo usado con las víctimas de delitos, elaborando una declaración de impacto de las víctimas de desastres naturales, como punto de partida en el desarrollo de una política pública victimal.

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<> Este artículo se publicó el  22  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El 2011 y la Defensoría

La opinión del Abogado…..

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JAVIER A. RIVERA CEDEÑO

Desde que removieron al defensor del Pueblo en 2006 hemos utilizado todos los canales para encontrar la justicia.   Solicitamos una solución amistosa al gobierno, esperando el cambio que todo el pueblo espera con hechos y acciones, no palabras.

Uno de los pilares fundamentales en todo Estado de Derecho son los Derechos Humanos. Cuando solicitamos una solución amistosa ante este gobierno es porque el caso, que se está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, está por pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica; y la Asamblea Nacional de aquél entonces, que pisoteó el Debido Proceso, no será quien haga frente a esta condena, sino todos los panameños.

El periodo del defensor del Pueblo, Liborio García C., comprende de 2006 al 2011, cosa que debemos recordar. Seguimos esperando por el cambio en las instituciones, en los Derechos Humanos, en el respeto a los Convenios y Tratados Internacionales. Me pregunto si deponemos los intereses por el pueblo y vimos en una TV como a un ser humano no le permitió defenderse una Asamblea de Diputados que tenía mayoría; y ahora la oposición tiene mayoría por qué no cumplir con sus promesas de campaña.

Si a un defensor del Pueblo no le resarcimos daños causados por un gobierno anterior en una actuación solapada de un Jueves Negro; entonces, me pregunto ¿qué esperamos los demás ciudadanos? El Artículo 4 de nuestra Constitución dice que Panamá acata las normas del Derechos Internacional. No permitamos que una Asamblea Nacional bajo la administración de Elías Castillo haga posible una condena contra Panamá. Como hombre de Derecho y Jurista que soy miro con cautela que ya es hora de que como pueblo exijamos nuestros Derechos. Votamos por una coalición que nos prometió un cambio y luchar por los intereses del pueblo. No queremos más promesas, sino hechos por eso les exhorto a que le hagan justicia al defensor del Pueblo, Liborio García Correa.

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Publicado el 17 de febrero de 2010 en el Diario   La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Inadecuado manejo de residuos sólidos: Una crisis de dos siglos

La opinión del Defensor del Pueblo……..

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RICARDO  JULIO  VARGAS

Lo que viene ocurriendo en todo el país con la recolección, tratamiento y disposición final de la basura no es nada nuevo, sino más bien las consecuencias de un problema de arrastre y falta de diligencia que bien pudiera repercutir en una seria amenaza que comprometa la salud de la población e importantes impactos en el medio ambiente.

El problema ha pasado por muchos gobiernos nacionales y locales, sin que los esfuerzos hayan producido beneficios y aportado solución a esta seria y urgente necesidad de la población. Ciertamente, se han aprobado legislaciones para regular de manera eficiente el manejo de los residuos sólidos, sin embargo, no han sido suficientes por la falta de implementación o razones presupuestarias entre otros argumentos, lo que sí ha faltado es una firme voluntad de resolver el asunto con método e inteligencia.

La Ley 66 de 1947, que aprueba el Código Sanitario, establece claramente que al Departamento Nacional de Salud Pública corresponde desarrollar las actividades de higiene y política sanitaria municipal, también señala que esta responsabilidad puede delegarse en los municipios que se encuentren técnica y económicamente capacitados para ello. Entre las actividades sanitarias está la obligación de recolectar y tratar la basura, residuos y desperdicios, pero es un hecho notorio que el modelo “ municipal ” carece —por regla general— del interés y la capacidad financiera y técnica para encontrar soluciones definitivas.

En 1996 se creó la Red Nacional de Residuos Sólidos, pero la misma no opera desde hace más de diez años, y más recientemente se aprobó el Plan Nacional y se adoptó una Política Nacional para el manejo integral de los residuos sólidos, sin embargo, ninguna de las dos iniciativas han dado resultados concretos.

En el 2005, el Ministerio de Salud instó a los municipios de Arraiján, David, Panamá y San Miguelito a cumplir con las disposiciones vigentes en materia de aseo urbano y domiciliario, incluyendo la recolección de la basura, pero la situación lejos de resolverse se agrava, tal como se observa en municipios importantes, como los de Coclé, Colón, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Desde entonces, distintas instituciones participan en la elaboración del anteproyecto que busca dictar el Marco Regulatorio e Institucional de los Residuos Sólidos No Peligrosos, pero a la fecha este tema continúa en discusión. Hace falta decisión política.

