De “pinchazos italianos y similitudes”

La opinión del Ingeniero, Ex Banquero y Diplomático…

Eudoro Jaén Esquivel 

“¿Siente que su teléfono está pinchado? ¿Teme ser víctima de escuchas telefónicas?   Sólo tiene que contratar nuestra línea encriptada”.   No es una broma, es un anuncio publicitario que aparecía en la prensa italiana, que da una idea del temor que sentían lo italianos por los “pinchazos”.Hasta muy recientemente, Italia tenía el récord europeo de escuchas telefónicas. Según datos oficiales el año pasado se “pincharon” 112,000 teléfonos, cifra diez veces superior al de los otros países del Unión Europea. Italia llego a conocerse como “el País de los Pinchazos”.   Esta situación sufrió cambio este año.   Italia va a perder su hegemonía europea de escuchas.   En junio-julio, Silvio Berlusconi, gracias a su control de la Cámara de Diputados y el Senado, logró pasar una ley que hace casi imposible que se publique en los medios las escuchas telefónicas.

La ley, conocida como “Ley Mordaza, recibió fuerte oposición, ya que los editores y periodistas serian lo más afectados.  Si publican informaciones obtenidas por medio de escuchas telefónicas podrían ser sancionados con multas de más de 450.000 euros (U.S.$600mil).   A los reporteros que firmen estas noticias les puede caer incluso penas de cárcel.”   Una autorización necesitaba la aprobación de tres jueces.   Y solo se concedían prórrogas no mayores de 48 horas.

La oposición fue tan recia que en un momento se logró el apoyo de todas las editoras incluyendo las de propiedad de la Familia Berlusconi.   En un acto extraordinario, Italia amaneció el 9 de julio casi sin periódicos por la llamada “Jornada de Silencio” convocada como protesta por la Ley Mordaza;   los periódicos italianos llegaron a publicar sus portadas en blanco como señal de protesta.

La protesta continuó uniendo a los jueces con los editores y eventualmente forzando a la Cámara a suavizar la Ley Mordaza, aunque sin contar con la entera satisfacción de la opinión que considera las modificaciones como cambios cosméticos.

Ahora la ley permitirá que sea el juez, de acuerdo con la defensa y la acusación, quien decida la autorización de publicar la escucha durante una llamada “audiencia-filtro “y qué partes de las interceptaciones pueden ser publicadas por ser relevantes y cuáles deben permanecer secretas.

La modificación enfureció a Berlusconi quien había mantenido firme su posición de no reformar el proyecto original.   Y arremetió contra su aliado Gianfranco Fini, Presidente del Senado y Giorgio Napolitano, Presidente de Italia.   La pelea con Fini fue tan seria que este abandonó la alianza con el Gobierno, poniendo en peligro la permanencia del Gobierno Berlusconi.

Berlusconi ha declarado guerra a los Fiscales y a los Jueces ya que no los controla y los considera sus enemigos.   Los consideraba izquierdistas radicales. Buscaba con la Ley Mordaza hacer imposible que se publiquen las escuchas, pues si creemos los medios, es vulnerable a ese riesgo con varios casos que dan vuelta por los Tribunales de Italia.

Aunque logró una ley escudo que lo protege de juicios mientras ostenta el cargo de Presidente del Consejo de Ministros, teme la publicación de escuchas..

Panamá no está inmune al fenómeno de los “pinchazos”. Aquí también se vive un clima de temor a escuchas ilegales de nuestras conversaciones telefónicas.   Las personas temen expresar sus opiniones en sus conversaciones telefónicas.   El temor es bastante generalizado.

Salvo que la gran diferencia con Italia es que allá el que tiene miedo que le publiquen sus escuchas es el gobernante; mientras que acá ese temor es de los adversarios políticos y los críticos del gobierno.   Para algunos líderes sindicales y opositores los temores no son infundados.

¿Quo vadis Panamá?

<> Artículo publicado el 7  de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Las intervenciones telefónicas

La opinión del  Abogado…

Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

Las intervenciones telefónicas, en las comunicaciones en nuestro país, son válidas y sus resultas se podrían utilizar como prueba en una investigación, sólo si la medida tomada cumplió con los requisitos exigidos por el ordenamiento.

Las interceptaciones telefónicas se sustentan en el Artículo 29 constitucional que reza de la manera que sigue:

Artículo 29 de la Constitución Nacional.

