Jubilados, cotizantes y los próximos

La opinión de la Abogada y Ex Diputada de la República….


MIREYA  LASSO
mireyalasso@yahoo.com

El dilema que plantean las jubilaciones es que se necesita una solución justa, que resulte lo menos dolorosa, porque una medida, aunque sea equilibrada, siempre será traumática en Panamá, como en Inglaterra, en Argentina, en Estados Unidos o en Francia, donde hemos visto huelgas y protestas callejeras, cuando se ha intentado implementar medidas para evitar el inescapable colapso de un sistema que, por muy loable que fuera concebido, lleva el peligro congénito de su potencial extinción.

Sería ideal que cada trabajador ahorrara lo suficiente durante su etapa productiva para poder financiar sus necesidades al retirarse, pero sabemos que la realidad es otra. El problema estriba en poder asegurar un ingreso decente a personas que dejaron de trabajar, pero que —gracias a Dios y a los adelantos de la tecnología y la medicina— cada vez esa etapa de sus vidas dura más años.

¿De dónde saldrá el dinero? Hace seis años lo vimos en la Asamblea, última vez que se intentó apuntalar el sistema. El dinero proviene en primer lugar de dos fuentes: una, aportada por trabajador y patrono, como las cuotas obligatorias que siempre hemos conocido; la otra, un aporte voluntario de aquel trabajador que desee ahorrar algo adicional para incrementar su jubilación. Pero las cifras demuestran que aún así no se ahorra lo suficiente para financiar las necesidades durante todo el tiempo del retiro del trabajador, sobre todo con el aumento de la esperanza de vida.

Quedan dos fuentes adicionales que no son ahorros del propio jubilado. Unas, son las cuotas que pagan los trabajadores activos —los cotizantes actuales—, cuyos aportes permiten seguir pagando a los jubilados al agotarse los fondos que ellos mismos hayan ahorrado. Es el aporte solidario que cada generación hace para sostener el sistema, evitando su colapso; según el Seguro Social, la generación actual de 1,000,000 de cotizantes financia realmente el pago a 180,000 jubilados, en proporción de 5.5 cotizantes por cada jubilado, cifra peligrosamente inferior a la de hace cincuenta años.

La cuarta fuente son ganancias producidas por inversiones de reservas financieras de la CSS.

Estas distinciones no pueden ser ignoradas. La solución debe ser justa tanto para los jubilados de hoy, como para quienes aspiramos serlo mañana y las autoridades han advertido que tarde o temprano nuevamente se nos vendrá el problema encima. Debemos apoyar la iniciativa y conocer los estudios actuariales, evitando el exabrupto del 2005, cuando se discutió, aprobó, derogó, cambió y volvió a aprobar una reforma que siempre se supo tendría una vida útil limitada.

Muchos son los temas a considerar. Aumentar la edad de jubilación, porque hoy gozamos de mejor salud y mayor es nuestra esperanza de vida, pero ¿qué efecto tendrá en la oferta de empleos para los jóvenes? ¿Se producirían las mismas protestas que en Francia?

Aumentar la cantidad y monto de cuotas, pero ¿qué efecto tendría en la economía y el desempleo?

Cargar al presupuesto nacional, aumentando subsidios estatales, pero ¿se producirán las calamidades que hoy Europa trata de corregir?

Fijar ajustes periódicos según el costo de la vida, pero ¿cuáles cargas serían permanentes y sobre quiénes recaerían? ¿Podemos disponer igual que Estados Unidos?

Hacer mejores inversiones con los dineros de la seguridad social, pero ¿son seguras las inversiones en los corredores Norte y Sur?

Son apenas algunas preguntas, pero esas, y muchas otras, deben ser formuladas y respondidas oportunamente con información técnica confiable. Ahora es el momento de empezar; no debemos dejarlo para última hora como acostumbramos los panameños.

Mientras más esfuerzo le dediquemos hoy, mayores serán las posibilidades de consensuar las soluciones menos traumáticas en asunto tan humano y sensible. No olvidemos que, de aumentarse improvisadamente la pensión a los jubilados de hoy —lo que es justo—, se acortaría en proporción directa la vida de nuestro sistema de seguridad social —lo cual es peligroso. Por eso, con sensibilidad y sentido de responsabilidad con quienes hoy aspiramos a una jubilación decente mañana, todos debemos encontrar el balance que resulte menos doloroso y menos peligroso.

