Acuerdo inconsulto e improcedente

La opinión de…

 


RAFAEL CARLES
lifeblends@cableonda.net

Como ciudadano de la comuna capitalina y empresario que quiere lo mejor para Panamá, rechazo el Acuerdo que nos quiere imponer el Alcalde y su banda de asesores legalistas. El Acuerdo es inconsulto e improcedente porque fue anunciado de manera unilateral y arbitraria sin que la Alcaldía de Panamá hubiese presentado una rendición de cuentas a los residentes y contribuyentes de la ciudad capital.

Por tal razón, los empresarios se oponen y rechazan estos gravámenes que el alcalde pretende imponer sin siquiera haber probado eficiencia y efectividad en hacer un buen uso de los recursos que actualmente recibe.

Históricamente, la Tesorería Municipal presentaba a los interesados y afectados un proyecto de aumento tributario antes de ser llevado al Consejo Municipal, para poder así presentar ideas y ofrecer aportes al documento. Por eso planteamos enérgicamente nuestra posición de solicitar la derogación inmediata del Acuerdo hasta que el mismo sea discutido y analizado responsablemente. Sabemos que por lo inconsulto e improcedente del mismo, este Acuerdo ha encontrado el rechazo unísono de todos los gremios del sector privado del país, así como también del Ejecutivo y el resto del Gobierno Central.

En particular, nos preocupa temas como los conceptos de contribuyente y agentes de retención, además de que se introduce la figura de la declaración mensual de impuestos. También aflora la figura de alícuotas, sin tomar en cuenta si hay pérdidas o ganancias. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, por ejemplo, considera que este Acuerdo inconsulto e improcedente introducirá aumentos excesivos al sector privado capitalino, afectando a sectores económicos que realizan importantes aportes tanto al fisco nacional como a la Alcaldía de Panamá. Incluso, su Centro de Estudios Económicos (CEECAM) realizó un estudio pormenorizado del nuevo esquema de impuestos, encontrando un idéntico parecido al extinto CAIR.

Igualmente, el aumento que se hace a distintos sectores económicos es desmedido, llegando a representar en algunos casos hasta más del 3,000 por ciento, lo que pudiese llevar a muchas empresas a considerar cambios drásticos en sus operaciones, además de emigrar a otro distrito o peor aún de reducir personal.

Insistimos que se trata de un impuesto inconsulto e improcedente, del tipo de cascada que finalmente afecta a los consumidores, dado que le se le aplica a productos que actualmente no pagan impuestos.

En otras palabras, es un nuevo patinazo del alcalde por querer recaudar sin conocer de antemano los efectos y consecuencias de sus acciones. Las modificaciones presentadas en el Acuerdo demuestran que existen errores en la base sobre la que se formularon las alícuotas, reflejo de que no es una propuesta seria ni sustentable para los efectos de recaudación.

A los empresarios se nos invitó para que acudiéramos antes de abril a realizar el ‘Pronto Pago’ y así evitar el gravamen producto del nuevo Acuerdo. Es decir, corran que si no los agarra Bosco. Señores, en estos asuntos hay que ser más serios y responsables.

Otra preocupación es la creación de un fondo de inversión y asistencia social, donde supuestamente se beneficiarán las 21 Juntas Comunales de un fondo de US$4.7 millones, e igualmente se establece un aumento en las Asesorías al Municipio del 66%; es decir, US$ 1.4 millones más que el año anterior.

Con este esfuerzo el Alcalde ha perdido hasta su buen sentido de humor, y ya raya en lo malcriado. En su última comparecencia ante los empresarios, irrespetuosamente se retiró sin responder los cuestionamientos del sector privado. Lo que sí buscábamos era que él, nuestro alcalde que devenga un salario de nuestros impuestos, explique en qué pensaba cuando se le ocurrió semejante exabrupto. Si se hubiera mantenido en el recinto y contestado nuestras dudas, no hubiera tenido la necesidad de entablar la exorbitante campaña publicitaria que él y su banda de legalistas han concebido para atacar a la empresa privada, dando así un claro ejemplo de su capacidad de despilfarro y un mal manejo de los fondos de los contribuyentes.

