Unas cuantas ideas sobre seguridad

La opinión del Abogado…

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.SAÚL MALOUL ZEBEDE

Tal vez haya que partir de lo más básico y elemental. A diferencia de otros problemas en los que se puede achacar la responsabilidad al gobierno; la seguridad es uno de esos problemas que es realmente un problema social, esto es, un problema que nos atañe a todos, y en relación con el cual absolutamente todos tenemos que hacernos partícipes de su solución.

En ese sentido, debe ser bienvenida la formación de la Coalición por la paz, por parte de un número de personas e instituciones que quieren sumarse a hacer algo respecto del clima de inseguridad creciente. Tal vez, una de las cosas para la que pueda servirnos esta coalición, sea para reactivar en la mayor cantidad de barrios y comunidades del país, la noción de vecinos vigilantes, a través de la cual, los ciudadanos nos hacemos corresponsables de la seguridad de nuestras comunidades, con la ayuda y el apoyo de la Policía Nacional.

Una de las cosas que la autoridad tiene que comprender al momento de enfrentar la criminalidad, es que está en desventaja material frente a los recursos con los que cuentan los criminales. Por lo tanto, no solo es necesario hacer un inventario de los recursos con los que se cuentan, sino también, priorizar al momento de decidir sobre la utilización de los mismos.

Voy a poner un ejemplo sencillo que explica este dilema. Si las estadísticas nos enseñan que los delitos que van en aumento son los relacionados con el narcotráfico, v.gr. tumbe de drogas, lavado de dinero, robos, secuestros, y por otra parte, delitos de violencia intrafamiliar; no es posible que sigamos destinando en condiciones de paridad, los mismos recursos para combatir estos crímenes, que p. ej., para combatir el hurto pecuario, o el hurto, u otra gran cantidad de delitos menores.

En otras palabras, si aquellos delitos graves constituyen digamos el 70% de las infracciones penales que se cometen en el país, no podemos dedicarle el 30% o el 40% de nuestros recursos.

Es más, la Alianza Ciudadana Pro Justicia cuenta con un proyecto de convertir muchos delitos menores, en perseguibles, sólo por acusación privada, y capaces de ser resueltos por mediación, con el perdón de las víctimas y/o con la aplicación de medidas que resarzan o retribuyan el daño causado.

Ello permitiría que la concentración de policías, fiscales, jueces y demás autoridades esté realmente enfocada hacia aquellos delitos que nos están quitando el sueño.

Para finalizar, tal vez deberíamos llegar a una especie de punto medio en la discusión ideológica que rodea el tema de la criminalidad en el país. Tal vez, la izquierda debiera entender que el énfasis en las medidas represivas, es una política de gobierno perfectamente aceptable, en el marco de las labores que se hacen desde el Estado. Y, tal vez, la derecha deba entender que no importa la política de gobierno de la que se trate, el respeto a los derechos humanos de los implicados en hechos delictivos es irrenunciable.

Lo que sí pareciera estar por encima de la discusión ideológica es el entendimiento de que el Estado no puede ser promotor de delincuentes a través del arcaico sistema penitenciario con el que contamos.

Finalmente, la resocialización, la defensa social y el cumplimiento del castigo son fines alternativos de la pena, no complementarios. No todos los delincuentes son candidatos a rehabilitarse, pero no por ello, no debe la sociedad negar la protección de sus actos y asegurarse el cumplimiento de la sanción.

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Este artículo se publicó el 17   de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una revisión integral del texto constitucional

La opinión del Abogado…..

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SAÚL MALOUL

Hace poco mencionamos que la partidocracia fundada por el texto constitucional de 1983, había sido sobrepasada por un dique que incluía la postulación independiente de legisladores, regresar al elector la revocatoria de mandato y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que abrió la puerta a la postulación independiente a la Presidencia de la República.

Pues bien, en nuestra opinión, estos cambios deben añadirse a otros, en el marco de una revisión integral del texto constitucional, que nos permita tener una Constitución actualizada, digna de las realidades políticas y de todo orden, que son parte del siglo XXI. En nuestra opinión debe permitirse la reelección a todos los puestos de elección popular; el elector debe tener la última palabra en este sistema abierto. Y debemos revisar el estatuto de reelección presidencial, para determinar si conviene a los mejores intereses nacionales, su flexibilización.

Por otra parte, debemos desarrollar instituciones de mayor control político del Órgano Legislativo respecto del Órgano Ejecutivo, que tal vez, puedan incluir la figura de un primer ministro o jefe del gabinete, y votos de censura que provoquen la renuncia de un ministro en particular o de todo el Gabinete.

