Democracia mancillada

La opinión del Periodista y Productor de TV…

JOSÉ  MIGUEL  GUERRA
jmguerra@cableonda.net

Más que perder la cabeza, los custodios y policías del Centro de Menores de Tocumen perdieron la humanidad, hoy la patria está de luto. Toda muerte es lamentable y más cuando un grupo de sanguinarios fueron los que tomaron la decisión de cómo hacer justicia sin estar autorizados para ello.

¿Cómo se le hace entender a los policías que ellos no son autoridades, que son agentes que reciben órdenes y que solo pueden hacer los que las leyes le permiten? En eso se basa el trabajo policial. Resulta inútil tener academias de policía de tropa o de oficiales, si no entienden que esto es su razón de ser. Éste periodo presidencial pasará a la historia como el más represivo, tal vez más represivo que el de la dictadura, la única diferencia entre el periodo de la dictadura y éste es una menor cantidad de muertos (hasta ahora), pero, en esencia, es más represivo que el noriegato.

Por todos lados vemos cómo sargentos, agentes, oficiales, etc. hacen lo que les da la gana, retienen ciudadanos sin órdenes, aplican el pele-pólice sin una ley u orden que lo ampare, los casos contra los periodistas son interminables, en fin esta dictadura disimulada parece ir creciendo.

¿Y dónde están los que hace un mes estaban horrorizados por el escándalo en el Ministerio Público?, poco o nada han dicho, la Cámara de Comercio, el CoNEP, los defensores de los valores cívicos y morales, la conferencia episcopal y tantos otros que han pasado agachados y no se han manifestado abiertamente en contra de la masacre del 9-1-2011.

Los empresarios están más pendiente de sus ganancias y luchando unidos contra el pago de los impuestos municipales, los otros, si los ven, me los saludan.

Esto me recuerda muy bien los años de la dictadura, cuando los acaudalados y los nuevos ricos hacían billete con los dictadores de turno y nada pasaba en Panamá, solo fue cuando un loco como Noriega se salió del circulo que comenzaron a protestar, pero, cuando estaban haciendo billete de verdad todos miraron para otro lado.

Un ejemplo que les puedo contar es el del fraude electoral de 1984, se reprimió y se robaron las actas de la sede de la ADO en el teatro Metro, cinco años después, ya cuando había pasado la invasión, fue que los antiguos socios de Noriega pasaron las imágenes de ese hecho, pero, en 1984 todos asistieron a la toma de posesión de ‘Fraudito’ y no les importó con el fraude.

Hoy, nadie pregunta por qué la Policía solo invierte en armas letales, cuando en todas partes del mundo los policías están tratando de usar los equipos no letales; a nadie le importa con las retenciones arbitrarias de fin de semana, donde la policía dice que capturaron a presuntos delincuentes el viernes a las 6 de la tarde, los muestran por televisión y el lunes cuando se cumplen las 24 horas los dejan libres sin una explicación.

¿Hasta dónde vamos a llegar con estas amenazas a periodistas, a la gente que hace opinión, etc.?

Estamos constantemente presionados, los que trabajan para un medio, no se atreven ni a subir la cabeza; los que hacemos opinión, ya la mayoría no tenemos medios convencionales donde expresarnos; los dirigentes gremiales, ante la debilidad de ellos mismos, han quedado oprimidos tratando de que no los despidan y preservando su sustento económico.

Esto es una lucha que en democracia jamás habíamos visto, ¿cuál es nuestro futuro, el de nuestro país, será que no se podrá decir nada que disguste a los gobernantes, algún asesor habrá dicho que ese es el mejor estado para gobernar?

Qué triste realidad la que nos tocó vivir, si fuese esa la postura oficial, y qué vergüenza para los que han preferido pasar agachados.

 

Este artículo se publicó el  12  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Agua y Código Penal

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La opinión del Abogado y Docente Universitario..


