La Alianza PanamáCard y Stratego

La opinión de la comerciante…

DIANETH  GONZÁLEZ  
dianethgonzalez1@hotmail.com

La empresa PanamáCard ha salido a ensuciar el proceso de licitación pública por mejor valor —en el que el precio no es el único elemento que se toma en cuenta— para la escogencia del Administrador Financiero del Metrobús con una ‘dudosa estrategia’ de medios, en la que nunca le informan a la comunidad que su propuesta jamás logró pasar a la fase de evaluación, por la sencilla razón de que su oferta no cumplió con los requisitos mínimos establecidos.

Precisamente esas reglas de juegos fueron avaladas por cada uno de los proponentes, entre los que se encontraban los representantes de PanamáCard.

Esta empresa, con lazos muy estrechos con la Venezuela de Hugo Chávez, contrató los ‘servicios’ de una oficina de abogados panameña con poco renombre, Adames, Durán & Alfaro, que se ha convertido, a través de una de sus abogadas, en la vocera injuriosa de uno de los procesos de licitación del Metrobús, un nuevo sistema de transporte público de pasajero que le cambiará no solo la cara a los distritos de Panamá y San Miguelito, sino la vida a sus residentes.

La citada oficina de abogados, que tuvo presencia durante todo el proceso de licitación del Operador Financiero del Metrobús, tiene entre sus ‘asesores’ a la empresa Stretego Communications, que cuenta como su rostro público a Mercedes Eleta de Brenes, con una movida actividad en el pasado gobierno del perredista Martín Torrijos. Debemos contemplar el hecho de que Mercedes Eleta de Brenes está vinculada familiarmente al miembro del PRD, Juan Carlos Navarro.

No gratuitamente Pedro Campagnani, el pariente de Eleta de Brenes, se ha activado como principal defensor del status quo y mayor opositor de la iniciativa del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que busca poner orden en la anarquía que impera en la actividad de colocación de vallas publicitarias que, en los últimos años, solo requería el permiso del señor alcalde para su instalación. ¿Ayudó Navarro a su suegro en esa actividad?

De vuelta a Stratego Communications, la empresa de Baty Eleta ha sido, aparentemente, beneficiada o está en proceso de ser favorecida con una jugosa contratación directa de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas, para manejar la ‘estrategia’ de divulgación de un reciente proyecto millonario de acuñación de monedas de B/. 1.00, que circularán ‘en paralelo’ con los dólares americanos a partir de mayo próximo. Se trata de 40 millones de dólares de B/. 1.00, que serán de libre circulación nacional, según información oficial. De estos millones la citada empresa será beneficiada con cerca de dos millones de balboas para elaborar una estrategia de comunicación.

Stratego Communications está, igualmente, siendo considerada para un jugoso contrato directo de asesoría en el Metro de Panamá, uno de los proyectos insignias de la administración de Ricardo Martinelli.

No hay dudas. La ‘estrategia’ de Stratego Communications es sencilla y práctica: el ‘cambio’ que usualmente se produce entre una gestión que llega y otra que no afectará en lo más mínimo su ‘estrategia’ de engrosar su caja registradora, de una forma cuestionable. Por un lado, contribuye en estrategias de comunicación para el gobierno, y por otro planifica estrategias contra el gobierno. Una estrategia de comunicación que digamos es de doble cara, como las nuevas monedas del MEF.

 

<>Este artículo se publicó el 4 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Itinerario de una licitación

La opinión de…

Mauro Zúñiga Araúz

Hay en el actual Gabinete un ministro que me envía mucho de lo que yo publico en mis columnas.  Dice que eso es su forma de hacer oposición.  Lo único que me ha pedido es que diga públicamente su nombre una vez que se caiga el Gobierno.   Así lo haré. Creo que Panamá también tiene derecho a tener su “Garganta Profunda”, aquel alto funcionario de la CIA, William Mark Felt, que le filtró a la prensa las escuchas del Hotel Watergate, lo que obligó a renunciar al presidente Nixon.

Me ha enviado mucha información que ya me da pena con un colega por inundarle el cuarto de estudio. Él se ha encargado de separarla y clasificarla, pero si yo la publico toda me voy a convertir en un periodista investigativo y esa no es mi profesión ni mi interés por escribir.   He escogido al azar el itinerario de una licitación para que el lector tenga una idea de cómo se cuecen las habas.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) publicó el 28 de julio de 2010 el Aviso de Convocatoria para la Concesión del Servicio de Administración Financiera del Sistema de Movilización Masivo de Pasajeros en el Área Metropolitana, Metrobus (No 2010-1-03-0-08-AV-000260).

El 24 de septiembre se recibieron las propuestas. Hubo cuatro empresas proponentes, pero para no confundirnos mencionaré sólo dos: Sonda, S.A., y Panamá Card.   La comisión evaluadora estaba integrada por el ministro Papadimitriu; el Batman del MOP, un tal Suárez, que se la pasa chateando durante los consejos de Gabinete; el ministro Roux; un representante de los usuarios, un representante de la Cámara de Comercio y otro de Apede.

Cuando se abrieron las propuestas, al ministro de la Presidencia se le luxó la mandíbula, los cachetes se derramaron por el suelo, se empapó en sudor y la piel transitaba entre el color de un limón verde y una toronja madura. La propuesta de Panamá Card fue de B/. 0.0397 por usuario y la de Sonda fue de B/0.134, la más alta.    Se apagó la luz, un ministro se enredó en la alfombra, se quebró un vaso, se sintió el ruido de una puerta, se rompió una ventana.

