¡Basta ya!, señor Presidente

La opinión de….

Adriano Mckenzie F.

En el período presidencial de la presidenta Mireya Moscoso, escribimos en el diario La Prensa un artículo titulado:   “Basta ya”, enfocado en la serie de irregularidades que se estaban cometiendo en el desgobierno de la viuda del saila de Arco Iris.

En algo más de un año, la administración Martinelli ha superado, con creces, los desafueros e irregularidades del período “moscosita” (de Moscoso, por supuesto), amparado en su arrollador triunfo en las elecciones de mayo de 2009.

Este empresario convertido en político por obra y gracia de sus millones, no ha entendido el papel que le otorga su calidad de mandatario de la Nación y cree que el país es una sucursal más de sus supermercados e, incluso, ya nombró un gerente para ella… un diligente y exitoso creador de imagen de origen griego.

Basta ya, Sr. Presidente, de querer anular, comprar o invalidar a todos los que se le oponen.

Basta ya, Sr. Presidente, de intervenir y dirigir todos los órganos del Estado.

Basta ya, Sr. Presidente, de creer que su excentricidad y espontaneidad van acorde con su papel de jefe del Ejecutivo.

Basta ya, Sr. Presidente, de irrespetar y violar nuestra Constitución.

Basta ya, Sr. Presidente, de intimidar y manipular a través del terrorismo judicial a los periodistas, políticos de oposición y a los dirigentes sindicales y gremiales.

Basta ya, Sr. Presidente, de mantener una postura que no admite críticas.

Basta ya, Sr. Presidente, de menospreciar la inteligencia de los panameños, cuando es evidente, incluso para los que lo apoyan, que detrás de todas las decisiones de importancia que afectan al país, se encuentra su voluntad.

Basta ya, Sr. Presidente, de llevarnos al despeñadero diplomático haciendo declaraciones inoportunas en foros internacionales.

Basta ya, Sr. Presidente, de estrechar relaciones con mandatarios como Berlusconi, que nos alinean en el ámbito internacional, haciéndole creer al mundo que apoyamos al Presidente italiano en sus actividades mafiosas.

Basta ya, Sr. Presidente, haga un alto… internalice el rumbo que lleva su gobierno y con sobrada hidalguía (como lo ha hecho en ocasiones anteriores –sobre todo utilizando la indumentaria adecuada, dependiendo del evento oficial en que participe–) demuestre que más de la mitad de los panameños no se equivocaron al elegirlo como nuestro gobernante… conviértase en el estadista que todos esperamos.

*
<> Este artículo se publicó el 17  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Mas artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/mckenzie-f-adriano/

*

Anuncios

Demencia lúcida

La opinión de…

Vitelio De Gracia Perigault

En la versión cinematográfica de El amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, el tío León, recibió una carta en la cual se le señalaba de tener demencia lúcida; solicita a Florentino Ariza le explique el significado del señalamiento… El tío queda feliz con la explicación y manifiesta que esta era producto de herencia familiar. Creía que a esa demencia obedecían sus infinitos deseos sexuales, y los de su sobrino Florentino, cosa que alentaba con regocijo.

Leo en entrega de The New York Times (La Prensa, 26/9/2010) que el “Éxito es cosa de locos”.   Cito “muchos emprendedores exitosos tienen cualidades y peculiaridades que, si estuvieran contenidas en mayores proporciones en su psiques, calificarían como verdaderas enfermedades mentales”.    Continúo con la cita: “Es una cuestión de grados”, dijo John D. Gartner, sicólogo y autor de The Hypomanic Edge (La ventaja de la hipomanía).   “Si eres maniaco, crees que eres Jesús. Si eres hipomaniaco, crees que eres un don de Dios para la inversión en tecnología”.

Percibo que nuestros poderes Ejecutivo y Judicial, y hasta la Alcaldía, están impregnados de la demencia lúcida citada, así como de cierto grado de hipomanía. Cómo justificar al ex ciudadano norteamericano Bosco cuando dice que él es un enviado de Dios para solucionar los problemas sociales.    Hay que estar demente para justificar la condena a la procuradora así como la detención de Paco Gómez Nadal en el aeropuerto.

El colmo de la demencia lúcida es la condena a Sabrina Bacal y Justino González con un año de cárcel y la inhabilitación por igual periodo de ejercer su profesión, es decir, si sus hijos dependen de su trabajo que se mueran de hambre junto con su padre y madre. Todo por divulgar, como noticia, los nombres de funcionarios que formaban parte de una investigación que llevaba a cabo el Consejo de Seguridad, entidad que atestiguó que era cierto lo de la investigación y la mención dentro de esta de los funcionarios señalados por González, por lo tanto, no hubo calumnia ni injuria.

