Cerco financiero

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La opinión del Periodista…

Aquilino Ortega Luna

“El dinero es la tarjeta de crédito de los pobres”, decía el pensador y escritor Herbert Marshall McLuhan y tiene razón… Ahora que el gobierno a través del Ministerio de Comercio e Industria pretende, en forma inconsulta, modificar las reglas de las financieras en el país, ya que estas suplen las necesidades de esa población que no tiene acceso a las tarjetas de créditos en la banca tradicional. 

Fundamento teórico de los microcréditos se han basado en que el otorgamiento de crédito a personas necesitadas para fines empresariales ayuda a mejorar el crecimiento económico de un país. Diversas teorías financieras han relacionado el impacto de la movilización del ahorro y el crédito de los intermediarios financieros con la tasa de crecimiento económico, al parecer el gobierno no se percata o no le interesa este factor importante en la economía.

En las últimas décadas hemos sido testigo de la revolución en las microfinanzas, como un posible camino para aliviar los estragos que ocasionaron los ajustes macroeconómicos y cambios estructurales necesarios para el cambio del paradigma económico, como es la pobreza que azota a vastos sectores del país.

Y prueba de ello es que en Panamá operan bajo leyes y reglas definidas, contribuyendo al fisco y generando plazas de trabajo, unas 156 financieras.

Los argumentos de las autoridades para entrar a modificar las reglas del juego que han trabajado perfectamente durante años, son que se unificará en un solo porcentaje el cobro de los gastos necesarios para otorgar un préstamo.

En el caso de las cancelaciones anticipadas, el cliente deberá pagar basado en el monto adeudado y no por la cantidad financiada. Para el pago de la deuda, a las financieras se les establecerá un precio tope que podría ser del 3% y 1.5% para jubilados.

Las financieras deberán entregar a sus clientes los estados de cuenta detallados, en tiempo establecido y con los montos a valor presente.

Todo esto puede ser, pero en común acuerdo con las partes interesadas.

Las empresas financieras desde hace 40 años, tuvieron la iniciativa de abrir el crédito a cientos de miles de panameños de todas las clases sociales, para que pudieran obtener bienes que satisfagan sus necesidades.

Hoy el MICI, en forma inconsulta, pretende transformar las reglas, afectando a personas de limitados recursos económicos, de la tercera edad, adultos mayores pensionados o jubilados.

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<>Artículo publicado el 27 de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/ortega-luna-aquilino/

¿Incapacidad para solucionar?

La opinión del Periodista- Analista Internacional…

Jairo H. Pertuz

Como Director de una revista internacional, emití durante 9 años, apreciaciones y recomendaciones sobre hechos y necesidades que lograba identificar. Hoy, a través del prestigioso Panamá América, trato de continuar con esta misión que me es obligante para con nuestra sociedad.

Son tantos los temas que nos afectan como nación que los “pequeños” problemas roban los escasos espacios para abordarlos.   Empezaré por exponer mi preocupación por la forma tan superficial como se viene tratando el tema de los usuarios de los servicios bancarios. Algunos bancos, más que otros, abusan con los cargos que hacen a sus clientes e, igualmente, con el trato y manejo que reciben esos clientes, sobre todo de Tarjetas de Crédito.

Establecer una oficina para atender a los usuarios de servicios bancarios, es un paso positivo, pero sin los recursos económicos, humanos y legales adecuados, no podrán lograrse resultados positivos en defensa de estas sufridas e impotentes personas.

La Superintendencia Bancaria es, y ha sido, otra Asociación Bancaria, pagada por el pueblo y politizada.   Ineficiente, que hasta permitió la quiebra de 2 bancos y permite refugio a bancos abusadores, con “atención fantasma” (de Call Centers) establecidos en otros países, que son un verdadero caos para los clientes panameños.

Otro tema que desagrada a la población es la forma como la ministra Lucinda Molinar trata las obligaciones del despacho a su cargo. La forma displicente y hasta inhumana para con los educadores, especialmente con quienes ejercen este apostolado en zonas de difícil acceso es inaceptable. ¿Qué haría la señora Ministra Lucinda si le atrasaran el pago de su jugoso salario -que es 10 veces más alto que el de un maestro- por un año?

Tal vez su falta de experiencia y formación en una rama tan especializada, medular y compleja, sean parte de la causa de tantos desaciertos. En opinión de expertos, la ministra estaría bien en el cargo del señor Prieto o el que dejó Judy Meana.