Para que ello funcione, la forma cómo se elige a los legisladores del país deba cambiar, no en cuanto a la cir cunscripción electoral, pero sí para respetar el principio de un voto un ciudadano. Y la Asamblea Nacional de Diputados debe, no solamente ser más representativa, sino también tener más conciencia de que su tarea principal es el control político del Órgano Ejecutivo, y la discusión y expedición de las leyes que el país requiere. Debemos someter a una reingeniería total a la Administración de Justicia, crear una Sala Constitucional, incorporar la mayoría de las iniciativas que en ese sentido ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia, y continuar con el programa de depuración que se viene implementando en ese Órgano del Estado panameño.

Los privilegios deben eliminarse a todos los niveles políticos, y hay que hacer una clara distinción entre privilegios y prerrogativas del cargo; y deben revisarse los derechos personales y colectivos, para estar al día con la legislación más actualizada sobre el tema.

Esta tarea, a la que estoy seguro que otros juristas añadirán otras importantes ideas; requiere de un proceso de concertación previo, en el que haya suficiente acuerdo sobre el momento político adecuado y el método que se escoja para llevar adelante la reforma integral al texto constitucional.

Que no se malinterprete lo que estamos diciendo: el país puede vivir por muchos años con el texto constitucional que tiene; dándole primordial atención a los problemas económicos, sociales, políticos y culturales que nos afectan a todos. Es solamente en el marco de esta realidad que debe buscarse el mejor momento y el método adecuado para la reforma integral de la Constitución.

Debemos recordar que sigue estando en nuestras manos, —de una manera perfectible, por cierto—, la tarea y la obligación de seguir escogiendo a los mejores para que desarrollen las más altas tareas de las funciones públicas que requiere el país, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo.

Mientras esperamos el tiempo adecuado para la reforma, sigamos cumpliendo con nuestras obligaciones como buenos ciudadanos.

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Este artículo se publicó el 1 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Reingeniería democrática

La opinión del Jurista…..

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SAÚL MALOUL

Parece intrascendente y académico el debate sobre la supuesta falta de naturaleza democrática del texto constitucional. No obstante, sí es oportuno considerar que el modelo democrático partidista fundado con la reforma constitucional de 1983, es un modelo agotado, que necesitamos desmontar por completo, abrir los canales de participación ciudadana dentro de la estructura representativa, sin desnaturalizar, precisamente, ese carácter representativo.

Parte de esa tarea, ya se ha venido consiguiendo por diversas vías. Así, la reforma constitucional del año 2004, tiene el valor de abrir la posibilidad de las candidaturas independientes de diputados. Un fallo reciente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, permite la postulación independiente a la presidencia de la República, y una recién aprobada iniciativa legislativa, evita la revocatoria del mandato por parte de los partidos, sin que el electorado tenga la palabra final sobre esa determinación.

Todos ellos, son pasos trascendentes para devolver al soberano el control del proceso democrático, abrir el sistema a las candidaturas independientes, y obligar a los partidos a mejorar su oferta electoral, a través del reto que los ciudadanos les hacen desde las postulaciones independientes.

Parte del desmontaje de este control partidario sobre la estructura democrática, tiene que incluir la posibilidad de que un candidato a la legislatura que pierda la postulación en la primaria de su partido, sea postulado por otro partido o de manera independiente. La idea fundamental es que, al final del día, no haya trabas entre el postulante y el elector, y que la medida del oportunismo o apreciación correcta del transfuguismo, esté por completo en las manos del electorado, no del partido.

El tema de la revocatoria del mandato, merece una consideración que no desnaturalice a la democracia representativa. En ese sentido, me parece correcto el sistema constitucional actual de no contemplar la revocatoria del mandato para el presidente o presidenta de la República, pero sí, el juicio político por razones expresamente determinadas en el texto constitucional.

En relación con los diputados, parece sana la idea de dejar en el electorado que los eligió esa determinación final, y en mi opinión, siempre que se incurra previamente en determinadas faltas tipificadas por la Constitución o la Ley Electoral.

Finalmente, el estatuto de revocatoria de alcaldes y ediles, sí pudiera ser más expedito, habida cuenta del carácter eminentemente local de estos cargos. Como anotación final, esta consideración que deja en manos del elector la sabiduría de la elección; no debiera establecer cortapisas para la reelección de ningún cargo de elección popular, salvo para el de presidente del país, en cuyo caso podríamos considerar si estamos listos para acortar en 5 años la posibilidad de que el inquilino del Palacio de las Garzas pueda regresar a él.