“La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención.

El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar.

Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.

El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores.”

Los pasos que se deben honrar para que se lleven a cabo las interceptaciones en cuestión, emergen de los precedentes jurisprudenciales nacionales, la doctrina y la ley. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha estimado en la Resolución de 24 de agosto de 2007, que para que sea pertinente la intervención, perturbación, examen o inspección y grabación de las comunicaciones privadas, deben cumplirse los siguientes requisitos.

1. Ser autorizadas previamente por un Juez o Magistrado competente para conocer la causa, a través de una resolución motivada, en la que, por lo menos, se indique que la misma surge dentro de una investigación penal (una vez se cuente con la “noticia criminis” que nos coloque frente a la posibilidad de comisión de un hecho punible), el tipo de delito que se investiga, las diligencias con las que se cuenta para demostrar el hecho y la necesidad de obtener la evidencia reclamada a través de la escucha telefónica, dejando consignado la ausencia o los límites de otras diligencias o gestiones procesales para obtener la información que se solicita.

2. Esa solicitud debe realizarse con suficiente previsión y precisión, indicando las generales de la persona cuya comunicación se ha de intervenir (cuando esto sea posible), el soporte o naturaleza de la comunicación que se inspecciona, el tiempo específico que se hará, así como tipo de información que se pretende obtener y el objeto de la diligencia.

3. Se debe ejecutar con estricta observancia del principio de proporcionalidad; es decir, que sólo puede solicitarse en el curso de una “investigación penal” una vez se cuente, por lo menos” con la “notitia criminis” y para alcanzar objetivos que el constituyente también ha considerado legítimos, como es el caso de la prevención y represión de hechos calificados como delitos por la legislación doméstica. Así mismo, la proporcionalidad reclama que la intervención en la comunicación privada sólo se realice cuando no existan a disposición del Agente de Instrucción otros medios probatorios para obtener la evidencia requerida. No se puede autorizar una escucha telefónica cuando ésta, conforme a la naturaleza y el estado de la investigación, no sea necesaria, forzosa; o a contrario sensu, cuando la escucha telefónica carezca de la capacidad para suministrar datos de relevancia a la investigación penal.

4. En adición a ello, se reitera que el control judicial de la intervención en la comunicación debe realizarse siempre previo al momento en que efectivamente se lleve a cabo la intervención en la comunicación privada. No obstante, esto no quiere decir que la participación de la autoridad judicial se limite a ello, pues el ente a quien se autorice la intervención, está en la obligación de cesarla cuando desaparezca el objeto de la misma; para lo cual se puede acudir a la propia autoridad judicial que la autorizó, a objeto que la haga extinguir.

El ente judicial que conoce de la solicitud (Magistrado o Juez) será el acorde con el funcionario de instrucción que lleva la instrucción sumarial (Procurador, Fiscal o Personero).

<> Artículo publicado el 30 de septiembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Los “pinchazos” a la conciencia

La opinión de la periodista ….

Judy Meana  

Estamos en la era de la privacidad compartida. Está de moda tener facebook, para comunicarnos con amigos y seres queridos; Twitter, para saber qué están haciendo otras personas; LinkedIn, con los perfiles u hojas de vida de profesionales; o YouTube, para los que son o quieren ser famosos. Las redes sociales que el Internet facilita, nos permiten acceder a información sobre personajes públicos y políticos criollos.

Este tema despierta pasiones y en mí, mucha curiosidad; porque recientemente fui víctima de alguien que se hizo pasar por mí en Facebook. Me enteré porque mis amigas me comentaron que habían aceptado mi invitación. Tuve que abrir una cuenta para denunciar que habían suplantado mi identidad y al cabo de tres semanas, el perfil falso desapareció; pero el “ladrón o ladrona” de personalidad, dejó su huella en varias páginas que han sido creadas para hablar de política.

Esto es tan sólo un espinita del inmenso rosal; pues si pone en Google el nombre de algún famoso del patio, encontrará chismes e información con fines difamatorios. No importan los sentimientos y mucho menos la vida privada. No existe eso del honor y la reputación.

