Por una Contraloría independiente

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La opinión del Excontralor General de la República…

Rubén D. Carles 

La reciente decisión de la Contraloría General de la República de suspender el control previo en algunas dependencias del Estado, ha motivado importantes reacciones en la opinión pública, en los medios y en personas vinculadas al tema en el presente y en el pasado.Todos reconocen que la Contraloría tiene facultad para tomar dicha decisión. Su conveniencia, en realidad, podría ser otra cosa.

 

Entre estas opiniones, un titular del diario “La Prensa” cita a un ex contralor quien señala: “Sin control previo galopará la corrupción”. Por otra parte, ese medio, La Prensa, cita al Jefe del Estado quien expresó: “El Control Previo es irrelevante”.

Es significativo lo que editorializa “El Panamá América”: “La Contraloría es una institución de control. Su rol no es ayudar al Ejecutivo a desembolsar con rapidez los dineros del Estado”, sino “fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos”.

Yo he venido sosteniendo que la Contraloría tiene, por mandato constitucional, la función de fiscalizar y regular.

Por eso lo que sería conveniente, para que el país vuelva a confiar en la Contraloría, (y esa entidad mantenga el apoyo y reconocimiento que merece), que tanto el Presidente de la República como la propia Contralora, funcionaria que está a cargo de esa entidad, aseguren a la opinión pública, y a todos los panameños, el carácter independiente de la Contraloría. Y que se cumpla. Así todos estaremos contentos.

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<>Artículo publicado el  17  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/carles-ruben-dario/
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Comunicación, imagen y asesores en la CGR

La opinión del Periodista…

DANIEL DE GRACIA M.

Que el presidente Ricardo Martinelli haya sido el primero en excusar la eliminación del Control Previo de la Contraloría General de la República (CGR) en algunos ministerios, no deja ninguna duda de quién realmente manda y ordena en la CGR, mientras que la señora contralora todavía no es consciente del cargo que ocupa y que su firma es la segunda más importante del país.

Comparar a nuestro país con Haití, es el argumento más ridículo y falso que he escuchado para sustentar la eliminación de la fiscalización de la CGR. Alguien debe recordarle al presidente que el Control Previo controla la corrupción con los fondos del Estado y la clase política de este país tiene una cola de paja interminable sobre corrupción con los dineros del pueblo.

Pero la pregunta es ¿porque la señora contralora prefiere evadir este y otros temas importantes que refieren el control o descontrol de los recursos del Estado? Todo indica que la señora contralora, como dice el panameño, ‘anda en otra onda’ y se ha limitado a informar con escuetos comunicados de prensa, a pesar de que tiene una ‘Asesora en Comunicación Externa e Imagen Organizacional’ con un contrato de 100000 dólares en este periodo, de acuerdo al Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo.

El Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo ofrece algunas pistas de la ‘onda’ en que anda la señora contralora.

El trabajo de la contralora y su vaga forma de expresarse deja mucho que decir y es una vergüenza para la institución, pero tiene contratos con 10 asesores por un monto total de 2 millones 340 mil dólares para su periodo, repartidos en una media de 200000 dólares para cada asesor.

A parte de su ‘Asesora en Comunicación Externa’, tiene a una ‘Protocolo y Ceremonial en la Dirección Superior’, con un contrato de 100000 dólares, además de la directora de Comunicación Social con un salario de 2200 dólares, más 1500 dólares de gasto de representación.

Es decir, en comunicación e imagen, la contralora esta pésimamente asesorada con jugosos contratos con fondos públicos y no de la cadena de supermercados, lo que a mi juicio es un insultante y descarado desperdicio de los recursos de todos los panameños.

Lo anterior no suma el salario o el contrato de su principal asesor y mano derecha, un ‘abogado periodista’, que no aparece en el Nodo de Transparencia, pero es la persona que realmente ordena y toma las decisiones en la Dirección de Comunicación Social y las políticas de imagen e información de la CGR, y en su ausencia, lo hace su secretaria.