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Este artículo se publicó el 28   de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ejercicio de la autoridad

La opinión del Abogado…..

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SAÚL MALOUL

Hay un refrán que dice que la verdad suele ser inapropiada, y pocas veces, bienvenida.  Pues bien, una de las verdades desagradables que vienen de la mano de la popularidad y legitimidad de este gobierno, es que el bipartidismo estaba agotando la posibilidad de la solución adecuada de los más importantes problemas nacionales, porque los partidos políticos que lo representaban, también representaban poderosos sectores de interés que se oponían y se oponen a la reforma.

Roto el bipartidismo, la posibilidad de cambio se hizo y se hace evidente, y no le perdonaríamos al señor presidente de la República el que no la aprovechara, tan solo porque en el camino tiene que pisar algunos callos y romper a más que alguna botella.

Eso explica y justifica el estilo de gobernar de este presidente, por ahora, a los ojos de más del 60% de la población que lo calificó recientemente.

No obstante, el gobierno podría seguir ejerciendo la autoridad que tiene, con ésta misma fortaleza e incluso con más, si comprendiera que la consulta ciudadana no es un favor que le dispensa la autoridad a los ciudadanos, sino un entendimiento muy diferente de cómo funciona y debe funcionar la democracia del siglo XXI.

Por ejemplo, el gobierno sintió que era su responsabilidad implementar una reforma tributaria más justa.   Por supuesto, que siempre habrá grupos disidentes que no estén de acuerdo con lo que haga el gobierno; y las marchas sociales recientes, pueden ex plicar y justificar esa disidencia. No obstante, el proceso de discusión y ratificación de las reformas, con los cambios que se introdujeron y con aquellos que se rechazaron, se hizo de una manera transparente, de cara al pueblo, por parte del instituto político que debe representarnos a todos, en beneficio de los mejores intereses nacionales.   Hasta los más críticos, salieron a reconocerlo.

Todos queremos que este gobierno controle la violencia, implemente la reforma curricular, mejore las condiciones de salud de la población y resuelva el problema del transporte, entre otros.

Seguirán habiendo diferencias importantes entre el gobierno y sus críticos.   Y el gobierno no debe ceder a nadie la responsabilidad de gobernar, para la que fue elegido. Lo que jamás debe dar es ni siquiera la impresión de que los espacios de consulta han sido cerrados a los sectores críticos e independientes. A la gente no le importa tanto que no se haga lo que ella quiere, sino que se imponga un ambiente en el que pareciera que a las altas esferas le da igual si son escuchados o no.

Estoy seguro de que si el señor presidente de la República entiende esta diferencia, y se abre con tolerancia a la crítica, sin tener que coincidir con todo lo que se critique; la gente dejará de estar hablando, a mi juicio apresuradamente, de autocracia y todos entenderemos que en democracia, más importante que estar de acuerdo, es saber respetar nuestras diferencias.

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Artículo publicado el 26 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El valor de la vida

La opinión de…..

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SAÚL MALOUL ZEBEDE

Si cuando llegas a la cima, —para cada cual es un lugar diferente—, y comienzas la curva descendente, eres el mismo iluso de hace treinta años; no pareciera que le hayas sacado mucho provecho a la primera mitad.

Nadie que haya hecho durante ese tiempo algo significativo con sí mismo y con su entorno, dirá, sin sonrojarse primero, que sigue siendo la misma persona.

Aquellos que fuimos un día soñadores, sentimos que nos sobrecoge una especie de ambivalencia: un toque demasiado severo de realismo quebró nuestros sueños más absolutos; un toque más flexible de pragmatismo, nos permitió acariciar algunas de nuestras metas más preciadas.

En lo colectivo, vivimos lo suficiente como para enterrar a las dictaduras y privilegiar a la democracia, con todo y el juego hipócrita que se vive en medio de ella, en la que otrora defensores de las libertades públicas quedan a diario al descubierto, por pretender que el gobierno del pueblo que nos vendieron en dictadura es solo el gobierno de ellos.

Incluso, nos asalta una gran satisfacción y un profundo orgullo, porque América Latina, —con sus imperfecciones y retrocesos— haya empezado a entender que lo único que sostiene la gobernabilidad de dichas democracias, es el trabajo arduo, constante y permanente, desde todas las trincheras ideológicas, para disminuir las enormes disparidades sociales que aún conviven con nosotros.

