El yugo neocolonial

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La opinión del Comunicador Social…

Edwin Rodríguez

Bayano, importante en la emancipación de su raza durante la época de la colonia española en el Istmo.   El río de la región de Chepo y escenario de sus cruentas luchas y la hidroeléctrica respectivamente, fueron bautizadas con su nombre y posteriormente, entregadas, entre otros bienes estatales, a empresas multinacionales en bandeja de oro.

Esta colosal obra, fue inaugurada en 1976 en los tiempos que se promovía en el mundo, como una panacea del momento, la construcción de grandes represas en el tercer mundo y un modelo de salir del atraso económico en que nos encontrábamos.

Luego de 40 años, la historia de Bayano y la de las hidroeléctricas que se han impuesto a lo largo del país, sigue siendo triste.   Hoy seguimos pagando la deuda acumulada de los préstamos que se obtuvieron para el financiamiento, pero con una diferencia, los embalses y lo que generan son privados.   Pagamos la electricidad más cara de la región, a pesar de los excedentes en la producción.

Increíblemente la electricidad producida aunque sea de origen hídrica, se combina con la generada por combustible y supeditan el precio a los altibajos del costo del petróleo. O sea, cada mes las compañías eléctricas incrementan el precio de la electricidad a su antojo, mientras que los usuarios, históricamente, hemos carecido de tarifas claras de cobros.

El Estado, debe obligar a estas empresas a cumplir estándares estrictos de seguridad y reducir la energía un 40% menos de lo que se paga actualmente; eliminar el cargo por demanda; impulsar la creación de un impuesto por el uso del agua por parte de estas compañías; estimular la búsqueda de otras fuentes de energía; deben clasificar entre la energía hidroeléctrica y la energía generada con combustibles; revisar los contratos periódicamente; examinar los subsidios y sus márgenes de ganancias; que por cierto, son excesivos.

Gran parte del disgusto y el sobreprecio de todos los bienes y productos de primera necesidad se la debemos, de manera directa, a las privatizaciones que han estado impulsando los últimos gobiernos en Panamá. Las rentables y exitosas empresas de energía eléctrica (IRHE) y de comunicaciones (INTEL) fueron entregadas al capital transnacional para enriquecer a estas compañías. Las promesas de mejorar la calidad y bajar los costos de los servicios resultaron exactamente contrapuestas.

Las empresas transnacionales como en los tiempos de la conquista, sustraen las riquezas del país y saquean la población. El alto costo de la energía eléctrica constituye un freno al desarrollo y un pesado yugo sobre la población.

La historia nuestra nos habla de que durante la explotación colonial y neocolonial no sólo nos robaron el oro y esclavizaron la cultura; sino que ahora también, nos subyugan con nuestra propia agua.

Cuando los recursos hídricos son encarcelados los ríos agonizan y también mueren sus pueblos. Bayano, entre otras hidroeléctricas, es el vivo ejemplo de ello.

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<>Artículo publicado el  31 de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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El cascabel del gato eléctrico

La opinión de…

Vitelio de Gracia Perigault

Escuchamos, con mucha preocupación, una advertencia que hizo en días pasados el ingeniero Juan Urriola, secretario de Energía, señalando la intención de las generadoras de energía eléctrica de aumentar el costo de venta del kilovatio hora.

Vemos en Urriola a un panameño angustiado por las repercusiones de tal acción en el acontecer nacional, su denuncia es oportuna, responsable y todos debemos apoyarla. Pensamos que otros acontecimientos del mundo jurídico político nacional, y la celebración de pascuas, desviaron la atención de la comunidad de este importante y vital tema.

No podemos permitir que el gato camine sin cascabel. Es nuestra responsabilidad que así sea, porque el cascabel es cada uno de nosotros los usuarios, de frontera a frontera del país.

Las empresas generadoras de energía eléctrica son concesionarias de una responsabilidad que va más allá de la mera producción de energía. Algunas son usuarias de un recurso hídrico que le pertenece al país, y los dueños de este país somos nosotros; sin embargo, dichas empresas utilizan ese recurso sin costo alguno, mientras nosotros pagamos el petróleo al precio de exóticos diamantes.