Cuando laboraba en la Dirección de Comunicación, este asesor reunió a todo el personal, incluyendo a la directora de Comunicación, para informar que todas las decisiones referentes a comunicación e información, de cualquiera naturaleza, serían tomadas por él o en su defecto, por su secretaria y todavía trabajan así.

En esa reunión, la directora de Comunicación Social no dijo siquiera ‘esta boca es mía’ y solo se limitó a escuchar como una funcionaria más y a inclinar su cabeza.

En la Dirección de Comunicación Social también desconocen por completo el ‘trabajo’ de las ‘asesoras’ de la señora contralora en materia de comunicación e imagen, puesto que el único responsable del tema en la CGR es el asesor ‘abogado y periodista’ más próximo a la contralora.

La situación en la CRG es más grave de lo que se percibe y se escribe. El desastre en la ejecución de los Censos Nacionales y el deplorable resultado, es el único impacto externo que ha proyectado el trabajo de la señora contralora ante la sociedad, pero si ella insiste en continuar en el cargo, por su incapacidad expresada, podría terminar acabando con el prestigio y la credibilidad que ha ganado la institución en la sociedad panameña en los últimos 20 años. ¡Vamos Bien!

<> Este artículo se publicó el 15 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/de-gracia-daniel-angel/

En defensa del Control Fiscal

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La opinión del Ex Contralor General de la República…

Rubén D.  Carles

Por tratarse de un tema de política fiscal acerca del cual tuve la oportunidad de adquirir vastas experiencias, debo referirme a la reciente decisión de suspender el control previo en actos de manejo en algunas dependencias del Estado. 

Como desconozco las razones para adoptar esa decisión, es difícil formular señalamientos específicos. Pero estoy convencido de que los actos de manejo de los fondos y bienes públicos deben realizarse con corrección, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

La manera de lograr los anterior objetivos es mediante la efectividad de las medidas de control que se establezcan.   Control es anticipar actos. Para ello existe una entidad estatal con rango constitucional y carácter independiente: Contraloría General de la República.

La Contraloría tiene la función de fiscalizar y regular. Hacer cumplir las medidas dispuestas como control, que significa: examinar, dirigir, revisar, comprobar, inspeccionar, dominar, vigilar, verificar e intervenir. Parecen sinónimos, pero no lo son.

El control previo, como norma establecida en la Constitución Nacional, debe ser mantenido y reforzado a toda cosa. Se trata de un tema que requiere ser debatido con amplitud.

El control en el manejo de las finanzas públicas nunca puede considerarse innecesario, o sea afectado por acciones que podrían debilitarlo.

Así, las cosas no van a cambiar.

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<>Artículo publicado el  3  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,  lo mismo que el 5 de noviembre en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  al igual  que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/carles-ruben-dario/

Algunos sí pudieron

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministro de Estado…

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Mariela Sagel

El slogan de campaña de Martín Torrijos fue   ‘Sí se puede’  y muchos tendíamos a generalizar que la mayoría de los funcionarios se dedicaron a servirse del poder y no a servir al país e incumplieron esas promesas.   Sin embargo, recientemente tuve que hacer un trámite en la Contraloría General de la República y me sentí, honestamente, que estaba en una empresa privada o en una institución de Estado en otro país.

Recordaba que ir a la Contraloría era un riesgo a la salud. Había que subir escaleras y si se me ocurría buscar algo en Estadística y Censo, el asunto se convertía en un acto heroico.

Para mi sorpresa, el ingreso en esta ocasión —a principios de este mes— fue de un cambio radical. Los ascensores funcionan, hay un módulo de información en la planta baja, una oficina para hacer trámites al lado de ese módulo de información y enfrente un centro estilo biblioteca, donde consultar y sacar fotocopias en forma expedita y amable.