Papadimitriu llamó al excelentísimo; primero habló en griego y el otro gritaba porque no lo entendía; después, cuando lo entendió, gritaba más.   Lo cierto es que el 8 de octubre de 2010, la ATTT dictó la resolución 200-AL por la cual se rechazan todas las propuestas presentadas “porque existían elementos que no fueron tomados en cuenta”.   ¡Habrase visto!   El olor que despedía la licitación no era muy agradable.

El 2 de noviembre de 2010, la ATTT publicó nuevo aviso de convocatoria, pero esta vez no por usuario, sino por la totalidad del servicio (No 2010-1-03-0-08-AV-000532). El 15 de diciembre se recibieron las propuestas. Se presentaron las mismas cuatro empresas. La propuesta más baja fue la de Panamá Card por 118 millones 275 mil 124 dólares.    Sonda S.A., cotizó por 180 millones 600 mil dólares. Estamos hablando de una diferencia mayor de 60 millones de dólares. Mucha plata, amable lector.

Por arte de magia negra, característica de Noriega, los representantes de la Cámara de Comercio y Apede, cuyo sello es garantía de seriedad, no fueron convocados en esta segunda comisión.    ¿Las causas?   A mí, bien, ¿y a ti? Pues bien, la Comisión Evaluadora escogió a la empresa Sonda, S.A.     En el curso de una licitación a otra ocurrieron algunas cositas que es bueno que se sepa.    Se solicitó lo que se llama subsanación de propuestas.    Según Papadimitriu, esta se hizo a las 11:37 a.m. del 24 de diciembre.

Recordemos que las oficinas públicas ese día laboraban hasta las 12:00 m.d.   Sin embargo, Garganta Profunda me envió copia del email que el director de ATTT le envió a la representante legal de Panamá Card y dice: viernes, 24 de diciembre, 2010, 12:07 p.m.

Es decir, fuera de horario de oficina. Estoy tras un estudio hecho en Austria que dice que la mentira es contagiosa.    Los amigos del ministro me han asegurado que él nunca antes había dicho mentiras, pero el contacto directo con personas que viven de ella lo conduce a esos malos hábitos. Garganta Profunda también me dijo que esta subsanación de propuestas no se colocó en la página de Panamá Compra, lo que está al margen de la ley. (Artículo 17 de la ley 22 de 2006).

Me dice, igualmente, que Panamá Card presentó, dentro del tiempo estipulado, las 11 subsanaciones solicitadas. Para Garganta Profunda lo más grave es que la empresa Sonda S.A. presentó una oferta condicionada, a pesar de que el punto 15 del pliego de cargos señala que la entidad proponente rechazará las propuestas condicionadas.   Sonda S.A. va a vender tarjetas personalizadas a 4 dólares, tarjetas al portador por 2 dólares, impuesto de ITBM con una tasa de 7.5%, etc., lo que no beneficia ni a los usuarios ni al país. El que no tiene la tarjeta, a caminar. Pero son 60 millones.

Quiero pensar bien.   Quiero pensar que el corte de los bigotes del nuevo Procurador significa el corte de la dependencia con el excelentísimo, por lo que le solicito que inicie una investigación de oficio de esta licitación. Investigue si hubo coima. 60 millones es mucha plata. ¿Cómo se repartió la coima? ¿Cuánto le llegó al excelentísimo? ¿Cuánto al ministro de la Presidencia? Investigue si en el banco que tiene participación la empresa ganadora hay algunas acciones del excelentísimo. Tiene en sus manos una excelente oportunidad para demostrarle al país que el problema estaba en los bigotes.

Señor Ricardo Martinelli Berrocal:   Coclé no es el vertedero de la República. Nos mandó a Penonomé en un camión de basura a su primo Núñez Fábrega, como gobernador.   Eso es una falta de respeto a la memoria histórica de esa provincia paridora de personas que han fijado las huellas de nuestra nacionalidad. Allí están enterrados los restos de mi padre.

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Este artículo se publicó el 2 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ojo, con las contrataciones directas

La opinión del Abogado…

Ernesto Cedeño Alvarado 

Las contrataciones directas son excepciones al principio de licitación pública establecido en el Artículo 266 de la Constitución Política de Panamá, que busca que el Estado solicite propuestas a diversos oferentes conforme a las disposiciones legales de la materia para obtener con ello, un buen producto a un mejor precio. El artículo constitucional reza de la siguiente manera.

 

Artículo 266: La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán, salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitación pública. La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación.

Como se puede apreciar las contrataciones directas no son la regla a seguir en las contrataciones públicas, por eso los administradores deben conocer y cumplir el ordenamiento legal para no cometer yerros jurídicos que pudieran hacer mella en el procedimiento. Los que siguen son los casos históricos más comunes, donde se utiliza la contratación directa, en detrimento del principio de la licitación pública y de la ley de contrataciones públicas.

1. Contratan, por que tienen experiencia previa con el proveedor. Esto atenta en contra de la libre empresa.

2. Contratan por que el proveedor le ha quedado bien en el pasado. Esto es una aberración, por que todo oferente debió haber cumplido con el objeto de un contrato anterior refrendado, pues de lo contrario, se le debió haber resuelto un contrato por su incumplimiento. Podría fortalecer un monopolio, esta irregularidad.