Si la democracia llegó para quedarse, será en gran medida, no solo porque es el menos imperfecto de los sistemas políticos, sino, también, porque la inmensa mayoría de los habitantes de esta América indomable y bella lo considera como el único sistema que puede proporcionarnos una mejor calidad de vida a los millones de americanos que creemos en ella.

A nivel personal, los que otros llaman valores tradicionales, son el aliciente para seguir adelante. Una bella e incondicional esposa a mi lado, luchando en los momentos buenos, en los momentos malos y en los momentos feos. Que, además, tengo la dicha de que me ha dado dos robustos varones, cuyo sustento, educación y formación, son la razón de ser de mi vida.

Los entuertos de los caminos difíciles del idealismo político me hicieron conocer a mi esposa, y conocer a mi esposa y comprometer nuestras vidas y tener a nuestros hijos, me hizo entender que la política y la proyección social, —por lo menos en mi caso—, es solo el reflejo de una familia sólida, unida, que camina por los senderos del amor y de la construcción familiar.

Reconozco que la siguiente es una verdad que solo me funciona a mí: quien pretenda que puede anteponer sus ambiciones políticas a su vida familiar, terminará perdiendo ambos. No obstante, quien entienda que la familia es irremplazable y esté dispuesto a hacer los sacrificios y pagar el precio que ello implica todos los días de su vida; cuando enfrente a la ingratitud y al cinismo de la política, siempre podrá regresar al seno familiar para encontrar en él la verdadera razón de su vida.

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Publicado el 25 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Vivimos en un Estado de absolutismo constitucional?

La opinión del Abogado……

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SAÚL  MALOUL  ZEBEDE

Una rápida mirada al texto constitucional..

No pareciera que viviéramos, —mutatis mutandi—, bajo el contexto del mismo régimen constitucional desde 1990,  y las prácticas que de manera repetida y casi patológica cometieron todos los gobiernos anteriores en democracia; hoy son objeto de especial censura en el gobierno del presidente Martinelli.  Una sencilla pregunta: ¿por qué será que entonces no transitábamos hacia el temido absolutismo, y hoy sí?

Debemos pasar rápidamente de lo coyuntural, a lo estructural. Ninguno de los presidentes ni siquiera éste, tiene la culpa de lo que hoy han descubierto y llamado absolutismo constitucional.

Cuando Montesquieu ideó la separación de los Órganos del Estado, no lo hizo para crear un Estado débil, sino todo lo contrario, para idear un Estado fuerte, en el que la limitación de las actuaciones de dichos Órganos y el contrapeso de los otros Órganos, fuera la balanza del poder.

En el caso de la Constitución panameña, mirada a vuelo de pájaro, la fiebre no está en la manta. No es que el presidente de la República de Panamá, en virtud del texto constitucional, es una especie de monarca del siglo XVII, sin contrapeso a su poder. Hay pocas cosas criticables con el poder del presidente, y muchas cosas criticables con la falta de poder del resto de los Órganos del Estado panameño.

Por ejemplo, he escuchado a diputados quejarse amargamente de la poca incidencia que tiene la Asamblea Nacional en la configuración del presupuesto del Estado. Esto es así, no porque el Ministerio de Economía y Finanzas y el Órgano Ejecutivo tengan facultades desmedidas en esta área, sino porque la Asamblea Nacional no puede incidir sobre partidas individuales del presupuesto, sino tan solo sobre la formulación del presupuesto en su totalidad. Esta falta no tiene nada que ver con las atribuciones del Órgano Ejecutivo, sino con la falta de atribuciones de su contrapeso político, el Órgano Legislativo.

Finalmente, una breve mirada a las responsabilidades políticas de los Órganos del Estado, para que el lector se dé cuenta cómo el responsable del Órgano Ejecutivo también responde en mucha mayor medida que los más altos jerarcas de los otros Órganos del Estado panameño.

Así, el artículo 186 de antes de la reforma constitucional del 2004, —cuyo texto no fue modificado por dicha reforma—, establece que el presidente y vicepresidente de la República responden por extralimitación de funciones y por evitar el normal funcionamiento o por coaccionar el ejercicio de las atribuciones propias de los otros Órganos del Estado; y que la sanción por cometer estos actos es la destitución inmediata y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el término que señale la Ley.

En otras palabras, si un presidente o vicepresidente se extralimita en sus funciones o coacciona el normal funcionamiento de otro Órgano del Estado, no es necesario probar una conducta delictiva para sacarlos del cargo e inhabilitarlos para ejercer funciones públicas. Un juicio político de parte de la Asamblea Nacional es suficiente para ello, sin que sea necesario probar la comisión de delito alguno.