En otras palabras, es hora de que el Gobierno tome medidas para cobrar el agua que utilizan las hidroeléctricas, quizás brindándole el beneficio de exonerarlas de dicho pago por los 8 ó 10 primeros años de operación, pero al cabo de los mismos deben pagar sin aumentar el costo del kilovatio hora a los usuarios. Con esta fórmula las hidroeléctricas que, al día de hoy, excedan los años señalados deben pagar por el galón de agua que utilicen.

El Gobierno debe velar por la promulgación de leyes con beneficios fiscales y de otra índole, que promuevan la implementación urgente de proyectos de generación de energía eólica. Esta nueva tecnología requiere de apoyo gubernamental, con el fin de poder competir, porque los grandes intereses de la plantas de generación térmica, que utilizan petróleo para generar energía eléctrica, manipulan el mercado con el fin de mantener la hegemonía de venta de energía eléctrica. Es interesante averiguar cuántos vendedores de petróleo tienen intereses económicos (acciones) en estas empresas térmicas… Esa tarea se la dejamos a la Acodeco.

Volviendo al tema de energía eólica, esta es 99.9% libre de contaminación y, por lo tanto, se hace acreedora de los beneficios de bonos carbono. Su impacto en las comunidades de las regiones en donde se pudiese implementar es mínimo y su tiempo de construcción es mucho más rápido. Es oportuna, eficiente, con costos de producción predecibles y constituiría el fiel de la balanza para los otros productores.

Con los excedentes de agua recibidos en los últimos días, es irónico, rayando en burla, la intención de las empresas hidroeléctricas de aumentar el precio del kilovatio hora para el año 2011, en algunos casos hasta 150% arriba del costo de referencia del año 2010.

Reitero que está en nosotros convertirnos en el cascabel del gato y no permitir los aumentos… Si por razón de la tragedia que vivimos por las inundaciones, sobrevivimos a los problemas con el suministro de agua, creo que podemos muy bien sobrevivir si aplicamos un boicot a las generadoras de electricidad. Es decir, podemos, muy bien, organizarnos para un apagón nacional y para una suspensión de los pagos. Así enviaríamos un mensaje claro: No al aumento de la energía.

Guardar silencio es pagar más no solo por la canasta básica, sino que por todo aquello que utiliza energía eléctrica para su operación: las bombas de agua del Idaan, las bombas de las estaciones de gasolina… la lista es casi infinita.

Está claro que no tenemos control sobre los aumentos en el precio del petróleo, pero sobre el uso de nuestras aguas sí tenemos control.

Así lo percibo, así lo escribo.

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<> Este artículo se publicó el 29 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Hasta cuándo aumentos en el servicio eléctrico

Hasta cuándo aumentos en el servicio eléctrico


La opinión del Secretario General del SUNTRACS….

GENARO LÓPEZ

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La población vive cada vez más desesperada ante los aumentos del costo de la vida, el desempleo, la falta de servicios básicos adecuados. En esta realidad concreta que vive a diario el pueblo panameño, comienzan a agotarse los “shows” mediáticos que han prevalecido en estos primeros meses de la gestión gubernamental de Ricardo Martinelli.

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Un ejemplo de ello, lo acontecido con el pago en el servicio de electrificación. Primero se hizo creer al pueblo que la tarifa por el servicio de luz eléctrica disminuiría, sin embargo la propuesta presentada por el gobierno estaba dirigida a los usuarios cuyo consumo era superior a los 500 kilovatios al mes (véase sector empresarial).   Las consecuencias, en el último mes toda la población vio incrementada la tarifa por el servicio de electrificación.

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La Resolución de Gabinete 101, emitida el fin de semana pasado, hasta ahora lo único que hace es reconocer lo que el pueblo viene gritando desde que se privatizó el IRHE, la privatización permite a las transnacionales atracar al pueblo y Estado panameño.