3. Contratan por que directamente con familiares (o dentro de la Junta Directiva de una empresa hay familiares) del contratista. Esto viola la Constitución en el artículo 309 de la Constitución.

4. Contratan por que son amigos del contratista. Esto debilita, a mi juicio el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 246, sobre el código de ética de los servidores públicos.

5. Contratan directamente producto de invitaciones previas. Esto es ilegal para algunas instituciones, pues la contratación directa por invitación, se le ha dispensado sólo a pocas instituciones, (ejemplo el PAN) de acuerdo a la ley. Si uno mando invitaciones previas, podía perfectamente realizar la licitación o la selección de contratistas, para tal acto.

6. Contratan por recomendaciones de terceros. Esto viola el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 246, sobre el código de ética de los servidores públicos.

7. Contratan directamente con un proveedor de un contrato existente, a manera de addenda, servicios que este contratista no puede ejecutar, con el objeto de que el mismo subcontrate con un oferente de la predilección de la entidad. Esto vulnera la igualdad ante la ley, de las otras empresas y el principio de licitación pública.

8. Contratan porque indirectamente recibirán dividendos de los beneficios de la contratación con determinada empresa.

En fin, todo acto que lleve por norte esquivar la correcta selección de contratista, deteriora el sistema pulcro de las compras estatales; por lo que debe objetarse de manera contundente.

Para que se considere potable una contratación directa debe cumplirse con los requisitos establecidos en la ley. He dicho. Si la esencia de eliminar el principio de contratación publica es acortar los tiempos de entrega, recomiendo reevaluar los procesos y/o fortalecer la actual Ley de contrataciones públicas.

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<>Artículo publicado el 16  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/cedeno-alvarado-ernesto/

El país portátil

La opinión de…

 

Federico Meléndez V.

Si en algo el señor Martinelli tiene razón es en haber reconocido que su gobierno está conformado por locos; hasta uno de sus más sobrios asesores, Jimmy Papadimitriu, ha sido contagiado con ese virus que se pasea rampante por todo el tejido de la actual administración.

Para validar su condición de gran estratega y exhibir de manera deliberada que después de RM él es el que decide lo que debe hacerse, arremete contra la prensa y por último expresa a voz en cuello “yo tumbé la licitación”, refiriéndose a la empresa que iba a fungir como administrador financiero del llamado sistema del Metro Bus.

¿Qué hay detrás de estas bravuconanadas?

Muchas cosas; pero lo peligroso de estas acciones y que evidentemente escapan de los cálculos del nuevo Rasputín de la Presidencia, es que expresarse de esa forma da pie a que el resto de la clase política, sociedad civil y medios de comunicación construyan sus propias suspicacias, mismas que por lo general no son favorables a la actual administración que en la fase pre electoral hizo mucho énfasis en la transparencia en los manejos de la cosa pública.

Incluso el propio señor Martinelli cuando tiene la oportunidad se jacta en decir que en su gobierno no hay espacios para la corrupción. ¿Cómo se explica entonces que el poder de un asesor llegue a puntos que no son de su área de competencia, como el tumbar una licitación donde empresas de reconocida reputación de Europa demostraron técnica y financieramente que con montos inferiores a lo planteado por otras con menos experiencia, podían solventar las llamadas tarjetas de prepago?

¿Cómo se explica la concesión minera dada a un amigo cercano de RM por 25 años para extraer recursos no metálicos en la provincia de Colón y en escenarios del área oeste de la provincia de Panamá?

Respetados lectores, la lista de irregularidades es kilométrica, pero estos dos ejemplos bastan para reflexionar de dónde emergen no solo las metidas de pata, sino también las metidas de mano;   ¿tienen acaso los periodistas y medios de comunicación la culpa?

El momento es pertinente para que tanto los miembros del Colegio de Periodistas como el Sindicato actúen en sana armonía y no se dejen amedrentar por las amenazas de un vocero que ha estimulado y lastimado la libertad de expresión y avalado un estado de indefensión en la justicia panameña.

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<> Este artículo se publicó el 15  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/melendez-v-federico/

¿De quién es la culpa?

La opinión del Ingeniero Industrial y Analista Político…

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MARIO A. ROGNONI –  —

Uno de los grandes males que sufre nuestro país es la aparente falta de transparencia en las compras del Estado.   Si el viejo adagio ‘la mujer del Cesar no solo debe ser honesta sino aparentarlo’ lo aplicásemos, no ha habido licitación o compra directa en que no se siembre la duda sobre la transparencia del acto.

Quizás todas las licitaciones han sido honestas, pero definitivamente no lo han aparentado. La pregunta que debemos hacernos es el porqué de las dudas, muchas veces, infundadas, pero igualmente esparcidas por el criminal rumor.

Contrario a lo que muchos piensan, las dudas surgen no de parte de los integrantes del gobierno, tampoco de los adversarios en oposición, las dudas, invariablemente, son generadas por los mismos empresarios que participan del acto público.

Con mucha frecuencia, más de lo que quisiéramos, los que pierden una licitación proceden a impugnar y a cuestionar la adjudicación, sea por valor o mejor precio.   En su argumentación siembran la duda de lo ocurrido y logran, muchas veces, que el público en general llegue a creer que la adjudicación se ha dado en forma injusta e indebida.