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<> Este artículo se publicó el 17 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/lasso-mireya/
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Calidad de vida y gestión de gobierno

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA  S.  DE  RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Hace una década ya se escuchaba el convertir a Panamá en un centro internacional de servicios logísticos. Durante la pasada administración gubernamental se iniciaron los trabajos de ampliación del Canal de Panamá, considerada la ‘obra de infraestructura más importante de la próxima década en América Latina’.

La obra tiene como objetivo sostener la competitividad de la vía, al ampliar su capacidad para captar la demanda del mercado internacional de buques con alto tonelaje, como los Post—Panamá. Acción que según los entendidos deberá asegurar un creciente y permanente aporte de beneficios a la sociedad, mediante su contribución al erario.

En el mismo orden de ideas, la actual gestión de gobierno delineó en su plan estratégico 2010—2014 un ambicioso conjunto de propósitos, que contemplan el desarrollo de áreas importantes en la actividad económica, como logística, agricultura y servicios financieros, para mejorar la rentabilidad en términos de crecimiento económico y generación de empleo.

Durante los últimos cinco años, con el crecimiento económico reflejado por nuestro país se ha incrementado la migración extranjera de inversionistas, turistas y jubilados de alto poder adquisitivo, lo que ha encarecido el costo de vida para los nacionales, primordialmente en el área metropolitana y las principales urbes del país.

De hecho se puede observar la proliferación de construcciones de lujo (hoteleras, comerciales y residenciales), complejos turísticos, restaurantes y marinas (como el Paseo de Amador, donde atracan suntuosos yates).

Aunado a este escenario, la tasa de inflación, que habitualmente fue baja, se aumenta, debido a diversos factores (externos e internos), destacando entre ellos, las devaluaciones sufridas por el dólar, frente a otras monedas, lo que encarece el costo de nuestras importaciones, por usar el dólar como moneda de curso legal.

Nuestra extrema dependencia de las importaciones, sobre todo en productos del petróleo, cuyas fluctuaciones y precios elevados en el mercado internacional, unidos a la especulación del mercado nacional, sin que las autoridades pongan un alto a esta situación, elevan aún más los precios de bienes y servicios como la energía eléctrica y canasta básica de alimentos, en detrimento de los consumidores.

Dentro de esta dura realidad, el segmento de la población más fuertemente golpeado es la clase media, porque siempre se le considera atractiva para contribuir al pago de impuestos, pero rara vez se le hace justicia salarial. Mientras se realizan esfuerzos para mejorar la condición de los más pobres, el 85% de los beneficios del crecimiento económico se concentran en un reducido 15% de la población.

La situación debe llevar a nuestros gobernantes a evaluar con sensatez las decisiones a tomar y estrategias a implementar, porque el éxito de una gestión de gobierno se mide en función de una planificación acertada, la apropiada administración financiera y fiscal de los fondos públicos. Así como del desarrollo de acciones que logren mayores niveles de equidad, oportunidad y mejoramiento de la calidad de vida de la población y no de fríos indicadores que calculen la progresión de la economía.

 

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<> Este artículo se publicó el 17 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/rodriguez-lizabeta-s-de/

Acceso directo a la corrupción

La opinión de la Psicóloga Especialista de la conducta humana….

GERALDINE  EMILIANI

Un amigo me sugirió que escribiera sobre el Control Previo y las contrataciones directas.   Al principio me negué. Primero, porque deseo escribir sobre temas que no tengan relación con las incoherencias de este gobierno y, segundo, porque deseo tomarme unas ‘vacaciones mentales’ esas en las que mis emociones ciudadanas no se vean afectadas ni mucho menos traicionadas por las expresiones y actuaciones precipitadas de nuestras autoridades gubernamentales.   Tercero, porque hablar sobre el Control Previo y las contrataciones directas y el manejo de las mismas por nuestras autoridades lastima mi sentir ciudadano, que, confieso, deberé recurrir a lo divino y sublime para calmar mi angustia.

El mandatario defiende la eliminación de este proceso fiscalizador de los recursos públicos, porque se busca agilizar los trámites de las entidades beneficiadas y señala: ‘Con Control Previo también se han robado el dinero y que no exime de la corrupción’.   Totalmente de acuerdo. Pero, y me parece y creo que es la lógica, que sin el debido control previo, la situación se va a convertir en un acondicionamiento mental operante muy poderoso para aquellos que suelen conducirse sin medida hasta el punto de perder la mesura cuando de dinero fácil se trata y que no le pertenece.

No nos olvidemos que Panamá ocupa la posición 73 que corresponde a una lista de 178 países de todo el mundo donde los primeros puestos son ocupados por naciones donde existe una ‘percepción de ausencia de corrupción’, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 publicado por la Organización Transparencia Internacional.   Sin el Control Previo y las contrataciones directas impuestas por el gobierno, los miembros de la Asociación de Corruptos de Panamá, S. A. deben estar verdaderamente entusiasmados.

Igualmente, escuché las declaraciones de la máxima autoridad de la Contraloría de la Nación en el programa de TV Debate Abierto nocturno, defendiendo la eliminación del Control Previo. Como funcionaria titular encargada de examinar las cuentas y la legalidad de los gastos oficiales, me fue tan difícil asimilar sus ideas cuando de manera repetitiva usó la frase ‘es que vamos a estar allí’ y desconoce que los vocablos exceptuar y eliminar son sinónimos según la Real Academia Española de la Lengua; y me siento totalmente desconcertada por la falta en su manejo de conceptos relacionados a los gastos del Estado, sobre todo, cuando se trata de cuatro mil y tantos millones de dólares que ‘sí que van a estar por allí’ al servicio de los ladrones de las esperanzas de un pueblo. Es una especie de ventana abierta ‘para hacer lo que me da la gana con el dinero ajeno’, concepto muy naturalizado de los corruptos.

Vivimos en un país en donde los principios y valores éticos y morales parecen estar ausentes en nuestra sociedad y se le enseña al pequeño que el provecho individual tiene un valor intrínseco en su vida personal. Y, si este mismo sujeto cuando adulto se encuentra ante un ambiente laboral permisivo, buscará la manera de rebuscarse descaradamente. Y, cuando el hombre vive de la corrupción es muy difícil desarraigarse de ella, porque hace de la corrupción su modo de vida. La puede dejar solo si es descubierto y en consecuencia, encarcelado. A estos sujetos no les importan las graves consecuencias que la corrupción provoca.

El corrupto no tiene jefe ni reglas, y mucho menos autocontrol en su forma de ver, de pensar y de actuar al momento de realizar su trabajo. Inclusive usa un lenguaje seductor y poco confiable para expresar ideas contrarias a los principios morales, éticos y de civismo. No existe para él ni el bien, ni el mal que lo impulsan hacia un absolutismo impersonal en que hace caso omiso al remordimiento.   Simplemente nos encontramos ante una visión deformada del hombre a cambio de una cantidad de dinero. Máxime si la gestión gubernamental refleja una política económica, jurídica y, de fiscalización negligente, elementos susceptibles para las transgresiones aún más si subsisten factores psico—sociales, como el antagonismo y devaluaciones de la misma persona.

Por desgracia, la corrupción, como la veo en mi país, se ha extendido con facilidad. Corromper y dejarse corromper es cuestión de oportunidad, beneficio, riesgo de detección y cuantía del castigo. Si el riesgo de detección es pequeño, y el castigo improbable y ligero, y sin el control previo a los gastos del Estado y se suma las contrataciones directas favoreciendo a familiares y amigos, la corrupción está servida. Todo lo anterior en detrimento de la institucionalidad del país, que es minar descaradamente la civilidad.

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<> Este artículo se publicó el 17 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
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Gobierno acorralado

La opinión del Periodista y Docente Universitario…

 

DEMETRIO OLACIREGUI Q.
d_olaciregui@hotmail.com

Es lo más parecido a los tiempos vividos por el emperador Tiberio. Conocido por su lujuria sin límites, vivía en incesantes orgías. Era la época en la que los patricios adoptaban a menores de edad para darles protección a cambio de servicios sexuales. La actualidad se plasma en un jefe de gobierno que convirtió en delito la inmigración ilegal, pero llamó a la policía para exigir la liberación de una menor indocumentada y acusada de robo aduciendo falsamente que era pariente del presidente de Egipto, Hosni Mubarak.

Cuando las motivaciones para incursionar en la política tienen como horizonte multiplicar la riqueza a base de corrupción y comprar impunidad, no puede esperarse un final feliz. En 1984, recibió la bendición del entonces jefe de gobierno para hacerse, a base de arreglos nada transparentes, con el monopolio de la televisión privada. Se habían conocido a bordo de un crucero en el que en el personaje animaba a los pasajeros con chistes y canciones. El ex jefe de gobierno lo recuerda por su ‘insuperable vulgaridad y su extraordinario mal gusto’.

Con el poder casi total sobre la televisión del país, acumuló riqueza e impunidad. En sus tres periodos como jefe de gobierno, ha cruzado invicto infinidad de procesos judiciales. Ahora el escenario es diferente y no ha podido someter ni a los jueces, ni al Congreso.

Los recurrentes escándalos de corrupción y de asociaciones con la mafia, han tenido recientemente mayor sordidez y pintan el crepúsculo de un gobierno decadente, que desconoce la frontera entre lo público y lo privado. Para evadir impuestos, el jefe del gobierno tiene buena parte de su patrimonio personal y empresarial en sociedades opacas. Hace poco invirtió, por lo menos, $50 millones en un desarrollo inmobiliario en Antigua y Barbuda, girados a través del Banco Arner, una caja fuerte en la que posee la cuenta corriente número uno y por la que pasan fondos ilícitos y blanqueo de capitales.

La detención de un ex militar a su servicio, corroboró el espionaje de Estado. El acusado accedió a los archivos de la guardia de finanzas para recabar información personal y patrimonial de jueces, empresarios, periodistas y opositores. El típico procedimiento de tratar de eliminar adversarios con amenazas, falsedades, expedientes y calumnias.

Como empresario ha hecho del sexo una mercancía de intercambio. ‘Cada cierto tiempo necesito una noche distendida para limpiar el cerebro de preocupaciones. Nadie a mi edad me hará cambiar mi estilo de vida’, dijo sin sonrojos. Era su reacción al más reciente escándalo protagonizado con una menor de edad de origen marroquí, quien confesó a los jueces que participó en, por lo menos, tres rituales sexuales, con sodomía incluida, por los que recibió unos $15,000 de parte del jefe de gobierno.

Al final, no han sido la rapiña de sus negocios desde el poder, sino el factor harén el que ha puesto los últimos clavos en el ataúd de un gobierno que está virtualmente muerto por la pérdida de credibilidad de su guía. Un gobierno neofascista con una lógica empresarial, que pisoteó y debilitó las instituciones democráticas y que perderá la guerra que estimuló sin medir las consecuencias.

Pero su pesadilla va más allá. Terminará perdiendo gran parte de su imperio. En solo dos días, Mediaset, la cabeza de su holding, perdió en acciones unos $600 millones. Además, nadie habla del escudo judicial para librar al jefe de gobierno de los procesos pendientes.

Es una crisis sin retorno, que puede superarse con elecciones anticipadas o con un gobierno de transición. Por el momento, la oposición está cocinando al jefe de gobierno a fuego lento, porque necesitan tiempo para organizar el poder. Mientras tanto, el Congreso deberá aprobar, a comienzos de diciembre, el presupuesto del Estado para el 2011 y un plan de estabilidad para sortear la gravísima crisis económica y social.

Ese es el plazo de vida que le queda al gobierno de Silvio Berlusconi, para cerrar su página. Solo dos años y medios después de ganar las elecciones con la más amplia mayoría de la reciente historia italiana, ahora está acorralado.

Da ‘tristeza y piedad’ que el jefe de gobierno se haya convertido en ‘un enfermo fuera de control y que su entorno se quede mirando’, dijo el semanario católico Familia Cristiana. Mientras le dan el tiro de gracia, el gobierno seguirá flotando, sin rumbo ni proyecto de país. Italia necesita un cambio. Pero ese cambio ya no lo representa Berlusconi, quien quedará retratado en la historia como el jefe de un gobierno que traicionó a sus electores.

 

<> Este artículo se publicó el 18 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/olaciregui-q-demetrio/

Ojo, con las contrataciones directas

La opinión del Abogado…

Ernesto Cedeño Alvarado 

Las contrataciones directas son excepciones al principio de licitación pública establecido en el Artículo 266 de la Constitución Política de Panamá, que busca que el Estado solicite propuestas a diversos oferentes conforme a las disposiciones legales de la materia para obtener con ello, un buen producto a un mejor precio. El artículo constitucional reza de la siguiente manera.

 

Artículo 266: La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán, salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitación pública. La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación.

Como se puede apreciar las contrataciones directas no son la regla a seguir en las contrataciones públicas, por eso los administradores deben conocer y cumplir el ordenamiento legal para no cometer yerros jurídicos que pudieran hacer mella en el procedimiento. Los que siguen son los casos históricos más comunes, donde se utiliza la contratación directa, en detrimento del principio de la licitación pública y de la ley de contrataciones públicas.

1. Contratan, por que tienen experiencia previa con el proveedor. Esto atenta en contra de la libre empresa.

2. Contratan por que el proveedor le ha quedado bien en el pasado. Esto es una aberración, por que todo oferente debió haber cumplido con el objeto de un contrato anterior refrendado, pues de lo contrario, se le debió haber resuelto un contrato por su incumplimiento. Podría fortalecer un monopolio, esta irregularidad.

3. Contratan por que directamente con familiares (o dentro de la Junta Directiva de una empresa hay familiares) del contratista. Esto viola la Constitución en el artículo 309 de la Constitución.

4. Contratan por que son amigos del contratista. Esto debilita, a mi juicio el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 246, sobre el código de ética de los servidores públicos.

5. Contratan directamente producto de invitaciones previas. Esto es ilegal para algunas instituciones, pues la contratación directa por invitación, se le ha dispensado sólo a pocas instituciones, (ejemplo el PAN) de acuerdo a la ley. Si uno mando invitaciones previas, podía perfectamente realizar la licitación o la selección de contratistas, para tal acto.

6. Contratan por recomendaciones de terceros. Esto viola el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 246, sobre el código de ética de los servidores públicos.

7. Contratan directamente con un proveedor de un contrato existente, a manera de addenda, servicios que este contratista no puede ejecutar, con el objeto de que el mismo subcontrate con un oferente de la predilección de la entidad. Esto vulnera la igualdad ante la ley, de las otras empresas y el principio de licitación pública.

8. Contratan porque indirectamente recibirán dividendos de los beneficios de la contratación con determinada empresa.

En fin, todo acto que lleve por norte esquivar la correcta selección de contratista, deteriora el sistema pulcro de las compras estatales; por lo que debe objetarse de manera contundente.

Para que se considere potable una contratación directa debe cumplirse con los requisitos establecidos en la ley. He dicho. Si la esencia de eliminar el principio de contratación publica es acortar los tiempos de entrega, recomiendo reevaluar los procesos y/o fortalecer la actual Ley de contrataciones públicas.

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<>Artículo publicado el 16  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/cedeno-alvarado-ernesto/

Soluciones valiosas: Ciclo Vías

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La opinión del Periodista – Analista Internacional…

Jairo Henri Pertuz Suarez 

Al oír hablar de indemnizar a algunos transportistas con algo más de $100 millones de dólares por sus buses, debe preguntarse ¿en que país vivimos?

Según informes de entero crédito, cuando Omar Torrijos decidió poner en manos de pequeños empresarios el transporte urbano, no indemnizó a quienes venían prestando un buen servicio.

Se concedieron “cupos”, propiedad del Estado (pueblo), que los nuevos transportistas han usufructuado por décadas. Entonces nos preguntamos: ¿Indemnización de qué?

Justo es que se les pague por lo que realmente valgan las unidades (buses) que entreguen, previo examen y valoración del equipo. En concepto de entendidos cada unidad no debe pasar de $10 mil por su estado y depreciación.

El pueblo, que es el que en verdad paga veleidades y supuestos derechos, tiene que ser consultado para otorgar indemnizaciones con su dinero.

Esos $100 millones, o más, son necesarios para obras sociales urgentemente necesarias para el pueblo en ciudades, campos y reservas indígenas.

Por ello me atrevo a proponer realizar una valiosa inversión al país con ese dinero construyendo Ciclo Vías que se traducirían en beneficios incalculables, entre los cuales citaré algunos:

– El uso de bicicletas contribuiría a mejorar la salud del pueblo panameño

– Se acabaría con el congestionamiento vehicular unipersonal

– Se aliviaría la obstrucción de calles convertidas en aparcaderos (parking) de vehículos.

– Mejoraría la economía familiar por ahorros en gastos de combustible, derivados, repuestos, etc.

– Mejoraría el poder adquisitivo del panameño, lo que incidiría en el consumo y por consiguiente en la economía nacional

– La construcción de Ciclo Vías, como infraestructura nacional generaría empleomanía y otros beneficios

– Se aprovecharían mejor las inversiones viales programadas actualmente con los cambios al transporte

– Se aliviaría la ya exagerada contaminación ambiental a la que contribuyen los gases automotores.

– En Oriente y países europeos se viene usando este medio de transporte, controlado y organizado, con éxito rotundo.

Cierto es que los gobiernos son reacios a cambios que les “perjudiquen” políticamente, peor, cuando este cambio disminuya sus ingresos ya que en Panamá, el gobierno cobra un elevado porcentaje en cada galón de combustible. No quiero pensar que esté calculado cuanto dinero más se recibirán las arcas estatales por más tranques que vendrán con las nuevas obras.

Aún así, confío en un sentido de responsabilidad social, patriótica y humana haciendo lo que se debe hacer para cumplir con quienes hacen posible que existan gobiernos y democracia: el pueblo.

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<>Artículo publicado el  16  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/pertuz-s-jairo-henri/
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Cierre de calles

La opinión del Ingeniero Civil…

Rogelio Pinilla

Hace unos meses aplaudimos la decisión de las autoridades y del Presidente de la República de acabar, de una vez por todas, con la práctica detestable de cerrar calles por grupos que protestan por alguna causa justa o injusta, afectando a terceros y la libre convivencia en la ciudad.

Aparentemente se creó una ley que considera estos actos como delito y penaliza a quien la infrinja. Desafortunadamente, esto no se ha cumplido y hoy vemos cómo los diferentes grupos formados por cuatro gatos se lanzan a las calles, aprovechando las horas pico y causan los descomunales tranques y caos en la ciudad, que ya no soporta semejante comportamiento de estos ciudadanos.

¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar los desaciertos de personas inescrupulosas y llenas de desprecio hacia sus semejantes? No saben o no quieren entender el daño que hacen, no al gobierno de turno sino a sus propios congéneres: taxistas, buseros, trabajadores, amas de casa, estudiantes, niños, ancianos, enfermos, a la economía, al turismo.   Señores, si el Gobierno no atiende sus reclamos, protesten, pero en forma pacífica sin hacer daño a terceros y a su propio país.

Durante los días más terribles que vivimos los panameños con la dictadura militar, salíamos a protestar en las aceras y a punto de pañuelos blancos se logró acabar con el tirano. Recuerdo que los conductores y todo el pueblo apoyaban a los manifestantes. No es posible que un grupo de no más de 20 personas paralice la ciudad, que se mueve sobre ruedas. Con qué derecho y autoridad estos señores pueden afectar el libre tránsito de miles y miles de ciudadanos honestos, que luchamos cada día, pagamos nuestros impuestos y nuestras cuotas para mantener sus jubilaciones y en forma descarada festinan en las calles el mal que nos hacen.

Señores jubilados: apoyamos sus luchas por lograr el aumento en sus pensiones, pero protesten sin afectar a terceros ni el libre tránsito en nuestra ciudad. Lleven sillas, siéntense cómodamente en las aceras, lleven pancartas, griten lo que se les venga en gana durante todo el día si fuere necesario, pero respetando el derecho al libre tránsito de los demás.

Autoridades y señores que nos gobiernan: amárrense los pantalones y hagan cumplir la ley. Cada persona debe responder por sus actos.   Para una verdadera y libre convivencia social es necesario cumplir con las leyes y normas que rigen nuestro comportamiento de hombres y mujeres civilizados.

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<> Este artículo se publicó el 16  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/pinilla-rogelio/