El inadecuado manejo de los residuos sólidos en Panamá, constituye hoy uno de los problemas ambientales y sanitarios más serios con graves amenazas a la salud de la población y al ambiente.

Históricamente se ha mencionado la falta de carros recolectores de basura como la causa principal de la problemática; no obstante, es nuestra opinión que para lograr una solución integral al problema de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, se requiere más que la pretentada adquisición de los mismos, que no se desconoce su importante necesidad. Además de ello, es necesaria la adopción de medidas urgentes enfocadas en una Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

Es indispensable, entonces, que las instituciones involucradas en el tema revisen y unifiquen criterios técnicos y legales sobre lo que debe ser la implementación de las regulaciones sanitarias y ambientales vigentes.

Es por ello que, como defensor del Pueblo, exhorto y reitero el llamado enérgico a las autoridades para que a la brevedad posible se implemente de manera eficiente y eficaz la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos y Peligrosos; al tiempo que consideramos imprescindible la adopción de un plan piloto en municipalidades de mayor vulnerabilidad para fortalecer la capacidad de gestión de las mismas.

Por otro lado, las medidas de solución deben ir de la mano de un sistema educativo eficaz que garantice la colaboración de la ciudadanía, pero lo más importante es que genere un cambio real en las costumbres del ciudadano, porque es vital erradicar la costumbre de la población de deshacerse de los desechos, como en muchas comunidades se practica. En fin, se debe erradicar la proliferación de los llamados “ pataconcitos ” o botaderos a cielo abierto.

En síntesis, el manejo de los desechos debe ir más allá de la eliminación, debe procurar resolver la causa fundamental del problema” y estar enfocada en la conservación y protección de nuestros recursos naturales o ambiente y por ende en la salud de la población.

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Publicado el 1 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al  autor, todo el crédito que les corresponde.

México encontrado culpable de femicidio

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La opinión de la Abogada….

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HAYDÉE MÉNDEZ ILLUECA

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Un triunfo para las mujeres en este mes de noviembre, Mes de la No Violencia hacia las Mujeres, resulta la primera sentencia condenatoria sobre femicidios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un fallo histórico para los derechos de las mujeres, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por falta de atención a los femicidios que se han dado desde 1993 en Ciudad Juárez. El gobierno de México fue encontrado culpable, sin posibilidad de apelación, de desprotección de las mujeres asesinadas, porque los crímenes se han mantenido en la impunidad sin que hasta el momento se haya encontrado un culpable, porque se considera que el Estado mexicano no llevó a cabo las investigaciones pertinentes.

El femicidio es el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Los famosos femicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, comenzaron a ser registrados desde 1993 y a la fecha suman 480 casos. Sin embargo, la CIDH declaró al gobierno mexicano culpable de solo ocho de estos femicidios, como resultado de la acusación de la defensora Karla Micheel Salas y un abogado español.

Esto debe convertirse en un caso emblemático para todos los Estados de la Región, en los cuales las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y los femicidios van cada vez en aumento.

Es saludable que nuestras autoridades pongan su barba en remojo. Ya tenemos varios casos de femicidios que no han sido resueltos en Panamá y que van a ser presentados a la Comisión de Derechos Humanos por CLADEM-PANAMÁ.

La Defensoría del Pueblo también ha establecido el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, con el objetivo de darle seguimiento a los femicidios en Panamá, que se ejecutan por medios cada vez más atroces, la mayoría por la pareja o la ex pareja de la mujer.

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Publicado el 23  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Defensoría: un error subsanable

La opinión del Abogado….

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JAVIER  A.  RIVERA C.

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Defensoría: un error subsanable

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Esta administración tiene la oportunidad de reivindicar una de las más grandes violaciones de los Derechos Humanos (DD.HH) dadas aquí, hablo de cuando la Asamblea Nacional pasó por encima de la Constitución y las Leyes, el Debido Proceso y sacó de su cargo al defensor del Pueblo (2006-2011), Liborio García.

