Un acuerdo inconveniente

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La opinión de…

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Rubén Carles –

Según ha sido anunciado ayer, 30 de noviembre, se firmaría en Washington el acuerdo fiscal entre Panamá y Estados Unidos. Se trata de establecer términos y condiciones que rijan la cooperación fiscal y el intercambio de información en materia de impuestos.

No obstante la importancia del tema, este no ha recibido una adecuada divulgación en Panamá. Sectores interesados no han llegado a expresar sus opiniones y algunos gremios esperan analizar el tema a profundidad.

Algunos destacados profesionales del derecho, y banqueros, ya han señalado que el acuerdo será inconveniente para Panamá.

Lo cierto es que ha faltado el debate necesario, y existen dudas sobre algunas de las cláusulas estipuladas y que deben ser debidamente explicadas. A mi juicio, no está clara la situación que enfrentará el principio de la territorialidad, norma fundamental en la vigencia del impuesto sobre la renta en Panamá. Desde 1957, Panamá decidió que el impuesto sobre la renta se determinará con base en los ingresos que se originen en el territorio nacional. No se cobra a los contribuyentes impuestos sobre los ingresos recibidos o percibidos fuera del territorio panameño.

En virtud de este principio, se han establecido en Panamá muchísimas empresas e individuos –de variadas naciones– que no tienen que pagar impuestos sobre la renta que obtienen en el exterior. Esto ha sido y continúa significando un importante incentivo para realizar diversos tipos de negocios en el exterior, manejándolos o registrándolos desde Panamá. El Gobierno de Panamá no requiere información sobre las utilidades de sus nacionales ni de sus residentes que sean originadas en el exterior.

Ello es así. Debe quedar claro. Esto se llama principio de la territorialidad, y en Panamá tiene vigencia ese principio, la territorialidad y que, en consecuencia, no podemos suministrar a Estados Unidos sobre lo que esas empresas e individuos realicen en el exterior. Es cuestión de principios: debemos mantener y proteger el criterio de la territorialidad. Es ley de la República. Nos beneficia y conviene mucho. Se ha probado a través de muchos años.

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<> Este artículo se publicó el 1 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/carles-ruben-dario/

Por una Contraloría independiente

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La opinión del Excontralor General de la República…

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Rubén D. Carles  –

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La reciente decisión de la Contraloría General de la República de suspender el control previo en algunas dependencias del Estado, ha motivado importantes reacciones en la opinión pública, en los medios y en personas vinculadas al tema en el presente y en el pasado.Todos reconocen que la Contraloría tiene facultad para tomar dicha decisión. Su conveniencia, en realidad, podría ser otra cosa.

 

Entre estas opiniones, un titular del diario “La Prensa” cita a un ex contralor quien señala: “Sin control previo galopará la corrupción”. Por otra parte, ese medio, La Prensa, cita al Jefe del Estado quien expresó: “El Control Previo es irrelevante”.

Es significativo lo que editorializa “El Panamá América”: “La Contraloría es una institución de control. Su rol no es ayudar al Ejecutivo a desembolsar con rapidez los dineros del Estado”, sino “fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos”.

Yo he venido sosteniendo que la Contraloría tiene, por mandato constitucional, la función de fiscalizar y regular.

Por eso lo que sería conveniente, para que el país vuelva a confiar en la Contraloría, (y esa entidad mantenga el apoyo y reconocimiento que merece), que tanto el Presidente de la República como la propia Contralora, funcionaria que está a cargo de esa entidad, aseguren a la opinión pública, y a todos los panameños, el carácter independiente de la Contraloría. Y que se cumpla. Así todos estaremos contentos.

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<>Artículo publicado el  17  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/carles-ruben-dario/

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En defensa del Control Fiscal

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La opinión del Ex Contralor General de la República…

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Rubén D.  Carles

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Por tratarse de un tema de política fiscal acerca del cual tuve la oportunidad de adquirir vastas experiencias, debo referirme a la reciente decisión de suspender el control previo en actos de manejo en algunas dependencias del Estado. 

Como desconozco las razones para adoptar esa decisión, es difícil formular señalamientos específicos. Pero estoy convencido de que los actos de manejo de los fondos y bienes públicos deben realizarse con corrección, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

La manera de lograr los anterior objetivos es mediante la efectividad de las medidas de control que se establezcan.   Control es anticipar actos. Para ello existe una entidad estatal con rango constitucional y carácter independiente: Contraloría General de la República.

La Contraloría tiene la función de fiscalizar y regular. Hacer cumplir las medidas dispuestas como control, que significa: examinar, dirigir, revisar, comprobar, inspeccionar, dominar, vigilar, verificar e intervenir. Parecen sinónimos, pero no lo son.

El control previo, como norma establecida en la Constitución Nacional, debe ser mantenido y reforzado a toda cosa. Se trata de un tema que requiere ser debatido con amplitud.

El control en el manejo de las finanzas públicas nunca puede considerarse innecesario, o sea afectado por acciones que podrían debilitarlo.

Así, las cosas no van a cambiar.

