Del discurso a la realidad

La opinión del Diputado de la República….

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JOSE BLANDON FIGUEROA

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Del discurso a la realidad

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A propósito de la discusión del Proyecto Ley sobre derechos posesorios en las costas e islas, ha vuelto a resurgir la tesis interesada de quienes representan poderosos intereses económicos, según la cual ser poseedor equivale a ser propietario y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de titular a quienes dicen ser poseedores y hacerlo al menor precio posible, porque el Estado no está vendiendo el terreno, sino cobrando el trámite de titulación.  Los ideólogos de esta tesis dicen defender los intereses de los lugareños que, por años, han ocupado estas tierras.

Creo que ha llegado la hora de desenmascarar a quienes se escudan detrás de los costeños de Colón o los santeños del Uverito.

En honor a la transparencia que pregonan los voceros de la sociedad civil, y con la cual estoy totalmente de acuerdo, es necesario decir que los principales voceros de esta tesis tienen intereses directos en la titulación de cientos de hectáreas de selva en las costas de la provincia de Darién o representan como abogados, por ejemplo, a una empresa norteamericana que pretende titular, para sí, cientos de hectáreas de selva en la costa Pacífica de la provincia de Veraguas.

No es que crea que eso sea pecaminoso, pero no parece justo en el debate que no salgan a explicar eso y se pretendan escudar en que su verdadero interés es defender a la señora del Uverito que, de a mala, tiene derechos posesorios sobre mil metros de terreno que pretende titular.

Estos voceros pretenden vender como una verdad absoluta algo que ni siquiera se compagina con lo que nuestra Constitución establece.   Contrario al deseo de la Fundación Libertad, la Carta Magna panameña establece un Estado interventor que, como su nombre lo dice, interviene en la vida económica del país bajo la premisa de salvaguardar los intereses de la colectividad y en especial, de los más humildes. En Panamá, la Constitución establece que todo terreno que no es privado es del Estado y, por tanto, se considera baldío.

Y es precisamente por estar baldío que alguien que no es su propietario puede llegar, ocupar el mismo y alegar ser su “poseedor”.   Es poseedor y no dueño, porque el dueño es el Estado. El Estado no es el Gobierno que temporalmente lo administra, el Estado somos todos.

Por tanto, todos somos en parte dueños de ese terreno y el Estado que lo administra, en nombre nuestro, debe buscar darle el mejor uso posible para beneficio de la mayoría.

Dentro de esos mejores usos posibles es perfectamente legítimo que un Gobierno decida que ese mejor uso posible es titular el terreno a quienes son sus poseedores para que puedan desarrollarlo (lo cual puede significar conservarlo en en su estado natural). Pero también puede suceder que el Gobierno decida que es preferible no titularlo. Titular es una potestad del Estado, no una obligación.

Finalmente, hay quienes alegan que existe una posesión “ambiental”.    Según esa teoría, yo puedo llegar y decir que soy “poseedor” de cientos de hectáreas de selva virgen porque estoy “conservándolas”.

Y sobre esta base, el Estado se las tiene que dar a 150 dólares la hectárea para que luego ellos obtengan jugosas ganancias en el mercado internacional de los bonos de carbono y a través de la reforestación (y venta de madera), así como de la explotación de nuestra biodiversidad.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿no tiene más sentido para el Estado, que somos todos, que esa ganancia o parte significativa de la misma vaya para beneficio del erario y no de los bolsillos de unos particulares, así sea una supuesta Fundación? ¿Por qué vender esos terrenos estatales y no, por ejemplo, darlos en concesión?

En el segundo debate en la Asamblea, tendremos oportunidad de discutir estos temas más a fondo. Y prometo explicarle al país con ejemplos concretos cómo pretenden despojarnos de riquezas naturales que son de todos nosotros y no de unos cuantos avivatos, sean panameños o extranjeros.

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Publicado el 15 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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