Como mi trámite requería que el documento llevara timbres, me indicaron que afuera, al lado de la entrada, había un expendio de timbres (supongo que era una filial del Banco Nacional). Todo el proceso me tomó apenas unos minutos, porque las personas que atendían estaban en línea (no es que fueran flacas, sino que había un sistema computacional que funcionaba), eran amables y dispuestas a servir, algo que no es común encontrar en los panameños, sean funcionarios públicos o empleados de la empresa privada.   Lo mejor de todo es que coincidió con la visita de mi hija a Panamá y ella quedó más que sorprendida, pues donde ella vive (Canadá) ese tipo de atención es lo usual y el Estado es eficiente.

Indagando y ponderando la grata experiencia que había tenido al ir a la Contraloría (donde abundan los baños, para damas y caballeros, y sobre todo, con papel higiénico y en buen estado) se me señaló a Dani Kuzniecky como el contralor que lideró este cambio radical hacia la modernidad y la actitud de servicio y él tuvo a bien remitirme sendos documentos que resumen su gestión, que apenas fue de 2005 a 2007, pero que puso en el siglo XXI a la institución que fiscaliza, controla y custodia los fondos y el patrimonio público.   En esos documentos pude revisar la envergadura de lo que acometió el Lic. Kuzniecky durante su fugaz paso por la Contraloría. Y me imagino todos los paradigmas, resistencias pasivas y activas y problemas que tuvo que enfrentar.

La modernización de una institución tiene sus principales enemigos en los mismos funcionarios que se han acostumbrado a hacer siempre las cosas de una manera, aunque esa manera sea la más larga, tediosa y errónea, pero es como siempre se ha hecho.

Los documentos que me remitió el señor ex contralor tenían un detalle pormenorizado de las mediciones de las actividades que se efectuaron en la Contraloría durante su gestión y los resultados de los casos resueltos. Coincidió en el puesto con la celebración de los 75 años de fundación de la institución y rescató muchos documentos que destacaban la labor de los más recientes contralores que tuvimos y el remozamiento de sus instalaciones, de las que pude percatarme.

Entre las anécdotas que me contaron fue que el contralor veía a diario una puerta caída y un día preguntó por qué estaba caída y la respuesta fue que porque sí. Mandó a comprar las bisagras y la tal reparación no ascendió a más de $200.

Es una lástima que tantas buenas acciones, en beneficio no solo de los abnegados funcionarios de la Contraloría sino de todo el país, hayan sido pasadas por alto, por falta de divulgación y también por una, a mi juicio, anticipada salida del señor Kuzniecky.

Espero que sus siembras no hayan sido devastadas por la nueva administración que para muestras ya nos dio un botón: El estrepitoso resultado negativo de los censos nacionales.

Los sistemas prevalecen, pero generalmente la dirección la marca el líder y Dani Kuzniecky demostró ser un líder, silencioso y hacendoso, que con creces demostró que, en su caso, sí se pudo hacer un cambio.

<>  Este artículo se publicó el 19  de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El desastre de los Censos y la CGR

La opinión de….

DANIEL ANGEL DE GRACIA

Si el periodo de la señora contralora general no fuera de cinco años, tendría que afirmar que ella es el inicio de la debacle institucional en la Contraloría General de la República (CGR), en teoría, una institución que debe presumir su independencia política y capacidad del recurso humano para fiscalizar los recursos del Estado.

Después de laborar cinco años en la Dirección de Comunicación de la CGR, me queda compartir la experiencia y revelar cómo se hacía la gestión de los últimos tres contralores de la CGR al servicio de la politiquería presidencial, el amiguismo, la corrupción y los intereses personales.

Por ejemplo, un contralor que le ordenó a una auditora que omitiera el nombre de un director de la Policía Nacional en un informe de auditoría, que reflejó una lesión patrimonial en esa institución por varios cientos de miles de dólares.

Este caso es curioso, primero porque el contralor en cuestión no era o no es político y el director de la Policía que se involucraba en el informe de auditoría no era de su gobierno, sino del anterior.

Pero, para que este contralor hiciera tal cosa, el pedido tuvo que haber llegado de alguien más alto que él: el entonces presidente de la República y también su amigo personal desde la juventud.