Solicitamos una solución amistosa, creyendo que en una Institución tan noble y prístina íbamos a poder tener un cambio, como nos aseguraron promesas de campaña; pero aún vemos dentro de la Institución a dos personas que asumieron la Defensoría siendo testigos perennes de una violación a los DD.HH y que de manera acomodaticia, conociendo el Derecho y lo que se había cometido, asumieron sus cargos de defensores del Pueblo; la primera al perder una elección se quedó de Adjunta, avalada por otro que fue trasladado de lo que hoy es el Servicio Nacional de Migración.

Panamá ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por muchos casos y todavía no aprendemos que para enrumbar la Democracia debemos comenzar por respetar los Derechos de los ciudadanos, el Debido Proceso, la seguridad jurídica, institucionalidad y el orden público.

Cuando vi la unión de diferentes partidos, afirmando que deponían sus intereses por los del pueblo y en sus promesas de campaña hablaban de un cambio, creí y creo que todavía puede ser posible; sin embargo, solicité ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justicia para un defensor del Pueblo para que todos los panameños, y gracias a esta administración, pudiéramos evitar una posible condena.

Sin embargo, veo con tristeza que no hemos aprendido nada de los empleados del IRHE (afectados por la Ley 25), de Heliodoro Portugal, de Rita Wall y de otros casos que han creado precedentes funestos para Panamá.

No es por un gobierno en el cual yo he puesto mi norte como abogado, sino en un principio humano, puro y constitucional, como es el derecho a defenderse, a ser oído, a que se le brinde a un ser humano un Debido Proceso.

No es por Liborio García que interpuse esta Denuncia ni en contra de un partido político al cual siempre he respetado y en el cual todavía creo que puede reconstruirse, porque cuando pequeño veía por televisión al general Torrijos enseñándonos nobleza, calidad humana y rodeándose de las mejores personas para ver cómo se levantaba el país.

Igual que hace más de un mes vi cómo el pueblo aplaudía las obras del presidente Guillermo Endara; entonces vino a mi mente cómo quedarán recordados los que ahora tienen el timón de la Nación, porque son el tiempo y los hechos los que hablan por un pueblo.

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Publicado el 11 de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Petaquilla y la Defensoría del Pueblo

JULIO YAO

Opina..

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Petaquilla y la Defensoría del Pueblo

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Conforme a la Resolución DP-386p-05 de la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman, Ricardo Vargas, ha resuelto lo siguiente en relación con los proyectos mineros en Petaquilla:

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1. Declarar que se ha violentado el Derecho Constitucional a un ambiente sano;

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2. Recomendar a ANAM y al MICI para que “actúen con una mayor diligencia y rigor superior al demostrado, para que las actividades industriales de la empresa Minera Petaquilla, S. A., y sus afiliadas, sean detenidas hasta que se dé su adecuación a la normativa ambiental correspondiente” ;

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3. Recomendar al MICI que “estudie la posibilidad de preparar y presentar un proyecto de Ley a efectos de rescindir el Contrato-Ley contenido en la Ley No. 9 de 1997, sobre la base normativa contenida en el mismo contrato y que se denomina “Incumplimiento Sustancial”, que trata del incumplimiento o mora con respecto de las obligaciones dimanadas de las normas ambientales — legales y reglamentarias — vigentes, toda vez que se ha reducido sustancialmente el valor y los intereses del contrato para el Estado panameño, en función de que el medio ambiente sano es un valor imponderable que se debe salvaguardar para la presente y las futuras generaciones”.

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4. Recomendar al MICI y la ANAM que protejan los derechos emanados de la Constitución Política de la República de Panamá y del Derecho Internacional Ambiental, porque ambas entidades han sido incapaces de orientar “la actividad minera hacia la sostenibilidad de su desarrollo, demostrando más allá de duda alguna que la ejecución de las actividades de la empresa concesionaria, carece de la posibilidad de realizarse de manera sostenible y en armonía con el entorno circundante” ;

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5. Continuar “con las tareas de constante vigilancia, a fin de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos involucrados, iniciando nuevas investigaciones o activando los mecanismos internacionales de promoción y protección de derechos humanos, de ser necesario” ; y

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6. Solicitar al MICI y la ANAM “contestar por escrito, argumentando la aceptación o no aceptación de las medidas que han sido recomendadas, dentro de los 30 días calendarios, siguientes a su notificación”.

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De la Resolución se desprende que la Defensoría del Pueblo ha constatado la violación de la Constitución, del Derecho Internacional Ambiental y de la Ley No. 9 de 1997 y que, en consecuencia, recomienda su rescisión por “Incumplimiento Sustancial”. Otra causa de rescisión del contrato de Petaquilla es la lesión enorme ocasionada al país.