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<>Artículo publicado el  3  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,  lo mismo que el 5 de noviembre en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  al igual  que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/carles-ruben-dario/

¡Qué bueno es no estar solo!

La opinión de …..

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Rubén Darío Carles

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¡Qué bueno es no estar solo!
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En relación a escrito nuestro, donde expresaba algunas reflexiones sobre apuestas y juegos de azar en nuestro país, La Prensa en la sección de opinión que aportan los lectores recibió algunos comentarios. Por considerar que la opinión expresada por esos conciudadanos complementa y en cierta forma consolida nuestro punto de vista, estimo conveniente publicar esas ideas, ya que contribuyen a aclarar la posición de un apreciable e inteligente sector de la población panameña.

Personalmente, les agradezco la atención que nos brindan, y les congratulo por expresar opiniones tan valiosas que, sin duda alguna, comparten muchos de nuestros conciudadanos. A continuación lo que ellos dicen: “… no debería existir la Lotería Nacional, los casinos, los bingos, todo esto hace más pobre a la población y aunque el dinero de la Lotería se use para cosas buenas, está haciéndole mal a muchos panameños que con la esperanza de ganarse unos ‘dolitas’, ponen parte de su dinero semanalmente en billetes de lotería. ¡Sería un buen cambio… ! Sr. Martinelli, eliminar toda esta …, que no hace bien al panameño”.

“… los casinos deben estar ubicados solo en hoteles, removerlos de los barrios populares y controlar el acceso a ellos. No es posible que panameños humildes dejen el poco dinero que reciben, ya sea de salarios o jubilaciones, en las maquinitas y mesas de juego. En otros países, el acceso a los casinos es restringido, debemos copiar lo bueno para proteger a nuestros nacionales”.

“… me parece excelente esta medida. Pero ¿qué se puede hacer si ahorramos los realitos y los supermercados siguen inflando la canasta básica? Me pregunto, ¿por qué no hacen algo que involucre la baja de los artículos de primera necesidad?”.

“… deberían, sencillamente, remover los casinos y salas de juego de barrios de estrato social pobre. Vigilar a las personas que ingresan y controlar la frecuencia con la que asisten a estos lugares. Perder el dinero así o en otro tipo de vicios (alcohol o drogas) se convierte en perjuicio para la persona y sus familiares y, por ende, para el país entero. Es un círculo vicioso que debe romperse por algún lado para trabajar en línea recta hacia la meta. ¡Excelente artículo!”.

“… completamente de acuerdo con la defensa de la economía, no solo Singapur, igualmente Hong Kong y nuestros hermanos más cercanos de México promueven la protección de la clase baja y media, puesto que tenemos una cultura que ha crecido con este mal vicio, pero, al menos, deberíamos promover la regulación de los juegos de azar y el acceso a estos lugares”.

“… estimado Chinchorro, el Estado debe velar para que los pobres no se vuelvan más pobres por el vicio de los juegos de azar. Yo creo que los casinos fuera de los hoteles deberían ser prohibidos. Hay que proteger a la población más vulnerable”.

“… total y absolutamente de acuerdo, hay gente que se gasta toda la quincena en juegos de azar, y no hablemos solo de los casinos, hablemos también de la Lotería y todos esos juegos que necesitan ser regulados. La Lotería tiene que ser una sola vez al mes, máximo, si no una vez al año. El panameño no pone sus esperanzas en el trabajo, en el esfuerzo y el progreso, sino que las pone en estos juegos que terminan vaciándole los bolsillos”.

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Publicado el 10 de octubre de 2009 en el diario La Prensa de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Para Panamá es vital la ecología, la conservación y el cambio climático

La opinión del Economista, Docente Univeristario y Ex Contralor ….

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Rubén Carles

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Para Panamá es vital la ecología, la conservación y el cambio climático

En la actualidad los temas relacionados al cambio climático, energía limpia y medio ambiente captan la atención nacional. Nuestro presidente, Ricardo Martinelli, participó activamente en la Cumbre sobre Cambio Climático en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Lo acompañaron el vicepresidente, Juan C. Varela, el director de la Anam, Javier Arias. El presidente Obama, de Estados Unidos, plantea una nueva posición de su país frente al Protocolo de Kyoto y, ayer, el ambientalista Al Gore se presentó para exponer opiniones acerca de sus propuestas sobre el cambio climático que lo hicieron acreedor al Premio Nobel.

Todo esto coincide con el interés que el tema origina en Panamá con la participación de entidades públicas y privadas, entre las cuales sobresalen el Smithsonian, TNC, Usaid, Natura, Fundasep, Fundación Chagres, Ancon, Anam, Anarap, MarViva, ACP, Apede y el público en general.

Y ahora un recuerdo. En Panamá, desde 1960 se iniciaron estudios sobre el tema forestal. Entre 1964 y 1968 se estableció el Departamento Forestal en el MACI (Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria) y se expidieron los primeros instrumentos legales sobre aguas y foresta. Se otorgaron becas para capacitar técnicos forestales y se iniciaron importantes proyectos de riego y reforestación. Surgieron los parques nacionales y las reservas forestales que incluyen volcán Barú, Campana, Chagres, Camino de Cruces, Caño Sucio, Bajo Grande, Piedras Gordas y el Centro Investigativo Forestal de Chiriquí.

