Hordas de gamberros

Calles cerradas y miles de conductores atrapados, ¿por qué el derecho a protestar está por encima del de circular?

La opinión de….

MÓNICA MIGUEL

Aviso a navegantes para que nadie venga luego a quejarse, la columna de hoy va a ser políticamente incorrecta. Hoy me levanté con el colmillo retorcido y voy a soltar veneno le duela a quien le duela. Y espero ser la voz de unos cuantos, que, como yo, están hasta las narices de sentirse rehenes en su país.

Rehenes de unos cuantos insensatos que piensan que jodiendo a todos logran su cometido y de unos politicuchos, demagogos de quinta, que creen que escondiendo la cabeza debajo del ala pasan desapercibidos y aquí paz y después gloria.   No sé si todo el mundo tendrá la misma buena memoria que yo tengo, ¿nadie más se acuerda de que una de las promesas de campaña fue que no se permitiría cerrar las calles?

Pues aquí estamos, año y medio después nada ha cambiado, miles de conductores al borde de un ataque de nervios cuando se encuentran atrapados sin salida en una ciudad que ya de por sí es hostil y que empeora cuando a algún cretino se le ocurre cerrar alguna de las pocas avenidas que existen en la capital. Miles de pobres inocentes encerrados durante horas en sus automóviles sin poder llegar a su trabajo, a su casa o a cualquier sitio, gastando gasolina y paciencia, perdiendo dinero y dulzura de carácter por media docena de tipejos (y tipejas, ahí pongo con gusto la puntualización de género) que piensan que ésta es una buena manera de llamar la atención.

Que quede claro que estoy de acuerdo con el derecho a la protesta, soy la primera en protestar por lo que sea, pero señores, su derecho a la protesta choca frontalmente con mi derecho a la libre circulación, ¿y por qué su derecho debe estar por encima del mío?   ¿Y dónde están los que en teoría deben velar por mis derechos? Escondidos en sus madrigueras, asustados de que vayan a acusarlos de atentar contra la vida.

Basta un escándalo como el de Bocas del Toro para que nunca más alguien vuelva a tratar de mantener el orden en este país, porque, como siempre, a alguien se le fue la mano en pollo y ya nunca más vamos a hacer sancocho.

Porque en este país o no llegamos o nos pasamos; o nos enfrentamos a lo bestia tirando perdigones indiscriminadamente o no intervenimos más que para proteger a los que protestan. ¿Será que logramos entre todos encontrar un punto medio? ¿Será que se puede protestar de otro modo?

Porque señores, no sean ingenuos, a los que va dirigida su protesta, a esos ni le va ni les viene que ustedes cierren calles, es más, la gasolina que ellos gastan la pagamos entre todos. Y mientras, en medio de este pandemonio, la ministra de Educación nos dice que los padres deben conversar con sus hijos, ¿conversar con unos vándalos enmascarados? ¿Hay que dialogar con aquel que tira la piedra y esconde la mano?   ¿Eso es lo que les estamos enseñando como sociedad? ¿Los dejamos impunes? ¿Somos tan pusilánimes? ¿Un millón de personas rehenes de una horda de majaderos y sinvergüenzas?

Nadie desea muertos ni heridos,  sino un despliegue de fuerza proporcional y controlado para mantener la libre circulación.  Doctores tendrá la ley que sepan qué hacer. Que hagan lo que sea menester, pero yo deseo saber que si un hijo mío tiene que llegar en ambulancia al seguro no se va a quedar atrapado en medio de uno de los tranques descomunales, quiero poder cumplir mis compromisos, quiero poder vivir, con mis propios problemas y mis miserias, ¡pero sin joder al vecino! Puede ser que esté de acuerdo con que ustedes protesten.   Pero si protestan cerrando la calle lo único que les voy a desear es que les caiga un rayo vengador. La lástima es que mis deseos no se transformen en realidad.