Él fue declarado inocente de los cargos de calumnia e injuria en dos ocasiones… Entonces sucede que un tercer acto de insensatez e injusticia, inconstitucional y violatorio del derecho al trabajo, muy similar al ejecutado contra la ex procuradora, pretende amedrentar al periodismo nacional, censurarlo y callarlo para que no divulgue lo malo y lo feo, que en nombre de la democracia acontece en el Gobierno.

Hoy entiendo más a Juan Carlos Tapia, a Sánchez Borbón, a Gómez Nadal y a muchos otros que merecen nuestro reconocimiento y respeto, porque no se entregan ni se rinden, no hay fuego que consuma su brújula, y perseveran ante las adversidades y persecución a las que son sometidos.

Contra ellos no hay demencia lúcida, ni declaración de locura que los intimide. Su lucha es el imperio del derecho y la verdadera justicia social. A unirse para rechazar este nuevo ataque del imperio de la oscuridad.

Así lo percibo, así lo escribo.

<> Este artículo se publicó el 7 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Bonissi: ingenuo o malicioso


La opinión del Periodista Director del Diario El Siglo…

.

JEAN MARCEL CHERY

El Bonissi parece ignorar que el artículo 196 del Código Penal lo único que hace es recoger un principio propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a su vez desarrolla el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que es Ley de la República). El referido principio crea el sistema dual de protección de la honra.   Es dual porque propone que los funcionarios públicos y todas las personas públicas recurran a la vía civil para proteger su reputación (ver principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión / octubre de 2000). La CIDH propone esta norma después de observar que en todo el continente altos funcionarios utilizaban las querellas penales, principalmente contra periodistas o cualquier denunciante de actos de corrupción, con el propósito de evitar rendir cuentas y lograr una coraza jurídica contra el escrutinio público. Gracias a la penalización de los delitos contra el honor, los denunciantes quedaban siendo los procesados y hasta encarcelados y los funcionarios corruptos seguían en su latrocinio campante.

La CIDH también recomienda algunos criterios que deben utilizarse en la esfera civil (que en Panamá no se han acogido) para evitar que estos procesos terminen siendo más perjudiciales que los de la vía penal; es decir, que la cura sea peor que la enfermedad. Ahora queda claro que el contenido del artículo 196 no es un invento de los periodistas panameños, como quieren hacer ver los juripitonisos de la televisión pro gubernamental.

Lo que habrá que determinar es si la ignorancia de Bonissi es ingenua o maliciosa.   Si me preguntan, me inclino por la segunda.   Es más, estoy convencido de que solo sigue las instrucciones de la banda de los locos.   Sin el artículo 196 en el Código Penal, la pandilla que asesinó a Libertad de Expresión en la Avenida Frangipany (ver Bitácora del Presidente del viernes 1 de octubre de 2010) podría mandar a la cárcel a diestra y siniestra, infundiendo más terror entre periodistas, opositores, sindicalistas, empresarios, sociedad civil y cualquiera que ose disentir.

<> Artículo publicado el 4 de octubre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

La calumnia e injuria en el nuevo Código Penal

La opinión del Abogado…

Carlos Antonio Harris Jiménez 

En alguna ocasión, hace algún tiempo, aunque consciente de que de todo hay en la viña del señor, me referí a la clase periodista latinoamericana como “guardianes de la libertad“ , haciendo referencia a una obra literaria de dos comunicadores sociales latinoamericanos, que exponen como por el trabajo periodístico valiente de algunos periodistas que se dedican a la investigación, se han llevado al banquillo de los acusados a algunos políticos delincuentes de cuello blanco en algunos países de nuestra América Latina.

 

Y han sido pocos porque precisamente ha existido un instrumento del cual se han servido muchos políticos corruptos y cobardes para perseguir, chantajear y encarcelar, a aquellos que valientemente nos hemos atrevido a denunciar públicamente las acciones u omisiones de muchos funcionarios que utilizan su poder político y económico desde sus altas posiciones, para servirse de la patria y no para servir a los verdaderos intereses de la Nación y mediante el terrorismo judicial, han utilizado la figura del delito de la calumnia e injuria para tratar de acallar a las voces y las plumas valientes que se han atrevido a denunciar las actuaciones ilegales e inmorales de muchos funcionarios públicos de alta jerarquía. Esto ha sido una realidad en nuestro país.