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Desde que se privatizó, las denuncias han sido crecientes y constantes por los abusos cometidos por Elektra Noreste, Edemet y Edechi contra los usuarios, registrándose en lo que va del año más de 467 denuncias, ya sea por alto consumo, fraude, daños en aparatos eléctricos, inadecuado servicio de atención. En estas reclamaciones impera la impunidad, en la medida en que las empresas se constituyen en juez y parte; en la segunda instancia, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en la mayoría de los casos se refrenda la primera decisión, con lo cual la población se encuentra en la más completa indefensión.

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Lo cierto es que frente a la Resolución 101, el lunes los funcionarios gubernamentales no sabían cuándo ni cómo se llevaría adelante; a mediados de semana pedían como tiempo “ septiembre ”; no obstante, nadie da respuesta al aumento ilegal que sufrimos la población, nadie controla que de darse la disminución, ésta sea sobre la base del precio anterior al ilegal aumento.

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En propias declaraciones de las autoridades gubernamentales se ha indicado que “ en la facturación del servicio eléctrico del mes de septiembre los usuarios, que consumen hasta 500 kwh, tendrán un descuento promedio entre 25% y 16% en el servicio prestado por Elektra Noreste y Edemet-Edechi, respectivamente. La rebaja en la facturación de septiembre es en comparación con la de agosto ”, la cual incluye el ilegal aumento; es decir, nos quedamos con servicios más caros.

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El pesimismo de “ meter en cintura a las empresas ” es tan alto, que incluso las propias autoridades han declarado que “ mientras se logra que las empresas del sector energético cumplan con lo dispuesto por el Consejo de Gabinete, el Gobierno evaluará otras alternativas para estabilizar la tarifa energética en el mediano plazo ”.

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Lo que sucede realmente es que el gobierno no ha querido asumir su responsabilidad, enfrentar el proceso de privatización de los servicios básicos (energía eléctrica y telefonía), que permite exorbitantes ganancias para las empresas, las cuales han llegado a superar márgenes de ganancias de trecientos por ciento sobre la inversión.

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La privatización del IRHE se ha constituido en una pesada carga para el pueblo panameño, en la medida en que pagamos sumas exorbitantes por el servicio de energía eléctrica para garantizar las ganancias extraordinarias de las empresas multinacionales, a las cuales adicionalmente entregamos millones de dólares en supuestos “ subsidios ”, que al fin y al cabo pagamos los asalariados a través de nuestros impuestos.

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En este sentido, también cargamos con la especulación que desarrollan las empresas locales, a las que se les otorgan concesiones para la construcción de hidroeléctricas y con la estructura oligopólica de las grandes transnacionales petroleras y sus socios locales que manipulan la cadena distributiva e imponen precios. Se amerita, por ende, una política energética nacional que controle y nos libere de la voracidad empresarial.

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Los procesos de privatización han provocado que los panameños paguemos más por los servicios de electrificación y telecomunicación, mientras las corporaciones transnacionales sacan de nuestro país grandes sumas de dinero.

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Panamá, se ha constituido en uno de los países de América Latina con mayores tarifas por estos servicios. Es más, hemos tenido que pagar por servicios no recibidos.

Lo que procede es la elaboración de un Plan de Re-Nacionalización de nuestras Empresas Públicas Básicas: electricidad y telefonía, a fin de garantizar un servicio accesible y menos costoso a la población panameña.

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Publicado el 30 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Alza de la luz: el Gobierno no se deja

Alza de la luz: el Gobierno no se deja

La opinión del Abogado…

Franklin Delgado

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El gobierno del cambio, se ha ratificado categóricamente en cumplir sus promesas de campaña electoral. Así, la rebaja en el costo de la electricidad no ha sido una excepción. Hace unas semanas, sorprendiendo a propios y extraños, se anunció una rebaja para el mes de agosto del año en curso. Luego, llegó el recibo y miles de usuarios han percibido un aumento desmesurado. ¿Qué pasó con la citada rebaja? Por supuesto, no faltaron las explicaciones técnicas y científicas por parte de generadores y algunas distribuidoras del sistema, desde las más rebuscadas como: aplicación de ecuaciones diferenciales aplicadas a la demanda y el consumo entre la potencia, el costo del combustible, la inflación dividido entre la crisis mundial. Hasta las más absurdas como: los usuarios se emocionaron por el anuncio de la rebaja y utilizaron más energía en julio.