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<> Este artículo se publicó el 31 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/miguel-franco-monica/

Ser pobre en Montecarlo

La opinión de…

 

Juan Carlos Ansin

Un exitoso empresario, de fortuna considerable, me decía que en Mónaco se había sentido pobre. No niego el valor de la ironía. Montecarlo es el Disney World de los adultos ricos. Esto viene a colación porque cuando se habla de pobreza siempre termino con la sensación de que el tema no ha sido debidamente agotado. Tal vez porque tanto la definición como la percepción de pobreza son tan escurridizas e inciertas como las del asombrado empresario, que desde el balcón del casino contemplaba la pequeñez de su fortuna, al ver pasar el largo desfile de yates ultra lujosos por la impresionante bahía que los Grimaldi poseen en la Costa Azul de Francia.

Panamá es uno de los países del área con peor distribución del ingreso. El 20% de la población posee el 50% del ingreso. Con el agravante de tener un alto nivel de desarrollo humano. Vale la pena recordar que el índice de Ginni sirve para cuantificar cualquier desigualdad, de modo que se aplica también al consumo de bienes, al acceso de salud, de educación o de agua potable. Hago la salvedad porque un país igualitario no siempre es un país socialmente justo, libre y soberano. Haití distribuye su pobreza por igual y Mónaco hace lo mismo con su extrema riqueza, pero en cierto modo ambos pudieran ser considerados como estados fallidos.

Yo creo que la percepción, individual y colectiva, va más allá de la estimación de la pobreza, para terminar por calificar la calidad de vida y de satisfacción social que la gente espera tener en una sociedad madura, forjada en la cultura de la participación, la libertad responsable, la igualdad de oportunidades y la justicia social.   Satisfacción que no es la misma para un jefe o jefa de familia o para un joven que aspira a una educación excelente o la de un anciano cuyo bienestar depende del acceso oportuno a un eficiente sistema de salud.   El próximo informe de PNUD a publicarse el 4 de noviembre de 2010, aplicará un nuevo índice de pobreza multidimensional o IPM, un poco más exacto y complicado, pues necesita estadísticas que no todos los países registran en forma sistemática y actualizada.

Más allá de la pobreza, debiera analizarse el grado de desarrollo genuino -independiente de factores externos- realizado por el país en las áreas más importantes. En otras palabras, que la población participe tanto del esfuerzo como de los beneficios obtenidos. Situación que pudiera revertir la constante desigualdad social que padecemos en Panamá, si los empresarios socialmente responsables admitieran la participación del trabajador en la ganancia de la empresa, así como estos participan en la producción. El gobierno debiera estimularlo bajando la carga impositiva en la misma proporción que la empresa aumente el empleo y el salario. Debo aceptar que el Estado, como todos los intermediarios y distribuidores o representantes exclusivos, se quedan con parte de las ganancias sin emplear un gramo de energía productiva, pues les basta con el contacto, el nombre, la firma y el sello. Para luego pasear por Montecarlo y bañarse de pobreza.

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<>Artículo publicado el 31  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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El país de los subsidios y el gran Gobierno

La opinión del Ingeniero y Director Ejecutivo de Fundación Instituto Panameño de Estudios Cívicos. ….

Guillermo Antonio Ruiz

El Presidente norteamericano Dwight Eisenhower propuso en su época, entre otros monumentales actos legislativos como jefe del Ejecutivo, uno que transformo la cara de su país: “The Federal Highway Act”.

 

El propósito era construir amplios corredores viales o autopistas que unieran de forma expedita todos los centros urbanos de Estados Unidos, permitiendo a sus ciudadanos contar con una mejor calidad de vida que les facilitara trasladarse desde lugares muy distantes hasta sus hogares de una manera segura y rápida.

Hay pocos ejemplos tan palpables de la utilización por parte de un gobernante, de políticas públicas que reviertan de forma totalmente práctica los impuestos que pagan los contribuyentes.

No tengo un ejemplo local de esa magnitud a la mano. Pero si abundan los ejemplos de subsidios, o mejor dicho, de innecesarias políticas de derroche de dinero del Estado en programas paternalistas por parte de todos los gobiernos de nuestra historia republicana.