Para colmo de males, me vienen ahora con la historia de que supuestamente están pinchando los teléfonos. Me llama la atención que quienes lo denuncian, expresan lo que piensan y lo que no piensan, a través de los medios de comunicación. Conozco a uno que puso en su contestadora: -“Hola este celular está interceptado, cuidado con lo que dice”. – ¿Tener cuidado con lo que se dice? A mi me parece que estos rumores de supuestas escuchas telefónicas, han generado un pinchazo a la conciencia. No soy maleante y no tengo miedo de aceptar que dije lo que dije; mi teléfono no está pinchado.

<>Artículo publicado el 21 de septiembre de 2010 en el diario El Panamá America, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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¡El fin justifica los medios!

La opinión del Político, Escritor y Director Nacional PRD….

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Rafael Pitti

Es un secreto a voces que la “Democracia post invasión” mantuvo el procedimiento de pinchazos telefónicos a políticos de gobierno u oposición. Ejercicio realizado ilegalmente por estamentos de seguridad del estado.   Esta cruda realidad resultó ser una de las principales razones para que comprobado el hecho, en 1991 el presidente Endara expulsara de la alianza gobernante a Demócratas Cristianos.

Por supuesto es entendible que los organismos de Seguridad Nacional cuenten con herramientas y tecnología de punta que les permita realizar con eficiencia y tenacidad un trabajo que sea garante de la paz y estabilidad democrática, pues la misma es vulnerable y susceptible ante el poder y tentáculos del crimen organizado.   No obstante, este mecanismo no debe actuar al libre albedrío tal como se presume lo hace el Servicio de Protección Institucional (SPI) y otras instancias bajo estricto mando del jefe del Ejecutivo, porque es violatorio a la Ley y proclive al abuso en su desempeño, tal como se demuestra en conocidas y reiteradas quejas públicas.   Las actuales circunstancias no creo sean las más propicias para corregir, pero no deben ser obstáculo para una sistemática y permanente lucha que logre tal propósito.

Los comentarios de Juan Carlos Tapia en este tema, tienen peso incuestionable, pues la actividad ejercida por el solo hecho de hacer daño a los adversarios políticos o críticos del gobierno, invaden la privacidad personal y de las propias diligencias laborales y económicas de la persona.

Siendo así, es obvio que hay peligro hasta de la vida, pues el conocer el movimiento y desarrollo del afectado las 24 horas, lo puede convertir en potencial víctima. Esta afirmación es de mero sentido común, pues quienes autorizados por superiores trabajan al margen de la ley, terminan habituados o propensos a delinquir arropados del manto de impunidad.

Tapia incluso denunció que es uno de los perseguidos, favorablemente para él, recibe información de funcionarios que le adelantan de las acciones.   Lo que me llamó la atención fue cuando dijo que el Presidente pensó mal, sobre sus comentarios que el PRD y el Panameñismo en acuerdo político podrían sacarlo,   era para alertarlo y no para atacarlo, “que jugara vivo”.   Cuando el distinguido comentarista político y de boxeo advirtió esta posibilidad, creí que su recomendación y consejo era para que el jefe del Ejecutivo rectificara su conducta y forma de gobernar;   pero no me equivoqué, ya que su conclusión fue que la reflexión había servido para que el CD obtuviera diputados que suman más de un tercio en la Asamblea Nacional. Presumo que sin importar el método empleado para lograr dicho objetivo.

Paradójicamente ello me obliga a pensar que Don Juan Carlos Tapia es discípulo de Don Nicolás de Maquiavelo que promulga la táctica, “El fin justifica los medios”. ¿Entonces que aspiramos o esperamos? Estimados (as) lectores (as).

<>Artículo publicado el 4 de septiembre de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor,   todo el crédito  que les corresponde.

Derecho a la información

La opinión del Abogado y docente universitario en la materia….
CARLOS AUGUSTO HERRERA

El artículo 37 de la Constitución panameña nos motiva a compartir nuestro libre pensamiento y a través de las palabras o por los medios escritos en todas sus variedades, pero con apego a las responsabilidades legales que provoquen actos atentatorios contra la reputación u honra de cualquier persona y lo extiende a la seguridad social y hasta el orden público.

Todos conocemos que existe la calumnia e injuria en respuesta a lo presupuestado en el artículo 17 también de la Constitución, que habla de la institución de las autoridades para velar por la vida, honra y bienes de los panameño donde se encuentren o de los extranjeros que se encuentren en el suelo patrio.

Bueno, puede ocurrir que el sujeto sienta temor a dichas consecuencias y prefiera que un periodista facultado por la ley para no revelar la fuente, lo mantenga en el anonimato mientras y después de verificar la noticia y su publicación.