A partir de 1965 se inició el proyecto de forestación en La Yeguada, apoyado por la FAO, y luego en otros lugares con la participación de la AID, que aumentó inicialmente a siete mil hectáreas los bosques de pino del Caribe en Panamá.

En 1992, el gobierno de Guillermo Endara expide la ley que establece incentivos a la reforestación y entre 1992 y 2008 fueron sembradas 60 mil hectáreas por empresarios e individuos privados. En los últimos 10 años, las exportaciones de madera llegaron a $80 millones. Todavía continúan.

Ahora bien, a partir de 2006 en algunos círculos oficiales surgieron cuestionamientos a los incentivos a la reforestación, lo que produjo frustración en el sector y disminuyó la actividad de siembra. Basta señalar que solo en la Asociación Nacional de Reforestadores de Panamá fueron sembradas 40 mil hectáreas de teca y otras variedades. Los presidentes de la Anarap fueron Lorenzo Hincapié, Miguel Vallarino, Luis Carles, Beatriz Attie, Isabel Balcevicious y Osvaldo Lau.

La Anam, con la participación de sus directivos S. Heckadon, Ricardo Anguizola, Mirei Endara, Ligia Castro y Javier Arias, desarrolló esfuerzos que deben ser apreciados e intensificados en el futuro inmediato. Los incentivos a la reforestación deben ser restablecidos. Si en algún momento existieron algunos abusos estos deben ser corregidos, prevenidos y sancionados. El país debe, ahora, adoptar políticas claras y definidas para apoyar las actividades de reforestación y conservación de recursos naturales por parte del sector privado y entidades públicas; la Anam, la ACP y el Mida deben promover la siembra de árboles.

También deben intensificar esfuerzos para proteger obras de riesgo, los ríos y cuencas fluviales, específicamente las fuentes de aguas vinculadas a la operación del Canal y el aprovisionamiento de agua para el consumo de la población en amplios sectores del país. Sin agua no podría funcionar el Canal.

Los acontecimientos que arriba señalamos, ponen en evidencia que en el mundo surgirá gran interés por conocer y apoyar los esfuerzos que Panamá realice en cuanto a la protección del medio ambiente, el cambio climático y la conservación de recursos acuíferos, particularmente cauces, ríos y nuestros bosques. Las instituciones internacionales vinculadas a estos temas apreciarán la decisión de los panameños de trabajar en defensa de su medio ambiente y sus recursos naturales, particularmente el agua, y nos ofrecerán un apoyo decidido. De ello estamos convencidos.

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Publicado el 1 de octubre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Panameño, cuida tus centavos…

La opinión de….

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Rubén Carles

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Panameño, cuida tus centavos…

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Que los dólares se cuidan solos… Consideramos justificados los propuestos ajustes fiscales a los aportes que por diversos conceptos deben hacer al Tesoro Nacional aquellas empresas que explotan juegos de suerte y azar.   Dichos aportes se basan en las licencias expedidas por la Junta de Control de Juegos, de conformidad con un contrato por el cual se autoriza por ley a una persona natural o jurídica, a administrar, operar salas de suerte y azar en Panamá.   Pero aparte de ese aspecto fiscal, expresado en función de los beneficios que el Estado tiene derecho a recibir, existen otros aspectos que deben ser considerados.    Se trata de temas humanos, sociales y económicos: aquel impacto de las apuestas, que los particulares pueden perder y casi siempre pierden, recae sobre los individuos familiares y sus empresas.

El asunto es más grave cuando surge la ludopatía (atracción patológica por los juegos de azar), condición que podemos apreciar en muchos sectores de la población que concurre, esperanzada a las salas de juego y pierde su dinero, afectando adversamente su capacidad económica y su condición de vida.

Particularmente debemos señalar a los miles de jubilados –en toda la República– que asisten a las salas de juego y pierden parte de sus ingresos como jubilados y pensionados.   De igual manera, pudiéramos referirnos a otros sectores de la población que reciben ayuda monetaria en la Red de Oportunidades y del programa de pago de “100 para los 70”.

Se trata de restablecer las disposiciones del Art. 1051 del Código Fiscal, la Ley 8 de 1956, que limita en algunos casos la entrada a los casinos.   Esta forma fue derogada por el Art. 102 del Decreto Ley No. 2 de 10 de febrero de 1998.   Aquellas restricciones exitosamente funcionaron durante los años que operaron los Casinos Nacionales administrados por el Estado.

No se trata de un requisito estrafalario.   En otras partes, inclusive en Singapur, desde 2006, entró en vigencia la “legislación sobre control de casinos”, que tiene por fin reducir los efectos negativos del juego o apuestas compulsivas. Los efectos de estas medidas restrictivas deben ser considerados como acciones positivas en defensa de la economía de las personas y sus familias.

Ahora, cuando el tema de los juegos y las apuestas son objeto de consideración por la opinión pública, estimamos conveniente y necesario volver a aplicar en Panamá las normas que arriba señalamos. Aquí debemos proteger a los panameños que tienen medianos o bajos ingresos y que podrían perderlos en apuestas con altos riesgos, inclusive por enfrentarse a las desafiantes y tentadoras maquinitas de juego.