Y sobre su frase de que no dará marcha atrás, le recuerdo que al último que tuvo la osadía de decir tal estupidez, hoy se encuentra postrado entre barras y sin saber a dónde ir. Mucho cuidado que cuando las autoridades, sean quienes sean, hacen las cosas por terquedad, siempre terminan igual: solos y olvidados.

 

Este artículo se publicó el 25 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,

Sin que haya sido condenado

La opinión del Periodista….

 

JOSÉ  MIGUEL  GUERRA
jmguerravideo@gmail.com

Nuestra Constitución es clara, nadie que haya sido condenado por delito doloso puede ocupar cargos en la administración de justicia, así queda explícitamente documentado en artículo 205 de nuestra Carta Magna.

Hoy, vemos cómo el fiscal José Eduardo Ayú Prado es designado por el Ejecutivo para el cargo de procurador general de la Nación, el fiscal Ayú Prado puede decirse que es un hombre institucional, pues, gran parte de su carrera o casi toda la ha realizado en el Ministerio Público, supongo que en los mandos inferiores hasta llegar a fiscal en la provincia de Colón, de donde es oriundo.

Eso pareciera que es el sueño de todo servidor público, ir escalando y llegar a posiciones por mérito y estudio.    Sin embargo, éste no es el país de la maravillas y Alicia no está por ningún lado,   el fiscal Ayú Prado ha dejando en algunas de sus ejecutorias un legado de maldad y malas prácticas, que llegan a ser tan delincuenciales como las de los criminales que supuestamente juró perseguir.

A nuestro país le costó una condena internacional por violación de los derechos humanos; es decir, que el fiscal Ayú Prado ya es un convicto por crimen de lesa Humanidad como son los crímenes contra los seres humanos. Además, en nuestro patio son muchas las historias de cómo inventan pruebas, mantienen detenidas por largos periodos a personas que el día la audiencia ante los juzgadores recobran su libertad por la falta de pruebas o méritos que las inculpen los hechos perseguidos; en fin, de no ser responsables de las acusaciones que les formuló el hoy aspirante a procurador general.

¿Cuánto le costaron todos estos desaciertos al pueblo panameño? Jamás éste señor ni los otros fiscales han dicho cuánto cuesta instruir un expediente y que al final no resulte en nada, jamás han rendido cuentas al pueblo, nunca han dado una disculpa pública por estos abusos contra los ciudadanos y solo meten preso a los hijos de la cocinera.

Este señor nunca ha dicho cuánto ha pagado por publicar noticias de esas cajas menudas que tienen los fiscales y de las que no rinden cuenta a nadie, a qué medios, violando la reserva del sumario, les ha entregado copia de los expedientes que maneja para que hagan públicas las versiones que le convienen.

Pero la nefasta actuación de éste fiscal no solo tiene que ver con casos de falsedad de pruebas o no tener elementos probatorios, este fiscal en especial es un perseguidor de periodistas, sin el menor reparo el señor ha mandado a allanar residencias sin que exista un solo elemento para ello, se ha llevado equipos de las casas que jamás ha devuelto, no existen documentos que digan dónde los ha metido o si están en custodia y cuál fue la causa para apropiarse de ellos.

Estas prácticas, que parecen gansteriles, del fiscal Ayú Prado, son las que se podría decir que le agradan al Ejecutivo, pues, con ésta designación de un violador de derechos humanos, un perseguidor de periodistas, un presunto manipulador de expedientes, una persona que pareciera ser un desalmado que no le ha importado mantener detenido en nuestro dantesco sistema penitenciario a hombres y mujeres inocentes solo porque a él le da la gana, flaco favor le hace ésta administración al pueblo panameño al designar a un funcionario que ha demostrado no tener principios morales ni éticos para ocupar el cargo de procurador general, y que al final es un convicto que le ha costado a nuestro país una condena internacional.