Silvio Guerra Morales

Ahora resulta que el agua embotellada de algunas marcas y que muchos hemos consumido en este país, previa compra en las tiendas y supermercados, no está purificada. Alguien ha dicho que se trata de una publicidad engañosa, otros han sostenido que implica la existencia de un delito de auténtica estafa colectiva.   A este particular, sobre la existencia o no de delitos, tras este fraude colectivo o de masas, quiero referirme desde la perspectiva jurídica.

El Título IX del Libro II del Código Penal prescribe los denominados delitos contra la seguridad colectiva. En el Capítulo IV de dicho título aparecen los delitos contra la salud pública. El artículo 300 de la excerta legal en cita señala que quien envenene, contamine, altere o corrompa alimento, medicina, excipiente o materia prima, agua potable o cualquier otra sustancia destinada al uso público, poniendo en peligro la salud de las personas, será sancionado con prisión de cuatro a diez años.    Sin embargo, leído minuciosamente los verbos rectores del articulado en cita, quedará claro que no media, ante este fraude colectivo, por parte de las embotelladoras involucradas en el caso, ni envenenamiento, menos contaminación ni alteración alguna del agua, tampoco adulteración o corrupción. Se trata, simplemente, de vender agua a sabiendas que no ha sido purificada, pero con pleno conocimiento de ello, lo cual hace que la acción devenga en una acción dolosa, delictiva, intencionada.

En realidad, el tipo penal o norma aplicable, lo encontramos en lo previsto en el artículo 301 del Código Penal que dice: “Quien, sin haber realizado ninguna de las conductas descritas en el artículo anterior, ofrezca en venta o entregue, a cualquier título, alimento, medicina, agua potable o cualquier sustancia destinada al consumo humano o cosas peligrosas para la salud, a sabiendas de su carácter nocivo (….) será sancionado con prisión de tres a seis años.”

Desde luego, que queda en manos del intérprete judicial el tema referente al agua “potable”, ya que habría que considerar si el agua embotellada puesta en venta es “realmente potable”, no obstante, de haberse determinado, previas pruebas de laboratorios, que no tiene ni ostenta tal “pureza o purificación”.

En todo caso, el codificador debió limitarse en expresar la palabra “agua” sin calificarla de potable, puesto que bien podría argumentarse que al no ser potable el agua puesta en venta, el acusado o los autores del fraude colectivo, no entran en la definición o prescripciones de la propia norma.   Pero insistimos, será tarea del intérprete judicial, el juzgador, quien tenga que delimitar estos pormenores que, en lo que respecta al agua que consumimos, bien podrían, de manera hábil, escapar de una sanción penal.

En contra de este argumento, favoreciendo la interpretación judicial, bien se puede alegar que el sentido de la norma en cuanto califica de “agua potable” la que se ha ofrecido en venta, no entraña la idea de que efectivamente ésta lo sea sino que se promueve o vende como si “fuera potable” y he allí la acción delictiva vía comisión. Tesis que defiendo.

Quedará en manos del Ministerio Público panameño el inicio de una exhaustiva investigación sobre este particular. En efecto, concurren otros delitos, entre ellos el de la publicidad engañosa y la estafa colectiva.

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<>Artículo publicado el  21  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Panamá y el nefasto legado del pasado

La opinión de la antropóloga…

Brittmarie Janson Pérez

Tengo una cronología, mes a mes, de los 20 años de la dictadura de los militares y sus socios civiles.   La armé para mi tesis doctoral, Panamá Protesta. Como estaba en un formato anticuado, la estoy transfiriendo a un nuevo formato para ofrecer a los estudiosos un trozo detallado de nuestra historia.

Aunque el trabajo es doloroso –quiero llorar cuando pasan por mis manos las protestas de un pueblo que luchó inútilmente por la libertad y la justicia– mirando hacia atrás, uno ve mejor.

Ahora entiendo que desde el fraude electoral de 1984, la suerte de Panamá estaba echada. Noriega y sus socios nunca dejarían el poder pacíficamente porque no podían permitir que quedara al descubierto su corrupción, crímenes, desfalcos, participación en el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, asesinatos e infinidad de violaciones a los derechos humanos.   Por eso mismo, Noriega mandó decapitar a Hugo Spadafora el año siguiente, provocando la renuncia del presidente Ardito Barletta.