Confieso que muchos, incluyéndome, nos sentimos nuevamente defraudados, al percibir que el Gobierno se veía maniatado, por no decir burlado. Empero, salió al frente un alto funcionario del Ejecutivo, declarando que: el Gobierno no actuará abruptamente, pero no se quedarán de brazos cruzados y encontrarán la solución, a fin de reducir el costo de la energía eléctrica y por ende la abaratar la canasta básica de los panameños.

Los gobiernos anteriores no han llegado a ninguna solución aceptable en el tema energético. Y es que en la práctica, los temas álgidos, pareciera que conllevan paradigmas infranqueables, creados para que los gobernantes se vean limitados a actuar en pro del interés público. Entonces, lo más usual ha sido simplemente no tocarlos y punto. Sin embargo, la gran parte de los funcionarios del nuevo Gobierno, incluyendo al Presidente Martinelli, provienen del sector privado, en donde a los problemas se les busca las soluciones y no se aplazan o se ignoran.

Dicho esto, es comprensible que hayan traído al tapete una solución para el alto costo de la energía eléctrica, a través del ministro de Comercio: si los actores del sistema continúan en su posición, el ejecutivo avanzará hacia la interconexión con Colombia para comprar energía mucho más barata.

Ahora bien, está claro que es necesario un análisis de la factibilidad técnica y jurídica de esta solución. Pero lo destacable de las declaraciones resultó en que, de frente y sin cortapisas, el mensaje gubernamental para los actores del sistema de generación y distribución eléctrica fue claro; no se van a dejar y que el tema del alto costo de luz deberá ser solucionado. Parece que el slogan “Ahora le toca al Pueblo”, refleja de qué bando está la nueva administración pública. Esperemos que las intenciones continúen y se mantengan hasta llegar a la meta anhelada.

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Publicado el 27 de agosto de 2009 en el diario El Panamá America Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

¡Se acabó el relajo!

¡Se acabó el relajo!


La opinión del Ingeniero y analista político…

JOSÉ I. BLANDÓN C.

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Esta ha sido una semana histórica, en la lucha del pueblo panameño por acabar con el abuso constante de las empresas eléctricas. Después de la burla que le hicieron estas empresas al presidente Ricardo Martinelli, la reacción del Órgano Ejecutivo fue enérgica, contundente y puntual. Hoy, el pulpo eléctrico ha perdido varios de sus tentáculos que diariamente oprimen al consumidor.


El domingo 23 de agosto, en una sesión extraordinaria para tratar el grave problema del alto costo de las tarifas eléctricas, el Consejo de Gabinete aprobó la resolución 101,  por la cual se instruyó a las entidades, autoridades y organismos con atribuciones y funciones relacionadas con la prestación del servicio de electricidad,  para que adoptaran medidas dirigidas a verificar el estricto cumplimiento de los criterios sociales y económicos, que obligatoriamente deben cumplir los prestadores del servicio público de electricidad.

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El martes 25 de agosto, en una sesión ordinaria del Consejo de Gabinete, se aprobó un proyecto ley que regula la compra y venta de energía y establece sanciones ejemplares para los prestadores de servicios que violen las normas establecidas.

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El anteproyecto de ley establece que será la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), propiedad del Estado panameño, la que tendrá la función de comprar toda la energía y potencia que requieran las empresas de distribución.  Es decir, volveremos al sistema que existió al inicio de proceso de privatización que garantizó la contratación, a precios estables, de la energía eléctrica que consumen los usuarios del sistema.  Un hecho notable de este proyecto es que establece multas apropiadas para quienes violen las reglamentaciones establecidas.