Hay muchas maneras de sembrar las dudas, pero recientemente hemos sido testigos mudos de un caso que pronto podría convertirse en otro ejemplo. La reciente licitación del Estado para contratar los servicios de telecomunicaciones y el diseño e implementación de una red para integrar tecnológicamente a todas las instituciones gubernamentales, que dio tres ofertas en las que, siendo adjudicación por ‘mejor valor’,   el precio solo representa el 35% de la evaluación, el resto repartido entre el diseño y la propuesta técnica de la red, la capacidad financiera y la experiencia.

La empresa que dio el precio más bajo, recordando que esto solo es 35% de la evaluación, Cable Onda, aprovechando los medios de comunicación afiliados a ellos, procedieron con bombos y platillos a divulgar que habían sido favorecidos en la licitación.

No dudo que los dueños y directivos de Cable Onda saben que la comisión evaluadora no ha terminado su evaluación, por ende la adjudicación no ha sido hecha. Sin embargo, con la divulgación pretenden presionar a la comisión y lograr igualmente en la opinión pública sembrar que de resultar ganadora otra empresa se dude de la transparencia y procedan a impugnar.

Estos casos de impugnaciones y dilataciones en las adjudicaciones han sido múltiples, recordemos los camiones de basura en la administración anterior, la propia licitación de las placas y calcomanías, y cantidad de obras de infraestructura afectadas por las adjudicaciones dilatadas. En todos los casos, las empresas participantes han sido las causantes de las dilataciones, terminando siempre con la percepción de trampa o arreglo en la adjudicación final.

Siempre hemos oído sobre los esfuerzos por corregir y mejorar el proceso de compras del Estado, quizás todo lo que falte es simplemente un mejor empresario, capaz de practicar la honestidad que predica, aceptando las reglas del juego y sin utilizar los trucos a su alcance que solo logran ensuciar procesos perfectamente transparentes y honestos.

<>Artículo publicado el 2 de septiembre de 2010 en el diario Estrella de Panamá, a quien damos lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Contrataciones públicas

La opinión de…

Franklin Castrellón

Prácticamente, cuando ya están adjudicados todos los contratos principales para la ampliación del Canal, la Autoridad del Canal ha obtenido ahorros por cerca de $400 millones en comparación con el costo estimado para dichas obras.

¿Por qué se han producido estos ahorros? Jorge Quijano, vicepresidente ejecutivo para la ampliación del Canal, lo explicó a la revista Recursos: “Entre otros factores, ello se debe a la transparencia en las licitaciones y a la forma consistente y oportuna como la ACP paga a sus contratistas”.

Ese manejo ha estimulado la competencia entre empresas nacionales e internacionales, lo que se ha traducido en economías sin sacrificar la calidad de las obras. La clave es un sistema moderno de licitaciones manejado de forma profesional y transparente.

En contraposición está el manido mecanismo de contrataciones directas, practicado con frecuencia por otras instituciones del gobierno, lo que abre la oportunidad a prácticas corruptas.

Estudios sobre prácticas corruptas realizados por Transparencia Internacional (TI) indican que “la contratación pública es el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos” de los gobiernos. Según TI, “un promedio del 10% del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno”. Las prácticas corruptas tienen en las contrataciones directas su mejor aliado.

Bajo el gobierno de Martín Torrijos abundaron las contrataciones directas; más de $540 millones, incluida la eliminación de fibra de vidrio en planteles escolares en donde no existía, fueron otorgados por esa vía.   De ese total, unos $150 millones lo fueron bajo el Prodec, que se financia con fondos aportados por el Canal. Pero la irregular práctica sigue bajo la actual administración, pese a las promesas de campaña.

En los primeros 13 meses de este gobierno se han adjudicado bajo esta fórmula cerca de $400 millones. Aunque el Gobierno ha justificado algunas, no hay razón válida para que imperen las contrataciones directas en un mundo en el que los proyectos suelen ser programados con sobrada anticipación.

¿Por qué en el Canal de Panamá rige un sistema transparente de contrataciones, mientras que en el resto del Gobierno se evade el cumplimiento de la Ley de Contrataciones?    En primer lugar, considero que es cuestión de gente y, en segundo lugar, de sistema.   En el Canal el mecanismo de contrataciones es administrado por personal reclutado en base a sus méritos, mientras que en el Gobierno impera el clientelismo, sin importar la calidad profesional ni moral del individuo.

Los oficiales de contratos de la ACP son especialistas en compras que disfrutan de una carrera administrativa libre de influencias políticas. Se rigen por los artículos 52-56 de la Ley Orgánica de la ACP y por el reglamento de contrataciones, y están sujetos a normas de integridad y ética. Sus decisiones de compras son monitoreadas por controles informáticos que permite detectar cualquier favoritismo en las adjudicaciones.

A la menor señal de alarma se investiga, y el oficial que viole las normas enfrenta sanciones que pueden llegar hasta su destitución y denuncia penal. Además, cuando una empresa considera que ha habido irregularidades, puede presentar una protesta que debe ser resuelta en 30 días.

En la ACP no existen las cuestionadas “adendas”, recurso que ha sido utilizado para inflar precios y favorecer a empresas. Hay en cambio “modificaciones” al contrato que aplican especialistas para corregir imprevistos que puedan afectar el costo final de las obras; pero las mismas están limitadas a lo estrictamente necesario para ejecutarlas.