En febrero de 1988, Noriega fue acusado por jurados en Miami y Tampa de ser narcotraficante y José I. Blandón dio testimonio que comprobaba esto.   El presidente Delvalle fue derrocado cuando intentó destituir a Noriega. Desde entonces da vergüenza leer los nombres de los panameños que se prestaron para la desnaturalización de la República.   Vociferando que los intentos de Estados Unidos para desplazar a Noriega se debían a que Washington pretendía desconocer los tratados del Canal, armaron a paramilitares nacionales e importados, cerraron los medios de comunicación independientes, aterrorizaron a la población con amenazas, arrestos, torturas y violaciones, obligando a miles de panameños a ir al exilio.

Aunque en retrospectiva queda claro que Noriega y socios jamás soltarían el poder por las buenas, en 1989 los partidos de oposición aceptaron ir a elecciones.   El PRD nuevamente cometió fraude.   Pero los panameños –luchando titánicamente contra una nueva ola de represión– dieron la victoria a la oposición y defendieron sus votos. En respuesta, los paramilitares atacaron a Endara, Arias Calderón y Ford salvajemente y el narcodictador anuló las elecciones.

Hay que leer las cronologías, día a día, para comprender el abismo en que Noriega y el PRD hundieron a Panamá.   Para liberarnos del puño de hierro de la narcodictadura, no sirvieron ni protestas pacíficas, ni las medidas legales y económicas adoptadas por Washington, ni las elecciones, ni conversaciones de alto nivel, ni la OEA.   Solo mediante una invasión por Estados Unidos logró Panamá zafarse de Noriega.

Washington, que apoyó el golpe militar de 1968 y ayudó a crear el monstruo que fue Noriega, contribuyó a que el presidente Endara y el vicepresidente Arias Calderón –quien después se alió con el partido de la dictadura– mantuvieran al PRD como partido, con legisladores supuestamente electos por fraude, dejando sin investigar el origen de las fortunas acumuladas por sus líderes.

La corrupción y la impunidad siguieron su curso. La democracia que nació sobre la humareda de bombas, fuego, destrucción y muertes no ha podido crecer debidamente, porque sufre de un defecto congénito: el nefasto legado del pasado.

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<> Este artículo se publicó el 13 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

De frauditos y fraudotes

La opinión de…

Daniel R. Pichel

Miremos al futuro y no mencionemos el pasado porque “no nos lleva a nada”… Esta conclusión es una de las que leí en los comentarios que aparecieron en laprensa.com sobre el artículo de Betty Brannan Jaén (10/10/2010) en relación a la manera como Estados Unidos legitimó el fraude electoral de 1984. Igualmente, sacan conclusiones tan limítrofes como “entonces, si Torrijos no ganó unas elecciones, el tratado del canal debe anularse”.

Cuando leo estas cosas, comienzo a entender por qué la gente usa pseudónimos para puja de estos análisis.   Cinco días después del escrito de Betty, apareció en la “Página del Lector”, una airada respuesta de quien fuera el beneficiario (¿o la víctima?) de ese chanchullo electoral.   Trataré de hacer un resumen de lo que recuerdo de aquella época.   Igualmente, parto de la base que me parece irresponsable, pretender que, con la excusa de “mirar al futuro”, simplemente ignoremos hechos históricos que, a la larga, tuvieron como una de sus consecuencias la invasión de 1989.

En 1984, estudiaba medicina en la Universidad de Panamá, viví de cerca la reacción a aquellas descaradas elecciones desde la directiva de la Asociación de Estudiantes de Medicina.   Después del “veranillo democrático” y las reformas constitucionales de 1983 autorizadas cuando Rubén D.Paredes dirigía la Guardia Nacional, se organizaron unas elecciones directas (las primeras desde 1968), mientras ocupaba la presidencia Jorge Illueca (también designado por los militares).