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El concepto fue invocado en relación con el Tratado de 1903, al configurarse en el mismo una lesión enorme cuando se estipuló una suma irrisoria por la entrega de la llamada Zona del Canal y de nuestra posición estratégica a EUA en un seudo acuerdo, que era, además, de cumplimiento imposible a la luz del derecho internacional de aquella época.

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El contrato de Petaquilla es inconmesurablemente más lesivo que el Tratado Hay-Bunau Varilla. Además, los proyectos mineros a cielo abierto en Petaquilla y en la totalidad del país son de cumplimiento imposible, dado que contradicen brutalmente el modelo de desarrollo sostenible al cual se ha obligado a Panamá en instrumentos nacionales e internacionales.

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Publicado el 12 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Pintada de Verde del Sabado 8 de agosto de 2009.

Pintada de Verde del Sabado 8 de agosto de 2009.

Columna Sabatina del Diario La Prensa.

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LiNA VEGA ABAD
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DESCARO. Tras la petición de suspensión de las operaciones de la minera Petaquilla Gold hecha esta semana por el defensor del pueblo, Ricardo Vargas, el vocero de la empresa, Carlos Salazar, hizo su aparición –lanza en ristre– descalificando lo actuado por el ombudsman.  Normal.  No ha dejado de hacer cosas similares desde que se iniciaron las denuncias de los vecinos de Coclecito, científicos, ambientalistas y ciudadanos conscientes de lo que se nos viene encima con la minería a cielo abierto.

En un comunicado que lleva su firma, Salazar alega que no existe justificación alguna para la petición del Defensor porque, dice, la Anam le aprobó a la empresa el estudio de impacto ambiental correspondiente. Como siempre, medias verdades y muchas mentiras.

¿Por qué calla el hecho de que la resolución de Anam incluyó 40 nuevas medidas de mitigación y requisitos que debía hacer la empresa antes de iniciar operaciones? ¿Por qué calla que las operaciones van viento en popa, ignorando completamente las nuevas exigencias de Anam? ¿Por qué deja de mencionar los procesos administrativos en marcha por el incumplimiento de la normativa ambiental? De eso se trata, señor Salazar y señores de Petaquilla Gold: del descarado incumplimiento de la legalidad vigente que, pareciera, no ha llamado la atención al nuevo inquilino del Palacio de las Garzas.

Hasta ahora, las buenas nuevas sobre el fin de la impunidad –en las concesiones de Amador, en las “botellas” de la planilla oficial, en los constructores que incumplen medidas de seguridad– no han llegado por los lados de Coclecito.  Y es que el viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, recibió ya el tour VIP que los señores de Petaquilla Gold ofrecen cuando les conviene y a quienes pueden engañar. Con ese tour, aquel “clima propicio para las inversiones” tan manido y que en realidad significa que la seguridad jurídica solo juega a favor de los empresarios y no del Estado y los ciudadanos, está ganando terreno.

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Publicado el 8 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Estado, seguridad pública y ciudadanía

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Estado, seguridad pública y ciudadanía
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Ricardo Julio Vargas
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La sociedad de hoy, con justificada razón, reclama eficacia en los servicios de seguridad ciudadana, como un derecho inalienable que nos pertenece a todos, y frente a un temor de perder lo que hasta ahora hemos tenido. El Estado, a través de sus instituciones, tiene esa obligación constitucional de brindarla. Ello significa que debe adoptar todas las medidas que estén a su alcance para lograr tal propósito. No obstante, para lograr ese fin no debe descuidar su función de tutela y respeto a las garantías y derechos de los ciudadanos que como Estado, está obligado a cumplir bajo el prisma de las normas nacionales y los convenios internacionales suscritos por el país que hacen parte de nuestro derecho interno.

La controversia que genera los anuncios de “mano dura, suave, amiga o súper dura” es totalmente irrelevante, por tratarse de meros clichés que endulzan a la ciudadanía, pero que lamentablemente crean una expectativa, que al final poco o nada aportan a la solución de una situación de inseguridad que nos golpea, y que estadísticamente muestra un aumento.

Lo correcto es cumplir y hacer cumplir la ley y revisar, si fuera el caso, algunos aspectos para perfeccionar el funcionamiento de las instituciones que tienen a su encargo los distintos roles en la prevención, persecución, investigación y sanción de la criminalidad en todas sus modalidades y asistirlas con los recursos necesarios para su ejecución.