En cambio, no existe paralelo a esta norma para ningún otro Órgano del Estado. Es decir, si un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o un procurador general de la Nación o de la Administración, se extralimita en el ejercicio de sus funciones públicas, dicha conducta jamás sería sancionada, si no se prueba primero que encaja dentro de algún tipo penal.

Esa mayor responsabilidad que exige el texto constitucional al presidente y vicepresidente de la República, va acompañada de la consideración de que quien ostenta esa magistratura, tiene un peso que no comparte con el resto de los representantes de los otros Órganos del Estado ni en la República de Panamá, ni en ningún país del mundo que tenga un sistema similar.

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Publicado el 15  de febrero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Crisis política: Sus signos y caminos

La opinión del Jurista……

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SAÚL MALOUL ZEBEDE

Fíjese el lector que hemos evitado hablar explícitamente de soluciones; no creemos que la sugerencia de recetas prefabricadas sea lo mejor, tal vez más importante sea indicar, con toda humildad, los caminos que podríamos transitar para que la crisis política que nos toca enfrentar, nos lleve a todos a buen puerto.

Lo primero es entender que el caso de la procuradora general de la Nación, es solamente un signo o manifestación de esa crisis.  Si existe duda constitucional sobre cuál debe ser el camino a seguir, las alternativas siempre las proporciona el Estado de Derecho:

1. O la propia Corte Suprema de Justicia resuelve el asunto, notificando al Órgano Ejecutivo la necesidad de que desencadene el nombramiento de un procurador o procuradora suplente, en la misma Resolución en la que resuelve la separación del cargo.

2. O alguien interpone un recurso de inconstitucionalidad en contra de alguna de las dos resoluciones, obligando a la Corte Suprema de Justicia a considerar el fondo de la cuestión.

3. O se atiende a las disposiciones del Código Judicial que establecen que es la Corte Suprema de Justicia la llamada a solucionar este aparente conflicto jurisdiccional.

Como el lector habrá observado, se trata de tres mecanismos idóneos que al final del día, hacen que la Corte Suprema de Justicia sea quien dirima el conflicto.  Llegado a este punto, me parecen irresponsables las afirmaciones de connotados políticos que descalifican a la Corte Suprema de Justicia por su específico balance de poder. Sería bueno preguntar qué estarían diciendo esos mismos políticos si el balance de poder de la Corte les favoreciera.

El fondo de la crisis es más difícil del digerir y tiene que ver con la naturaleza del gobierno que llegó al poder el pasado 3 de mayo del 2009. Primero que todo, a diferencia de ocasiones anteriores, no se trata de un gobierno que llegara al poder con el concurso previo de las fuerzas tradicionales que nos han gobernado durante los últimos veinte años.

La falta de voluntad de estas fuerzas tradicionales, crea malestar, y ese malestar se ve reflejado, en lo que ellos, no el país, siente como una crisis institucional.

El que una élite estuviera acostumbrada a gobernar y a traspasarse el poder de gobierno a oposición y viceversa, que estuviera acostumbrada a pactar borrones y cuentas nuevas cada vez que accediera un nuevo gobierno y que la administración de justicia fuera la cenicienta de este país, con la prolongación de la pretendida impunidad; es el sustrato del cual se alimenta la supuesta crisis institucional.

Este análisis solo deja dos consejos para quienes deseen escucharlo: para las fuerzas opositoras, realmente entender el signo político de los nuevos tiempos y a actuar conforme a las expectativas,   y al gobierno, a no caer en el error de la cacería de brujas, que tan solo echaría por tierra todo lo bueno que hasta ahora se ha conseguido.

De esta crisis, únicamente puede salir la oportunidad de hacer realidad evidente el principio jurídico establecido en el artículo 19 del texto constitucional, de absoluta igualdad de todos los ciudadanos y extranjeros residentes en nuestro país, frente al texto de la Ley y a la vigencia del Estado de Derecho.

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Publicado el 30 de enero en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿El Ministerio Público frente al Derecho?

La opinión del Abogado……

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SAÚL MALOUL ZEBEDE

Es cierto que existe algún nivel de crispación política, más allá de lo deseable, en el país. Frente a las circunstancias actuales, lo último que quisiera es tomar partido. No obstante, me parece prudente tratar de hacer algunas aclaraciones puntuales para, —creo—, centrar el debate donde debe permanecer.

1. La situación jurídica de la procuradora general de la Nación : Así como la procuradora pide, con razón y derecho, respeto para su cargo y la importancia que el mismo tiene dentro del engranaje de la institucionalidad democrática del país, ella misma debe comprender que le debe el mismo respeto al proceso institucional y del Estado de Derecho, mediante el cual se dirime la acusación contra quien ocupe su cargo.