El candidato del gobierno militar (en una coalición llamada Unade y que formaban el PRD, el Frampo, el Pala, el Partido Republicano y el Partido Liberal) era Nicolás Ardito Barletta y el de la alianza de oposición (agrupada en la ADO Civilista y conformada por el Partido Panameñista Auténtico, el Partido Demócrata Cristiano y Molirena) era Arnulfo Arias Madrid. Además, hubo otros cinco candidatos, que obtuvieron pocos votos porque la prioridad era votar por quien pudiera vencer a los militares.

Entre ellos, estaban el mismo Rubén D. Paredes por el Partido Nacionalista Popular (a quien supuestamente le habían prometido la candidatura del PRD cuando Noriega lo relevó en la jefatura máxima de los cuarteles) y Carlos I. Zúñiga por el Papo, y a quien muchos considerábamos el mejor candidato pero sin opción de triunfo.

El Tribunal Electoral lo presidió el Dr. César Quintero, vendiendo la idea de que las elecciones serían transparentes, dada la credibilidad que “don Checho” inspiraba en muchos panameños.

Hasta donde recuerdo, las elecciones fueron bastante normales pero, al instalarse la Junta de Escrutinio en el Palacio Justo Arosemena (como que siempre ha sido “tierra de tramposos”), comenzaron las irregularidades. Los resultados de las mesas de votación comenzaron a conocerse individualmente. Según la ley electoral, la Junta de Escrutinio sería la encargada de sumar las actas circuitales. Sin embargo, las actas de los circuitos no llegaban y, temiendo un fraude, comenzó a pedirse que se sumaran las actas de mesa.    En una sesión donde cada partido tenía un voto, los representantes de los partidos allegados a los militares se opusieron al recuento de las actas de mesa por ser “contrario a la legislación electoral que los autorizaba a evaluar solamente actas circuitales”.

La crispación aumentaba hasta provocar un tiroteo en las afueras del palacio legislativo donde hubo por lo menos un muerto y varios heridos.

La incertidumbre siguió, simultáneamente con una marea de impugnaciones que buscaban anular mesas completas. Al final, casi 20 días después de las elecciones, se anunció que Ardito Barletta (el candidato de los militares), había ganado por mil 713 votos.

En la proclamación del Tribunal Electoral, don Cesar Quintero salvó su voto destacando que en el circuito 4–4, de Chiriquí, se percibían irregularidades que modificaban el resultado electoral.    La incomodidad fue tal que, durante el tiempo que duró su presidencia, en Panamá nos referíamos al presidente como “Fraudito Barletta”.

Como es lógico, Ardito Barletta, defiende que “él está convencido que ganó las elecciones”, que tiene las actas (pues en ellas basaron el fraude) y usa como argumento que fue destituido por los militares cuando cometió el atrevimiento de proponer una investigación independiente del crimen de Hugo Spadafora.

Encima, en su última nota a La Prensa, sugiere que las leyes aprobadas durante su gobierno tendrían que ser invalidadas. Que me perdone pero eso es totalmente absurdo. Es como pretender que todas las vacunas desarrolladas a partir de datos de los aberrantes experimentos cometidos en humanos durante la Segunda Guerra Mundial tengan que dejar de utilizarse.

Tristemente, la inmensa mayoría de los panameños creemos que en 1984 se cometió un descarado fraude patrocinado por los militares para favorecer a su candidato (supuestamente confesado por Díaz Herrera al negarle su pedacito de poder). Dada esa opinión generalizada, al Sr. Ardito Barletta, solo le diría que nunca olvide que, “quien con perros se acuesta… con pulgas se levanta…”

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<> Este artículo se publicó el 24  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/pichel-daniel-r/

Legitimar el fraude de 1984

La opinión de…

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Betty Brannan Jaén

WASHINGTON, D.C. –La semana pasada, un artículo de La Prensa se refirió al “presidente Nicolás Ardito Barletta”.   Yo hubiera puesto lo de “presidente” entre comillas, porque nadie disputa –salvo el propio Ardito Barletta– que la elección de 1984 fue un fraude. Habiendo pasado 26 años desde el hecho, es hora de que aclaremos de una vez por todas lo acontecido; es un deber que tenemos con la historia, con la Nación, y con los que murieron en la prolongación de la dictadura que el fraude ocasionó.