Confiamos en que el gobierno del cambio procederá con energía en el caso de la asistencia de personas de escasos recursos a las salas de juego. Proteger a los panameños tiene plena justificación.

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Publicado el 22de septiembre de 2009 en el diario La Prensa a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La cabeza de Roosevelt no se perdió

La opinión de….

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Rubén Carles

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La cabeza de Roosevelt no se perdió
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En relación con las noticias publicadas recientemente sobre la aparición de la cabeza del Presidente Franklin D. Roosevelt, que era parte de aquel monumento ubicado en el área próxima a San Miguelito, debo, en mi condición de entonces titular de la Contraloría General de la República, expresar lo siguiente, que también aclara alguna reciente declaración mía sobre el tema.

Y vamos al pasado.  Como consecuencia de las valientes y veraces declaraciones de junio 8 de 1987 del coronel Roberto Díaz Herrera,  surgió la Cruzada Civilista, movimiento democrático que marcó el inicio de la derrota de la dictadura militar de Torrijos y Noriega.  En el sector de San Miguelito ocurrieron varios actos de violencia entre los militares y los civilistas panameños, estos últimos apoyados por el pueblo.   Allí, varios panameños perdieron la vida.   El 1 de julio de 1987 la turbas y batalloneros de la dictadura, con el apoyo de políticos y activistas del PRD, procedieron a destruir el monumento de Roosevelt.   Sin que nadie tratara de detener tanta barbarie, la estatua y su cuerpo fueron derrumbados y llevados a otro sitio, cortados en trozos, que luego fueron pulverizados.  Lo único que quedó sin ser destrozado fue la cabeza del insigne demócrata, que, llevada a otros lugares, se salvó de ser destruida y vendida para la exportación como chatarra, por traficantes de metales.

Las autoridades de esa época no realizaron investigación alguna. Se trataba de un acto político patrocinado por distintos niveles del gobierno de la dictadura.   Era una protesta contra Estados Unidos.   Tampoco apareció la cabeza de Roosevelt.

Después, en 1990, establecido el Gobierno democrático presidido por Guillermo Endara, un grupo de luchadores civilistas residentes en San Miguelito, dirigidos por el ciudadano Rubén Campos, se presentó a la Contraloría General de la República, y entregó un bulto que contenía la cabeza del presidente Roosevelt.   En distintos sectores del Gobierno, municipales o entidades del Ministerio Público y de la Contraloría General, se promovieron investigaciones para encontrar a los autores de tanta barbarie.   No tuvimos éxito.  Sólo quedaba la cabeza.   Continuaba en poder y bajo la custodia de la Contraloría.

Inexplicablemente, los apremios y problemas que nos producía en ese entonces el esfuerzo por reconstruir al país y restablecer la democracia, con justicia, paz y libertad, desvió nuestra atención y no insistimos en la investigación y aclaración del crimen contra Franklin Delano Roosevelt.   El caso quedó a cargo de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.   El 9 de marzo de 2000, la DRP ordenó el cierre y el archivo del expediente y decidió remitir la cabeza de FDR al MEF,   lo que finalmente se cumplió hace hace poco tiempo.

Recientemente hemos estado promoviendo que la cabeza de Roosevelt debe ocupar un sitio importante en nuestra historia, ubicándola, posiblemente, en un lugar destacado del Museo del Canal, en la Plaza de la Catedral, o también, posiblemente, en la rotonda del edificio de la Administración, en Balboa.   Reconozco que desatendimos esta obligación, allí fallamos.   Sin embargo, la cabeza de Roosevelt no se perdió ni desapareció.   Estuvo siempre en democracia, bien resguardada.   Su presencia en la Contraloría era ampliamente conocida.   Ahora, todos los panameños debemos coincidir en que se haga justicia a quien siempre mostró simpatía y consideración por Panamá, como fue el reconocimiento de muchas de nuestras aspiraciones y derechos consignados en el proceso revisionistas que negociaron Harmodio Arias y Franklin Roosevelt.

A Franklin Delano Roosevelt le tumbaron la cabeza.   Pero no lo borraron del recuerdo de los panameños.   Es justo hacer esta reparación.

Aclaradas las cosas, estimo que la administración Martinelli, haciendo justicia, puede ubicar en un sitio apropiado la cabeza de FDR y así permitirnos enmendar las fallas que algunos cometimos en el pasado.

¡Adelante, presidente Martinelli y ministro Alberto Vallarino!

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Publicado el 12 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Juegos, jueguitos y apuestas

Juegos, jueguitos y apuestas

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La opinión del Ex Contralor de la República, Economista y Docente Universitario…

Rubén Carles

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Allá, cuando yo era niño, en mi pueblo natal, Penonomé, los domingos en la tarde armaban una estruendosa gritería los concurrentes a una gallera que entonces quedaba ubicada en la cercanía del Mercado Público.   Ahora, en algunos de los casinos o salas de juego que allá operan, juegan silenciosamente los ludópatas, la mayoría de los cuales son jubilados o pensionados de la CSS y así ocurre en todo el país.