Es más, desde que se comenzaron a licitar las obras de la ampliación y se aplicaron los nuevos procesos de administración de proyectos, las modificaciones siguen un riguroso examen en que se consideran los impactos en el alcance de otros proyectos, sus cronogramas, calidad, costos, presupuestos, revisión de la matriz de riesgo y, además, se requiere que personal de jerarquía avale las modificaciones.

Las compras directas no están contempladas en el reglamento de la ACP y sólo está permitido restringir la competencia en casos de urgencia evidente o por razones de marca, fabricante o suplidor específico, siempre y cuando un informe técnico así lo sustente. Pero en todo caso, el proceso está abierto a protesta de potenciales contratistas.

Impresionado por este sistema, el Ministerio de Educación logró la asesoría de la ACP para implementar un sistema de contrataciones que le permita tener las escuelas a tiempo para el inicio del período lectivo.

Con ese objetivo, el Meduca logró la aprobación de un régimen especial para la construcción de obras y la adquisición de bienes y servicios, manejado por personal calificado. ¿Por qué no emula este ejemplo el resto del Gobierno?

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Artículo publicado el 26 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Basta, señor Presidente:

El país es de todos… La opinión del Presidente del CEN del PRD…

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Francisco Sánchez Cárdenas 

Definitivamente que forjar, desarrollar y proteger la democracia requiere de permanente esfuerzo. Como argumento en la contienda política se puede vociferar que se es muy demócrata o se puede uno desgarrar las vestiduras presentándose como un gran luchador por la democracia, pero cuando se llega al poder se caen las caretas y surge el verdadero espíritu autocrático de los actores de la política. En el Ejecutivo actual hay muchos que decían combatir la dictadura cuando verdaderamente aspiraban a ser ellos los Basta, señor Presidente:  dictadores.

Señor Presidente, cuándo se dará por enterado de que Panamá no quiere el tipo de gobierno que usted desarrolla actualmente.  Cuándo aprenderá que el pueblo recibe las becas, los subsidios y todo lo que se les pueda regalar, pero en su sabia filosofía sabe que lo que le dan son migajas porque es evidente que lo grueso se lo está llevando otro y su grupo.

Esa es la enseñanza que deja la práctica de su  gobierno de abusar de las contrataciones directas y las licitaciones públicas asignadas de antemano, de llevar a cabo el despojo de negocios y tierras bien habidos, de promover proyectos faraónicos con precios abultados que pueden servir para enriquecerse y no para la solución de los problemas nacionales.

El pueblo no es ignorante para no percatarse de la paupérrima ejecución del presupuesto mientras se solicita un incremento de 2 mil 800 millones que incluye en él carreteras y autopistas cuyos costos han sido abultados de manera escandalosa.

El pueblo sabe que de la compra de los corredores viales, cuya “inversión” no aporta un solo kilómetro nuevo, además de que seguirán siendo caros,  emana un fuerte olor a cosa podrida.

El pueblo se da cuenta de que recibe migajas cuando la Red de Oportunidades ya no cubre a todas las familias que antes cubría, cuando los Prodec ya no los decide la comunidad y los quieren eliminar; cuando los “100 para los 70” se pagan un mes si y cinco no; cuando las becas universales prometidas para ahora, con menos dinero que antes, no serán perfeccionadas si no hasta 2013, es decir un año antes de las próximas elecciones generales.

El voto que le dio la gran mayoría de este país no fue para dividirnos entre buenos y malos.   Tampoco para que nos descalificara como indios ignorantes, drogadictos y borrachos, periodistas de pacotilla, empresarios gallotes, sindicalistas parásitos, medios de comunicación comprables, etc.   Ese voto fue para unificar al país y lograr la concordia nacional.

El voto fue para que usted ayudara a fortalecer la institucionalidad democrática y los derechos humanos. No fue para que usted hiciera lo que le dicta su voluntad con la Asamblea, la Corte Suprema,  el Ministerio Público,  la Fiscalía Electoral y la Contraloría General de la República.

Tampoco fue para diezmar con saña a la población indígena dejando a su paso una multiplicidad de tumbas, desaparecidos y mutilados.

Tampoco fue para acabar con los sindicatos rompiendo el equilibrio social en beneficio del sector económicamente más fuerte. Ninguno de los que votó por usted lo hizo para que destruyera sectores económicos productivos y financieros que han contribuido con el desarrollo de este país, ni para que usted creara a su alrededor una nueva clase económica dominante.

Las grandes luchas históricas de este país fueron para lograr la estabilidad y la seguridad internacional de nuestro territorio y nuestro Canal. No tiene usted ningún derecho a practicar juegos infantiles de política internacional que nos coloquen en peligro.

A partir de 1990 los partidos políticos hicimos el compromiso de participar en el rejuego político sin poner en peligro la estabilidad democrática de la Nación.   Basta señor Presidente, corrija, persiga el delito sin saña enfermiza, persiga la corrupción y los desmanes jurídicos sin mirar de donde vienen. Este país, que es de todos, ha avanzado mucho, pero queda mucho más por hacer en salud, educación, seguridad, vivienda, infraestructura, empleo y canasta básica alimentaria.

El pueblo lo eligió para gobernar cuatro años más y todos debemos respetar ese mandato, Deje usted de ser su propio desestabilizador.   ¡Basta ya!

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Este artículo se publicó el 23 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El peligro de la prisa

La opinión del Comunicador Social….