En otro orden de ideas, la libertad de la información es un tema que alcanza metas ahora con el Hábeas Data, que nos abre el camino a la información no restringida. Todos tenemos derecho a saber lo que ocurre en nuestro medio.

A propósito, si esto lo aplicáramos a la base de datos que genera información al deslumbrante aparato denominado Pele Police nos ahorraríamos mucho trabajo si se pública en una página. Una gran cantidad de personas arreglarían su problema con una información adecuada, los archivos de expedientes tendrían una información corregida y no desfasada o los errores procedimentales, por los que los funcionarios no responden, a pesar del daño que producen con la falta de actualización, de esos oficios para conducir o detener que se quedan a flote en el ambiente, pero que el aparatito revive y provoca la automática conducción como la medida restrictiva auxiliadora. Claro que algunos beneficios producen, al acelerar los procesos penales, ayunos de atención por los involucrados.

A veces nos tenemos que aguantar monólogos gritados de personas que discuten por teléfonos asuntos muy ajenos al tema que nos tiene reunidos. Las llamadas en los celulares se han convertido en una impertinencia con prelación sobre el resto de los presentes.   Hay otras comunicaciones latosas, como los correos indeseables o las llamadas automáticas para ofrecer planes por las líneas que los usuarios pagan puntualmente frente a los cortes automáticos.

Es tan desagradable contestar en los teléfonos fijos a una computadora que cobra con cierto aire cínico. Otras son esas promociones necias que incitan a conversar tonterías, con el objetivo de pagar más. De las tarjetas milagrosas que triplican y cuadriplican ni se diga, un asunto que nadie ataja, pero los que transgreden seguro que no irán al cielo.

Claro que vivimos en un mundo de genialidades, como lo que nos dicen las caricaturas con esos eternos rejuegos de doble sentido. El artista con su pincel escribe sin palabras con asuntos parecidos a las glosas que cotillean a diario con señalamientos preñados de sobrenombres, indirectas o simplemente las señas para que el leyente pueda identificar al señalado.

Claro que estamos muy lejos de cumplir con ese manto protector del artículo 17 de nuestra Constitución y la institución de las autoridades para garantizar la reputación hoy tan cuestionada por cualquier badulaque que se las arregla para participar en programas donde le permiten vilipendiar a la Humanidad.

Pero es que en este mundo chocamos con los intereses y las emociones de las instituciones, las empresas, los periodistas organizados y aquel independiente, la línea editorial, los grupos afines o los contrarios, más los consejeros.

Todo el mundo sabe qué medios de comunicación están dirigidos de acuerdo a la tendencia afín a los intereses particulares y de allí las noticias salen o no salen. Un buen periodista tratará de corroborar la fuente, de estudiar los entornos y profundizar en la información para publicarla como una noticia concreta.

Podemos apreciar los bandos que se proyectan a favor o en contra de una actividad social. El periodismo y los medios de comunicación social generan una gran opinión pública y no son pocas las veces que pesan en la decisiones oficiales. Tenemos conciencia de lo que se dice a diario con relación a las noticias estatales y las respuestas que genera. Lo malo es que gozamos del privilegio de una escasa posibilidad de lograr que se dé el equilibrio. Si nos vamos a las fuentes informativas que el periodista mantiene en reserva, que provocan el interés en estricta función a los resultados a favor del interesado. Todas las noticias que el periodismo investigativo lleva a cabo, imprescindiblemente llenan el interés particular de quien facilita la información, a menos que se trate de un idealista que prefiere mantener el anonimato, lo que es impropio de estos excepcionales seres humanos.

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Artículo publicado el 29 de agosto de 2010  en el diario  La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Decir misa

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministra de Estado….

MARIELA SAGEL

En esos duros términos se refirió el presidente Martinelli a las declaraciones de la procuradora separada Ana Matilde Gómez,  una vez conocida su condena.   Y es que nuestro primer mandatario no se caracteriza precisamente por tener un léxico lleno de adjetivos, sino todo lo contrario, ha dado cátedra de chabacanería y desprecio por el buen verbo.

La misma respuesta la dio recientemente el cantante colombiano Juanes, que ha celebrado varios conciertos por la Paz, ante las críticas que le hizo el músico argentino Fito Páez de que sus conciertos son un negocio, señalando que él (Juanes) sabe lo que hace y que los demás “ya pueden decir misa”.   ¿Será que nuestro mandatario sabe muy bien lo que hace no sólo él sino lo que hacen sus cercanos colaboradores?

Pero del juicio, sus vicios y también de sus consecuencias inmediatas y futuras, mucho se ha dicho y se dirá. Concentrémonos ahora en lo que pueda ocurrirnos directamente a cada uno y que seguramente la mayoría de los usuarios no saben que está pendiente desde la apertura de las telecomunicaciones.   Me refiero a la “portabilidad numérica” y que es la simple transferencia del mismo número de teléfono que uno tiene con un proveedor y se cambia a otro proveedor por mejores ofertas, precios o cualquiera otra razón.

Han sido ya varios los intentos por llegar a tener esa portabilidad numérica, establecida mediante la ley de telecomunicaciones y que debió empezar a regir desde el mismo día que se abrió el mercado, el uno de enero de 2003. Esa rebuscada expresión que pocos entienden y todos los que tenemos derecho a ella ignoramos, ya tiene una mora de siete años.

El caso no es nuevo, en otros países del área, como Argentina, las autoridades obligaron a los operadores a brindar este servicio de forma gratuita, no solamente en la telefonía móvil, sino hasta en la fija. Lo consideran, tal como debe ser, un derecho, toda vez que al cambiar de número de teléfono se pierden clientes, en caso que sea un teléfono comercial.

Se acaba de celebrar la licitación para proveer el servicio y estamos a la espera del resultado.  Hubo una licitación anterior y tuvo que ser declarada desierta al detectarse irregularidades. Mientras tanto, seguimos en mora con el servicio. ¿Se dirá otra vez que podemos decir misa y se escogerá a los que ya se tienen designados?

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Artículo publicado el  23 de agosto de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde

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Sobre la seguridad de datos y las comunicaciones

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

Guy De Puy Morales 

A pesar de existir la ley 6 de 2002 que establece la acción de habeas data y la transparencia de la gestión publica, que es básicamente nuestra normativa única en materia de manejo de la información,   su reglamentación fue derogada a inicios de la administración anterior, lo cual nos deja actualmente en un vacío legal frente a los diferentes escenarios en la comunicación diaria.

Como ciudadanos nos corresponde manejar, nuestros asuntos personales y profesionales, mediante el uso de aparatos de comunicación, pero que sucede cuando llegan a los mismos   mensajes no deseados, sea estos de promociones, mensajes de textos desconocidos, o de los famosos mensajes, de que la persona se ha hecho acreedor a un “ premio “, nuestra interrogante radica en ¿dónde se encuentra la autoridad encargada de protegernos frente a este tipo de situaciones irregulares e ilícitas?

En un país cuya cantidad de dispositivos de comunicación, supera los 3 millones de unidades, se hace necesaria una regulación especial para estos comunicadores e incluso para los de telefonía fija, ya que igualmente sucede este tipo de llamadas no deseadas, sean estos para “concursos”, ofrecer “promociones” e incluso las llamadas de telemercadeo, que sustentan “encuestas” que a la larga muchos de nosotros no estamos habituados, a responder asuntos de índole personal a un desconocido que puede ser o no ser legítimo.

Hemos visto como países como México han empezado a tomar cartas en el asunto, en el que cada persona que adquiere celular con su correspondiente número debe registrarse y de la misma forma son responsables del uso de ese número, en caso de estar el dispositivo involucrado en actos ilícitos. De la misma forma de que si el dispositivo es sustraído de su dueño, su deber es reportarlo a la autoridad, para que conozca del hecho.

Igualmente, nos preocupa la proliferación de empresas que se dedican a la venta de datos, que proliferan mayormente en Internet, donde se ofrece información personal de ciudadanos trabajadores y profesionales que se ofrecen al mejor postor, lo cual constituye un peligro para la seguridad de los datos en suelo patrio.

Todos en nuestro país tenemos derecho una comunicación segura e ininterrumpida, pero que los datos del ciudadano, se encuentren a salvo, a manos de las Instituciones que son llamadas a proteger los mismos, para evitar que usando las fachadas, seamos presa fácil de los individuos que se dedican a actividades delictivas en Panamá.

“La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre”, François de la Rochefoucauld.

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Este artículo se publicó el  15  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.