Más extraño aún es: ¿Por qué ese presidente de la República pediría tal favor? La respuesta más cercana a semejante favor político es lo que el ex presidente Guillermo Endara (q.e.p.d.) siempre denunció y nadie le creyó: La existencia de un pacto llamado MAMI.

Otro contralor, lo primero que hizo cuando llegó a la CGR fue solicitar un informe de auditoría, que recién se había realizado, a una institución de educación superior y que revelaba una importante lesión patrimonial, en la cual se involucraba nada más y nada menos que a su hermano, el cual había sido el máximo jefe de esa entidad en el periodo auditado.

Ese contralor intentó desmeritar el informe, archivar el informe y evitar enviarlo a la entonces DRP, para que a su vez fuese remitido al Ministerio Público, así también, inició una persecución contra los auditores que hicieron la auditoría y ordenó suspender una siguiente etapa de la misma auditoría.

Finalmente, la llegada de la doña contralora fue histórica y será recordada, junto a su pésimo ‘asesor’, como la responsable del desastre de los Censos Nacionales de mayo pasado,  sin contar que apenas lleva más de medio año de sus cinco años de gestión. Barrió con todos los directores de la CGR, menos el director del Instituto de Estadística y Censo (INEC), Dimas Quiel, porque ya estaba en proceso los Censos Nacionales y para guardar algo de su imagen luego de la andanada de críticas; pero le hizo el trabajo imposible, en buen panameño ‘le hizo la cama’, provocando su renuncia luego de hacerle bastante humillación. Fui testigo (nadie me lo contó), en al menos dos ocasiones y por motivo de mi trabajo en la Dirección de Comunicación, de cómo la señora contralora prácticamente lo insultaba y lo humillaba ante el resto de los directores de la CGR en reuniones de trabajo.

Si después de esta publicación, el señor Quiel desmiente mi afirmación, él tendrá sus razones, pero insistiré, lo vi y lo escuché y no solo yo, era la comidilla entre mis compañeros de oficina que también presenciaron en más de una oportunidad los insultos de la doña contralora hacia el director Quiel.

Lamentablemente, el INEC es solo un nombre decorativo y como institución no existe, puesto que en realidad es una dirección más de la CGR, controlada directamente por el contralor o contralora de la República.

Al ‘hacerle la cama’, la señora contralora mermaba intencionalmente la capacidad administrativa de Quiel, para hacerlo quedar mal y luego reclamarle e insultarlo en las reuniones de directores, provocando los problemas previos y el desastre de algo tan importante para el país como los Censos Nacionales.

Es una lástima que haya sucedido así, la CGR no merece semejante desprestigio de una señora que todavía cree que es una empleada de las empresas del presidente Ricardo Martinelli.

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Este artículo fue publicado el  24 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

A propósito de la Contraloría

La opinión de….

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Carlos Valencia

Nuestro ordenamiento constitucional asigna a la Contraloría General de la República la responsabilidad exclusiva de realizar el control previo del gasto público. Así, toda erogación, tanto para gastos corrientes como para inversiones debe ser previamente autorizada por este ente estatal. Esta condición le proporcionará un poder extraordinario al contralor general de la República.

Un contralor adverso al Presidente de la República puede obstaculizar, neutralizar o arruinar la ejecución de su plan de gobierno. Nuestro ordenamiento legal le otorga tanto poder al contralor que este puede en efecto cogobernar con el mandatario electo por el voto popular.

En consecuencia, los presidentes se ven prácticamente obligados a conseguir el nombramiento de contralores que se alineen con su estrategias y programas de gobierno y que no pongan obstáculos a sus decisiones en relación a la ejecución presupuestaria.

Como es claramente inaceptable que el contralor pueda en efecto compartir el poder de decisión con el Presidente, es entendible que este último haga todo lo posible para lograr el nombramiento de una persona allegada, de su orientación política y que en efecto esté anuente por lo menos a no entorpecer sus acciones de gobierno.