El tema adquiere actualidad, porque el presidente Ricardo Martinelli ha anunciado que tomará acciones para regular los juegos y también lograr de los casinos mayores aportes al Tesoro Nacional.   Por ello es oportuno aclarar algunos conceptos sobre estas actividades, ya que, según la ley, “la Junta de Control de Juegos, en representación del Estado asume la explotación de los juegos de suerte y azar y de sus actividades que originan apuestas en beneficio exclusivo del Estado.  Esta explotación podrá ejercerla en forma directa o a través de terceros”.

Cito la ley: “Apuesta” es la obligación que contraen una o varias personas de comprometer una suma de dinero u otra cualquiera, que perderá a favor de otra u otras personas, si el resultado incierto de un suceso o evento futuro le fuese favorable a éstas”.

“Juegos de suerte y azar” son todos aquellos en los que el resultado adverso o favorable del juego no depende principalmente del talento o habilidad del jugador, incluyendo cualquier juego efectuado con cartas, dados o con cualquier dispositivo, máquina mecánica, electromecánica o electrónica, para ganar dinero u otro artículo de valor, entiéndase por juego, las máquinas tragamonedas tipo A, así como los juegos conocidos como ruleta, keno, fan-fan, veintiuno, black jack, craps, cuck-a-luck (dai-shu), rueda de la fortuna, chemin de fer, bacará, paigow, panguini, poker, entre otros.

Entre estos juegos se incluye, pero no se limita, a Clubes de Mercancía, Clubes de Viajes,  Salas de Bingo, máquinas tipo C, rifas de propaganda, rifas de especulación, rifa promocional, salas de juego, tómbolas, tómbolas promocionales, hipódromos, agencias de apuestas, promociones comerciales que impliquen la realización de una actividad de suerte o azar o que originen apuestas, juegos de pinta, choclo, alto y bajo, argollas, ruletas, y cualquier otro juego de suerte y azar o actividad que origine apuestas que determine la Junta de Control de Juegos.

“Licencia de Juego” es la licencia expedida por la Junta de Control de Juegos de conformidad con un contrato, por medio de la cual se autoriza a una persona natural o jurídica,  a administrar y operar un juego de suerte y azar en la República de Panamá.

“Contrato” es el contrato de operación y administración celebrado entre un “administrador-operador” y la Junta de Control de Juegos,  el cual establece los términos y lascondiciones del derecho otorgado por la Junta de Control de Juegos para administrar y operar cualquier juego de suerte y azar en la República de Panamá”.

Aclarada por quien corresponda la validez de los contratos otorgados, consideramos que el Gobierno nacional, mediante los instrumentos legales necesarios,  debe restablecer las disposiciones del Artículo 1051 del Código Fiscal mediante el cual solo autoriza la concurrencia al casino de personas mayores de edad, que cumplan con determinadas condiciones (derogado por el Artículo 102, Decreto Ley No. 2 del 10 de febrero de 1998).

También convendría restringir a los jubilados y pensionados de la Caja del Seguro Social que reciben menos de mil balboas mensuales, y también los que reciben ayuda monetaria de la Red de Oportunidades y otros programas similares. Esos son programas sociales para defensa de la familia panameña.
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Publicado el 25 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

ZLC, la tributación y la economía

En opinión de…

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Rubén Carles

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Zona Libre de Colón, la tributación y la economía

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El presidente Enrique A. Jiménez, en 1947, obtuvo del gobierno de Estados Unidos los servicios de Thomas Lyons —director del departamento de Zonas Libres de Washington— para que estudiara la posibilidad de establecer en la República de Panamá una Zona Libre en Colón como instrumento de política de comercio exterior. Fueron designados asistentes de Lyons para esa gestión Eduardo McCullogh, José C. Sanchiz y Rubén Carles. Así quedé involucrado en el tema.

Como resultado del Informe Lyons, el presidente Jiménez creó la Zona Libre de Colón. Con el tiempo un importante grupo de ciudadanos participó en el esfuerzo de orientar/desarrollar y regular la nueva entidad. Destacan entre ellos Galileo Solís, Everardo Duque, Eduardo Lanuza, Herbert Toledano, José D. Bazán, Digna Donado, Alberto Motta, Joseph Harrington, Erasmo Orillac, Giovanni Ferrari y H. Enrique De Obarrio. Ellos, con la colaboración de numerosos empresarios de distintos orígenes y diferentes tipos de actividades, se dedicaron a promover los negocios y reglamentos que permitieron el exitoso funcionamiento de lo que llega a construir hoy una institución de 29 mil 500 empleados, que aporta el 7.3% del producto interno bruto.

El objetivo del ZLC era claro: promover el comercio internacional, las actividades económicas en Panamá y crear fuentes de empleo. Enrique A. Jiménez, José A. Remón, Ernesto De La Guardia, Roberto F. Chiari, Arnulfo Arias y Guillermo Endara, como jefes de Estado tuvieron muy claro y respetaron el principio fundamental de que la Zona Libre no es primordialmente una fuente de tributos fiscales.