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Un análisis minucioso de las medidas adoptadas por la Administración Martinelli revela que las mismas, producirán un ajuste estructural al mercado eléctrico a mediano plazo y en el corto plazo garantizan una reducción de las tarifas eléctricas. Es la primera vez que un presidente decide tomar acciones enérgicas, para acabar con las graves distorsiones en el mercado eléctrico.

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A corto plazo el Gobierno impondrá, a través de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), un incremento a la tasa del agua que utilizan las generadoras hidráulicas.  Ahora tendrán que pagar dos centavos por cada kw/h que generen y estos ingresos servirán para reducir el costo de la tarifa a los usuarios que consuman menos de 500 kw/h por mes.

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Los clientes de alto consumo residencial no tendrán cargo por demanda, lo que significa una reducción que beneficiará al 2% de los usuarios que más consumen y que ahora tendrán ahorros entre 150 y 250 dólares mensuales.

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El Consejo de Gabinete solicitó a la Autoridad de los Servicios Públicos una auditoría integral de las empresas de distribución, a fin de verificar el origen de las anomalías que se dan en los ciclos de lectura, en la falta de lectura, en la facturación y en la calidad técnica de los servicios que prestan estas empresas.

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El mercado de generación, responsable del 75% del costo de la energía eléctrica, será objeto de una reestructuración y de la aplicación obligatoria de las normas vigentes. El relajo de acudir, con fines especulativos, al mercado ocasional se acabó. Las empresas distribuidoras tendrán que comprar en contratos de largo plazo, el 100% de la potencia y energía que necesiten para suplir al mercado. El mercado ocasional se utilizará exclusivamente entre las empresas generadoras para respaldarse mutuamente en casos de urgencias.

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El Gobierno también intenta, a través de la Empresa de Generación Eléctrica S.A. (EGESA), construir plantas generadoras en todo el país, impulsando primordialmente los proyectos hidroeléctricos.

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Con el nuevo proyecto de ley que le da la responsabilidad a ETESA para comprar y vender toda la energía, del sistema, también se obliga a las concesionarias de generación a participar en las licitaciones que se realicen.  Es en el mercado de generación, que no tiene regulaciones adecuadas, en donde se ha originado todo este incremento en los costos de energía. Un estudio de los sobrecostos, que han tenido que pagar los usuarios de los servicios eléctricos, revela que las plantas de generación hidráulica han sobrefacturado cerca de 700 millones utilizando la especulación en el mercado ocasional.

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Para todos los panameños esta semana ha sido muy emocionante, porque por primera vez se toman medidas integrales para ordenar el mercado eléctrico.  Los efectos de estas decisiones estratégicas se reflejarán en una reducción en el costo de la energía eléctrica, una mejor calidad del servicio al cliente y pondrá al país en mejor capacidad para competir en los mercados internacionales.

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Es indudable que el resultado de estas jornadas es el producto de las luchas de muchos panameños y panameñas; de los medios de comunicación, que han sido receptivos a informar los abusos que se cometen en el sector eléctrico; y, sin duda alguna, a la nueva fuerza del cambio que lideriza el presidente Ricardo Martinelli.

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Publicado el 28 de agosto de 2009 en el diario Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

‘Magush’ y ‘orixás’: ¿cuándo le toca al pueblo?

‘Magush’ y ‘orixás’: ¿cuándo le toca al pueblo?
La opinión del periodista…

JAMES APARICIO

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Hace poco el gobierno anunció con bombos y platillos que la energía eléctrica bajaría hasta en un 10% y desplegó por zonas estratégicas de la capital, enormes vallas donde se lee , “ahora le toca al pueblo”.

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La disminución en la tarifa, se convirtió en un tarifazo y si le tocó al pueblo, fue en su bolsillo y orgullo, porque el anuncio y la promesa, lo califican como una mentira y un engaño.

La promesa de llevar los precios hacia abajo fue percibida por la mayoría de los panameños que apostaron a la propuesta de Martinelli, como un acto de magia que se produciría de forma inmediata.  No existen los “magush” en la economía.