El éxito de cualquier gestión en este sentido pasa por la necesaria adopción y efectivo cumplimiento de políticas bien estructuradas que atiendan el fenómeno en su complejidad, sin caer en las tentaciones y proclividades del aplauso fácil.

Desde hace algún tiempo, como Defensor del Pueblo vengo abogando por la conformación de una Gran Alianza Nacional por la Seguridad, que defina con rigurosidad una política que supere la superficialidad del actual debate y que oriente las acciones a seguir. Ya hemos tenido como país experiencias exitosas en este tema, a propósito de los Fundamentos de la Política de la Seguridad Pública del Estado Panameño, que lamentablemente no ha recibido el debido respaldo y seguimiento de los distintos gobiernos. Está pendiente, igualmente, la adopción de una Política Criminológica, bastante adelantada por el Pacto de Estado por la Justicia y el urgente establecimiento de una Política Penitenciaria, cuyo sistema está en crisis, y tema del cual en otra oportunidad nos ocuparemos; todos estos componentes estratégicos y fundamentales para un abordaje integral del fenómeno de la criminalidad y sus perversos efectos en la sociedad.

La responsabilidad de asumir estos compromisos con seriedad es grande y difícil, la sociedad se inquieta y se maravilla y puede sucumbir peligrosamente ante cualquier propuesta que le dé un hálito de esperanza que las cosas van a mejorar. No vale una improvisación más.

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Publicado el 27 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde

Defensoría y Comisión Interamericana

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Defensoría y Comisión Interamericana

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JAVIER A. RIVERA CEDEÑO

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Hemos solicitado en consenso en el caso del defensor del Pueblo 2006-2011 una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada más nos resta esperar la decisión del Estado panameño, como parte en el conflicto. A manera didáctica, una solución amistosa, es un mecanismo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece un procedimiento de conciliación, para lograr dentro de un marco de respeto a los Derechos Humanos la satisfacción de las demandas de los peticionarios, evitando tener que recurrir al pronunciamiento de una instancia jurisdiccional; que en este caso es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.

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Debemos resaltar que al Dr. Liborio García aún no se le ha acabado el periodo por el cual fue electo por la Asamblea de Diputados como defensor del Pueblo; y que tanto la Asamblea como el Nuevo Gobierno saben que el defensor del Pueblo actual y su Adjunta asumieron y se han mantenido en el cargo conociendo plenamente que es un Debido Proceso y de las violaciones a los Derechos Humanos de las cuales fue víctima en el 2006 mi representado, como abogados que son. Nuestra nueva administración estatal demostraría con hechos que viene a hacer justicia, proponiendo como estandarte el respeto y valor a los Derechos Humanos, Convenios Internacionales, Constitución y Leyes; que es lo menos que esperamos de la consolidación de un Estado de Derecho.

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El nuevo gobierno con este caso podrá demostrar con hechos su eslogan de campaña en que no son más de lo mismo y que viene a enmendar lo que hicieron mal gobiernos pasados. El espíritu de este procedimiento, es permitir una especie de salida político-diplomática con el fin de evitar una decisión jurisdiccional sobre los méritos de la denuncia, así lo establece el Literal F del Artículo 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Publicado el 25 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor del artículo, todo el credito que les corresponde.

Futuro de los Derechos Humanos en Panamá

Futuro de los Derechos Humanos en Panamá

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JAVIER A. RIVERA CEDEÑO

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La pasada administración le dejó muchas cosas sin resolver a este nuevo gobierno y una de las cosas pendientes es enmendar esta Nación, para que pueda consolidarse como un Estado de Derecho, en el cual tenga como norte el respeto a los Derechos Humanos, la Constitución, las Leyes y los Convenios Internacionales.

Actualmente solicitamos de manera voluntaria acogernos a una solución amistosa conforme al Artículo 41 del Reglamento Interno de la Comisión Interamericana de la Organización de los Estados Americanos y el Literal F de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Somos el primer país a nivel mundial e Iberoamericano que sacamos, violando los Derechos Humanos y el ordenamiento jurídico, a nuestro defensor del Pueblo.

Esta Administración tiene la oportunidad de oro de elevar a Panamá en la más alta posición a nivel de los Derechos Humanos, devolviendo la credibilidad a la Defensoría del Pueblo, toda vez que la misma Institución recibió ataques solapados por personas que querían el control absoluto para que la misma estuviera silenciosa, dependiente y sin credibilidad, que es lo que debemos cambiar.