En varias ocasiones surgieron intentos y propuestas de aumentar las recaudaciones tributarias, pero fueron rechazadas y oportunamente derogadas. También surgieron manipulaciones abusivas como las operaciones de Transit, S.A. , que pasaron a la historia con el fin de la dictadura. Las “zonitas” también jugaron gran papel.

Afortunadamente la ZLC como entidad del Estado ha tenido en la mayoría de los casos directores que han trabajado eficientemente en armonía y colaboración con el sector privado, los usuarios de la ZLC.

En la actualidad los ejecutivos y empleados en la ZLC aportan a la seguridad social, al impuesto sobre la renta y al seguro educativo. Con el propósito de mantener la competitividad de la ZLC en un mundo altamente competitivo y globalizado, las empresas en la ZLC reciben un trato especial en el gravamen de las utilidades, tanto en operaciones exteriores, locales, traspasos internos y en los dividendos que reciben los accionistas, y además existen en CAIR y distintos tipos de alquileres, tasas y gravámenes por servicios que brindan el Gobierno y la Zona Libre.

Recientemente han surgido propuestas que contemplan establecer o aumentar impuestos o cargos fiscales en actividades relacionadas con la ZLC. Es lógico que los panameños —de distintos estratos— consideren a la Zona Libre, las empresas y sus dueños, como posible fuente de ingresos para el Gobierno Nacional y la propia ZLC.  La existencia de bienes, la evidencia de riqueza y generación de ingresos dan margen a que surjan propuestas para establecer tributos, cargas fiscales o tasas. Lo indicado es actuar con prudencia. La Zona Libre de Colón es viable y ha demostrado, a través de los años, que es importante y estable fuente de empleos e ingresos.

Debemos ahora asegurar su capacidad de sobrevivir frente a la competencia de otras zonas libres y cambios en la economía internacional. Es necesario considerar la posición y efectos en la Zona Libre por el desarrollo de Howard, la crisis económica mundial, limitaciones en el crédito bancario, restricciones comerciales y legales en países vecinos, demandas de recursos fiscales para atender servicios públicos y sociales, necesidades de inversión de las empresas, competencia de otras zonas libres y globalización. Los empresarios ejecutivos y empleados en la ZLC que indiscutiblemente tienen capacidad económica, deben oportunamente ser consultados frente a las propuestas que surjan en relación con la tributación en la Zona Libre, además de la comunidad colonense. Es muy importante conservar la ZLC.

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Publicado el 13 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Descentralización…

Descentralización…

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Rubén Carles

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Siempre me interesó la condición del municipio del cual era cabecera mi pueblo natal, Penonomé. El desarrollo económico de las montañas de Coclé fue objeto de mi atención y cuando fui funcionario tuve la oportunidad de intervenir positivamente en algunas acciones en su progreso…

Aprendí que los municipios en la república no prestaban adecuadamente algunos servicios públicos que demandaba la población. Se necesitaba un cambio. Sin embargo, no se podía hacer mucho.

En 1957, con motivo de problemas políticos surgidos en el gobierno municipal en la capital, fui invitado por mi amigo, el presidente Ernesto de La Guardia, a participar como miembro del Consejo Municipal de Panamá, acompañado de distinguidos ciudadanos que incluían a Federico Humbert, Felipe Motta, Basilio Ford, Carlos Pérez, Juan P. Paredes y como tesorero, Modesto Ávila, y auditor, Mario De Diego. Fue una experiencia. Yo serví como presidente de la Comisión de Hacienda y con la excelente cooperación de los otros ediles, hicimos una gran labor.

Aprendí sobre problemas municipales. Después, con otras perspectivas, siempre mantuve mi preocupación por mejorar, algún día, nuestros municipios, base de la democracia panameña. Más recientemente he podido conocer las acciones adoptadas para establecer y ordenar la descentralización de la administración pública en nuestro régimen municipal.

Esta Ley 37, aprobada el 27 de junio y sancionada el 29 de junio de 2009, había sido presentada como proyecto de ley en diciembre de 2008. Se trata de un novedoso enfoque del gobierno municipal. Sus gestores, vinculados a los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo, contaron, sin duda, con asesoramiento técnico que plasmó en este proyecto de ley una visión y mecanismo que responden a una filosofía y principios descentralizadores. Fue promovida con entusiasmo después de las elecciones del 3 de mayo de 2009, y el PRD obtuvo de ellas, más de la mitad de los gobiernos locales: 43 alcaldías.

Sin embargo, pienso que el sistema de gobierno municipal así aprobado requiere grandes reformas en muchos sectores de la comunidad y, sobre todo, en educación, capacitación, motivación y, que, además, tenemos que llevarlo al conocimiento y aceptación de todos los panameños, que debemos evolucionar y aceptar cambios para que ese nuevo sistema municipal pueda funcionar eficientemente. El elemento humano será fundamental.