 

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<> Este artículo se publicó el  31 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La nueva amenaza ‘yeyé’

La opinión de…

Roberto Quintero

Ricardo Martinelli es el nuevo hombre fuerte de Panamá. Sin controles, él y los miembros de su gobierno ejercen el poder a sus anchas, como si ser presidente le diera licencia para moverse al margen de la ley. Ahora tampoco tienen que rendir cuentas para utilizar los fondos del Estado, que son nuestros, como mejor les parezca.   Mañana eliminará la Contraloría y dirá que nunca nos hizo falta.

El Órgano Legislativo ya no discute, analiza ni debate los proyectos que él propone. Los diputados aprueban en tiempo récord y antes de que nos demos cuenta del contenido de la ley.   Si no se ausentan, claro.   No hay voces ni mentes críticas. La Procuradoría General de la Nación y el Órgano Judicial parecen dependencias subordinadas al caprichoso ritmo del Ejecutivo que, por cierto, penalizó la protesta callejera y recrudeció la represión policial.

Tampoco hay oposición. Está aprovechando su poder para diezmar a la única fuerza política que podría oponérsele: el Partido Revolucionario Democrático. Sí, sé que los perredés tampoco se ayudan y hasta parece que ellos mismos se pusieron la soga al cuello. Pero además rechaza las candidaturas presidenciales independientes y amenazó con negarles todo futuro.

Y al mismo tiempo, otorgó asilo a una persona que está siendo acusada e investigada en Colombia, precisamente por utilizar un cuerpo de inteligencia estatal y sus recursos para perseguir a sus adversarios políticos, alegando que en Panamá ya hay tradición de servir como guarida de malhechores que hacen de las suyas y después huyen para no dar la cara. Sin ninguna vergüenza nos lanzó nuevamente al estanque del hazmerreír internacional. Como si los panameños realmente amparásemos el delito, cuando fue una arbitrariedad que decidió él.

¿Hacer patria no es poner el ejemplo, señor Presidente? Usted, que nos quiere hacer creer que los únicos patriotas son los que desfilan. Porque hace años que venimos tamborileando el 3 y 4 de noviembre, disfrazando a nuestros niños y adolescentes de militares de otro tiempo, sin saber muy bien por qué o cuál es el verdadero significado de esa forma de rendirle honor a Panamá.

No queda duda de que si antes se enorgullecía de estar loco, ahora está completamente fuera de control y aquí se hace lo que a él le da la gana. Solo le falta blandear el machete en alto, donde todos lo puedan ver, para reafirmar que es otro autoritario peligroso de los que ya tuvimos.

Como si nunca hubiésemos recuperado la democracia. La perdimos en un acto de travestismo político de antología. Porque crear un partido llamado Cambio Democrático y haberse hecho pasar por una suerte de paladín populachero de corte tropical –al ritmo del reguetón– para luego convertirse en nuestro primer dictador civil del siglo XXI en tan solo un año de gestión, merece ser recordado por siempre. Sino estaremos condenados a pasar por esto una y otra vez.

Panamá es el hogar de más de 3 millones de habitantes, no la finca de Ricardo Martinelli.

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<> Este artículo se publicó elel 1 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

En defensa del Control Fiscal

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La opinión del Ex Contralor General de la República…

Rubén D.  Carles

Por tratarse de un tema de política fiscal acerca del cual tuve la oportunidad de adquirir vastas experiencias, debo referirme a la reciente decisión de suspender el control previo en actos de manejo en algunas dependencias del Estado. 

Como desconozco las razones para adoptar esa decisión, es difícil formular señalamientos específicos. Pero estoy convencido de que los actos de manejo de los fondos y bienes públicos deben realizarse con corrección, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

La manera de lograr los anterior objetivos es mediante la efectividad de las medidas de control que se establezcan.   Control es anticipar actos. Para ello existe una entidad estatal con rango constitucional y carácter independiente: Contraloría General de la República.

La Contraloría tiene la función de fiscalizar y regular. Hacer cumplir las medidas dispuestas como control, que significa: examinar, dirigir, revisar, comprobar, inspeccionar, dominar, vigilar, verificar e intervenir. Parecen sinónimos, pero no lo son.