Por lo tanto, en la medida que el Presidente efectivamente logre el nombramiento de un contralor alineado a sus directrices, la Contraloría de la República no ejercerá una fiscalización independiente, objetiva e imparcial del gasto público. En estas condiciones en lugar de constituirse en un ente fiscalizador independiente, la Contraloría se convierte en un organismo al servicio del Ejecutivo.

Demos una mirada retrospectiva a lo sucedido en los últimos 40 años. Durante el régimen militar, los contralores dependían en forma directa del comandante de la Guardia Nacional o de las Fuerzas de Defensa. El primer contralor de régimen militar, el licenciado Balbino Moreno (qepd) cooperó con la dirigencia castrense, autorizando desembolsos no consignados en el presupuesto y permitiendo el inicio de los gastos masivos, que propiciaron el crecimiento vertiginoso de la deuda pública. En forma similar, con más o menos recato, tuvieron que manejarse necesariamente los contralores de esa época.

Iniciándose la democracia, su primer contralor, el profesor Rubén Darío Carles, estadista ejemplar y verdadero patriota, realizó una tarea extraordinaria en el gobierno del presidente Guillermo Endara. Pero en efecto este gran panameño cogobernó (y cogobernó bien) con el Presidente Endara Galimany, contribuyendo a que ese quinquenio sea después de varios lustros visto como ejemplo de probidad y eficacia. La cuota de poder del profesor Carles en el gabinete presidencial (aunque él lo niegue) fue decisiva y claro está la utilizó para el bien del país.

Los presidentes sucesivos lograron en mayor o menor medida poner en la Contraloría personas allegadas o identificados con ellos. Así, Ernesto Pérez Balladares logra ubicar a su primo hermano Arístides Romero (qepd) en dicho puesto. Este mandatario, ducho en asuntos de gobierno, entendía bien que un contralor podía anular su efectividad como Presidente. Así actuaron otros mandatarios posteriormente, en mayor o menor medida, aunque hubo contralores que a pesar de pertenecer a las banderías políticas del mandatario, ejercieron cierta independencia, como fue el caso de Alvin Weeden que actuó con valentía en ese puesto.

No es del todo sorprendente, por tanto, que el actual mandatario Ricardo Martinelli haya logrado el nombramiento de quien fuera jefa de la auditoría interna de su conglomerado de empresas. Aunque es de esperarse, repito, que los mandatarios actúen de ese modo, no cabe duda que el ordenamiento legal actual no propicia una fiscalización independiente y eficaz del uso de los recursos estatales por parte de la Contraloría General de la República. Evidencia de ello es la multiplicidad de actos de corrupción como los Cemis, Pecc, y FIS que se han dado en casi en todos los últimos gobiernos.

Se requiere, entonces, que esa función de fiscalización la realice una entidad que se encargue del posáudito o revisión del gasto ya ejecutado con todos los poderes y recursos necesarios para actuar en caso de acciones que contravienen la ley y el presupuesto de la Nación eliminando el control previo de la Contraloría.

No siempre se pueden hacer paralelos entre la empresa privada y el Gobierno, pero en este caso sí: Una empresa de cierto tamaño tiene su auditor o contralor interno que reporta al gerente general y también una auditoría externa que debe responder a los accionistas de la empresa.

La función del posáudito en el Gobierno lo debe ejercer una institución independiente del Ejecutivo que puede aplicar el peso de la justicia a funcionarios que contravengan las normas legales o el presupuesto aprobado.

Esta institución debe ser dirigida por un ciudadano que reúna las condiciones de capacidad e integridad y nombrada por dos terceras partes de la Asamblea con participación efectiva de la sociedad civil y ratificada por la Corte Suprema con el propósito de independizarla del Ejecutivo. Dicho nombramiento deberá hacerse al final de una administración y con vigencia en la administración siguiente.

Este cambio fundamental en nuestro ordenamiento legal administrativo debe ser considerado y ponderado por la sociedad civil y los partidos políticos para realizar las modificaciones legales e institucionales necesarias cuando se presente la oportunidad para ello.

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Publicado el 24 de enero de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El tiempo pone las cosas en su lugar

La opinión del periodista…..