Múltiples fuentes han confirmado y reconfirmado que hubo fraude.   Comienzo con el valiente libro escrito por Raúl Arias de Para en 1984.   El supuesto triunfo de Ardito Barletta se produjo como “voluntad del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, no la voluntad de la mayoría de los votantes”, señaló Arias de Para. El noriegato creía firmemente en que “el primer deber de un gobierno es no dejarse tumbar”.

Escribe Arias de Para: “El oficialismo disponía de encuestas las cuales mostraban, previsiblemente, que perdería las elecciones.    Entonces, el régimen dispuso adecuar los mecanismos de las elecciones a su favor. Por ejemplo, la alteración de los listados oficiales, la creación de los ‘listados brujos’ y del ‘listado especial’, el nombramiento de individuos parcializados en las corporaciones electorales, la existencia de las credenciales espurias y la circulación de papeletas previamente a las elecciones.

Se pensó que todas estas acciones, más la compra masiva y sistemática de votos, serían suficientes para darle el triunfo a Barletta.   Pero no fue así. En la madrugada del 7 de mayo [de 1984], los resultados indicaron que Nicky había perdido.   El Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa lo supo primero que todos… Entonces se ordenó la segunda etapa del fraude, que consistió en las impugnaciones arbitrarias con las que sustrajeron miles de votos a la ADO”.

Como eso fue insuficiente, “se dieron entonces los fraudes desesperados, burdas y evidentes violaciones a la ley y al Código Electoral, como el robo de actas …y el escamoteo de votos… Finalmente, el Tribunal Electoral convalidó el fraude de las impugnaciones masivas… Solo entonces, habiendo transcurrido 14 días de las elecciones, se pudo proclamar al perdedor como si fuera el ganador…”, señaló Arias de Para.

Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos sabía que se había dado un fraude, pero lo encubrió, imperdonablemente. Además de las irregularidades consabidas, un informe interno de la embajada señaló que se habían dejado de contar 62 mil 564 votos, casi 10% del total, debido a impugnaciones frívolas que fueron interpuestas con el solo fin de reducir el número de votos en favor de Arnulfo. Era “inescapable” la conclusión de que Arnulfo había ganado por un margen de cuatro mil a ocho mil votos, sentenció el informe.

El embajador norteamericano a la época era Everett Briggs, quien en 2008 me admitió que Ardito Barletta fue “selecto” y no “electo”. “La cosa estaba arreglada desde el principio”, reconoció Briggs, agregando “yo creo que Arnulfo ganó”.

Además, el coronel Roberto Díaz Herrera confesó en 1987 que en su casa se hizo la parte final del fraude y el presidente del Tribunal Electoral a la época, César Quintero, también lo admitió.

Contra esta montaña de pruebas, Ardito Barletta todavía osa decir que “sí gané las elecciones de 1984”. Dizque muestra unas actas para probarlo, diciendo que en su casa tiene siete gabinetes de actas. Si es así, que las abra todas a un análisis definitivo, detallado, e imparcial que tome en cuenta todas las trampas que iban más allá de las actas en sí. Hacerlo es su deber patriótico.

Una cosa más: Me consta que la embajada estadounidense invita constantemente a Ardito Barletta a sus recepciones, donde él se presenta a los extranjeros como “ex presidente” de Panamá. Con ello, el Gobierno estadounidense continúa su encubrimiento del fraude y desmiente su supuesto compromiso con la democracia panameña. Esto debe cesar.

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<> Artículo publicado el 10  de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Esfuerzos de Panamá por salir de las listas discriminatorias

No hay duda que el camino a penas inicia con paso firme para Panamá, reconociendo que el Gobierno Nacional viene trabajando arduamente para cumplir con los requisitos exigidos por la OCDE; sin embargo, consideramos que los distintos actores económicos deben estar abiertos a la comprensión de las futuras reglas referente a una mayor transparencia y combate de la corrupción, las cuales requerirán dedicación y una firme voluntad política.  A continuación presentamos el texto completo de este interesante artículo de opinión del Doctor en Derecho….

Hernán A. De León Batista

El Gobierno del Presidente Ricardo Martinelli, mediante la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, ha establecido como estrategia y decisión política de Estado para salir de las listas discriminatorias que mantiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ser considerado Panamá una jurisdicción de baja imposición fiscal, el de suscribir por lo menos doce (12) Convenios para evitar la doble tributación internacional (CEDT); todo como consecuencia de que Panamá, mediante Carta de Compromiso de abril de 2002, se comprometió al intercambio de información con las autoridades tributarias de países de la OCDE.

En el aspecto de transparencia, se comprometió a que la Autoridad Tributaria tendría acceso a la información de los proveedores de servicios, a que dicha información indicaría los verdaderos propietarios de las personas jurídicas y que estas deberán llevar registros de sus operaciones. No obstante dicha Carta de Compromiso, desde el año 2002, sólo se modificó la legislación nacional para combatir el lavado de dinero sin que existiera convenio alguno de intercambio de información

Hasta el momento, Panamá ha negociado exitosamente diez (10) convenios con países como México, Italia, Bélgica, Barbados, Holanda, Qatar, España, Francia, Luxemburgo y Portugal, y de estos diez negociados, se han firmado dos: México (Ley 24 de 31 de marzo de 2010) y Barbados, la cual está en proceso de ratificación. En este mes de agosto, el equipo negociador de Panamá, liderado por el Viceministro de Economía, Frank De Lima, estarán negociando con Corea del Sur y Singapur, en septiembre con Irlanda y en octubre con República Checa, y para el 2011, se pretende iniciar negociaciones con Suiza, Canadá, Bulgaria, Hungría, Alemania y Gran Bretaña.

En total, Panamá ha realizado 47 acercamientos con otros países, a fin de negociar este tipo de convenios; pero esta negociación de convenios ha implicado una reforma al Código Fiscal a fin de armonizar nuestra legislación fiscal, incorporando a dicho texto codificado, mediante Ley 33 de 30 de junio de 2010, normas que regulan aspectos como: precios de transferencia; establecimiento permanente y Residencia Fiscal, de la cual muchas empresas contribuyentes ya deberían ir actualizándose en cuanto a este novedoso tema para Panamá.

Por otro lado, el MEF está creando la Unidad de Tributación Internacional, la cual se encargará de analizar y administrar los convenios para evitar la doble tributación que la República de Panamá suscriba, a fin de que los contribuyentes de los países o Estados contratantes con nuestro país, puedan acogerse a los beneficios que establecerán los mismos, así como la Unidad Técnica de Precios de Transferencia, la cual se encargará de fiscalizar que las empresas relacionadas o de un mismo grupo económico, realicen sus transacciones entre ellas bajo el principio de libre competencia en materia tributaria.

Como conclusión, todo este proceso ayudará a mejorar la imagen de la República de Panamá, como país cooperador en la lucha contra el fraude tributario internacional y el intercambio de información en materia tributaria, y de manera muy particular, que podamos salir de la lista gris de países considerados paraísos fiscales o jurisdicción de baja imposición fiscal. Igualmente, con todo este proceso habrá una repercusión positiva en la recaudación de tributos en general, el país y su economía serán más competitivos porque ayudará a la atracción de inversión extranjera y por ende, obtener una mejor calificación de inversión como país, tal como ya nos calificaron las tres empresas calificadoras más importantes como son Fitch, Moody´s y Standard & Poors, gracias a un arduo esfuerzo del Ministro Alberto Vallarino.

No hay duda que el camino a penas inicia con paso firme para Panamá, reconociendo que el Gobierno Nacional viene trabajando arduamente para cumplir con los requisitos exigidos por la OCDE; sin embargo, consideramos que los distintos actores económicos deben estar abiertos a la comprensión de las futuras reglas referente a una mayor transparencia y combate de la corrupción, las cuales requerirán dedicación y una firme voluntad política.

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Este artículo se publicó el  21  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América y el 27 de agosto en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Quién se llevó mis ahorros?

La opinión de….

Diana Campos Candanedo

¿Quién se llevó mis ahorros? Esta es sólo una de las tantas preguntas que nos hacemos las más de 10 mil personas que teníamos nuestro dinero ahorrado en British American.