Para mencionar sólo algunos temas, debo insistir en que la descentralización, ordenamiento territorial, cooperación, planificación estratégica, administración financiera independiente y en especial, el traspaso del impuesto de inmuebles a los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y autonomía municipal, requieren recurso humano capacitado, con adecuada educación y voluntad de servicio. La Ley establece, en su artículo 167, que el Órgano Ejecutivo la reglamentará dentro de los 180 días siguientes a su promulgación.

Esto significa que al fin del año en curso, podría tener vigencia la denominada descentralización municipal.

Tengo algún conocimiento de lo que ocurre en algunos sectores de nuestro país. Es muy difícil armar todo el sistema de gobierno que la ley establece en tan corto plazo.

Debemos lograr que la Universidad de Panamá inicie de inmediato las actividades de capacitación del personal que servirá en estos municipios y establecer una carrera municipal. No podemos llamarnos a engaños. La ley sobre Administración Municipal al entrar en vigencia requiere una total atención inmediata para que no surjan problemas. Tenemos municipios de diferentes características y condiciones. No podemos tratarlos a todos de igual manera en plazos angustiosos.

Ha sido aprobada una ley que exige más allá de las condiciones actualmente existentes y de los recursos humanos disponibles ahora. Para lograr  la descentralización, la gradualidad y la capacitación deben ser criterios básicos.

La reglamentación precipitada de la ley no es aconsejable. Será indicado considerar la posibilidad de posponer la vigencia de la ley y de inmediato iniciar el amplio proceso del cambio tan profundo como el que el gobierno municipal requiere.

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Publicado el 6 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sacrificios y glorias

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Sacrificios y glorias

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Rubén Carles
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Fue un gran honor volver al aula máxima del Instituto Nacional por invitación de la Fundación Pro Instituto Nacional, compuesta por egresados de diversas generaciones. Se trataba de la conmemoración del Centenario de inicio de labores del Instituto Nacional. Compartimos la tribuna de honor con el Dr. Jorge Illueca, ex presidente de la República y dilecto amigo personal. La ceremonia constituyó un acto de gran mérito y reafirmación patriótica. La asistencia incluyó un amplio universo de institutores de varias décadas.

Vivimos la emoción de haber sido producto de la gran tarea rendida por la entidad que el Estado panameño había creado en los albores de la república para servir como principal centro de instrucción pública, laica y democrática, abierto a todas las ideas.

La instrucción pública fue organizada mediante la Ley 11 de 1094. En 1907 fue creado el Instituto Nacional por la Ley 22, y en 1909 el Dr. Eusebio Morales, en el gobierno del presidente José Domingo de Obaldía organizó y aseguró la existencia del Instituto Nacional, funcionando en Calle 14 oeste hasta 1911 cuando fue inaugurado el complejo de edificios construidos en las faldas del Cerro Ancón. El Instituto Nacional vivió su época de oro de 1911 a 1935 en su nuevo local, como centro y máxima expresión de la educación, la cultura y la intelectualidad panameña, hasta el 7 de octubre de 1935 cuando inició clases la Universidad de Panamá, ocupando parte de las facilidades de los edificios del Instituto Nacional.

Es muy importante destacar la simbiosis que se produce entre 1935 y 1950, período durante el cual convivieron íntimamente el Instituto Nacional y la UP.

Sin el sacrificio que se impuso al Instituto Nacional, la creación de la UP hubiera sido detenida por varios años. Gracias al esfuerzo y el interés del Dr. Octavio Méndez Pereira, rector del Instituto, la UP se convirtió en una realidad. El Instituto Nacional como institución y todos sus integrantes de ese entonces, pagaron un precio muy alto al acoger a la UP en su seno. Sacrificios, problemas de espacio, incomodidad, conflictos de autoridad, cohabitación, limitaciones en las actividades de las dos entidades: sólo basta señalar que después de las 4 de la tarde los institutores debíamos desocupar el claustro para ceder el espacio a los universitarios. Fue un gran esfuerzo y enorme sacrificio, pero era indispensable para que pudiese funcionar la universidad.

Octavio Méndez Pereira, con gran tacto y habilidad, logró consolidar la existencia de la UP y desarrollar un centro académico de calidad y responsabilidad e impactar la opinión pública, alcanzar y dar permanencia a la “autonomía universitaria” y lograr una independencia material y financiera construyendo su propio Campus Universitario, que más tarde se convirtió en Ciudad Universitaria.

Salió la universidad del espacio que le brindaba el Instituto Nacional, pero quedaron pendientes los problemas del instituto: aspectos docentes, inmobiliario, materiales de planta, facilidades físicas y equipos de enseñanza. La calidad de la educación en el instituto decayó. Profesores y otros funcionarios del Instituto Nacional pasaron a la Universidad, el apoyo del Estado al Instituto Nacional se diluyó. La disciplina no fue la misma.

Mientras, la dirección del Instituto Nacional no conservó, en algunos casos, el alto nivel que necesitaba, los estudiantes institutores aumentaban su interés, beligerancia y responsabilidad como defensores de las libertades públicas y la soberanía nacional. La ubicación del Instituto Nacional, al borde de la Zona del Canal, determinó que los institutores estuvieran íntimamente vinculados con lo que significó la lucha por la soberanía y la recuperación del territorio de la zona del Canal, la presencia de tropas americanas y abusos de los zonians, la discriminación racial y la revisión de los tratados del Canal. Pagaron una cuota altísima en la lucha por la patria.