Jaime Quijada 

Creo que la Dirección de Contrataciones Públicas ha tomado la decisión correcta al suspender la licitación para la construcción de cinco hospitales a nivel nacional, para permitir la participación de un mayor numero de empresas en ese acto público, lo digo porque sin duda alguna esta decisión se traducirá en una mayor competencia por esos contratos y con ello se obtendrán mejores precios y mejores condiciones para el Estado.

Sin embargo me preocupa que esta búsqueda de una mayor competencia en las licitaciones públicas, no parece haber permeado a todas las entidades públicas, de hecho, una muestra de la falta de conciencia sobre el peligro que implica realizar una licitación de una obra grande y compleja a la carrera, es lo que ocurre con la licitación para la construcción de la Línea 1 del Metro, la cual se pretende realizar el próximo 30 de julio pese a que muchas empresas interesadas en participar en este acto público han advertido que el tiempo para presentar sus propuestas es muy corto.

Entiendo que este es uno de los proyectos insignia de la administración del presidente Ricardo Martinelli y que seguramente existe el interés de que la obra culmine a tiempo para que el actual mandatario pueda inaugurarla, pero basta echar un ojo a lo que la prisa y la falta de planificación adecuada provocó en casos como el Metro de Medellín, en Colombia, cuya licitación inició en 1983 con un costo de 656 millones de dólares y sólo hasta doce años más tarde, en 1995, pudo inaugurase en su primer tramo, pero a un costo superior a los 3,000 millones de dólares. O bien, a la línea 3 del Metro de Caracas, en Venezuela, que se proyectaba tuviera una capacidad para transportar a 240,000 pasajeros al día y actualmente no transporta ni la mitad.

No olvidemos que el actual gobierno ya ha otorgado prórrogas en proyectos como el Metrobús que resultó en una licitación transparente y exitosa, sin olvidar que planificar mejor los proyectos no tiene por qué afectar negativamente la fecha de entrega del mismo por parte del contratista, es más, la inclusión en los contratos de cláusulas que premian en efectivo el cumplimiento cabal, de los cronogramas de las obras sin duda puede ayudar a que la Línea 1 del Metro y cualquier otro proyecto que ejecute el Gobierno Nacional,se entregue a tiempo e incluso antes de tiempo, tal como ha ocurrido en las obras de ampliación del Canal y en casi todos los proyectos que ejecuta la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Además, con la rápida pérdida de popularidad del presidente Ricardo Martinelli y la posibilidad de que una nueva confrontación con los sectores de la sociedad civil que se oponen a Ley 30 de 2010, conocida como la Ley 9 en 1 o Ley chorizo, el Ejecutivo no puede darse el lujo de dejar que esta obra se convierta en un “Elefante blanco”, con todo el desgaste político que esto le significaría y las adendas futuras en sobrecostos que seguramente le costarán millones de dólares a todos los panameños.

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Este artículo se publicó el  22  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cultura de la Arquitectura

La opinión de los Arquitectos……

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JOSÉ ISTURAÍN – ALFREDO MARTÍZ – HÉCTOR SAAVEDRA – DIEGO CAMBEFORT

En los últimos meses el tema de las contrataciones directas se ha tocado de una manera muy superficial, a veces cayendo en lo político y no se ha llegado a ninguna conclusión.

Debemos crear conciencia en los arquitectos panameños sobre la necesidad de hacer cambios sustanciales en la participación activa en temas como el desarrollo de Proyectos de Estado.

En días pasados, nos enteramos de que el Ministerio de Gobierno y Justicia está gestionando la contratación directa de una firma de arquitectura, para el “ diseño conceptual ” de la Ciudad Penitenciaria, por un monto de 2 millones 835 mil dólares.

No estamos en contra ni del Gobierno del excelentísimo señor presidente, Ricardo Martinelli, ni mucho menos de los arquitectos seleccionados.   Estamos en desacuerdo con el procedimiento que se está utilizando en Panamá para este tipo de proyectos, por no ser el más apropiado, y consideramos que lo más conveniente para todos los panameños y para el Estado, es que éstos sean llevados a “ Concursos Públicos ” con la participación de todos los profesionales involucrados en esta rama.

Adjudicar los diseños conceptuales de los proyectos estatales a través del contrato directo a arquitectos reconocidos o de cierta trayectoria, no es garantía de que la propuesta que presenten sea la mejor, ni la más económica o funcional para el Estado.  Además que con este tipo de práctica se incurre en la arbitrariedad y en la discriminación de los demás arquitectos panameños.

Los concursos de arquitectura, en cambio, sirven como herramienta democrática, cumplen a cabalidad con la transparencia y con la igualdad de oportunidades.

“E l concurso es el procedimiento más adecuado para la búsqueda de la mejor propuesta, permite que los jóvenes compitan con los mayores, las grandes infraestructuras empresariales con los pequeños estudios tradicionales; que la arquitectura pueda crecer en el sitio más insospechado ”.. Ricardo Aroca Hernández-Ros, Madrid, España.

Los resultados de los concursos se reflejan en proyectos excepcionales, los cuales en muchas ocasiones superan las expectativas iniciales expresadas por las entidades organizadoras y la sociedad civil, elevando así la calidad de la arquitectura del país, premiando la excelencia arquitectónica y enfocándose en el desarrollo y construcción del proyecto que mejor integró, logró balancear y consideró las necesidades del programa de diseño, la relación del proyecto con su entorno y la dinámica del mismo dentro de la sociedad.