El 1 de julio de 2009 Panamá despertó con un país renovado y una Asamblea Nacional de Diputados de principios, justicia y equidad. Siempre conservaré en mi mente y corazón cuando, el jueves 29 de junio de 2006, un hombre honorable se levantó diciendo de manera valiente, alta y clara: “déjenlo defenderse, denle un Debido Proceso al Defensor del Pueblo”, en medio de la bancada del PRD, que era mayoría. Este señor, que hoy es presidente de la Asamblea Nacional, y el H.D. Vladimir Herrera demostraron lo más importante para los Derechos Humanos: independencia, justicia, valentía, calidad humana y principios; por eso pedimos ante la Comisión Interamericana y a este nuevo gobierno que nos permitan terminan el trabajo que comenzamos por el futuro de los Derechos Humanos en Panamá haciendo justicia en la Institución: Defensoría del Pueblo de Panamá.

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Publicado el 11 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos todo el crédito que le corresponde.

¿Cerrar el gobierno?

¿Cerrar el gobierno?

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GABRIEL D. ROSANÍA VILLAVERDE

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Casi un mes después de la elección general de 2009, tuve la oportunidad de tener un diálogo cibernético con el diputado José Luis Varela, sobre sus declaraciones en torno a la Defensoría del Pueblo, a lo que me dijo que sus intenciones eran provocar un debate nacional tendiente a mejorar esta institución.

Le dije que sus argumentos también son aplicables a la mayoría de las instituciones públicas, así como también le comenté que cualquier acción que se tome sobre el Ombudsman debe ser a nivel constitucional, porque esta oficina tiene ese rango, por lo que el momento es propicio para una reforma integral del Estado, porque todas las constituciones panameñas no son consecuencia de verdaderos consensos sosegados, unánimes, populares, nacionales y democráticos.

Lo cierto es que le mandé parte de mis propuestas, las que me pidió, que seguramente serán consideradas.

Siendo analíticos, no nos será difícil deducir que el sistema de gobierno es decadente, corruptor, inoperante, obsoleto y anacrónico. Por ejemplo, altos salarios para unos pocos a los que sus subalternos les hacen todo el trabajo, millonarias inversiones y gastos en publicidad gubernamental y electoral, mientras miles se mueren o enferman por el hambre, poca producción legislativa con un presupuesto exorbitante, miles de botellas que acceden a los puestos por razones subjetivas, torneos electorales que en la mayoría de los casos arrojan como resultado funcionarios incapaces y deshonestos, una descentralización puesta en manos de entes locales gobernados por inescrupulosos y sin buenos perfiles académicos y profesionales, fallos de justicia tardíos, abusos de autoridad por doquier, etcétera.

La lista de las situaciones que hay que corregir es grande, aún así, ¿quién se atreve a decir que hay que cerrar los Órganos del Estado o privatizar el Gobierno Nacional?

Sabemos que nuestro sistema no es ni será perfecto, porque los seres humanos no somos perfectos, más bien perfectibles. Pero, en lo que creo que coincidimos todos es en que hay que optimizar las instituciones públicas, ¿y qué mejor que una reforma como consecuencia de un análisis científico y cívico y de un debate en el que todos sean tomados en cuenta?

Para que sirva de norte, puedo decir que la Reforma del Estado debe sopesar, entre otros, los siguientes aspectos:

• El redimensionamiento del Estado y las modificaciones en sus procesos de toma de decisiones e implementación de políticas;
• Los métodos de elegir a los titulares de los Órganos del Estado y las formas como se estructuran e implementan las facultades públicas;
• El mejoramiento de los procedimientos administrativos que involucren cambios importantes en las estructuras y sistemas, con el fin de que resuelvan las necesidades sociales más apremiantes;
• La adecuación de instituciones con la capacidad de solucionar conflictos entre el Estado y la sociedad civil;
• La existencia de mecanismos de responsabilidad de los políticos y los funcionarios públicos;
• La capacidad de la sociedad de minimizar sus demandas y del gobierno en satisfacerlas; y
• Garantizar la participación política y gubernamental de todos los sectores en condiciones de igualdad, equidad, representatividad y proporcionalidad.

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Publicado el 23 de junio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos el crédito correspondiente.