Lejos de querer participar en la polémica de si la procuradora ha cometido o no delito, —que debemos entender que ello toca decidir a las autoridades jurisdiccionales— sí es importante aclarar lo siguiente:

Los artículos 35, 36 y 37 del Código Civil regulan la derogatoria de las normas jurídicas de manera tácita, a través de lo que se conoce en Derecho como la insubsistencia de la norma jurídica.

Ello significa que no es necesario esperar un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare a una norma jurídica como inconstitucional, para entender que por cualquier razón establecida en esos artículos —y una es precisamente, la existencia de una constitución nueva o reforma constitucional nueva que regule de manera diferente un tema—, para entender que la norma jurídica ha sido tácitamente derogada.

La procuradora general de la Nación podía, no obstante, pensar que la norma constitucional nueva y establecida mediante la reforma constitucional del 2004, no era clara, sobre todo frente a la reiterada jurisprudencia anterior de la CSJ, que la autorizaba a llevar a cabo las intervenciones telefónicas.   No obstante, para ello existe la consulta de posible inconstitucionalidad de la resolución que ella estaba a punto de emitir. Entendiendo que la CSJ es la última instancia que interpreta el Derecho vigente en el país; con un fallo de la CSJ en un sentido u otro, hubiera tenido conocimiento previo y certeza jurídica de su actuación.

2.  La situación jurídica del imputado : Ha querido demeritarse la acusación, porque el querellante es una persona acusada de haber cometido un delito; como si no existiera la presunción de inocencia o no se aplicaran los derechos y garantías constitucionales a los imputados de delitos, en este caso, el derecho inalienable a la privacidad en las comunicaciones telefónicas. El símil con el caso de secuestro no es válido. Cuando hay un secuestro y se intervienen las comunicaciones telefónicas, lo que se pretende es proteger a las víctimas, frente a la consumación de un delito.

En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público pretendía acceder a una prueba preconstituida del cobro de una supuesta coima por parte de un fiscal de esa alta corporación pública.   Y los derechos y garantías constitucionales se aplican a los sindicados hasta tal punto, que el Derecho panameño exige una autorización judicial para que dicha intervención telefónica pueda darse y la prueba pudiese preconstituirse.

3. Conclusión : No me cabe la menor duda de que la procuradora general de la Nación erró en su actuación, como bien lo demuestra, con posterioridad, la declaratoria de inconstitucionalidad de la resolución que ordena la intervención telefónica, y que una actuación más prudente de su parte hubiese podido evitar dicho error.    Eso no significa que haya cometido delito de abuso de autoridad y/o de extralimitación de funciones, todo lo cual tocará dirimir a la CSJ, que es la instancia judicial que juzga los presuntos actos dolosos de los procuradores y procuradoras.

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Publicado el 25 de enero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La otra cara de la moneda (I)

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La opinión del Abogado…..

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SAÚL  MALOUL  ZEBEDE

A raíz del tema de la invasión a Panamá por parte de los Estados Unidos de América, se ha querido desdibujar al país en dos grupos: aquellos que sufrieron el golpe de Estado y aquellos que sufrieron la invasión.  Eso es una falacia. La invasión es una consecuencia del golpe de Estado, y éste último de los civiles que suicidaron la democracia panameña en 1968.

Además de eso, la idea de una serie de artículos que empezaremos a escribir, a partir del día de hoy, consiste en el recuento de violaciones flagrantes a los derechos humanos, ocurridas durante los gobiernos panameñistas de Guillermo Endara Galimany y Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, bajo el manto de la supuesta democracia; con el apoyo, desde la oposición, de conspicuos políticos como don Samuel Lewis Galindo; y desde el gobierno de supuestos educadores de juventudes, como el empresario Víctor Azrak, con la inefable y solícita ayuda, por lo menos durante el gobierno de Endara, de la Embajada del Japón en la República de Panamá.

Nos atrevemos a contar esta historia ahora, porque la maraña de poder que habían tejido estos y otros personajes hasta ahora lo hacía imposible, desde el punto de vista de la seguridad de nosotros y de nuestras familias.

Y nos atrevemos a hacerlo ahora, precisamente, en el momento en que el gobierno de Ricardo Martinelli debe definirse como uno que continuará esa senda tenebrosa de sus ominosos antecesores panameñistas, o sabrá romper con ellos en la auténtica formulación de una respuesta liberal, que rompa con ese nefasto pasado.