El control previo, como norma establecida en la Constitución Nacional, debe ser mantenido y reforzado a toda cosa. Se trata de un tema que requiere ser debatido con amplitud.

El control en el manejo de las finanzas públicas nunca puede considerarse innecesario, o sea afectado por acciones que podrían debilitarlo.

Así, las cosas no van a cambiar.

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<>Artículo publicado el  3  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,  lo mismo que el 5 de noviembre en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  al igual  que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/carles-ruben-dario/

Cuando aprender es un verdadero milagro

La opinión del Jurista, Ex Director de la Fuerza Pública y actual Presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario El Siglo….

EBRAHIM ASVAT

Hace muchos años atrás se hizo una película de la vida de Helen Keller, titulada ‘Ana de los Milagros’. Helen Keller fue una mujer excepcional a pesar de que perdió a temprana edad la vista y la capacidad de oír. Como sorda y ciega tuvo a temprana edad la oportunidad de contar con una excepcional maestra, ‘Anne Sullivan’, quien la ayudó a expresar sus emociones, a leer y escribir.

 

La película está basada en esos primeros años de la vida de Keller: incapaz de comunicarse y con un mal genio. La maestra trató de separarla de sus protectores y ayudarla a mantener una disciplina.

 

Es durante esos primeros años que, a través del tacto, la maestra Anne le enseña la relación entre las cosas y las palabras. En la película, hay un momento, luego de una dura discusión familiar, en que Helen al sentir en sus manos el líquido vital menciona la palabra ‘agua’, oportunidad que la maestra aprovecha para que ella entienda la relación causal entre las cosas y las palabras que por el tacto le comunica. Es el momento cumbre en el que Helen empieza a entender y a relacionar palabras y objetos creando así un lenguaje que le permite comunicarse con los demás y explorar el mundo exterior que no puede ver.

 

Yo creo que es el momento más relevante del ser un humano, aquél que le abre la puerta de un universo de entendimiento. Hay ocasiones que a los neófitos en la política les pasa algo parecido. Como no entienden la realidad en la que participan se comportan, como la niña Helen, con muy mal genio y rebeldía. Es el tiempo el que les permite entender las relaciones causales que los ayuda a comprender que hay un universo por explorar y conocer denominado: la sociedad civil.

 

Lamentablemente, hay gobernantes que no han tenido el privilegio de contar con una maestra como la milagrosa Anne Sullivan.  La película de 1962 logró dos Oscar de la Academia para las actrices Anne Bancroft y Patty Duke, quienes hicieron los papeles de Sullivan y Keller, respectivamente.

 

Un gobierno sordo e invidente necesita otra metodología para entender el complejo mundo de la política y el arte de gobernar. Los traspiés y la hostilidad son en ocasiones consecuencias de la incapacidad de relacionar gobernabilidad con mandato, poder con vocación de servicio, libertad de prensa y expresión con democracia, transparencia con gestión pública o la administración pública con rendición de cuentas.

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<> Este artículo se reprodujo de la publicación del 15  de octubre de 2010 en el diario El Siglo,  a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el credito que les corresponde.
Más del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/asvat-ebrahim/

La servidumbre del patíbulo

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La opinión de…

Mauro Zúñiga Araúz

Hasta bien entrado el siglo XVIII, a las personas que habían cometido un delito, de las que se sospechaba del mismo o, simplemente, eran denunciadas se les sometía a una serie de suplicios que empezaban por arrancarle la confesión, aunque no fuese culpable, y continuaban por medio de unos rituales –torturadores todos– que se llevaban a cabo o bien en la plaza pública o en el mismo lugar en que habían acontecido los hechos. Se le amarraban sus extremidades a las colas de caballos o se les colocaba en una rueda o se destripaba de a poco o se le quemaba viva, en fin, atrocidades inimaginables en una mente civilizada.

El soberano, el rey o el príncipe, convocaba a la gente para que contemplara el espectáculo, porque un delito representaba una violación a la soberanía del amo. Desde entonces surge el concepto verdad/poder, la verdad del poder.   El poder no es cuestionado. El poder es respetado porque significa la verdad. La presencia del pueblo significa su lealtad al soberano.   La venganza del pueblo se identifica con la venganza del soberano, sobre todo cuando esos enemigos se hallan en medio del pueblo.   El suplicio asegura, al mismo tiempo, la manifestación de la verdad y del poder.