Muchos sostienen que la ACP es un feudo que festina dineros del pueblo. 50 millones se pagarán si las “nuevas esclusas son entregadas 6 meses antes de lo previsto” crea suspicacias. ¿Lo previsto, no fue bien previsto? ¿Y la calidad del trabajo? Esos millones bien servirían para los ridículos 50 dólares para los jubilados. Ellos Sí tienen apuro y lo merecen.

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Este artículo se publicó el 27 de agosto de 2010 en el diario Panamá América a quienes damos igual que al autor todo el crédito  que les corresponde.

Derechos al usar tarjetas de crédito

La opinión del Abogado…..

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Jorge Costarangos

El presente artículo tiene como objetivo darle a conocer al público un resumen de sus derechos como usuarios de tarjetas de crédito, según fue establecido en la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009 que reglamentó esta materia.

En primer lugar, el contrato debe ser redactado en español, salvo que el usuario haya autorizado otro idioma. Las cláusulas que implican responsabilidad para el usuario deben estar resaltadas o subrayadas.

El contrato debe contener el límite de crédito aprobado y los cargos por excederse, cómo se calculan los montos mínimos, plazo para pagar incluyendo fecha de corte y de cierre, detalle de intereses, cargos y sobrecargos, tasa efectiva de interés. También cuáles son los importes sobre seguros de vida y otros seguros (deben ser autorizados expresamente con la firma del usuario), así como los cargos por pérdida de tarjetas, cargos por retiro de dinero y recargos por mora así como sus consecuencias, las causales de suspensión, anulación y resolución.

La tasa de interés debe ser indicada claramente y no podrá modificarse sin un aviso previo de 30 días calendarios que deberá aparecer en el estado de cuenta del ciclo anterior a la entrada en vigencia de la nueva tasa. La primera modificación que aumente la tasa no podrá tener lugar antes del primer año de vigencia del contrato.

Está prohibido a los establecimientos comerciales hacer distinción entre ventas pagadas con tarjeta y las pagadas en dinero en efectivo ni podrán adicionar suma alguna al consumidor por pagar con tarjeta. De la misma forma, el comercio afiliado no podrá exigirle al usuario un mínimo de compra o transacción para permitirle usar la tarjeta de crédito u otra tarjeta de financiamiento. De hacerlo, el establecimiento comercial será sancionado.

Los estados de cuenta deben indicar la tasa efectiva de interés. Si se trata de emisores que son establecimientos comerciales, el estado de cuenta puede ser objetado dentro de los siete días hábiles siguientes a su recepción, y si se trata de emisores bancarios dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

Con el fin de evitar discusiones sobre cuándo fue la fecha efectiva de recepción, recomendamos a los usuarios mantenerse informados de sus saldos mediante los medios telefónicos o electrónicos requeridos a los emisores de tarjetas por ley, ya que el emisor de tarjetas tiene la obligación de mantener un canal de comunicación telefónica o electrónica con el usuario 24 horas al día que le permita al usuario verificar sus datos de saldo, los montos y fechas de pagos mínimos.

Dentro de la relación contractual entre emisores (bancos y establecimientos comerciales) y los usuarios, estos últimos tienen también derechos establecidos en la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor (Acodeco), ya sea que se trate de tarjetas emitidas por bancos o que sean tarjetas emitidas por entidades comerciales.

Para los casos de tarjetas emitidas por bancos, a la relación entre el banco y el cliente también se le aplica la Ley Bancaria, Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, y normas que lo desarrollan, en lo que sea más favorable al consumidor.

El establecimiento que incumpla cualquiera de sus obligaciones en perjuicio del consumidor será sancionado por la autoridad competente. En caso de emisores bancarios esta es la Superintendencia de Bancos. En caso de emisores no bancarios esta es la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Si el cliente tiene un reclamo contra una entidad bancaria, este debe interponerse, en primer lugar, ante el banco respectivo. El banco a su vez tendrá 30 días para contestar. Si el usuario no está de acuerdo con la contestación del banco, deberá entonces interponer el reclamo ante la Superintendencia Bancaria, la cual tiene la autoridad para resolver el reclamo. La Ley Bancaria le otorgó esta facultad, dentro de los parámetros establecidos en dicha Ley, hasta un monto de 20 mil balboas, para garantizar la equidad en la relación contractual entre bancos y clientes, con el fin de garantizar el equilibrio entre las partes.

El banco tiene la obligación de presentarse ante la Superintendencia Bancaria con el fin de que sea resuelto este reclamo del cliente. No habrá intervención simultánea o posterior de otra autoridad en estos procesos.

La decisión de la Superintendencia Bancaria da fin a la controversia y es obligatoria para ambas partes.

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Este artículo se publicó el  13  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.