Este artículo de opinión es tan solo la antesala del detalle de todos los personeros de ambos gobiernos, encumbrados y señorones todos ellos, y de la llamada sociedad civil, la que se sienta en el Club Unión y en el Club Hebreo, con nombre, apellido y apodo; sobre su participación en delitos y en intentos de delitos, en contra de un hombre y una familia, cuyo único pecado ha sido ser honrados, servir a su patria y romper los paradigmas del gueto mental y físico en que viven unos y otros.

Comenzaremos en el próximo artículo con el gobierno de Endara, su sed de venganza, incluso en contra de quienes participamos en el derrocamiento de Manuel A. Noriega, su asociación ilícita para delinquir con Víctor Azrak y el indeseable rol que le ha tocado jugar a un verdadero ejemplo de lo que es un político retrógrado de la sociedad panameña: Samuel Lewis Galindo.

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Publicado el 21  de diciembre en el diario  La  Estrella  de  Panamá, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito y la responsabilidad que le corresponde.

Un mensaje de fin de año

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La opinión del Abogado….

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SAÚL MALOUL ZEBEDE

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Aunque no lo quisiéramos así, cuando llega fin de año, la conciencia siempre nos traiciona al hacer cuentas sobre lo positivo y negativo del año que termina, y nos sorprende haciendo propósitos por hacerlo mejor o diferente el año que inmediatamente comienza. También acostumbramos hacer estas cuentas en todo lo relacionado al acontecer político del país. Veamos.

Me parece que Pedro M. González acierta en cuanto a la estrategia política del gobierno; me parece que no tiene razón sobre sus intenciones. En otras palabras, pareciera que el gobierno, asentado en el poder, quisiera generar por primera vez desde la década de los 60 del siglo pasado, una alternativa de poder auténticamente y genuinamente liberal, que se constituya de la amalgama de Cambio Democrático, el Molirena y Unidad Patriótica.

No obstante, no le vemos a esa intención gubernamental la oscura agenda de querer destruir al PRD, por más que los más conspicuos representantes de éste último afirmen que así es. Todo lo contrario, observamos en esa movida política del gobierno un serio planteamiento de retome de posiciones ideológicas muy claras y definidas a partir de esta reposición, que partirían del reconocimiento de otras tres corrientes ideológico—políticas: la social democracia, el social cristianismo y el panameñismo.

Ello solo puede redundar en beneficio del fortalecimiento de la democracia panameña.  Lo otro que definitivamente impactará de manera positiva cómo se hace política en el país, es el afán por cumplir las promesas de campaña: cien para los setenta, el comienzo del metro, el comienzo de la solución al transporte, la salida del Parlamento Centroamericano, las mejorías palpables en la administración del Seguro Social y como tareas pendientes en las que no obstante se han hecho serios esfuerzos: la nueva agenda de salud, educación y seguridad.

Pareciera que también el gobierno quisiera dar la imagen de que los sobresaltos institucionales fueron cosa tan solo de las primeras medidas y que se pueden y deben administrar los cambios estructurales sin necesidad de incertidumbres innecesarias.   Y que, este ciclo de reformas estructurales culminaría con la propuesta de reformas tributarias, que debería representar para la clase media un alivio sobre el peso de la mayoría de la tributación del país.

Para esta fecha, el gobierno también debe haber propuesto a la Asamblea Nacional los nombres de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  y el Órgano Ejecutivo debe haber fijado el nuevo salario mínimo que regirá en el país. Sobre la sabiduría y equilibrio de estas medidas, se seguirá nutriendo la imagen de seriedad del nuevo gobierno.

Tal vez, la mejor noticia después de los sobresaltos del comienzo, es la de saberse administrado por un gobierno capaz, que sabe lo que tiene que hacer, y que está comprometido en ello, sin tener que estárselo recordando todos los días al resto de sus conciudadanos.

Feliz Navidad y Feliz 2010.

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Publicado el  11 de diciembre en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Frente a los nuevos paradigmas

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La opinión del Abogado….

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SAÚL  MALOUL  Z.

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A alguien le he encontrado diciendo, inadvertidamente, que ésta podría ser la generación de los babys loosers, una cruel comparación con la generación de los babys boomers.   Y que no había generación más educada que la que hoy puebla el planeta, y al mismo tiempo, que pase por tantas carencias económicas y sociales.

Con todo respeto por el articulista, me parece que el análisis se queda en el árbol y sus ramas, y no entra en la observación del bosque entero. Nuestros padres se criaron gracias al concepto liberal de movilización social que podía dar una buena educación; con la idea de que personas bien educadas, con valores y con arduo trabajo, siempre conseguirían las metas en sus vidas.