El Instituto Nacional, con el crecimiento del país, dejó de ser el centro educativo de mayor importancia nacional. Muchos factores determinaron la presencia de problemas post coexistencia con la Universidad de Panamá.

Después de la plena vigencia de los Tratados del Canal y la salida de Estados Unidos de la zona del Canal, se presentó la oportunidad de reconocer alguna compensación al sacrificio que por tantos años hizo el Instituto Nacional. No se han divulgado completamente los detalles de la decisión de altas autoridades panameñas en cuanto a la forma cómo se financió, ejecutó y se programó el proyecto de rehabilitación física del Instituto Nacional; lo cierto es que la opinión pública necesita que las autoridades involucradas rindan cuentas sobre las fuentes de fondos, cuantía de la inversión, determinación de prioridades y coordinación con las necesidades académicas.

Se realizaron inversiones visibles, pero no resolvieron importantes necesidades, tales como la incorporación del Instituto Nacional a temas científicos, tecnológicos, matemáticos e informáticos.

Considero que ahora que existe la Fundación Pro Instituto Nacional, con capacidad jurídica y técnica, lo indicado es que se solicite una explicación completa y la correspondiente rendición de cuentas, inclusive si quedan saldos disponibles.

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Publicado el 29 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una experiencia y una solución

Una experiencia y una solución

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Rubén Dario Carles
José Chen Barría
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Cuando los panameños logramos deshacernos de la dictadura militar de Torrijos y Noriega y constituimos el gobierno democrático, presidido por Guillermo Endara, entre los múltiples problemas nos encontramos con el caso de las “deudas de vigencias expiradas”, que al inicio mostraban un saldo de 160 millones a 180 millones de dólares. De inmediato, en la Contraloría General de la República, bajo mi dirección y la inmediata responsabilidad de José Chen Barría, subcontralor general, acordamos un proceso para resolver el problema.

A continuación presentamos un documento sobre el tema que a solicitud mía ha preparado mi amigo y colaborador José Chen Barría, quien con acierto y pulcritud estuvo a cargo de proyecto de “las cuentas de vigencias expiradas 1990 – heredadas de la dictadura”.

Sobre e manejo que le dimos a las cuentas de vigencias expiradas al inicio del gobierno del presidente Endara, podemos decir que:

Cuando se inició el gobierno del presidente Endara, se encontraron sumas millonarias de cuentas por pagar, recordarán los descuentos directivos que se le hicieron a los funcionarios por deudas en bancos, financieras, comercios, viviendas, etc. Estas deudas se cancelaron inmediatamente para reactivar la economía y devolver la confianza al sector privado.

Nos encontramos aproximadamente entre 160 millones a 180 millones de dólares de deudas de vigencia expirada por suministros de equipo, materiales y suministros al Gobierno, así como contratos de obras, reparaciones de escuelas y otros servicios. Estas deudas no se cancelaron inmediatamente.

Iniciamos un proceso de verificación de dichas deudas, para determinar: su legalidad, si habían cumplido con los compromisos establecidos por las leyes. Si habían sido previamente registradas. Si tenían partidas presupuestarias aprobadas. Si los bienes y servicios habían sido recibidos a satisfacción por el Estado. Si las personas que habían autorizado y aprobado estas facturas habían sido autorizadas para esto.

Después de estas verificaciones se logró determinar que cerca de 80 millones de dólares eran cuentas que no procedían su reconocimiento y pago, por lo cual no se procedió a su respectivo desembolso.

Las razones de esta anulación fueron entre otras las siguientes: había cuentas que no tenían contratos ni orden de compra. Se encontraron cuentas y facturas por trabajos no realizados. Mercancía que nunca se entregó. Existían facturas por alquiler de equipo y maquinarias que no existían ni realizaron trabajos al Estado.

Muchas cuentas no habían sido presentadas en debida forma. La mayoría de las cuentas no tenían su contrapartida presupuestaria, ni estaban contempladas en el presupuesto de esa época. Muchas cuentas no habían sido autorizadas por los funcionarios legalmente responsables.

Otras cuentas no habían sido registradas en las instituciones ni conocían de su existencia.

Se pueden mencionarse otras circunstancias, pero el hecho fue que todas las cuentas de vigencia expirada que no cumplían con los requisitos legales, fueron rechazadas y algunos suplidores tuvieron que comprobar la legalidad de las mismas.

El mecanismo de pago para las cuentas que se consideraron legales y aceptadas fue la emisión de “cheques fiscales”, a los cuales se reglamentó su uso y de esta forma se entregó liquidez a los acreedores del Estado, haciéndose realmente un intercambio de deuda por deuda.

El gobierno actual puede utilizar el mismo procedimiento para el reconocimiento de deudas de vigencia expirada y ofrecer a los acreedores “bonos del Estado” con vigencia de 5 a 10 años a una tasa de interés razonable, sin producir un gasto inmediato o flujo de dinero.

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Publicado el 19 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.