 

Nuestro nuevo Código Penal tipifica a partir de su artículo 190, los Delitos contra el Honor de la Persona Natural, sancionándose por estas condenas a sus actores a penas de prisión o su equivalente en días multas, sin embargo, el mismo cuerpo de leyes establece en el párrafo segundo de su artículo 193, que “cuando en las conductas descritas en el artículo anterior, los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho”.    Es decir, despenalizan estos delitos cuando los supuestos ofendidos se tratan de funcionarios con poder político y económico, los cuales tienen el deber de rendir cuentas de sus actuaciones.

 

Estos funcionarios tienen actualmente otras ventajas procesales cuando están vinculados por una razón o por otra a procesos penales en su condición de funcionarios y usualmente esta condición los favorece, ventajas que también deben de desaparecer, sin embargo, cuando son denunciados, cuestionados o criticados en el ejercicio de sus funciones públicas, han recurrido inmediatamente al instrumento de la denuncia penal por calumnia e injuria, en contra de quienes se atreven a denunciarlos, cuestionarlos o criticarlos y por fortuna de ellos muchas veces han encontrado como aliados a funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, que se han prestado para ejercer el terrorismo judicial.

 

Los funcionarios a los que se refiere el artículo 304 de la Constitución Política, son El Presidente y Vicepresidente de la República, Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Especiales y Ordinarios, El Procurador General de la Nación y de la Administración, los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, El Presidente de la Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del Tribunal de Cuentas, el Fiscal General Electoral, El Defensor del Pueblo, los Directores Generales, Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los Servicios de Policía y los empleados o funcionarios públicos de manejo, conforme al Código Fiscal.

 

Señores periodistas, aunque sabemos que cuando se encarcela a un hombre, no se encarcelan sus ideas, hoy vuestras voces y plumas valientes, pueden continuar siendo vuestras armas como guardianes de la libertad, para seguir velando por la seguridad jurídica y los verdaderos intereses de todos los que habitamos en nuestra querida patria, sin el temor de ser perseguidos penalmente por aquellos funcionarios corruptos y cobardes, que utilizan el terrorismo judicial para pretender avasallar las voces y plumas valientes.

<> Artículo publicado el 3 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Blanqueo de capitales: Terrorismo judicial político

La opinión del Abogado…
LUIS FUENTES MONTENEGRO

El blanqueo de capitales surge para combatir al narcotráfico, su esencia consistía y consiste en asestar golpes mortales a la gran capacidad de dinero que poseen los narcotraficantes, en ese contexto se le instituye como un delito grave y sui géneris en cuanto a que modifica la interpretación y aplicación de reglas esenciales que regían para todos los delitos. Así a la presunción de inocencia se le dio un valor relativo, o sea la culpabilidad se concibió como regla básica, y la creación y valoración de las pruebas adquirieron varias connotaciones al margen de las garantías constitucionales y hasta contrarios al derecho penal, todo ello admitido como indispensable para acabar con el negociado de las drogas y la violencia de los narcomafiosos. Era la época en la que generalmente se hablaba de ‘lavado de dinero’.

Pero hoy el blanqueo de capitales constituye una denominación muy genérica, una palabra que refiere un delito que incluye variedad de modalidades, la mayoría de las cuales poco o nada tienen que ver con el narcotráfico, unas porque tratan sobre asuntos de elusión fiscal, otras porque son medios para la lucha contra el terrorismo, pero a pesar de ello todo ese conjunto disímil, se le da un tratamiento como si fuera una misma cosa, es decir, como si todo fuera relacionado al narcotráfico, llegándose a desatinos e injustos irreparables.

Todos tenemos que respaldar cualquier esfuerzo contra el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada, o cualquier delito o ilegalidad, pero los delitos no se pueden combatir incurriéndose en nuevos delitos, o cometiendo actos ilegales o arbitrariedades so pretexto de combatir la delincuencia, pues la delincuencia no se combate con delincuencia, ni resquebrajando el Estado de derecho sobre la base de abusos y pisoteo de las garantías constitucionales y procesales.

El blanqueo de capitales está requiriendo de precisión técnica y legal, su naturaleza ambigua lo está convirtiendo en un instrumento de manipulación, donde se pueden instruir expedientes por arbitrariedad y desconocimiento de su verdadero significado, esto plantea peligro en un estado de derecho, pues de todos los delitos, es el delito que da facilidad para persecuciones, amenazas, chantajes en el uso irracional, incorrecto y abusivo de la investigación de los delitos y del poder político en cuanto a su injerencia en el sistema de justicia de un país, sobre todo cuando el mismo es deficiente, parcializado y sin credibilidad.

<> Este artículo se publicó el 21 de septiembre de 2010  en el diario El Siglo, a quienes damos,  lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.