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El volátil precio del barril del petróleo, el aumento en los precios del combustible refinado y la creciente demanda en la Región, acompañada por los tifones, huracanes y tormentas en la región donde está la principal actividad petrolífera de la Región, nos colocan en una posición de debilidad para controlar los precios de los factos, que inciden en los incrementos que acosan la vida diaria de los panameños.

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Nadie duda de las intenciones del presidente Martinelli de controlar y lograr una disminución de los precios, pero hacen falta medidas audaces y menos estrategia mediática.

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Prometer una rebaja que no se produce es para los ciudadanos una mentira e inclusive para muchos una promesa incumplida.
Sin embargo, en los próximos meses y de forma sostenida en los próximos cinco años, hay oportunidades para reivindicarse con una población que no aguanta tanto golpe en su precaria economía familiar.

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Cuando hace 14 años se vendió el proyecto de modelo privado para los servicios públicos, se aseguró que la privatización del entonces estatal Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) permitiría tener eficiencia y una electricidad barata.

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El modelo actual no produjo competencia y las empresas que controlan el sector funcionan con una pobre y débil regulación y organismo como la Autoridad de los Servicio Públicos (ASEP) y la Autoridad de la Defensa del Consumidor y la Competencia (Acodeco) que no juegan, desde los intereses ciudadanos, un papel protagónico para que los consumidores no sean avasallados cada vez que reciben sus cuentas de consumo.

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Si las autoridades sabían que el combustible está aumentando y también automáticamente la llamada “cláusula del combustible” , ¿por qué no advirtieron a los consumidores que la rebaja del 10% no tendría ningún impacto en la facturación mensual?

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No hay que ser un “orixá” de la economía para saber, si se manejan las cifras y se está involucrado en el sector eléctrico, que los precios iban hacia arriba.

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Recientemente el gobierno argentino tuvo que anunciar un nuevo subsidio, para evitar que los aumentos anunciados por las empresas privatizadas, afectarán aún más a los consumidores.

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Los panameños no necesitamos trucos ni conejos sacados del sombrero. Aspiramos a tener políticas públicas claras, precisas, duraderas que terminen con las fallas que hay en la regulación, acaben con las distorsiones del mercado y pongan al servicio de la población todo el poder que tiene el Estado a través del gobierno.  Aumentaron las tarifas eléctricas, pero enviaron el incremento a otros rubros de la facturación y no pasa nada.

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Hay una frustración en la población, comprensible, que no justifica esta reacción con falta de ánimo de los funcionarios del gobierno, responsables de defender los intereses de todos los sectores económicos y sociales.

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Lo mismo ocurre con los combustibles, gasolinales y el diesel: en un mes los incrementos han sido de un 10% a un 25%, dependiendo de la provincia y la gasolinera donde compre, en los costos de los alimentos y de un gran número de bienes y servicios, donde no hay controles, regulaciones o acciones a favor de los consumidores.

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El gobierno le ganó el pulso a los transportistas organizados en la Cámara Nacional del Transporte (Canatra), doblegó temporalmente a la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fenasep) y tarde o temprano impondrá su ley de pinchazos telefónicos e invasión de la privacidad.

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Sin embargo, mientras no haya una decisión política desde arriba, para imponer la soberanía estatal a beneficio del pueblo, combatir la especulación, acabar con los monopolios y lograr que los reguladores hagan su trabajo como debe ser, no habrá beneficios concretos para el pueblo ni un bienestar social permanente y sostenido.

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Publicado el 24 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

El pulpo eléctrico

El pulpo eléctrico

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La opinión del Ingeniero y analista político…

JOSÉ I. BLANDÓN C.

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Cuando se dio el proceso de privatización de los servicios públicos se utilizaron argumentos que nos prometían precios más bajos, mejor calidad y una masiva inversión privada dirigida a lograr que nuestro país fuera más competitivo.

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¿Qué ha pasado con todas estas promesas? En realidad y para usar un solo ejemplo, en el campo de los servicios públicos de energía eléctrica lo que tenemos es una energía más cara que en la época del IRHE, a precios constantes de 1996, una calidad pésima del servicio y las inversiones en distribución eléctrica están muy distantes de ser las óptimas. En generación se ha tenido una inversión alta, pero es que la tasa de rentabilidad es sumamente atractiva.