Pero el personaje principal no era la víctima, era el pueblo a quien se le tenía que dar el ejemplo por medio del terror. No era preciso que la gente se enterara, tenía que verlo con sus propios ojos.   El pueblo era el testigo. Ese era el derecho que se cedía el soberano. Todo un privilegio. Había un carnaval. Festejos previos, durante y después.   Se ultrajaba al condenado. Se hacían imitaciones de las técnicas del verdugo.

Pero las cosas no siempre sucedían así. Los filósofos de la historia las denominan “emociones del patíbulo”: la gente quería estar cerca del condenado para escuchar sus lamentos. Un cronista de la época, A. Boucher d’Argis relata lo siguiente: “Si existieran unos anales en los que se consignaran escrupulosamente las últimas palabras del ajusticiado y se tuviera el valor de leerlas, si se interrogara tan solo al vil populacho que una curiosidad cruel reúne en torno de los patíbulos, responderá que no hay culpable atado a la rueda acusando al cielo de la miseria que lo ha conducido al crimen,   reprochando a sus jueces sus barbaries,  maldiciendo el ministerio de los altares que los acompaña y blasfemando contra Dios cuyo órgano es”.

Estas emociones del patíbulo no siempre terminaban en la consumación del crimen.  Hubo revueltas.  Rebeliones.   Y no solo por escuchar esas emociones, sino cuando el pueblo sentía que era injusto el proceso o cuando la pena era demasiado grave por la poca monta del delito.   El poder/verdad se desmoronaba.  La unión del pueblo con la víctima incitaba a la solidaridad y revertía el espectáculo contra los ejecutores. Surgió la figura víctima–héroe y víctima–santos.

Cada víctima tenía que leer el “discurso del patíbulo” en que declaraba la veracidad del delito. Circulaban hojas en las que el ejecutado detallaba su crimen y aceptaba el veredicto, hasta que la gente empezó a sospechar que esas hojas no eran genuinas, por lo que las revueltas ya no eran actos episódicos, sino que se generalizaron, con la precaución de parte del soberano de impedir que las otras ciudades se enteraran de tales protestas. Se empezó a correr el riesgo de que de las ceremonias de los suplicios se fortaleciera la solidaridad, en vez del poder soberano.   Fue por eso, y solo por eso, que se abolió el suplicio.   En vez de aterrorizar al pueblo, lo llenaron de coraje.

Comparto con el lector este importante pasaje de la historia, con la finalidad de que los gobernantes entiendan que la verdad/poder es más frágil que un cristal de Murano.   Que así, como se pasó de la servidumbre del patíbulo a la abolición del suplicio,   la gente, más temprano que tarde, exigirá un rendimiento de cuentas,   un detallado balance de promesas/hechos y una auditoría de los gastos del Estado.   No se puede mentir siempre, ni seguir asaltando el tesoro público como bucaneros de tierra firme.    De continuar con esa política, no vamos a retroceder a la servidumbre del patíbulo sino a contemplar el camino hacia el patíbulo del soberano y su corte.

<> Este artículo se publicó el 6 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El cómodo sendero de las fechorías

La opinión de…

Carlos Eduardo Galán Ponce

En este país ocurren las cosas más inverosímiles. La percepción ciudadana, junto a una realidad que sus protagonistas no parecen tener el menor interés en ocultar, es la mejor muestra de la forma descarada en la que algunos funcionarios –y parientes y amigotes– se enriquecen al calor de sus cargos.

Pero ahora resulta que el actual gobierno, luego de haber ganado las elecciones con una extraordinaria mayoría de votos, en gran parte por la promesa de pedirle cuentas a los que “entran limpios y salen millonarios”, se encuentra con una situación de lo más curiosa.

Si el PRD hubiera ganado las elecciones, todo continuaría igual por aquello de que “son tú mismo”. Pero como las perdió, si se le piden cuentas a sus miembros por posibles actos de corrupción, resulta que se trata de “persecución política”.   Bueno, es que las mordidas al gran pastel de los negociados no se las iban a dar miembros de la oposición.

Antes se hablaba de los pactos de no agresión en los que los partidos, al alternarse en el poder, se cuidaban de hacerse “los chivos locos” ante los actos deshonestos de sus antecesores y así, como en un cuento de hadas, todos vivían felices.

No pasaba nada. Ahora que la situación parece haber tomado un rumbo diferente y se inician ciertas investigaciones sobre una serie de “cosas” que huelen mal, los involucrados recurren a toda clase de argucias para evitar una rendición de cuentas. Primero, tienen la ventaja de que son tantos que si es por turno les tocará “el día de la pera”.

Larga es la fila. Y si se comienza por los más “cocotudos”, estos cuentan con la mayor cantidad de recursos que les brinda nuestro famoso “estado de derecho”.   Esos derechos de cuya sepultura se beneficiaron todos durante los años de la dictadura. Se enferman, ellos o sus consejeros, se les muere una tía. Se cobijan bajo una inmunidad que tuvo su origen y tenía toda su razón de ser cuando los funcionarios poseían otro concepto del honor.

Cualquier cosa, menos demostrar su inocencia de la manera más sencilla y convincente. Haciendo gala, al término de su mandato, de una fortuna y un estilo de vida semejante al que tuvieron al inicio de su gestión. Al mejor estilo del presidente Guillermo Endara Galimany.   Muy sencillo.

Los términos más frecuentes que nos exhiben los dictados de los encargados de administrar justicia son: archivar el expediente, archivar la denuncia, sobreseimiento definitivo, prescripción del delito. Y si por fin son pescados en algo, entonces la moda es recurrir a las cortes internacionales, cuyos magistrados no poseen vínculos de ninguna clase con nuestra sociedad, ni sus fallos tienen efecto alguno sobre los tributos fiscales de donde proceden.

Siempre creí que la violación de los derechos humanos se tipificaba por el abuso a la integridad física del individuo. Que nacieron como institución, para proteger al ciudadano de la violencia y la crueldad de los regímenes represivos. Como el caso de la actual Cuba comunista, saturada de presos políticos.

Como las prácticas que dejara para la historia la dictadura de Omar Torrijos, inventor local de la eliminación física de los adversarios políticos. Pero ahora todos los “botados” recurren a esas cortes, que se demoran lo que les dé la gana –total nada les cuesta– para, al final, cobrar los “salarios caídos”. ¿Cuáles salarios? ¿Caídos de dónde?  Ni los trabajaron ni guardaron ayuno durante ese período. Antes, a un tipo lo botaba un gobierno entrante y salía tranquilo a buscar trabajo en otra parte y encontraba normal que le tocara el turno a otro.

Nunca estaremos seguros de cómo va a terminar la actual gestión. Hay que predicar con el ejemplo, aunque desafortunadamente ya comienzan a percibirse indicios de fisuras en la modalidad de adecentamiento de la cosa pública. “Negocitos” que lejos de acabarse, solo pasan de manos. Informantes con las orejas paradas para darle curso raudos a lo que escuchan, al mejor estilo de los tristemente célebres “sapos”, de una era que creímos superada. Pero el resultado solo lo sabremos al final, cuando veamos quienes lograron inflar sus fortunas y quienes saldrán de sus cargos con la frente en alto. Ese es el mejor, sino el único termómetro que mide la corrección del desempeño en un puesto público.

Pero el país ha ganado con este proceso de adecentamiento, de llamar a rendir cuentas a los que han atentado contra el patrimonio del Estado, porque de esa manera, los que actualmente tienen la responsabilidad del manejo de la gestión pública, guardarán la cautela necesaria para que no tengan que ser llamados luego a rendir las mismas cuentas que ahora le exigen a sus predecesores. Es hora de que tengamos una sociedad que no crezca en el país dónde no pasa nada.

<> Este artículo se publicó el 24  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.