Por supuesto, que la meta también era más sencilla: acceder a tener más bienes de capital, para poder vivir con la mayor comodidad posible.  El mundo era sencillo, las preguntas eran sencillas y las respuestas eran sencillas.

Pero, hoy ya no es así. Aunque todavía la educación lucha por ser una variable importante en el mundo del trabajo, el empleo y la inversión; en algunos casos ha disminuido notablemente su importancia.

Un reciente estudio sociológico en los Estados Unidos de América refleja que para las nuevas generaciones de profesionales, ser abogado o ser doctor ya no tiene la misma aureola de posicionamiento social del que iban tradicionalmente acompañadas estas profesiones.

Y, si bien la estructura de la economía capitalista se ha sofisticado, pero no es muy diferente a la del siglo pasado; las metas de las personas sí son distintas.

Ya no es trabajar lo más duro posible, tal vez, para no tener tiempo de ver a mi familia ni gozar de ese dinero bien habido; sino trabajar lo suficiente, como para tener tiempo para gozar de mi familia y que el bienestar material se transforme en mejor calidad de vida.

Y tal vez, diría yo, participar como padres un poco más en la educación de nuestros hijos.

Ese concepto nuevo, calidad de vida, es el que lucha por destacarse de toda la maraña de conceptos vanguardistas, dentro de la nueva sociedad a la que estamos accediendo.

Las preguntas típicas serían: ¿para qué tanto dinero si no tienes tiempo para disfrutar de él?    Y, más profundo aún: ¿qué significa disfrutar de la vida? ¿Cómo se accede a mejor calidad de vida?

El cambio en las concepciones podría, incluso, llevarnos a la paradoja de gente con más dinero, que disfruta de la vida mucho menos que gente que tiene mucho menos dinero.

En fin, no es que las premisas del capitalismo están cambiando; es que la gente piensa distinto dentro de la estructura capitalista.

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Publicado el 24  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Una respuesta política oportuna

La opinión del abogado….

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SAÚL MALOUL ZEBEDE

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Una respuesta política oportuna

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Ciertamente, sin contar con criterios sociológicos profundos que los sustenten, se puede afirmar que desde el Norte de América hasta Centroamérica, incluida Panamá, las estructuras de poder tienden a ser más individualistas o a privilegiar más el acomodo de las distintas propuestas de derechas.   Obvia excepción que constituye un fenómeno en sí mismo, es la callada, bella y pacífica Canadá, que está mucho más a la izquierda que el resto de la Región.

También uno pudiera afirmar que tienen una actitud más colectivista o de grupo, los países de América del Sur, con las distintas matizaciones de ofertas que desde la izquierda se han producido en este Hemisferio.    La República de Panamá, pareciera seguir todavía la definición de política de Suramérica, aunque geográficamente esté en América Central, no obstante, que vivamos en una sociedad con caracteres bastante individualistas.

Observemos que la izquierda democrática en Suramérica vino en defensa de dos principios:

1. El de la validación y legitimidad de la democracia representativa.

2. El de la capacidad de articular una respuesta social demócrata, en el escenario de sociedades capitalistas, sin atentar contra la estructura económica de poder.

Y, en aquella inmensa mayoría de casos, en los que se constituyó en alternativa al poder, la respuesta fue contundentemente positiva y así lo demuestran: Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, y la República de Panamá, hasta el gobierno de Martín Torrijos Espino.

Allí, en donde la sociedad desconfió de la propuesta de la izquierda, o, lo que es decir lo mismo, la izquierda no estuvo a la altura de las expectativas, como en México, se produjo una crisis de gobernabilidad y de legitimidad iniciales, que pudiera terminar agotando un sistema que ni siquiera comenzaba por asentarse en el poder.

Es en este contexto, en el que debemos enmarcar la crisis del Partido Revolucionario Democrático panameño. El país y los panameños necesitamos una oposición social demócrata panameña, que esté a la altura de las inéditas circunstancias políticas que estamos viviendo, gracias a la impronta del gobierno del empresario Ricardo Martinelli.

Que el Partido Revolucionario Democrático no lo haya entendido así, y no solamente no haya encontrado el camino de su recomposición política, sino de la nueva oferta política que requiere el país, no solamente es negativo para el futuro de dicha organización política, sino que lo es para la falta de equilibrio político que produce la desarticulación inédita del que hasta ayer era la organización política más importante del país.

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Publicado el 19  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.