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El Gobierno del presidente Ricardo Martinelli anunció el 15 de julio una rebaja en las tarifas eléctricas del 10% para los clientes que consumían más de 500 kw/h y lo que ocurrió fue que todos los clientes recibieron un incremento en sus facturas del mes de julio que están recibiendo en agosto de más del 20%, que en muchos casos el incremento sobrepasa el 30%. ¿Se están burlando las empresas eléctricas del Gobierno?, ¿qué se puede hacer frente a esta terrible situación?

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Lo primero que debemos saber es que pasamos de un monopolio estatal que operaba con economía de escala, a monopolios privados de capital extranjero que operan como un oligopolio. Las leyes del mercado no se cumplen y la autoridad reguladora no ha tenido la capacidad ni la voluntad para tomar las medidas necesarias.

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La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) tiene todos los instrumentos legales vigentes en la Ley, en los contratos de concesión y en la Constitución de la República para proteger debidamente a los usuarios del pulpo eléctrico.
El capítulo tercero de la Ley 6 establece en la parte relativa definiciones lo siguiente: “Régimen Tarifario: conjunto de reglas relativas a la determinación de las tarifas que se cobran por la prestación del servicio de electricidad, en aquellas actividades sujetas a la regulación”. La Autoridad de acuerdo a la Ley tiene la facultad de intervenir para impedir abusos de la posición dominante de los agentes del mercado. Además, tiene la autoridad para establecer los criterios, metodologías y fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos de electricidad, en los casos que no halla competencia.

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La legislación vigente le otorga a la ASEP la facultad de establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de la empresa y el artículo 100 le da la facultad de modificar la tarifa, de oficio o a petición de parte, cuando en estas se cometan graves errores en su cálculo que perjudiquen gravemente los intereses de sus clientes o la empresa. Es decir, existen normas claras que permiten la intervención de la autoridad regulatoria para poner fin a la estafa de que estamos siendo víctima los usuarios del sistema eléctrico.

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Recordemos que el costo de la energía eléctrica se distribuye de la siguiente forma: 75% corresponde a los costos de generación, 20% a los de distribución y 5% a los de transmisión.   En otras palabras, gran parte del alto costo de la energía en Panamá es responsabilidad de las empresas generadoras, particularmente de las generadoras hidroeléctricas que han hecho ganancias multimillonarias con la especulación en el mercado ocasional.

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Por este mecanismo los usuarios de los servicios eléctricos han pagado por más de 10 años costos adicionales que sobrepasan los 500 millones de dólares. Cada vez que se habla de esto, las empresas generadoras hidroeléctricas invocan la seguridad jurídica, pero en realidad han estado violando la Ley y se merecen una sanción.

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Otra cosa que debe llamar la atención es el hecho de que cuando se inició el proceso de privatización, el Ente Regulador de aquella época tomó como modelo de gestión para los efectos de comparación a cien empresas eléctricas del mundo (ver Resolución 2982), pero ninguna de esas empresas de referencia le asigna a las tarifas residenciales cargo por demanda, lo que sí se hace en Panamá.

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Una de las pocas excepciones que hemos encontrado es España (que aunque no son parte de los modelos consultados, son interesantes para objetos de comparación, por ser española la principal distribuidora en Panamá).  No obstante, en España el cargo por demanda es de 1.43 euros, lo que equivale a 1.70 por kw. Mientras que en Panamá la tarifa por demanda es de 11.81 por kb en EDEMET, 12.31 en ELEKTRA y 18.62 en EDECHI. Este es un cargo que hay que revisar y reevaluar.

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Finalmente, el Gobierno del presidente Martinelli debe comenzar por revisar los contratos de concesión, introducir un impuesto, no transferible al usuario, del 10% al agua de las empresas generadoras hidroeléctricas y reestructurar todas las normas de calidad que rigen al sector eléctrico.

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Publicado el 21 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde