Falacias en torno a las sociedades anónimas

La opinión de:

Ana Elena Porras

El escándalo ocasionado por la divulgación de archivos del estudio de abogados Mossak Fonseca, por el volumen y gravedad de la información ventilada en medios internacionales, alerta sobre algo que no habíamos pensado: que el sistema jurídico de las sociedades anónimas, en general, y de las fundaciones de interés privado y los fideicomisos, crea un doble sistema jurídico, un blindaje legal para un grupo económico privilegiado, contra los derechos de terceros, en especial, de las clases populares. Y que la confidencialidad entre el abogado y su cliente que ahora defiende el Colegio Nacional de Abogados, citando una cadena de leyes (creadas por ellos y aprobadas por diputados) debe ser revisado frente a las múltiples evidencias sobre el carácter de interés público de gran parte de la información que se esconde tras esta “confidencialidad”.

Aparto de esta reflexión los casos más sonados de compañías offshore utilizadas para el blanqueo de capitales y corrupción internacional (con demasiada frecuencia como para decir que fueron prácticas excepcionales), porque incluso los abogados están de acuerdo en que deben ser castigadas una vez se comprueben sus faltas. Cuestiono otros argumentos pendientes de profunda revisión, porque todavía hay quienes defienden la moralidad de las sociedades anónimas, el secreto profesional de los abogados, la evasión fiscal y otras alimañas, arropándose en la soberanía nacional.

1. Con frecuencia vemos que la legalidad y la ética están en contradicción. Decir que algo sea legal no equivale a que sea justo, ético, democrático ni honorable. La esclavitud, la servidumbre, el derecho de pernada, las indulgencias, la decapitación, entre otras, fueron prácticas legales en tiempos pasados de la civilización occidental, a pesar de que hoy nos parezcan salvajes, indignas o reprochables.

2. Insistir en que evadir impuestos no es delito penal en Panamá, según declaraciones de la procuradora de la Nación, a pesar de que este acto hurte dinero al Estado y, en consecuencia, a obras sociales, equivale a una condescendencia inexplicable, y hasta auspiciadora, en beneficio de quienes evaden impuestos porque no están en planilla y compran sociedades anónimas.

3. Afirmar que las sociedades anónimas son un instrumento legal para protegerse contra la inseguridad por posibles secuestros de familiares a cambio de dinero es un argumento flojo, porque saber quién tiene dinero y quién no es fácil, basta una simple mirada a las mansiones de la ciudad y la playa, a los autos, yates, aviones o helicópteros privados de quienes buscan ocultar su dinero, dizque por miedo o, incluso, por pudor.

4. Defender la intimidad de las personas bajo la confidencialidad abogado-cliente con el argumento de que la privacidad es un derecho humano debe llevarnos a preguntar: ¿Cuál es la naturaleza del secreto de las sociedades anónimas que se guarda con tanto celo? Buena parte de la confidencialidad profesional de los abogados esconde información de interés público y de terceros, en la medida en que encubre a últimos beneficiarios de las sociedades anónimas y el origen, la cantidad y resguardo del capital del cliente. Las sociedades anónimas se convierten en un instrumento para esconder al cliente y su capital, lo que permite, entre los daños menores y menos escandalosos: evadir impuestos en caso de herencias y evadir posibles reclamaciones de esposas divorciadas o compañeras unidas, hijos ilegítimos, trabajadores, entre otros, en defensa de sus derechos sobre el capital del cliente amparado en una sociedad anónima. En estos casos, la sociedad anónima actúa como una entidad legal superpuesta dentro del sistema jurídico, creando una especie de doble sistema, una fortaleza jurídica para blindarse de obligaciones legales frente al Estado y frente a terceros. En analogía con una sociedad medieval, crea una especie de fortaleza intramuros para su nobleza, separada del territorio extramuros para campesinos. Es decir, blindan a sus clientes como si fueran los habitantes de una fortaleza y los sitúan en un subsistema legal por encima del jurídico general de los Estados, que sí aplican a la población “extra muros” de la clase media profesional y los trabajadores. ¿Es esto ético y democrático? No contamos con normas que estipulen la forma en que se procesa penalmente a las personas jurídicas, apenas permiten que se ordene la declaración indagatoria de su representante legal.

5. Ningún panameño desea que el escándalo de los Papeles de Panamá lleve el nombre del país. Sin embargo, continúa siendo política del Estado amparar una legislación que sigue protegiendo a corruptos.

6. Analicemos otra tesis: Que los paraísos fiscales responden a los infiernos fiscales. Si a los defensores de paraísos fiscales les parece que algunos de sus Estados cobran una proporción demasiado alta de los ingresos de sus ciudadanos en calidad de impuestos, ¿por qué no debaten sus leyes fiscales en las instancias políticas correspondientes, sea Asamblea, Parlamento u otros para defender el sistema fiscal que piensan más justo? ¿Y por qué ampararse en sociedades anónimas que los proteja solo a ellos? ¿Acaso es justo que esa misma proporción de impuestos sea pagada por los demás ciudadanos trabajadores? ¿Y les parece bien que los evasores de impuestos se beneficien de las obras públicas financiadas por quienes sí tienen que pagarlos?

7. La propuesta de limitarnos a crear o depurar leyes que regulan las sociedades anónimas para poder oxigenarlas y mantenerlas vivas es una solución cosmética que no resuelve el problema de fondo que identifica a ese instrumento o subsistema jurídico como fortaleza intramuros que protege y, por tanto, genera castas, al blindarlas y situarlas por encima del sistema legal que aplica a las mayorías. Este problema no se resuelve con aplicar una técnica legal más refinada para resolver los vicios más groseros de nuestra debilitada institucionalidad. Si bien el uso de una buena técnica legal es necesaria, el problema principal que enfrentamos es que carecemos de visión de país y, en consecuencia, de visión de nuestro país en el mundo, que defienda principios de solidaridad y derechos humanos.

El escándalo de los Papeles de Panamá permite entender mejor los mecanismos legales que conducen a la desigualdad, la impunidad, la injusticia y la concentración de la riqueza, al esconder el origen del dinero de las sociedades anónimas y a sus beneficiarios.

<> Este artículo se publicó en el diario La Prensa el 28 de mayo de 2016.  Panaletras le da al medio al igual que al autor todo el crédito que les corresponde.
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La política del chantaje

La opinión del Jurista…

Julio E. Linares Franco

Se ha explicado, escrito e informado hasta la saciedad que un tratado de intercambio fiscal firmado por Panamá sería perjudicial por las características de nuestra doctrina impositiva.

Nuestra economía de servicios basada principalmente en un sistema fiscal territorial, la vigencia de una ley de sociedades anónimas que (aunque con casi 90 años de existencia) ha demostrado ser de avanzada, normativas de tipo bancario y financiero actualizadas, todo esto aunado a la creación de nuevas penalidades en nuestro procedimiento criminal en cuanto a delitos de lesa humanidad, como el blanqueo de capitales, el lavado de dinero, el terrorismo y el narcotráfico, han puesto a Panamá al día en lo referente al castigo y la persecución de estos flagelos.

Desde que nacimos como República independiente, en 1903, aún con una soberanía mediatizada por el tema canalero, siempre nos hemos enfrentado con dignidad al denominado coloso del norte.  Con respecto al tema tributario ni antes del golpe de Estado de 1968, ni en la peor época de la dictadura y menos en el tiempo siguiente al 20 de diciembre de 1989, cuando Panamá estuvo en su punto más débil y frágil como nación recientemente invadida, saqueada y con sus arcas públicas totalmente despilfarradas, se le ocurrió flaquear a ningún dirigente panameño en detrimento de nuestros intereses.

La política implica negociación. Si no podemos obtener todo, cedamos hasta donde nos permitan los argumentos, la lógica y la decencia. En 1991 fuimos fuertemente presionados por los norteamericanos ante su afán de imponernos un acuerdo de carácter tributario. Pero negociamos, no claudicamos y ese término medio nos llevó a la firma del Tratado de Asistencia Legal Mutua en el que no se incluyeron temas fiscales. Y es que ante no firmar un pacto fiscal, convenio que exigen los gringos, la media sería un tratado de doble tributación. Y si persisten en no firmar uno, porque no lo aceptan, entonces   ¿Por qué seguirles el juego?

Casi 20 años después estamos en una posición mucho más fuerte. Con un crecimiento económico que es envidia para nuestros vecinos, con la firma de más de 10 tratados de doble tributación, con nuestra inclusión como país de grado de inversión por prestigiosas calificadoras de riesgos, en fin, aun a pesar de nuestros problemas de pobreza, inseguridad y corrupción, hemos avanzado muchísimo desde aquellos no muy lejanos días de la era posinvasión.

Por todo lo anterior queda uno atónito, por decir lo menos, al escuchar a un alto dirigente estatal señalar públicamente que “Panamá firmará pacto fiscal con EU para lograr el comercial”. Y es que los derechos, obligaciones y razones que llevaron a efecto la firma del TPC ya fueron cumplidas.

Panamá no tiene ni debe dejarse imponer ahora otra condición, dizque para lograr la firma del TPC. Convenio cuya ratificación senatorial no depende de quienes estarían firmando el acuerdo fiscal, lo que implicaría la doble tragedia de contar con un pacto tributario que nos debilitaría a nivel financiero y soberano y encima de todo, sin obtener la seguridad de la ratificación del TPC.

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<> Este artículo se publicó el 23  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/linares-franco-julio-e/

Panamá, ejemplo para el mundo

Panamá, desde la recuperación del Canal, es un país rico cuya riqueza, bien administrada, podría en pocos años eliminar la pobreza y convertirnos en el verdadero Singapur de América. Quiero señalar que existen otros ingresos que, si bien son considerables y su monto impacta en los presupuestos nacionales, permanecen invisibles para gran parte de la población.  Leamos el artículo de oponión completo que nos presenta el distinguido jurista…..

Eduardo Morgan Jr. 

El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, presentó en la Convención Bancaria un detalle impactante de nuestra riqueza, que ayudará a impulsar el Plan de Desarrollo Nacional. Destacó el valor de los terrenos en el área del Canal, la participación en empresas de utilidad pública y el futuro desarrollo minero.   Panamá, desde la recuperación del Canal, es un país rico cuya riqueza, bien administrada, podría en pocos años eliminar la pobreza y convertirnos en el verdadero Singapur de América. Quiero señalar que existen otros ingresos que, si bien son considerables y su monto impacta en los presupuestos nacionales, permanecen invisibles para gran parte de la población.

Esta riqueza se la debemos a los prohombres panameños quienes, al ver las ciudades de Panamá y Colón convertidas en guetos, sus puertos usurpados y el país bloqueado de ambos mares, tuvieron que buscar alternativas para no quedar aislados del mundo, y sentenciados a convertirnos en el Haití de América Central. De estos prohombres nace, en 1917, el primer Registro Abierto de Naves que nos convierte en pioneros de la globalización al crear un instrumento que permite un mejor desarrollo del comercio marítimo haciendo mucho más económica la operación del barco. Hoy somos la primera marina mercante del mundo. Diez años después se crea la Ley 32 de 1927, sobre Sociedades Anónimas y, como complemento esencial, un sistema fiscal territorial.

Los beneficios económicos para nuestro país, derivados de estos instrumentos, han sido importantísimos y son, quizá, la inversión extranjera más substancial. Para tener una idea de su magnitud, los ingresos por la marina mercante fueron presupuestados en 2010 en $93 millones, y las Tasas de Sociedades en $84 millones. A esto hay que sumarle los ingresos de Registro Público, Notarías, ITBMS, y del sector privado por los servicios que se prestan a ambos rubros.

Así, podemos calcular que nuestras naves y sociedades representan un ingreso de alrededor de $300 millones al año. Esta enorme riqueza está en la mira del Cartel de la OCDE con el fin de eliminar la competencia que nuestras sociedades anónimas representan para sus Corporaciones y LLC (Compañías de Responsabilidad Limitada). El sistema panameño, con su publicidad registral, la participación del abogado como agente residente y su obligación de conocer al cliente, garantiza que quienes abusan del sistema financiero panameño para cometer delitos son, indefectiblemente, identificados. Por esto Panamá es uno de los contados países cuyas sociedades anónimas cumplen con las normas del FMI y del GAFI.

Esto puede constatarse en la Evaluación Financiera que hizo el FMI en 2006 de la que se desprende que: “Dada la especialización del país como proveedor de servicios de constitución de sociedades anónimas extraterritoriales, ello constituye (las acciones al portador) una deficiencia significativa de su régimen ALD/LFT, a menos que haya suficiente evidencia de que las autoridades judiciales y de investigación hayan tenido éxito en la identificación de beneficiarios finales de las sociedades investigadas”.

Al respecto, el Procurador General de la Nación certificó, en nota del 19 de julio lo siguiente: “Cabe señalar que el sistema panameño que da publicidad de quienes son los directores, dignatarios y agente residente de cualquier sociedad, mediante el registro público, permite que las autoridades tengan vías para investigar quién es el último beneficiario de una sociedad anónima en Panamá, aunque se hubiesen emitido acciones al portador”, en base a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 468 del 8 de septiembre de 1994. En pocas palabras, la seriedad y formalidad de Panamá en el manejo de su sistema financiero y actividades afines, como las sociedades anónimas, son un ejemplo para el mundo, a diferencia de países del cartel de la OCDE, como Estados Unidos, cuyas LLC son invisibles hasta para el FBI.

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Este artículo se publicó el 4 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  y el 8 de agosto de 2010 en el diario El Panamá América… a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La relación de consumo

La opinión del Administrador General de ACODECO….

PEDRO  MEILÁN  

Se considera consumidor a las sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, asociaciones sin fines de lucro

Las normas de protección al consumidor amparan las relación de consumo en la que interviene un consumidor final, es decir, una persona natural o jurídica que adquiere para sí o para su grupo familiar, productos o servicios que se agotarán en estos. Incluso se considera que hay relación de consumo en aquellos casos en que un consumidor transfiere un bien a favor de otra persona que lo recibe como destinatario final; características estas que hacen aplicable las disposiciones contenidas en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, con sus modificaciones y reglamentación.

Es imperativo mencionar que ‘consumidor’ a la luz de estas normas, no es únicamente la persona que adquiere de manera directa de un proveedor bienes o servicios, ‘consumidor jurídico’, sino que también tiene esta connotación legal, la persona que utiliza o disfruta los bienes o servicios ‘consumidor material’.

Para conocer el alcance que da la Ley de Protección al Consumidor (LPC) al concepto de ‘consumidor’ en el caso de las personas jurídicas, es necesario remitirse a la Ley 31 de 2010, que adicionó el artículo 2-A a la Ley 45 de 2007, que considera consumidor a las ‘sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, asociaciones sin fines de lucro, sociedades de responsabilidad limitada, entre otras’ siempre que adquieran bienes y servicios finales. Si bien las sociedades anónimas tienen un carácter eminentemente mercantil, la condición de protección especial se condiciona al uso que se le dé al bien, más allá de la persona, con lo cual el concepto de protección trasciende aspectos formales, para brindar una verdadera tutela de los intereses del consumidor final.

Es la relación de consumo en los términos planteados, el elemento determinante de la competencia para conocer y resolver las causas en materia de protección de los derechos del consumidor, bien por la ACODECO, vía proceso administrativo o a través del ejercicio de la defensoría oficiosa, ante los Tribunales de Justicia.

Que la ley no defina la relación de consumo, no impide en lo absoluto su precisión con razonable certeza jurídica. Ella queda evidenciada en la medida que tengamos clara la identificación del ‘consumidor’ como sujeto principal, y de proveedor como parte de la relación, todo lo cual determina la aplicación de la Ley 45 de 2007.

Lo que persiste inmutable es que la concepción de consumidor a la luz de la LPC, excluye de su amparo, las relaciones en las que se adquiere bienes o servicios para comercializarlos en el mercado o para integrarlos a la cadena producción de una empresa.

En el otro extremo de la relación de consumo, se ubica el ‘proveedor’, figura que a diferencia del consumidor, resulta más clara de identificar a simple vista, por cuanto es la persona que oferta de manera habitual u ocasional, bienes o servicios ‘a título oneroso o con un fin comercial’, sea pública o privada. Es la conjunción del consumidor y el proveedor lo que determina la existencia de una relación de consumo, aunque existen otros supuestos legales en los que intervienen personas que sin haber contratado de manera directa, también pueden invocar la protección de estas normas.

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Este artículo fue publicado el  24 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

¿Eliminar el CAIR?.

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La opinión del Contador Público Autorizado….
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MARIO BECCABUNCO
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Quienes quieren eliminar el CAIR argumentan que este impuesto es transferido al pueblo, pues, es aplicado sobre la venta.

Comenzando, este no es un impuesto, porque, como lo señala su nombre, es un Cálculo Alterno al Impuesto sobre la Renta, o sea, sigue siendo el mismo Impuesto sobre la Renta calculado alternamente, intentando paliar la evasión fiscal. ¿Cómo funciona?

Recordemos que tradicionalmente el impuesto sobre la renta se calcula en base a un porcentaje de la ganancia anual: 30% para las personas jurídicas y para las personas naturales un porcentaje que aumenta de acuerdo a la ganancia, hasta un máximo de 27%.

Desde que entró en vigencia el CAIR, se determina el impuesto de la manera tradicional y paralelamente se determina el CAIR; se paga el mayor.   No obstante, señala la norma, el contribuyente podrá solicitar la No Aplicación del CAIR, básicamente, cuando el CAIR resulte mayor al cálculo tradicional.

Esta solicitud no es más que un procedimiento, mediante el cual se sustenta la ganancia. Es más, considero debería ser obligante solicitar la No Aplicación del CAIR, pues, pareciera que quienes pagan el CAIR, mayoritariamente, tienen algún temor de presentar la solicitud.

Entonces, ¿se debe eliminar el CAIR? No. Pero considero que necesita reformas profundas, porque se aplica sobre la naturaleza de la persona y no sobre la naturaleza del ingreso. Veamos.

Iniciemos el análisis recordando que en el cálculo tradicional, las personas naturales tienen ventaja sobre las personas jurídicas en la tasa del impuesto, como lo vimos en las líneas anteriores. La tasa efectiva del CAIR es 1.4% sobre los ingresos brutos para personas jurídicas y 6% para personas naturales.

Véase la ventaja del porcentaje de contribución:  sí, el CAIR beneficia porcentualmente a las personas jurídicas. Otra ventaja: el CAIR se aplica a las jurídicas que exceden B/.150,000 de ingresos brutos anuales, para naturales es B/.60,000.

Estas distinciones tuvieran fundamento si todas las personas jurídicas se dedicaran exclusivamente a la compra-venta, entendiendo que un volumen alto de ventas no implica necesariamente grandes ganancias, debido a los costos de adquisición de la mercancía y a contrario sensu, si todas las personas naturales nunca se dedicaran a estas actividades de compra-venta, entendiendo que los ingresos brutos no acarrean costos de adquisición por tratarse de servicios exclusivamente.

Es decir, que no se consideró que las personas naturales o jurídicas pueden recibir, indistintamente, ingresos de la misma naturaleza: servicios o compra-venta. Mi tesis es, sin entrar a discutir los porcentajes, que el CAIR debe ser 1.4% para las actividades de compra-venta y 6% para la prestación de servicios, independientemente de la naturaleza de la persona.

Entre las consecuencias de la aplicación del CAIR, sobre la naturaleza de la persona, tal y como rige actualmente, puedo señalar:

1. A los microempresarios, dedicados a la compra-venta, aunque tengan pequeñas ganancias, si reciben algún salario por mínimo que sea, se les aplica el CAIR al 6%, lo que evitarían simplemente con la transferencia del negocio a una sociedad anónima.  Pareciera impulsar el registro de sociedades anónimas acarreando un costo adicional para el emprendedor y, hasta cierto punto, escondiendo al verdadero propietario y responsable del negocio;

2. Los comerciantes naturales, que no exceden 150,000 de ingreso anual, se ven obligados a tener mejores y más costos-servicios contables que una sociedad anónima, con ingresos similares; y

3.   A la inversa, profesionales pudientes que se dedican a la prestación de servicios profesionales, evaden el CAIR ejerciendo sus operaciones a través de una sociedad anónima.

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Publicado el 20  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Desmontando falacias sobre acciones al portador

Desmontando falacias sobre acciones al portador

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La opinión del Abogado…

Eduardo Morgan Jr.

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Panamá se convirtió, desde muy temprano, en pionera de la globalización de la economía mundial. Su registro de naves data de 1917 y su ley de sociedades anónimas, de 1927.   El primero permitió que el negocio marítimo se desarrollara,  mediante una bandera que no discriminaba ni por la nacionalidad de los propietarios ni de la tripulación.

La segunda contribuyó a que personas y empresas de diversas nacionalidades hicieran negocios en diferentes países, mediante la utilización de una sociedad neutral.   A esto se agregaba una ley fiscal de impuesto, puramente, territorial.   Ambos instrumentos han tenido un éxito notable:  hoy en día, el 20% de la flota mercante mundial ondea la bandera panameña y casi todos los negocios internacionales importantes tienen en su estructura jurídica una corporación panameña.

Este resultado no es producto solo de las leyes, sino también de la forma responsable y profesional con que Panamá ha manejado ambas instituciones, tanto por parte del sector gobierno (Autoridad Marítima, consulados, Registro Público), como del sector privado (principalmente abogados).

El auge de la globalización dio inicio a una competencia feroz por parte de otros países y de jurisdicciones (principalmente colonias de países de la OCDE y también estados de EU) para apoderarse del negocio que generan estas actividades.  Así surgieron banderas como las de Liberia e Islas Marshall, que en realidad son empresas manejadas por intereses norteamericanos, y sociedades como las IBC, creadas por abogados ingleses y norteamericanos en jurisdicciones del Caribe, amén de las LLC (Limited Liability Companies) de varios estados norteamericanos, principalmente Delaware, que hoy genera el 22% de su presupuesto con este negocio.

La OCDE y EU pretenden que Panamá modifique su ley de sociedades anónimas para eliminar o “depositar en custodia” las acciones al portador, con la excusa de que las mismas se prestan para ocultar delincuentes.  Pasan por alto, deliberadamente, que el sistema panameño está estructurado en tal forma que facilita que estos puedan ser ubicados.

Comparar nuestros mecanismos de control, por ejemplo, con el sistema norteamericano, confirma esta aseveración.   En efecto, mientras en Panamá es obligatoria la participación de un abogado en la constitución de una sociedad anónima,  en EU el interesado puede hacerlo directamente y si utiliza un agente, este no requiere ninguna cualificación para dedicarse al negocio de intermediario en la formación de corporaciones o LLC (Limited Liability Company).   En Panamá, el Pacto Social debe hacerse por Escritura Pública que se inscribe en el Registro Público, donde deben constar, necesariamente, el nombre y la dirección del Agente Residente (abogado), y como mínimo, de tres directores.

En EU, lo que el Registro del Estado exige (cada estado tiene sus propias leyes), es el nombre de la sociedad y la dirección del agente para los efectos del cobro.  Además, en Panamá el abogado tiene la obligación legal de obtener la identidad del que pide la sociedad y no puede ampararse en el secreto profesional en caso de una investigación. En ninguno de los 50 estados norteamericanos se exige la identidad del que está detrás de la sociedad, lo que permite que las LLC se usen para toda clase de delitos, incluyendo evasión de impuestos en ese país, sin que la FBI u otras agencias de investigación criminal puedan dar con el paradero de los delincuentes.

Más grave aún es que por esa razón, en innumerables casos el Departamento de Justicia no ha podido evacuar peticiones de asistencia de otros países.   Esta falla es tan preocupante, que el Senado norteamericano está actualmente discutiendo cómo obligar a los estados a identificar a los que crean las LLC.   Crear sociedades es un negocio que genera altos ingresos (caso Delaware), por lo que regularlas ha encontrado severa resistencia.

El éxito de Panamá es la seguridad jurídica que ofrece a los usuarios de nuestras sociedades, que no es para ocultar delincuentes, sino para facilitar los negocios a empresarios e individuos honestos.   El delincuente no busca, para ocultar sus fechorías, una sociedad panameña y mucho menos cuando le resulta más económico y seguro utilizar sociedades de estados en donde ni la FBI, con toda su capacidad técnica, los puede ubicar.

Nuestra ley permite que la sociedad pueda tener acciones nominativas y acciones al portador, y también que el Pacto Social contenga una prohibición para la emisión de estas.  Muchos bancos exigen que las sociedades que contratan con ellos tengan esa prohibición.  También en muchas actividades reguladas los gobiernos las prohíben, como es el caso de las licencias bancarias.   No obstante, lo que está mal es que la OCDE exija la modificación de leyes para prohibirlas, cuando 18 de sus 30 socios las tienen y es una falacia, como hemos visto, sostener que con esa medida se evita que los delincuentes se escondan detrás de ellas.

Por último, los que nos critican nunca han logrado mostrar una lista de sociedades panameñas envueltas en delitos cuyos responsables no se han podido identificar. Por eso, la reputada revista The Economist incluye a Panamá en la lista “dorada” de países en los que no se pueden abrir cuentas bancarias ni formar sociedades anónimas sin la identificación, comprobada, de los interesados.

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Publicado el 26 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Mis veintiún años en la Cervecería Nacional

Mis veintiún años en la Cervecería Nacional

La opinión del empresario y político…

Samuel Lewis Galindo

El reciente fallecimiento de mi inolvidable amigo Dr. Roberto Alemán, quien por muchos años fue Presidente de la Cervecería Nacional, me hizo, además de las solicitudes de varios amigos y en el centenario de la empresa, plasmar aunque sea en estas cortas líneas, sobre mis gestiones de 21 años al frente de ella.

Es tarea muy difícil porque estuve de Gerente de la Cervecería igual tiempo el que ejercieron juntos (20 años) mis distinguidos antecesores: don Rodolfo Herbruger, don Ernesto De la Guardia Jr. y el Mayor Alfredo Alemán de cuya dedicación y gran visión siempre me inspiré. Heredé una empresa muy sólida que siempre fue parte del “alma panameña”. Desde 1909 constituyó un ejemplo para todas las empresas privadas del país.

La Junta Directiva que me acompañó siempre me brindó su respaldo y conté en todo momento con sus sabios consejos. En especial recibí atinadas recomendaciones del Dr. Alemán, don Alberto Arias y don Alfredo Alemán Hijo; por supuesto, que tuve también la cooperación de los otros distinguidos directores y de los principales ejecutivos.

No voy a seguir un orden cronológico, pues al escribir estas líneas no lo he hecho consultando con el voluminoso archivo que tengo y además sería un trabajo más bien para un libro. Mis gestiones fueron: en 1971 se actualizaron y modernizaron los estatutos que databan de 1939. También se mejoraron los sistemas de cómputo. En el aspecto social se fundó el “Banco de Sangre”; se estableció un comisariato y comedor especial para los obreros; se creó el primer departamento de trabajo social del país; se hizo realidad junto con la CSS la primera clínica médico-dental con todo el equipo incluyendo una ambulancia; se llevó a cabo un censo poblacional de los trabajadores con todos sus dependientes.

En lo administrativo se impulsó a la Cerveza Atlas hasta convertirla en la de mayor venta en todo el país. Ayudó mucho en este incremento la famosa cuña publicitaria “Dale que dale” de Rubén Blades. Se puso en el mercado la primera lata de cervezas y sodas. Se hicieron licitaciones para las compras de malta, lúpulo, equipo rodante, etc.

Se dio una política de diversificación de recursos creando las industrias: la fábrica de latas ENDELIS (Envases del Istmo), INPSA (Industria Nacional de Plásticos) y también importantes desarrollos urbanísticos y la creación del Banco del Istmo.

Siguieron con las prácticas establecidas de cooperación a la cultura, el arte y deporte; así como se mejoraron las relaciones obrero-patronales. Con el sindicato cervecero, con más de 50 años de existencia, se llevaron a cabo 5 convenciones colectivas con 4 Juntas Directivas.

En el año 1991 renuncié y pasé después a ser miembro de la Junta Directiva. Mi gestión administrativa se caracterizó por un permanente reto, gran creatividad y visión de futuro. En mi posición me reemplazó como Gerente el Ing. Alfredo Arias Loredo, destacado profesional con una practica de muchos años en distintos departamentos de la empresa. Siguió con gran éxito dándole un mayor empuje al prestigio que le dieron a la Cervecería Nacional los gerentes anteriores.

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Publicado el 20 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.