Los afectados tenemos un rostro y una historia. La del hombre de 73 años que había ahorrado toda su vida en esta compañía y le faltaban meses para disfrutar de sus ahorros; la viuda con problemas médicos que ahora no tiene ni ahorros ni seguro de salud; la señora con discapacidad que dependía de las rentas de sus ahorros para vivir; las mujeres a punto de dar a luz que ya no cuentan con cobertura médica para el parto. Estos son los rostros del fraude.

Y es que “fraude” sería la mejor definición a lo que ha sucedido. Una empresa que transfiere ilegalmente 10 millones de dólares que respaldaban sus operaciones de Panamá, fondos que a su vez estaban bajo la custodia de Banistmo Securities; una aseguradora con sede en Trinidad y Tobago que presentó estados financieros falsos y una Superintendencia que ha sido incapaz de cumplir con su tarea de supervisión, limitándose a “reaccionar” en lugar de prevenir lo que ya se veía venir.

Lo que la opinión pública no sabía en 2009 (porque se mantuvo en total secretismo) es que CL Financial Group, el conglomerado al que pertenece British American, presentaba problemas financieros desde enero de 2009.

El Grupo había solicitado un rescate a las autoridades de Trinidad y Tobago y estaba bajo administración judicial en octubre de 2009 en Bahamas. Además, sobre British American también pesa una investigación judicial en Estados Unidos por una presunta compra fraudulenta de terrenos en Florida.

Con este historial, era más que evidente que no se podía confiar en los márgenes de solvencia que reportaba la compañía a la Superintendencia.

Este caso pone sobre la mesa dos aspectos relacionados con la regulación. El primero es la necesidad de un cambio en la ley de seguros que contemple mayores controles en cuanto a las reservas de las compañías, así como disposiciones relacionadas con el reaseguro, ya que actualmente los clientes no están protegidos en caso de quiebra, aunque una compañía esté reasegurada.

El segundo aspecto se relaciona con la necesidad de que exista en Panamá un fondo estatal de garantía –como lo tienen todos los países europeos– que respalde los depósitos y seguros en caso de insolvencia de las compañías y bancos. Si el Estado tuviera una responsabilidad subsidiaria en casos de quiebra, seguramente la supervisión sería mucho más estricta.

Además, para recuperar la confianza que ahora está en niveles mínimos, deberían tomarse acciones muy concretas cuanto antes, tanto para ayudar a los afectados como para asegurar que los culpables sean castigados.

Desafortunadamente es poco lo que estamos viendo en esta dirección: los directivos de BA se encuentran en paradero desconocido; la Superintendencia no especifica qué está haciendo para recuperar los fondos transferidos ilegalmente y tampoco ha establecido un canal para que los afectados puedan agruparse y estudiar posibles acciones legales colectivas.

Por otra parte, Banistmo Securities tampoco ha explicado por qué no informó en su momento a las autoridades competentes del traslado irregular de esos fondos.

Más allá del hecho que haya 10 mil panameños con sus ahorros “en el limbo”, aquí lo que está en juego es la propia credibilidad del sistema financiero panameño, de los reguladores del mercado, de la profesión del seguro y en particular la de los corredores.

El dinero es desconfiado, y una vez que se siembra la duda, es muy difícil recuperar la confianza. Ante los últimos acontecimientos, no faltará quien prefiera guardar el dinero bajo el colchón. Para un sistema financiero como el panameño, este es un riesgo que no se puede correr.

En cuanto a los afectados, esperar no es la única opción. Tenemos que agruparnos y estudiar las posibilidades de una demanda conjunta. Los corredores de seguro que tienen una cartera de afectados y que en su momento ganaron comisiones por convencer a sus clientes de colocar sus ahorros en British American, deberían ser los primeros en tomar las iniciativas para agrupar a sus clientes afectados.

Ahora es el momento de ponerse en acción para que este caso no quede en el olvido y vuelva a repetirse unos cuantos años más tarde.

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Este artículo se publicó el 18 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.