CARLOS CAMARENA MEDINA
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El tiempo pone las cosas en su lugar

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Siempre he dicho que en política hay que alejarse de poses y discursos demagógico y hueco de quienes, según el lugar donde estén, critican las acciones de sus adversarios, más preocupados por no dejar hacer o sacar algún beneficio, que por mejorar algo.

Tal situación se suscitó cuando el entonces ministro de Economía y Finanzas, Carlos Vallarino, fue propuesto como contralor general de la República, y salieron a relucir los más variados argumentos para criticar, de antemano, la viabilidad de dicha designación.

Quedaban por delante dos años y medio de gestión, que a fuerza de hechos concretos han demostrado la equivocación de quienes criticaron este nombramiento y lo fallido de sus predicciones.

Porque durante este período la gestión del contralor Vallarino se limitó a cumplir con lo que la Ley le permite hacer, lejos de protagonismos mediáticos, aunque haciendo observaciones cuando ameritaba, a fin de garantizar el buen uso de los recursos del Estado.

Vallarino ocupó importantes cargos en pasadas administraciones, además de ejercer puestos académicos en la Universidad de Panamá, en el anterior gobierno fue ministro de Obras Públicas y ministro de Economía y Finanzas, en los cuales dejó la estela de su capacidad profesional.

Durante su gestión frente a la Contraloría ha mantenido su independencia, tal y cual lo establece la Ley, además de manejarse con transparencia, honradez y verticalidad y, sobre todo, ha luchado por el respeto y la total independencia que debe tener la Contraloría General de la República, como lo establece la Constitución Nacional.

Ello ha quedado plasmado cuando ha tenido que devolver sin refrendar importantes contratos tanto en la pasada administración como en la actual, a pesar de las críticas recibidas en ambas ocasiones.

Así sucedió con el gobierno pasado, en el caso de contratos no refrendados de los ministerios de Educación y Obras Públicas y del Banco de Desarrollo Agropecuario; además de la advertencia que hizo en la postrimería de la anterior administración de no avalar contratos multimillonarios, debido a que el actual presidente estaba por tomar posesión.

Esta firme decisión quizá le pudo acarrear la inquina de funcionarios, pero igualmente le valió el reconocimiento de la población, que por primera vez veía una acción tan vertical de parte de un contralor, en pleno proceso de transición de un gobierno a otro.

De ello dan fe las 550 investigaciones e informes que en su administración de escasos dos años ha enviado a las autoridades, lo que ha dado pie a abrir procesos, mucho de los cuales están en juicios o surtiendo su debido proceso.

Una clara muestra de la imparcialidad del contralor Vallarino fue ratificada por la encuesta de UNIMER realizada para el diario La Prensa , en la que la opinión pública lo ubica con un reconocimiento a su trabajo independiente e imparcial con un 60.2% de aceptación. Incluso el actual presidente de la República aplaudió las acciones del contralor, además de ponderar que mientras otros contralores dejaron de asistir al Consejo de Gabinete apenas se registró el cambio de gobierno, Vallarino ha acudido con regularidad a estas sesiones en las cuales se aprueban importantes proyectos.

No obstante los halagos, el contralor Vallarino no se alejó de la senda y devolvió sin refrendar (en dos ocasiones) un contrato directo del Ministerio de Salud, para comprar ambulancias, luego de detectar una serie de irregularidades. Ante ello, el Ministerio de Salud decidió hacer una licitación para la adquisición por mejor precio de estas ambulancias.

Sin olvidar que ante la contrataciones directas impulsada por la actual administración, el contralor Vallarino fue enfático al recomendar la convocatoria de licitaciones; a fin de garantizar, además de la transparencia, que el Estado pueda adquirir productos o servicios a un mejor precio.

Por ello, pese a que podrían entenderse como algo normal las críticas que surgen ante la designación de un funcionario, el tiempo y las ejecutorias son las que al final dan el veredicto y ponen las aguas en su nivel. En el caso del contralor Vallarino, los hechos hablan por sí solos.

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Publicado el 9 de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá,
a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.