Muchos de los arquitectos actualmente reconocidos a nivel mundial tuvieron su primera comisión o proyecto, o simplemente lograron consolidarse como arquitectos de calibre mundial por medio de un concurso de arquitectura. Tales arquitectos son partícipes del diálogo arquitectónico mundial y de la innovación y avances de la arquitectura como expresión física de la presencia humana en el mundo.

La mayoría de los proyectos que han sido propuestas de concursos, han logrado posicionarse como referentes arquitectónicos de ciudades y del mundo entero, como ejemplo más claro, La Opera de Sydney de Jorn Utzon, declarada por la Unesco en 2007, Patrimonio de la Humanidad.

Si esta fórmula ha dado excelentes resultados en otros países, ¿por qué no aplicarla en Panamá en los proyectos que se están gestionando actualmente y a futuro; por ejemplo, la Ciudad Gubernamental, el Centro de Convenciones, la Restauración del Teatro Anita Villalaz, la Renovación Urbana del Casco Antiguo, El Chorrillo y Calidonia, el Aeropuerto de Chiriquí y por qué no incluir la Ciudad Penitenciaria?

Estamos convencidos de que con 2.8 millones de dólares se puede hacer una gran cantidad de concursos de arquitectura.

Una de las principales deficiencias que existe actualmente es que se propone el diseño arquitectónico y la construcción como si fuese un solo procedimiento, siendo dos etapas completamente distintas dentro del desarrollo de un proyecto.

Al separarlas, y hacer un concurso por el diseño y luego una licitación pública por la construcción, el Estado obtendría grandes beneficios económicos.

La creación de un Reglamento de Concursos de Arquitectura, lograría un cambio significativo en la arquitectura de Panamá, trayendo beneficios para el Estado, porque no tendría la necesidad de incurrir en gastos tan elevados, aparte de la organización del concurso y la premiación de los ganadores; para los arquitectos, pues, todos tendríamos la oportunidad de participar y dar a conocer nuestras ideas; y principalmente para todos los panameños, porque tendrían la certeza de que se ha escogido la propuesta más apropiada.

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Publicado el 6 de marzo de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde queda el respeto a la Ley 15?

La opinión de……

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David Samudio

Skidmore, Owings and Merrill (SOM) es una de las más importantes oficinas de arquitectos del mundo. Tiene a su haber diseños de torres de oficinas en muchas de las ciudades más importantes del mundo y tantas obras que sería muy largo enumerarlas, pero podemos resaltar entre ellas la Lever House, en Nueva York, obra que revolucionó en la década de 1960 el diseño de edificios de oficinas en el mundo, la Sears Tower (ahora Willis Tower, por muchos años el edificio más alto del mundo), y la torre Burj Khalifa (anteriormente Burj Dubai), el edificio más alto del mundo, diseñada por el arquitecto Adrian Smith junto a un equipo de 90 profesionales en la oficina de SOM de Chicago, Illinois.

Fundada por dos arquitectos de Chicago, Louis Skidmore y Nathaniel Owings, desde su fundación en 1936 la empresa se proyectó como una oficina de avanzada, competitiva, bien organizada, logrando mantener una presencia en los mercados más importantes del mundo, y ahora como la octava oficina de arquitectos en base al total de ingresos, de 279 millones de dólares en 2008.

SOM ha recibido más de 800 premios de arquitectura por sus diseños, algunos de ellos hasta 20 años después de construidos, como es el caso del Aeropuerto Internacional Rey Abdul Aziz (Jeddah, Arabia Saudita), premiado originalmente cuando presentó un diseño basado en arquitectura árabe vernácula, como después, pasados los años, al comprobarse su resistencia por su capacidad de servir a los cientos de millones de peregrinos camino a La Meca.

Como estudiante y luego como profesional, profesor asistente y encargado de una página diaria sobre arquitectura publicada en el diario El Mundo, conocí, analicé, estudié y presenté proyectos basado en las enseñanzas de los arquitectos de SOM, logrando ser recibido en 1987 en sus oficinas principales en Nueva York, donde me presentaron el anteproyecto y maqueta de lo que llegaría a ser la torre del Banco Central de Arabia Saudita. En esa ocasión los invité a Panamá, donde asociados con una firma local, se hubiesen podido proyectar edificios de excelencia arquitectónica y constructiva que pudieran haberse convertido en obras emblemáticas.

Noticia reciente nos dice que el Gobierno nacional ha invitado a SOM para que sean los diseñadores de una nueva torre gubernamental que se desarrollaría en el terreno donde anteriormente estaba la Embajada de Estados Unidos, en la Avenida Balboa, para ubicar en ella al Banco Nacional de Panamá, al Ministerio de Finanzas, a la Comisión Bancaria Nacional y a otras oficinas del sector financiero nacional.

Pero ¿y la Ley 15? Le damos la bienvenida a SOM, pero recordamos la citada ley que regula el ejercicio de las profesiones de la arquitectura e ingeniería en Panamá, a la vez que la ley de contrataciones públicas, la cual señala que toda obra del Gobierno debe ser colocada en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá Compra” y convocada a licitación aun cuando sea esta abreviada.