Desde el Presidente Belisario Porras para acá, es difícil encontrar en algún gobernante posterior una obra similar que tenga tal incidencia en la población durante largos períodos de tiempo como fue la de él.   Parece que hay una urgencia por convertir al Estado en un regente municipal ineficiente.

Todo se resuelve con un subsidio, por lo visto. El de la gasolina, el del tanque de gas, el de la electricidad, el de los buses y taxis, el de la harina, la red de oportunidades, el cien a los setenta, la beca universal, ahora vienen el metro y el metro bus, etc. Derecha, socialdemócratas, militares, civiles, todos miran como primera solución los famosos subsidios. ¿Sabe qué es un subsidio? No es más que utilizar dinero de sus impuestos para “resolver” un problema que tiene otra solución pero que políticamente la misma no se traduce en votos para el partido gobernante.

Por otro lado, en proporción a la población de Panamá, nuestro aparato gubernamental tiene un tamaño colosal. Es paquidérmico y con tendencia a promover la corrupción a todos lo niveles.

Hay que entender que si queremos ver más medicinas, médicos y enfermeras en nuestros hospitales, más escuelas, mejores carreteras y mantenimiento para las mismas, lo correcto es reducir gradualmente el tamaño del gobierno.

Gastar miles de millones de dólares en planilla permanente y sobre todo cientos y cientos de contratos, no ayuda a balancear un presupuesto de gastos que se enfoque en reducir la pobreza, combatir la inequidad, la falta de adecuada infraestructura en nuestras ciudades y campos, el mejoramiento y modernización de la educación.   En fin, politiquería contra administración responsable del Estado.

Por todo lo anterior cada vez importa más quienes nos gobernarán y no solo quien es el candidato a Presidente.

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<>Artículo publicado el 31  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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La mafiocracia niega lo obvio

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

GENARO  LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

Los preceptos filosóficos suelen señalar que la realidad emerge independientemente del nivel de conciencia que tengamos de la misma. Parafraseando, en Panamá, la realidad emerge por encima de los millones de dólares en publicidad que destina el gobierno de Martinelli.   Lo que hoy empieza a salir a cuentagotas en medios de comunicación social, es una verdad que los panameños conocemos porque la vivimos diariamente.

Desde que arribó Martinelli a la Presidencia hemos denunciado su gestión represiva y de persecución contra las organizaciones del movimiento social y las comunidades, situación que ahora aparece en diarios extranjeros. Se trata de The Wall Street Journal, que se pregunta ‘si él quiere, como lo prometió, convertir a su país en la primera economía de mercado o si lo que busca es aumentar su propio poder’ y del Time Magazine, que recoge ‘Martinelli está jugando a ser el hombre fuerte’, calificativo que se le adjudicó al ex dictador Noriega. Si nos atenemos a la masacre de Changuinola, las respuestas a estas interrogantes están más que resueltas.

No satisfecho con la masacre de Bocas, Martinelli, desconoció los acuerdos firmados en la mesa sobre la Ley 30, en materia de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía, la cual fue aprobada por el Legislativo, garantizando impunidad a los policías y que éstos pueden excederse en el uso de la fuerza. Esta maniobra del Ejecutivo es una falta a los acuerdos, por lo cual el Colegio de Abogado y CONUSI — Frenadeso demandaremos ante la Corte Suprema de Justicia este nuevo atropello.

Ello obedece a que todos los informes sobre los hechos de Bocas revelan la violación de los derechos humanos por parte del gobierno.   No solo fueron los informes de los organismos de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, de las misiones sindicales (ICM y de la Caravana Internacionalista), sino que ahora un informe de una Comisión Investigadora creada por el Ejecutivo es rechazado por Martinelli, por llegar a las mismas conclusiones. Es que la barbarie cometida no puede ser ocultada por nada ni por nadie.

Pero el irrespeto a los pueblos originarios sigue.   Se impuso un proceso electoral al pueblo Ngäbe Buglé, violentado la independencia del mismo. El Tribunal Electoral desconoció 518 años de costumbres y tradiciones. Pero la dignidad de los pueblos originarios sigue latente, ‘el 80% no acudió a los centros de votación’. La decisión está tomada, la dirigencia indígena no acepta imposiciones.

La realidad sigue saliendo. El informe divulgado por la organización Transparencia Internacional, señala que Panamá se mantiene como uno de los países con peor índice de percepción de corrupción.

Por otro lado, el gobierno insiste en publicitar el éxito económico de su gestión, crecimiento del 5.2% del IMAE y proyección de la tasa de crecimiento del PIB del 7%.   ¿Quién se queda con esta riqueza?   El cacareado crecimiento económico, del cual se ufanan éste y los anteriores gobiernos, es un crecimiento sin equidad, como lo demuestra el último Informe sobre la Desigualdad del PNUD. Panamá ocupa el noveno lugar en el deshonroso ranking de la desigualdad social.

Una de las conclusiones más preocupantes del informe es que uno de los principales obstáculos para romper con la tendencia a mayor desigualdad en la sociedad es el sistema político: ‘… en especial a las modalidades de representación política. Los mecanismos de toma de decisiones y las formas en que se agregan los intereses de los distintos grupos pueden resultar en la persistencia de la desigualdad o, al menos, dificultar su reducción’.

Este tema fue planteado y debatido por Frenadeso en su II Congreso Nacional, celebrado el año pasado bajo el lema ‘Construir Poder Popular para democratizar la sociedad panameña’.   De allí la necesidad de impulsar los esfuerzos para crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes, que funda una nueva República y de allí, también, la necesidad de construir un instrumento político electoral.

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<> Este artículo se publicó el 31 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Preso por desacato

La opinión del Abogado y Docente Universitario en Derecho Procesal….

CARLOS  AUGUSTO  HERRERA
cherrera255@hotmail.com

Este asunto lo podemos definir como una desobediencia a la autoridad. En nuestro sistema procesal tenemos que el artículo 1932 del Código Judicial, se refiere a los culpables por desacato en materia civil y empieza con la enumeración de los procesos de alimentos ordenados por el juez.   Sigue en secuencia la desatención sobre las desavenencias entre los cónyuges. Todos conocemos de lo que ocurre entre parejas desubicadas.

La desobediencia de la Ley durante los procesos de divorcio o separación de cuerpos, más una enorme lista de actos insubordinados a las órdenes emanadas de las autoridades dentro de los procesos.   Lo importante es reconocer ese deber o potestad de la autoridad para hacer cumplir la Ley. Esta voz denominada desacato se asocia con la desobediencia frente a la obligación de cumplir órdenes o disposiciones del que tiene el poder para ello, pero para nuestro asombro también el desacato se ha vinculado en el devenir histórico con tradicionales figuras como la calumnia, injuria, insultos o amenazas proferidas en contra de quien goza un título de autoridad. Parece que antes sencillamente se reprendía por desacato a todo el que atentaba contra el honor.

Sobre estos temas encontramos mucha información en libros y ahora con la facilidad del Internet, la que nos invade con explicaciones para comprender ese sometimiento a la jerarquía, el combate a la obediencia, el imperio sobre la disciplina y el absoluto respeto a la autoridad.

Hay que reconocer que desde aquellas épocas tempranas, ya en los gobiernos se regulaba sobre el desacato.   En la Antigua Roma no se podía atentar contra el imperio y claro está que además se extendía a los que gobernaban, tanto así, que se consideró como un delito de lesa majestad.

Los gobernantes gozaban de esa potestad y dignidad propia de quienes hacían cumplir la ley y garantizaban igualmente la soberanía, como dicen los historiadores y relatores en la página ‘Especialización Penal, Abogados’,   para considerar esta descortesía de comportamiento en sus dos vertientes, primero con lo denominado: la potestas y la dignitas.

Nos dicen que ahora solo se protege aquella potestas. Este interesante documento anuncia la tendencia en los gobiernos democráticos a eliminar las figuras contra aquellos que atenten contra la dignitas (injurias, calumnias, insultos) y a entenderse que no son sino delitos comunes contra el honor.

Esto garantiza la vía hacia una sociedad cada vez más pluralista, y el pleno ejercicio de las libertades jurídicamente reconocidas.

Bueno, nosotros buscamos eliminar parcialmente la calumnia, ahora por aquello de la libertad de expresión, que se ha minimizado con el impedimento de algunos funcionarios públicos para demandar por esta figura penal.

Al volver con el tema principal, tenemos que el juez al condenar por desacato empieza por imponer sanción de arresto, por un término no mayor de un mes. Si 10 días después, y ya en libertad, no ha cumplido lo ordenado por el juez, lo vuelven a detener ahora hasta por ocho meses y así sucesivamente hasta que se cumpla el año que puede durar el encarcelamiento en su totalidad, pero la restricción cesa si se cumple lo dispuesto por su señoría.

Aquí vienen los contrasentidos al aplicar esta norma en los casos de pensión alimenticia, si el preso no puede trabajar y menos cumplir con esa obligación sucesiva. En algunos casos resulta, porque los familiares y amigos cancelan la obligación para que lo liberen. Aquí es peor el remedio que la enfermedad.   Tenemos que una vez satisfecha la obligación, cesa el apremio.

El artículo 1933 del Código Judicial establece que también se puede utilizar como un medio de presión el imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas, en proporción al caudal económico del remiso y a favor del litigante afectado por el incumplimiento.

Se puede reajustar la imposición, si el afectado justifica parcial o totalmente la causa o causas de su renuencia o resistencia.   Todo aquel a quien se le imponga sanción por desacato, nos dice el artículo siguiente en la secuencia, siempre debe ser responsable por los perjuicios que ocasione su rebeldía, ya sea que sufra o evite detención. Lo cierto es que el sujeto remiso sabe a lo que se atiene, porque no siempre se trata de dinero, pueden ser otras muchas cuestiones.

Mientras dura la imposición los procedimientos judiciales continúan, como lo establece el artículo 1935 de la misma excerta legal a la que constantemente nos referimos. Si la Ley señala expresamente otra sanción al aplicar el desacato que a todas luces es una medida de presión para alcanzar un fin.   Lo cierto es que según el artículo 1936 para reclamar el incumplimiento, se debe instaurar una querella acompañada con la prueba sumaria, pero si se trata de alimentos debe tener supremacía en su trámite.

 

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<> Este artículo se publicó el 31 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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La sociedad correcta

La opinión del Abogado….

SAÚL  MALOUL  ZEBEDE
malcoj2@hotmail.com

Los liberales y conservadores por igual, tenían el asunto perfectamente previsto. La inmensa mayoría de los círculos de negocios, son círculos familiares, en los que la propiedad y la participación en los mismos se traspasan como una herencia. Las capas altas aseguraban así el control de los medios de producción en la economía capitalista, exigían ciertas normas de comportamiento social a sus pares, y garantizaban el continuo control empresarial a través de la institución de la familia.

Los tratos con el gobierno —en el sistema mercantilista perfecto—, se daban, bien cuando estaban de un lado del poder, representando al Estado, bien cuando se estaba del otro lado del poder, representando al ciudadano. El negocio seguía siendo negocio, por cualquiera de las dos partes.

Lo único es que los liberales tuvieron una visión más amplia y le dieron a los pobres un medio de superación, para que participaran en su porción de la riqueza nacional: la educación. Si te educabas bien y tenías buenos modales y actuabas según las normas generalmente aceptadas y aceptables, también tenías oportunidad de escalar en el mundo empresarial.

Este sentido o molde de la forma social de estructurar la democracia, no admite disenso, ni idea que se salga del libreto, ni declaraciones que asusten al poder. Para quien disiente, el castigo es el rechazo social, que, dependiendo de quién se trate, puede ser el rechazo de todo su grupo directo e indirecto. Un verdadero paria, en medio de gran abundancia, por ‘ejercer el derecho’ a pensar diferente. Después de todo, a aquí no vinimos a pensar diferente… ni siquiera vinimos a pensar. Vinimos a hacer dinero, y esas son las consecuencias para todo aquel que no se amole, como dicen los mexicanos.

El patrón se difunde por toda América Latina, y del señorío español y caudillista, pasamos al señorío criollo. Los países con más oportunidades reales son aquellos que fomentan estructuras de negocios al margen de las familias. Los países con más oportunidades reales son aquellos que valoran la tecnología y el capital humano, a la par del dinero de inversión. Y los países con más oportunidades reales, son aquellos en los que el crédito no es el privilegio de unos pocos.

Esos son los retos y la democracia real el camino. Maquiavelo estaba equivocado: todo lo que hacen los medios es justificar el fin. Así es que la democracia se debe dejar acompañar de la ausencia de violencia, para alcanzar las metas de las transformaciones reales que requieren nuestras sociedades.

Estamos frente a un escenario en el que todo se vende y todo se compra al mejor postor. Cuando debiéramos aprovechar la coyuntura para ser más horizontales y profundizar nuestros cambios estructurales; lo único que hacemos es reforzar las conductas verticales, y olvidarnos de la institucionalidad, de los cambios para cambiar, no para que nada cambie.

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<> Artículo publicado el 30 de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Donaciones a campañas y democracia

La opinión del Comunicador Social, no vidente…

Edwin Rodríguez 

El tema de las donaciones a los partidos políticos en Panamá y el financiamiento de las campañas electorales es recurrente dentro de las organizaciones políticas, ya que por las grandes sumas de dineros que estos procesos implican, el funcionamiento del sistema político está condicionado por los aportes económicos que hacen tanto las personas como el Estado (subsidio electoral) a los partidos y los candidatos que compiten por la obtención del poder, por ende, el tema de la financiación electoral y política reviste gran importancia para el desarrollo de la institucionalidad democrática y para el perfeccionamiento del proceso político de Panamá.

Si bien, en nuestro país, En el 2009 los partidos recibieron B/ 39 millones, de los cuales B/ 25 millones fueron donaciones privadas y B/ 13.4 millones, subsidio electoral.

Sin embargo, el conjunto de gastos de los partidos políticos, sobre todo para los procesos electorales, en un momento especial de desprestigio de la clase política, de supuesta presencia del narcotráfico en el financiamiento, plantean problemas ligados a la democracia y a la gobernabilidad. Sin dudas, el financiamiento público y privado requiere en la actualidad una regulación cuidadosa.  Esa regulación responde a una necesidad democrática; involucra una solución integral del proceso político; reclama capacitación para la dirigencia de los partidos; acepta prohibiciones para determinadas fuentes; exige la transparencia en el proceso, con registros de contribuyentes e indicación de dónde provienen sus recursos; aboga por un equilibrio en las fuerzas para que la competencia se desarrolle en condiciones de igualdad entre partidos nuevos frente a los tradicionales; No existen soluciones perfectas. Las contribuciones ilícitas, por una parte y la incidencia en la toma de decisiones por la otra, justifican la transparencia y la publicidad de las contribuciones. También la prohibición de contabilidades paralelas así como también impedir que reciban directamente una ayuda los candidatos a la Presidencia de la República o a una curul parlamentaria, todo ello busca cerrar caminos del financiamiento ilícito y de la corrupción política.

Finalmente, una relación equilibrada entre el dinero y la política es la clave para el buen funcionamiento del sistema político y la calidad de la democracia. Por ello el factor más importante para generar equilibrio político y social en nuestro país es cuando los comicios -vistos en su dimensión política y económica entre los principales actores, que intervienen en el proceso político-electoral- son equilibrados entre las partes. Por ello, para la democracia, es vital que sea el sistema político el que controle el dinero y no que sea el dinero el que controle el proceso político; ya que si fuese el capital el que somete al sistema político a sus designios el sistema democrático sufriría mermas y deterioros en su funcionamiento y por tanto, en su crecimiento y desarrollo en el seno del sistema político representativo de Panamá.

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<>Artículo publicado el 30  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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