Se ha invitado, se ha contratado, pero ¿por qué montos y bajo qué condiciones se ha escogido la firma de arquitectos? ¿Qué autorización legal fundamenta su escogencia sobre lo que dice la Ley 15 que está regulada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, una dependencia del Ministerio de Obras Públicas?

Que se quiera realizar un edificio de excelencia, emblemático, que represente al Panamá de mañana se entiende, pero ¿por qué no se ha convocado a una licitación pública o concurso el diseño, como lo estipula la ley?

Los arquitectos panameños hemos seguramente demostrado ser capaces de proyectar todo tipo de proyectos de excelencia y carácter emblemático, entre ellos también torres de más de 70 pisos que han modernizado el perfil urbano de la ciudad, donde se ha destacado la capacidad no sólo del arquitecto, sino también del equipo completo de profesionales que requiere una obra de la magnitud de un edificio: ingenieros eléctricos, sanitarios, estructurales, de sistemas, ambientalistas y mecánicos, entre otras disciplinas reglamentadas por la citada ley.

Le damos la bienvenida a SOM, pero quisiéramos verlos trabajando a la par de profesionales panameños cuya oportunidad de participar en un proyecto nacional sea reglamentada por la ley de ese mismo carácter, y donde su empeño y experiencia local, tal como vemos puesto en práctica hoy para un proyecto privado en la obra de Frank Gehry a la entrada del Canal, ayude a producir el edificio emblemático que el Gobierno plantea y los panameños merecemos.

Frente a la estatua del descubridor Vasco Núñez de Balboa, quien hoy sería testigo del progreso de un país impulsado por panameños, una torre estatal monumental, de esencia y proyección primermundista.

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Publicado el 25 de enero de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Odebrecht.. y más Odebrecht

La opinión de la Ex Diputada de la República….

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MIREYA LASSO

Reconocida como la más importante empresa de construcción latinoamericana, Odebrecht es un conglomerado gigante con inversiones en la industria de la construcción, petróleo y gas, producción de químicos y petroquímicos, ingeniería ambiental, proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales, generación de energía y bioenergía, transporte y seguros.  En el 2007, con la construcción del proyecto de riego Remigio Rojas en Alanje, inició actividades en nuestro país y desde entonces ha logrado jugosos contratos de obras públicas; unos mediante licitaciones públicas, otros sin licitación.

Para tener idea del tamaño de este conglomerado, basta señalar algunas cifras que reportan sus directivos. Con operaciones en 54 países, contaba en el 2008 con 113,811 empleados propios o de sus subcontratistas y con activos valorados en US$17,799 millones. Sus ingresos brutos en ese año ascendieron a US$17,524 millones; contrasta esta cifra con los ingresos totales del Estado panameño ese año, que ascendieron a B/.9093 millones. Hace dos meses esta empresa recibió de la calificadora Moody la calificación de “ grado de inversión ”, meta que Panamá ansía desde hace mucho tiempo.

Haber registrado un crecimiento tan impresionante como el logrado por Odebrecht en unos cuantos años, dice mucho de su capacidad administrativa y técnica, aunque se haya insinuado que su vinculación al presidente Color de Mello constituyó, en su oportunidad, el factor político amigable que le permitió “ despegar ” y obtener interesantes contratos de obras públicas en Brasil. Hoy, con obras públicas de toda índole en muchos países, desde supercarreteras, puentes y metros hasta hidroeléctricas y el aeropuerto de Miami, no es de extrañar que haya tenido confrontaciones con algunos gobiernos, como por ejemplo, en el tema de sobrecostos (hidroeléctricas en Ecuador y Paraguay, y gasoductos en Argentina); y omisión en el pago de impuestos (sobre la renta en Venezuela). También se criticó su contribución económica a la campaña reeleccionaria del gobernador de Florida, Jeff Bush.

Con el gobierno anterior la constructora logró en Panamá contratos para varias obras públicas, entre ellas, el proyecto Remigio Rojas (54.2 millones), la terminación de la carretera Madden-Colón (283.7 millones), la Cinta Costera original (189.1 millones) y, como parte del sistema de saneamiento de la bahía, el túnel (139 millones) y la planta de tratamiento de aguas servidas en Llano Bonito, Juan Díaz (211 millones). A su vez, el actual gobierno le adjudicó directamente la prolongación de la Cinta Costera (52 millones) y la canalización del Río Caldera en Boquete (11.4 millones) y, mediante licitación, la renovación de Curundú (94 millones). Total: más de 1000 millones.

Muchas voces han cuestionado las adjudicaciones sin licitación y los costos excesivos percibidos, incluyendo el costo final de la Cinta Costera y los términos en que el gobierno aprobó —y Odebrecht obtuvo— la cesión del contrato para terminar la carretera Madden-Colón. Escuchamos a altos funcionarios del gobierno 1999-2004 criticar dicha cesión y también al presidente del partido Unión Patriótica cuando exigió explicaciones del gobierno por lo que calificó como “ ambiente de suspicacia ” alrededor de ese acuerdo de cesión.

Las experiencias de otros países aconsejan que —para responder a críticas y disipar suspicacias— las Comisiones de Presupuesto, de Obras Públicas y de Hacienda de la Asamblea Nacional, como entes fiscalizadores, revisen minuciosamente los reales costos de las obras mencionadas e informen públicamente los resultados de esa revisión. Seguramente la comunidad lo aplaudiría.

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Publicado el 24 de febrero de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.